Статті в журналах з теми "Tribunal Superior Territorial de Cuentas"

SUMARIO: I. CONSTITUCIÓN A. Fuerza normativa B. Interpretación. II. DERECHOS Y LIBERTADES A. Derechos fundamentales y libertades públicasB. Derechos y deberes de los ciudadanos C. Principios rectores de la política social y económica. D. Garantía y suspensión de estos derechosIII. PRINCIPIOS JURÍDICOS BÁSICOS. IV. INSTITUCIONES DEL ESTADOA. La Corona B. Las Cortes Generales C. El Tribunal Constitucional D. La Administración Pública. E. El Poder Judicial. V. FUENTES. VI. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO.A. Comunidades Autónomas.A.1.AutonomíaB.2. Competencias B. Corporaciones LocalesB.1. AutonomíaB.2. Competencias VII. ECONOMÍA Y HACIENDA A. Principios generalesB. Presupuestos C. Organización territorial D. Tribunal de Cuentas

SUMARIO : I. Constitución. A. Fuerza normativa. B. Interpretación. II. Derechos y libertades. A. Derechos fundamentales y libertades públicas. B. Derechos y deberes de los ciudadanos. C. Principios rectores de la política social y económica. D. Garantía y suspensión de estos derechos. III. Principios jurídicos básicos. IV. Instituciones del Estado. A. La Corona. B. Las Cortes Generales. C. El Tribunal Constitucional. D. La Administración Pública. E. El Poder Judicial. V. Fuentes. VI. Organización territorial del Estado. A. Comunidades Autónomas. A.1. Autonomía. B.2. Competencias. B. Corporaciones Locales. A.1. Autonomía. B.2. Competencias. VII. Economía y Hacienda. A. Principios generales. B. Presupuestos. C. Organización territorial. D. Tribunal de Cuentas. VI. Organización territorial del Estado. A. Comunidades Autónomas. B.2. Competencias.

RESUMEN: I. Constitución. A. Fuerza normativa. B. Interpretación. II. Derechos y libertades. A. Derechos fundamentales y libertades públicas. B. Derechos y deberes de los ciudadanos. C. Principios rectores de la política social y económica. D. Garantía y suspensión de estos derechos. III. Principios jurídicos básicos. IV. Instituciones del Estado. A. La Corona. B. Las Cortes Generales. C. El Tribunal Constitucional. D. La Administración Pública. E. El Poder Judicial. V. Fuentes. VI. Organización territorial del Estado. A. Comunidades Autónomas. A.1. Autonomía. B.2. Competencias. B. Corporaciones Locales. A.1. Autonomía. B.2. Competencias. VII. Economía y Hacienda. A. Principios generales. B. Presupuestos. C. Organización territorial. D. Tribunal de Cuentas.

SUMARIO: I. Constitución. A. Fuerza normativa. B. Interpretación. II. Derechos y libertades. A. Derechos fundamentales y libertades públicas. B. Derechos y deberes de los ciudadanos. C. Principios rectores de la política social y económica. D. Garantía y suspensión de estos derechos. III. Principios jurídicos básicos. IV. Instituciones del Estado. A. La Corona. B. Las Cortes Generales. C. El Tribunal Constitucional. D. La Administración Pública. E. El Poder Judicial. V. Fuentes. VI. Organización territorial del Estado. A. Comunidades Autónomas. A.1. Autonomía. A.2. Competencias. B. Corporaciones Locales.B.1. Autonomía B.2. Competencias. VII. Economía y Hacienda. A. Principios generales. B. Presupuestos. C. Organización territorial. D. Tribunal de Cuentas.

SUMARIO:I. CONSTITUCIÓNA. Fuerza normativaB. Interpretación.II. DERECHOS Y LIBERTADESA. Derechos fundamentales y libertades públicasB. Derechos y deberes de los ciudadanosC. Principios rectores de la política social y económica. D. Garantía y suspensión de estos derechosIII. PRINCIPIOS JURÍDICOS BÁSICOS. IV. INSTITUCIONES DEL ESTADOA. La CoronaB. Las Cortes GeneralesC. El Tribunal ConstitucionalD. La Administración Pública. E. El Poder Judicial.V. FUENTES. VI. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO.A. Comunidades Autónomas.A.1.AutonomíaB.2. CompetenciasB. Corporaciones LocalesB.1. AutonomíaB.2. CompetenciasVII. ECONOMÍA Y HACIENDAA. Principios generalesB. PresupuestosC. Organización territorialD. Tribunal de Cuentas

SUMARIO:I. Constitución. A. Fuerza normativa. B. Interpretación. II. Derechos y libertades. A. Derechos fundamentales y libertades públicas. B. Derechos y deberes de los ciudadanos. C. Principios rectores de la política social y económica. D. Garantía y suspensión de estos derechos. III. Principios jurídicos básicos. IV. Instituciones del Estado. A. La Corona. B. Las Cortes Generales. C. El tribunal Constitucional. D. La Administración Pública. E. El Poder Judicial. V. Fuentes. VI. Organización Territorial del Estado. A. Comunidades Autónomas. A.1. Autonomía. B.2. Competencias. B. B. Corporaciones Locales. A.1. Autonomía B.2. Competencias.VII. Economía y Hacienda. A. Principios generales. B. Presupuestos. C. Organización territorial.D. Tribunal de Cuentas.

SUMARIO: I. CONSTITUCIÓN. A. Fuerza normativa. B. Interpretación. II. DERECHOS Y LIBERTADES. A. Derechos fundamentales y libertades públicas. B. Derechos y deberes de los ciudadanos. C. Principios rectores de la política social y económica. D. Garantía y suspensión de estos derechos. III. PRINCIPIOS JURÍDICOS BÁSICOS. IV. INSTITUCIONES DEL ESTADO. A. La Corona. B. Las Cortes Generales. C. El Tribunal Constitucional. D. La Administración Pública. E. El Poder Judicial. V. FUENTES. VI. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO. A. Comunidades Autónomas. A.1. Autonomía. B.2. Competencias. B. Corporaciones Locales. A.1. Autonomía B.2. Competencias. VII. ECONOMÍA Y HACIENDA. A. Principios generales. B. Presupuestos. C. Organización territorial. D. Tribunal de Cuentas. Sentencia 12/2008, de 29 de enero (BOE de ). Ponente: Pérez Vera (Cuestión de inconstitucionalidad y recurso de inconstitucionalidad acumulados).Sentencia 47/2008, de 11 de marzo (BOE de ). Ponente: Gay Montalvo (Conflicto en defensa de la autonomía local)Sentencia 49/2008, de 9 de abril (BOE de ). Ponente: Pérez Tremps (Recurso de inconstitucionalidad).Sentencia 59/2008, de 14 de mayo (BOE de ). Ponente: Sala Sánchez (Cuestión de constitucionalidad).

Este trabajo resume los antecedentes históricos de las instituciones en México encargadas de la fiscalización del erario público, desde el establecimiento del Tribunal de Cuentas en la Nueva España en 1524, pasando por la creación de la Contaduría Mayor de Hacienda en 1824, hasta la creación de la Auditoría Superior de la Federación constituida en el año 2000, y en <em>adendum</em> las reformas recientes de 2009, cuando se le otorgan a este organismo mayores facultades de fiscalización y rendición de cuentas para el combate a la corrupción.

Este artículo analiza la importancia de que la Auditoría Superior de la Federación en México sea transformada en un Tribunal de Cuentas. Se sostiene que, de esta forma, se constituiría en un órgano independiente y autónomo con capacidad de cumplir con mayor vigor constitucional y legal los cometidos que tiene en materia de rendición de cuentas, la cual conjuga revisión, fiscalización, vigilancia y evaluación de los fondos públicos federales. De otro modo, la Auditoría Superior de la Federación continuará como órgano subordinado a la Cámara de Diputados, carente de facultades jurisdiccionales para sancionar faltas u observaciones que provocan conductas delictivas de los servidores públicos, con lo cual sus tareas son limitadas y sin efectos vinculatorios. En este sentido, no contribuye de modo riguroso a mejorar la calidad institucional de la democracia mexicana.

El propósito de este estudio es evidenciar los principales cambios que se produjeron en la administración pública ecuatoriana y cómo influyeron en el sistema de control ejercido por la Entidad Fiscalizadora Superior en el período 1977-2017. Se utilizaron los métodos analítico y deductivo para constatar la adaptabilidad del sistema de control a los momentos históricos referidos. Describe los modelos de control interno y externo en un período de transición desde la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control hasta la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Se realiza una necesaria comparación entre los resultados de los cambios generados en el período, con la propuesta de creación del Tribunal de Cuentas en el Ecuador, el mismo que se encuentra en impulso hacia una transformación del sistema de control gubernamental, que responda a la evolución constante de la administración pública. Los resultados permiten concluir que, si bien hay una evolución positiva en lo normativo y metodológico, el sistema requiere estrategias adicionales de mejoramiento como son el fomento hacia el manejo de riesgos institucionales, el fortalecimiento técnico del personal de la Entidad Fiscalizadora Superior y el impulso a la creación del Tribunal de Cuentas.

El propósito de este estudio es evidenciar los principales cambios que se produjeron en la administración pública ecuatoriana y cómo influyeron en el sistema de control ejercido por la Entidad Fiscalizadora Superior en el período 1977-2017. Se utilizaron los métodos analítico y deductivo para constatar la adaptabilidad del sistema de control a los momentos históricos referidos. Describe los modelos de control interno y externo en un período de transición desde la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control hasta la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Se realiza una necesaria comparación entre los resultados de los cambios generados en el período, con la propuesta de creación del Tribunal de Cuentas en el Ecuador, el mismo que se encuentra en impulso hacia una transformación del sistema de control gubernamental, que responda a la evolución constante de la administración pública. Los resultados permiten concluir que, si bien hay una evolución positiva en lo normativo y metodológico, el sistema requiere estrategias adicionales de mejoramiento como son el fomento hacia el manejo de riesgos institucionales, el fortalecimiento técnico del personal de la Entidad Fiscalizadora Superior y el impulso a la creación del Tribunal de Cuentas.

Los distintos espacios competenciales tanto por razón de la materia -a los que se vinculan las peticiones de medidas cautelares (derechos fundamentales, prevención de riesgos laborales…)-, como por razón del ámbito territorial de aplicación de las mismas, constituyen el núcleo central de la sentencia. No obstante, y desde una perspectiva más general, la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía recogen la excepcionalidad de la situación y su influencia a la hora de denegar las medidas cautelares.

Se trata de la primera Sentencia contra un Plan de Ordenación del Territorio aprobado en aplicación de la Ley Andaluza 1/94. Con posterioridad a dicho plan se han aprobado otros contra los que, asimismo se tramitan recursos contencioso-administrativos en la misma y en otras Salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por su interés transmitimos a continuación los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho de la Sentencia de la Sala de Sevilla. Se transcribe en este documento.

Polonia implantó la regla de oro en su Constitución de 1997. La transición política y económica polaca, el cumplimiento de los Criterios de Copenhague de 1993 y la adhesión de Polonia a la Unión Europea constituyen los antecedentes previos que crearon las condiciones objetivas para la implantación de la regla de oro en la constitución. El Capítulo X denominado Finanzas Públicas establece un control efectivo de la elaboración y ejecución de presupuestos estatales equilibrados. Los mecanismos presupuestarios están garantizados por el Parlamento, el Consejo de Política Monetaria, el Tribunal de Cuentas y otros actores institucionales. Otras claves fundamentales es el establecimiento de garantías frente a contingencias de bloqueo legislativo, de resoluciones y de reformas constitucionales, de incremento del déficit público y de la deuda soberana. La regla de oro junto a otros factores, han logrado que Polonia sea inmune en un grado considerable a la crisis financiera. El país goza de un crecimiento económico, es atractivo para los inversores, corrige los desequilibrios y prosigue su proceso de cohesión económica, social y territorial

En esta investigación se tratara de figuras jurídicas tales como la inmunidad parlamentaria y la inconstitucionalidad, ambas relacionadas con las funciones y atribuciones del poder legislativo, que corresponden a la elaboración, interpretación, modificación y derogación de la ley en consonancia con el manejo de fondos públicos y el impacto que este genera en el derecho hondureño, Por otro lado demostrar que con los privilegios que genera la reciente reforma a la ley orgánica del poder legislativo conlleva a la desviación de estos fondos para asuntos totalmente ajenos a su propósito, estas actuaciones quedan bajo la supervisión y auditoria del tribunal superior de cuentas, el cual deja en suspenso cualquier responsabilidad generada de la malversación de caudales públicos. Por lo tanto estos decretos contravienen derechos y garantías establecidas en la constitución de la república, como ser principalmente el derecho a la igualdad, el principio de legalidad, el principio de irretroactividad, las atribuciones del poder ejecutivo, del poder judicial y por ultimo del ministerio público.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha abordado una serie de conflictos surgidos por las limitaciones impuestas a los Grandes Centros Comerciales por el Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Decreto 262/2004, de 21 de diciembre. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekiko Auzietako Salak hainbat auziri heldu die, Euskal Autonomia Erkidegoko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak merkataritza-gune handiei ezarritako mugen inguruan (plan hori abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuaz onartu zen). The administrative-contentious chamber of the High Court of Justice of the Basque Country has dealt with a series of conflicts that arose by the limitations imposed to large shopping centres by the Sectional Territorial plan for the Public creation of soil for economic activities and commercial equipments in the Autonomous Community of the Basque Country approved by the Decree 262/2004 of December 21st.

Este artigo científico tem como principal objetivo identificar a exigência do comum acordo, como requisito processual para o ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica. Para tanto, analisar-se-á a utilização do requisito no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, com competência territorial no Estado do Paraná, e do Tribunal Superior do Trabalho com os resultados e as formas de resolução do comum acordo, após a Emenda Constitucional 45/2004, chamada de reforma do judiciário, na qual foi inserida a exigência do comum acordo, no § 2º, do art. 114 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A inclusão do requisito gerou grande discussão no meio jurídico; isto também o artigo enfrentou. Esta análise buscará fundamentos doutrinários, da análise de legislação e da jurisprudência. Constata-se com a pesquisa realizada que as responsabilidades normativas do Estado em um conflito de interesses coletivos entre empregados e empregadores, que buscam melhores condições de trabalho, visam uma forma de evitar conflitos em longo prazo. A dúvida é se isto será alcançado com a exigência do comum acordo como requisito processual para o ajuizamento de dissídios coletivos de natureza econômica.

ResumoNão há expressa disposição legal que determine a extensão ou não dos efeitos de um TAC para além da região onde foi firmado. Os efeitos e abrangência do TAC decorrem da expectativa do dano e direitos questionados pelo Ministério Público, que deverá, por rigor legal, declarar seu alcance em decisão que o homologar, proferida pelo respectivo Conselho Superior. A compreensão de que os efeitos do TAC abrangem tão somente a competência territorial que o projetou – por decorrência de interpretação extensiva da diretriz do art. 16 da Lei da ACP – encontra forte resistência pela doutrina e jurisprudência que tendem a reconhecer como mais segura a leitura do art. 103 do CDC, assim como também por prestígio ao princípio constitucional da igualdade, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido previamente repercussão geral do tema e está prestas a enfrentar sua constitucionalidade. Palavras-chave: Termo de Ajustamento de Conduta. Ministério Público. Eficácia. Lei 7.347/85 AbstractThere is no express legal provision that determines the extent or not of the effects of a TAC beyond the region where it was signed. The effects and scope of the TAC result from the expectation of damage and rights questioned by the Public Ministry, which must, by legal rigor, declare its scope in a decision that ratifies it, issued by the respective Superior Council. The understanding that the effects of the TAC only cover the territorial competence that designed it - due to the extensive interpretation of the guideline of art. 16 of the ACP Law - finds strong resistance by the doctrine and jurisprudence that tend to recognize the reading of art. 103 of the CDC, as well as for prestige to the constitutional principle of equality, although the Federal Supreme Court has previously recognized the general repercussion of the topic and is ready to face its constitutionality. Keywords: Conduct Adjustment Term. Public Ministry. Efficiency. Law 7.347/85

Resumen: El año 2018 resultó especialmente pródigo en resoluciones judiciales en torno a la poligamia, concretamente sobre la cuestión de la pensión de viudedad de las múltiples esposas concu­rrentes en un matrimonio polígamo. Estas decisiones destacan por su lucidez y su coherencia a la hora de abordar una demanda no siempre bien entendida y resuelta por nuestros tribunales de justicia. La Sentencia de 14 de junio de 2018 dictada por el Tribunal de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, es un ejemplo de ello. La resolución declara el derecho de segunda esposa de un soldado español de la Policía Territorial del Sáhara a percibir la pensión de viudedad generada por éste. Además de la correcta aplicación de la doctrina del orden público atenuado, esta sentencia tiene del mérito de consolidar la línea interpretativa seguida hasta la fecha por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, acogiendo la senda marcada por la STS de 24 de enero de 2018, que supone un giro jurisprudencial en el Alto Tribunal.Palabras clave: orden público internacional, Sáhara español, pensión de viudedad, poligamia, Derecho internacional privado.Abstract: In the course of 2018 several sentences about polygamy were made by the Spanish courts, with more specific regard to widow’s pension. These decisions are fully consistent with a de­mand not always understood and settled by ours courts. The decision of the Higher Court of Madrid of June 14, 2018 is a recent example of this. This sentence recognizes the right of the second wife of a Spanish soldier of the Territorial Police of the Sahara to receive the widow’s pension. The resolution correctly applies the attenuated public policy and consolidates the Higher Court’s previous case law in this matter, following a change in the case law of the Supreme Court’s decision of January, 24, 2018.Keywords: public policy, Spanish Sahara, widow’s pension, polygamy, private international law.

Este artigo apresenta dados e reflexões sobre as relações entre os processos de formação territorial, grupos de poder oligárquicos, espacialização do voto conservador e estratégias utilizadas pelos grupos hegemônicos em seus processos de reprodução política, eleitoral e territorial. Levantamos e discutimos as bases materiais, os discursos no Congresso Nacional (CN) e as vinculações institucionais e políticas daqueles que compõem grupos e redes de poder oligárquicas no Rio Grande do Norte (RN), desvendando a práxis conservadora dos deputados federais potiguares. Utilizamos mapeamentos, softwares para leitura do corpus textual e bases de dados secundárias do Tribunal Superior Eleitoral e do CN. Percebemos que a base material dos parlamentares configura um dos elementos responsáveis pela reprodução política dos grupos de poder conservadores, especialmente no que se refere à propriedade de veículos de comunicação. A relação direta entre distribuição de emendas parlamentares e espacialização dos votos em parlamentares conservadores demarcam territórios e denotam interesses revelados em discursos no CN, nos quais se entrelaçam elementos locais, regionais e nacionais. Concluímos que existem relações entre território, poder e conservadorismo em recortes territoriais no RN, abrindo desafios teórico-metodológicos voltados ao entendimento de territórios onde prevalece, no tempo e no espaço, a hegemonia de grupos de poder conservadores.

THE EVOLUTION OF THE MUNICIPAL NETWORK OF THE STATE OF PARANÁ AND THE RECENT PROPOSITIONSLA EVOLUCIÓN DE LA MALLA MUNICIPAL DEL ESTADO DEL PARANÁ Y LAS PROPUESTAS RECIENTESO presente artigo aborda a evolução da malha municipal no estado do Paraná a partir da criação de novos municípios, destacando os processos constitucionais e os elementos estimuladores que ocasionaram na atual configuração territorial. Além disso, tendo em vista as recentes proposições sobre a temática no Brasil e no Paraná, apresentam-se também os PLS recentes sobre a temática e a sugestão do Tribunal de Contas do estado do Paraná – TCE-PR para a fusão de municípios com baixo índice populacional, demonstrando as potencialidades caso estas proposições se efetivassem. Desta forma, pode-se afirmar que a divisão do território paranaense em unidades político-administrativas está vinculada a própria formação histórico-geográfica do estado e, mais recentemente, ao que se refere aos municípios pequenos, a Constituição Federal de 1988 que promoveu a criação de municípios com baixo índice populacional no interior do estado. No tocante as proposições recentes, em especial ao estudo para fusão de municípios do TCE-PR, apresenta-se a percepção da política local em municípios pequenos do estado do Paraná, demonstrando resistência à proposta. Todavia, os PLS e a proposta do TCE-PR permanecem apenas como proposições e o Brasil necessita de regulamentações para a fusão, incorporação e criação de municípios em todos os estados da federação.Palavras-chave: Emancipações; Município; Projetos recentes.ABSTRACT The present article approaches the evolution of the municipal network in the state of Paraná, starting from the creation of new municipalities, highlighting the constitutional processes and the stimulating elements that have caused in the current territorial configuration. In addition, in view of the recent proposals on the subject in Brazil and Paraná, we also present the recent PLS on the subject and the suggestion of the Court of Auditors of the state of Paraná - TCE-PR for the merger of municipalities with low population index, demonstrating the potentialities if these propositions become effective. In this way, it can be affirmed that the division of Paraná's territory into political-administrative units is linked to the state's own historical-geographical formation and, more recently, to what refers to small municipalities, the 1988 Federal Constitution that promoted creation of municipalities with low population index in the interior of the country. With regard to the recent proposals, especially to the study for the merger of municipalities of the TCE-PR, the perception of local politics in small municipalities of the state of Paraná is presented, demonstrating resistance to the proposal. However, the PLS and the TCE-PR proposal remain only propositions and Brazil needs regulations for the merger, incorporation and creation of municipalities in all states of the federation.Keywords: Emancipations; County; Recent Projects.RESUMENEl presente artículo aborda la evolución de la malla municipal en el estado de Paraná a partir de la creación de nuevos municipios, destacando los procesos constitucionales y los elementos estimuladores que ocasionaron en la actual configuración territorial. Además, teniendo en vista las recientes proposiciones sobre la temática en Brasil y en el Paraná, se presentan también los PLS recientes sobre la temática y la sugerencia del Tribunal de Cuentas del estado de Paraná - TCE-PR para la fusión de municipios con bajo índice poblacional, demostrando las potencialidades si estas proposiciones se efectúen. De esta forma, se puede afirmar que la división del territorio paranaense en unidades político-administrativas está vinculada a la propia formación histórico-geográfica del estado y, más recientemente, al que se refiere a los municipios pequeños, la Constitución Federal de 1988 que promovió la la creación de municipios con bajo índice poblacional en el interior del país. En cuanto a las propuestas recientes, en especial al estudio para fusión de municipios del TCE-PR, se presenta la percepción de la política local en municipios pequeños del estado de Paraná, demostrando resistencia a la propuesta. Sin embargo, los PLS y la propuesta del TCE-PR permanecen sólo como proposiciones y Brasil necesita de regulaciones para la fusión, incorporación y creación de municipios en todos los estados de la federación.Palabras clave: Emancipaciones; Municipio; Proyectos Recientes.

The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia has filed an Indictment (originally July 25, 1995, and an operational Indictment on October 19, 2009) against Radovan Karadzic, the former President of Republika Srpska and Commander-in-Chief of the Army of Republika Srpska. After many years of hiding in Serbia, Karadzic was arrested on July 21, 2008, and transferred to the ICTY on July 30 of that year. The trial began on 26 October 2009. Radovan Karadzic is charged for genocide (Counts 1 and 2); crimes against humanity: persecution (count 3), extermination (count 4), murder (count 5), deportation (count 7), inhumane acts - forcible transfer (count 8); and violations of the laws or customs of war: murder (count 6), terrorism (count 9), unlawful attacks on civilians (count 10), hostage-taking (count 11). Radovan Karadzic has been charged with individual criminal responsibility in accordance with Rule 7 (1) of the Statute of the International Tribunal through his participation in several joint criminal enterprises (JCEs). According to the Indictment, no later than October 1991 to November 30, 1995, Karadzic participated in a JCE aimed at the permanent removal of Bosniaks and Croats from certain areas of Bosnia and Herzegovina; from April 1992 to November 1995, he participated in the JCE to launch and conduct a campaign of sniping and shelling of the civilian population of Sarajevo, aimed at spreading terror among the civilian population; from July 1995 until 1 November 1995, he participated in the JCE of the elimination of Bosniaks in Srebrenica, by killing men and boys, as well as forcibly expelling women, children and the elderly from the area; and for participated in the JCE of taking members of the United Nations hostage during May and June 1995. Pursuant to Article 7 (3) of the Statute, the Indictment charges him with superior responsibility because he knew or had reason to know that forces under his effective control were being prepared to commit crimes or have already committed them, and has not taken measures to prevent the commission of crimes or to punish the perpetrators of those crimes. On June 11, 2012, Karadzic filed a motion for acquittal on all counts of the Indictment. Pursuant to Rule 98bis, on 28 June 2012, the Trial Chamber rendered a Decision dismissing the motion for acquittal on ten counts of the Indictment, but acquitted Count 1 of the Indictment relating to genocide committed in certain municipalities of Bosnia and Herzegovina: Bratunac, Foca, Kljuc, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica and Zvornik. This count of the Indictment alleges that Karadzic is responsible for the genocide as a superior, and that in agreement with others he committed, planned, instigated, ordered and/or aided and abetted the genocide. Following the Prosecution's appeal against the decision to exclude Count 1 from the Indictment, on 11 July 2013 the Appeals Chamber quashed the Trial Chamber's decision and returned Count 1 of the Indictment charging Karadzic with genocide in the said municipalities, and the proceedings continued before the Trial Chamber. The Trial Chamber's verdict against Radovan Karadzic was handed down on March 24, 2016, sentencing him to 40 years in prison for genocide, crimes against humanity, and violations of the laws or customs of war. In 6,073 paragraphs is explained the role of the RS Army, as well as police structures, territorial defense, and regional and municipal authorities and other participants in joint criminal enterprises. The forms and methods of committing crimes committed in the municipalities of Bijeljina, Bratunac, Brčko, Foča, Rogatica, Sokolac, Višegrad, Vlasenica and Zvornik in eastern Bosnia are described; Banja Luka, Bosanski Novi, Ključ, Prijedor and Sanski Most in the Autonomous Region of Krajina (“ARK”); Hadžići, Ilidža, Novi Grad, Novo Sarajevo, Pale and Vogošća in the area of Sarajevo, and precise ways of carrying out a comprehensive joint criminal enterprise, but also joint criminal enterprises related to Srebrenica (genocide), Sarajevo (terrorizing citizens with sniper fire and shelling), and hostage-taking (UNPROFOR international peacekeepers). The first-instance verdict found Karadzic guilty of 10 of the 11 counts in the indictment. Both the Prosecution and the Defense for the Accused appealed the Trial Chamber's judgment, and the second-instance proceedings continued. On March 20, 2019, the Appeals Chamber issued a final verdict sentencing Radovan Karadžić to life imprisonment. The verdict found him guilty of persecution from a territory that Bosnian Serbs considered to be claiming the right, sniping and shelling of Sarajevo, taking UNPROFOR members hostage and genocide in Srebrenica. Both Trial and Appeals Chambers acquitted Karadzic of genocide committed in seven Bosnian municipalities (Bratunac, Foca, Kljuc, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica and Zvornik) committed in 1992.

La Revista de Derecho del Instituto de Investigación Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras presenta su cuadragésimo primero (41) volumen, número uno (1) del año dos mil vente (2020). El instituto con una trayectoria investigativa de más de cincuenta (50) años ha logrado realizar investigaciones y artículos jurídicos entre otros trabajos científicos, que son parte de la tradición del hacer universitario y se ven reflejados en la Revista de Derecho. Generando un espacio nacional como internacional para investigadores consolidados de larga trayectoria en la indagación, como de aquellos, que quieren exponer sus primeros trabajos y producciones intelectuales. Todos cumpliendo con la rigurosidad de método de investigación científica y jurídica. Nuestra revista ya es el sitio predilecto para publicar de muchos que tienen la disciplina y el rigor de presentar ante la comunidad intelectual como ciudadana en general, sus hallazgos y conjeturas científicas, para dar luz y facilitar la interpretación de la realidad jurídica a la luminosidad de la verdad comprobada en sus obras. La actual edición de la Revista de Derecho es marcada por un contexto especial para Honduras y el mundo, la pandemia de la COVID-19, los huracanes “Eta” y “Iota”, han dejado devastada nuestra nación en sus dimensiones territoriales, sociales, económicas, ambientales, alimentarias, educativas y demás que se pueda imaginar en el desarrollo humano, se proyectan según los economistas al menos cincuenta (50) años de atraso. Debemos enfrentar justamente con el aporte de la ciencia, la innovación y la tecnología, pero sobre todo con enfoque humanista y solidario, la construcción nuevos escenarios nacionales e internacionales apoyados en redes sociales solidas soportadas por una plataforma jurídica capaz de legitimar las necesidades de convivencia de manera igualitaria, equitativa, justa socialmente hablando, con un enfoque de derechos que genere confianza, trasparencia, inclusión y seguridad jurídica. Los directores tanto del Instituto como de la Revista de Derecho no escatimaron esfuerzos para hace posible en el actual contexto de pandemia y de crisis, sanitaria, humanitaria, alimentaria y climática mundial, esta nueva edición, justamente porque lo que necesitamos como países es, más ciencia, más investigación y más reflexión de nuestras realidades, lograr propuestas para superar los desafíos del SXXI. Los catorce (14) artículos que se desprenden muchos de investigaciones más amplias y dos (2) ensayos en temáticas de actualidad, logran un abanico de temáticas jurídicas que marcan la región como el país y el derecho español, los cambios que estamos sufriendo como sociedades y de que forma nos afectan en, nuestro estado de derecho, nuestra democracia y nuestro estado de derechos humanos en general. Bajo enfoque metodológicos diversos muchos sobre derecho comparado. En materia penal , se hace referencia a temáticas fundamentales como lo es el articulo número uno (1) con la “…la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el nuevo Código Penal…, es un modelo que ha fracasado y poco sostenido por la Dogmática y por la jurisprudencia.” ; el artículo dos (2) igualmente se logra “comparar desde una perspectiva jurídico-científica el rol de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).”; el articulo cinco (5) como propuesta se plantea “…promover la base de una Teoría del “ISN” (Interés Superior del Niño) que permita estudiar los supuestos que sustentan los derechos vinculados al interés superior del niño. Ostentando su derecho a una protección especial, durante el proceso penal, por su alta condición de vulnerabilidad…” ; el artículo número seis (6) analiza la perspectiva de genero en el nuevo código penal “…normativa penal aprobada a la luz de los desarrollos doctrinales en la materia, con el propósito de determinar, si la inclusión de estos elementos es suficiente para afirmar que el nuevo Código Penal cuenta con una perspectiva de género…”; articulo número siete (7) hace los análisis de los delitos y penas en el “… nuevo Código Penal contenido en el Decreto 130-2017, siendo ya el quinto Código Penal que rige los delitos y las penas en nuestro país; hecho histórico que consideramos no debe pasar inadvertido en la actividad académica, más aún cuando sabemos previo a su entrada en vigencia existió una gran polémica sobre la conveniencia o no de este nuevo orden normativo…” concluyéndose en esta temática con el articulo número nueve (9) tema que relaciona la corrupción privada en donde se hace “… la ponderación entre los intereses jurídicos que dicho delito debe proteger. Asimismo, la percepción que tiene la ciudadanía hondureña con respecto al delito de corrupción privada, con relación a introducir el tema en la dinámica hondureña.” En materia de derechos humanos interesantes ilustraciones ; el articulo tres (3) presenta una publicación de caso marcando los “…elementos más relevantes del estudio y análisis de realizados en la resolución de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, en la que reconoce la condición de refugiado a un solicitante de nacionalidad guatemalteca que se identifica como gay en un contexto de violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género, elaborando una definición de refugiado incluyendo un componente de género de conformidad de la normativa de origen tanto nacional -México- como internacional en materia de asilo …”; artículo número ocho (8) La tutela efectiva de derechos fundamentales “…determinar si la persona jurídica es beneficiaria o no de derechos fundamentales en Honduras, …examinando a su vez la doctrina constitucional sobre la teoría de atribución de titularidad de estos derechos, para así observar la realidad jurídico – constitucional hondureña a la luz de los principios y fines del texto fundacional…”; articulo número doce (12) Con énfasis en desarrollo sostenible y riesgo ambiental tenemos “…El estudio se justifica habida cuenta de las directrices establecidas por esta rama del derecho que permiten una transversalidad con las pautas del Derecho Ambiental, revelando algunos desafíos a los que se enfrenta la planificación frente a los riesgos emergentes y, la necesidad de promover la protección del medio ambiente para las generaciones actuales y futuras…”; articulo número catorce (14) como parte del estudio del contexto actual de pandemia sanitaria se presenta el examen de la responsabilidad internacional de China “…un hecho internacionalmente ilícito, la responsabilidad internacional de organismos internacionales universales y regionales en la dispersión del Covid-19 ya sea por acción u omisión, en estricta consonancia con la implicación de colaboración inexacta por parte de China en el estudio y divulgación oportuna de las consecuencias patológicas del Síndrome Respiratorio Severo Agudo Coronavirus 2 (SARS-CoV2 por sus siglas en inglés) en el ser humano, …” En materia civil ,un interesante trabajo publicado, en el artículo número cuatro (4) ,el proceso monitorio como medio efectivo para tutelar el derecho de crédito “…visión comparativa del monitorio español a efecto de conocer algunas reformas que se han producido en el mismo para procurar una mayor efectividad en su aplicación, todo esto considerando que la Ley de Enjuiciamiento Civil española sirvió de inspiración para la creación del CPC( Código Procesal Civil).”; así como el articulo número once (11) y su argumento del “…Secreto Industrial, actualmente con la competitividad tan desmesurada en el mercado internacional y nacional, cada vez se vuelve más utilizada por empresas de diferentes rubros, misma que por su esencia de secreto es muy codiciada para su obtención de manera ilícita, la normativa actual es insuficiente para hacerle frente a estas diversas prácticas de mala fe comercial, ya que la vulneran directamente, a diferencias de otras figuras de la propiedad industrial que cuentan con mecanismos protectorios,…” Al amparo de la temática de interpretación jurídica con un enfoque histórico, nos presenta en el artículo número diez (10) una publicación sobre los orígenes de interpretación constitucional en materia tributaria “…la crisis gestada en la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa por la interpretación que varios pueblos indígenas dieron a ciertos artículos de la Constitución Política de la Monarquía Española, durante su segundo periodo de vigencia a partir de 1820…”; articulo número trece (13) la prueba anticipada analizada a través del “…derecho comparado para demostrar cual es la noción, que el mundo está teniendo en cuanto a la relevancia de las partes para resolver sus conflictos, asimismo ofrezco el mecanismo de la prueba anticipada como una nueva noción, con características de autonomía con la mera intención de información, influenciada principalmente por el derecho brasileño procesal vigente y de origen de Common Law.” Finalmente en cuanto a la presentación de artículos científicos se refiere, se el problema del soborno como una crisis mundial. Esta práctica perniciosa ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. En esta investigación se busca explorar los planteamientos éticos sobre el soborno así como sus efectos devastadores en la democracia y en el desarrollo de un país. Cerrando con dos ensayos uno sobre la inconstitucionalidad de la inmunidad parlamentaria derivada de la reforma a la ley orgánica del congreso nacional y el otro sobre las mujeres en política: hacia la reivindicación de los derechos políticos-electorales. Se reconoce el valioso esfuerzo de todos los investigadores al igual que a la dirección de la revisita por tan importante edición. Esperando sean citados los autores, en los trabajos futuros de investigación de los lectores y puedan llenar de valor las publicaciones.

A edição v. 22 n. 1, jan./jun. 2023 da Revista Prisma Jurídico vem à público com dez artigos. Prisma Jurídico busca ser um canal de produção científico-acadêmica, que almeja o seu aperfeiçoamento para atingir um estrato de excelência.Assim é que Prisma Jurídico recebe contribuições de autores nacionais e estrangeiros, a fim de garantir uma publicação de qualidade, com características de pluralidade e receptividade.Com efeito, Prisma Jurídico emprega o método double blind peer review, pelo qual cada artigo é avaliado, ao menos por dois pareceristas especialistas na área com elevada titulação acadêmica, bem como são os artigos submetidos a um programa de verificação de similaridade de textos, a fim de se evitar fraudes e todas as modalidades de plágio.Além disso, a publicação também se preocupa com a endogenia e garante a exogenia, com a efetiva possibilidade de trocas de informações entre as Instituições de Ensino Superior, requisito fundamental para a inserção nas bases indexadoras que emitem fatores de impacto mais elevados, com consequente classificação superior dos periódicos.O presente volume se inicia com o artigo “Seguros de responsabilidade civil facultativa de veículos e embriaguez: a função social dos contratos de seguro na sociedade brasileira contemporânea”, de autoria de Angélica Luciá Carlini, que discute os seguros de responsabilidade civil facultativa de veículos, a figura da embriaguez como excludente de responsabilidade nos contratos de seguros privados e o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que entende que a vítima não pode ficar indene, sob pena de não ser cumprida a função social do contrato de seguro e a repercussão na concretização dos objetivos constitucionais de sociedade justa e solidária.Em seguida, o artigo “Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a preservação da intimidade do professor” de Leda Maria Messias da Silva trata da análise do direito à intimidade do professor à luz da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018), dando ênfase ao direito da personalidade desse profissional quanto aos seus dados pessoais.O terceiro artigo, intitulado “As medidas de financiamento dos Estados Federados em tempos de crise fiscal decorrente do Covid-19: uma análise das estratégias de emergência para resolução do conflito situacional”, da lavra de Maria Lírida Calou de Araújo e Mendonça e Thaís de Oliveira Nogueira examina os momentos de emergência oriundos da crise de Covid-19 e os impactos na arrecadação dos Estados federados decorrentes das medidas adotadas para o combate da pandemia.No quarto artigo, de autoria de Daniela Menengoti Gonçalves Ribeiro e Flavia Kriki de Andrade, nominado “Refúgio de Mulheres no Brasil: o que dizer sobre a (des)igualdade de gênero e os direitos da personalidade”, o objetivo primordial se revela como a análise do refúgio de mulheres no Brasil, por meio de comparação das informações locais e internacionais e seus reflexos na ausência de igualdade de gênero.Depois, em a “Autodeterminação informativa na sociedade pós-panóptico: novas formas de panoptismo e os direitos da personalidade”, Dirceu Pereira Siqueira e Mayume Caires Moreira se debruçam sobre a concepção do panóptico idealizada por Jeremy Bentham para avaliar como o ordenamento jurídico brasileiro tem protegido o direito à autodeterminação informativa, a proteção do direito à privacidade e à intimidade, como direito da personalidade.No sexto artigo, “A (in)efetividade de agendas ambientais no neocolonialismo latino-americano: o extrativismo como ideologia social e suas implicações”, Gustavo Henrique Maia Garcia e Deilton Ribeiro Brasil tratam da figura do neocolonialismo extrativista e as suas consequências na esfera das políticas ambientais em países do terceiro mundo, que se vê invadido pelo pensamento neoliberal e pela visão antropocêntrica, que promove uma leitura enviesada da Natureza para atender a projetos de dominação absoluta, sobre os elementos naturais e sobre outras culturas.O sétimo artigo, “A intervenção russa e o princípio da autodeterminação das nações”, de autoria de Joedson de Souza Delgado e Ana Paula Basso Correio trata das intervenções russas na autodeterminação das nações com o argumento de autodefesa de manutenção das normas de integridade territorial e soberania, dando ênfase aos desvios das normas do direito internacional no contexto das relações políticas pós-soviéticas, em especial nos conflitos ocorridos no Kosovo, Iraque, Ossétia do Sul/Abkházia, Líbia e Síria, que levaram à crise na Ucrânia e a anexação da península da Crimeia.O oitavo artigo de Rafael José Nadim de Lazari, Josival Luiz Dias e Sandro Marcos Godoy Correio, intitulado “O futuro dos direitos fundamentais: o dilema da previsão versus a proteção frente ao fenômeno do populismo” discute o futuro dos direitos fundamentais e o dilema entre a garantia daqueles já positivados, debatendo a necessidade da criação de novos direitos fundamentais que possam vir a ser necessários para atender as demandas oriundas da evolução da sociedade, se valendo, também do conceito de populismo de Laclau para elucidar quais são os fatores que levam os políticos populistas a agirem, ou não, na garantia dos direitos fundamentais.Em seguida, Enderson Vasconcelos e Renata Mota Maciel Correio apresentam o artigo “A devida diligência como ferramenta de respeito aos direitos humanos pelas empresas”, no qual examinam as situações de violações de direitos humanos evidenciadas nas últimas décadas e o debate sobre a relação entre empresas e direitos humanos, diante do instituto da devida diligência em direitos humanos, enfatizando que esta é uma ferramenta essencial que deve ser desenvolvida e incorporada à atividade empresarial.No último artigo, intitulado “Acesso à justiça e Online Dispute Resolution: uma análise das primeira e terceira ondas renovatórias”, Elisaide Trevisam, Mariana Marques Gutierres e Helena Alice Machado Coelho Correio estudam os avanços das tecnologias no Poder Judiciário, especialmente os Online Dispute Resolution (ODR) como meio alternativo de garantir o acesso à justiça, enfatizando que o Poder Judiciário também precisa disponibilizar ao jurisdicionado condições para acompanhar tais evoluções, a fim de que ocorra, de fato, garantia efetiva ao acesso à justiça substancial.Com isso, Prisma Jurídico agradece à toda equipe de editoração que permitiu a realização de mais um volume e deseja a todos os leitores uma ótima e agradável leitura.

El objetivo del trabajo es analizar la importancia de que la Auditoría Superior de la Federación en México sea transformada en Tribunal de Cuentas, para que como órgano independiente y autónomo cumpla con mayor vigor constitucional y legal los cometidos que tiene en materia de rendición de cuentas, la cual conjuga revisión, fiscalización, vigilancia y evaluación de los fondos públicos federales. De otro modo continuará como órgano subordinado a la Cámara de Diputados, carente de facultades jurisdiccionales para sancionar faltas u observaciones que provocan conductas delictivas de los servidores públicos, con lo cual sus tareas son limitadas y sin efectos vinculatorios

Las recientes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anulan el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, tras dos años de vigencia y, nuevamente, los motivos de tales resoluciones judiciales, no desconocidos para esta Comunidad Autónoma que ya en 2015 se enfrentaba a la nulidad de otro de sus instrumentos de planificación territorial, el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de Málaga, hacen necesaria una nueva reflexión sobre la importancia que la tramitación y el estricto cumplimiento de las cuestiones formales en la aprobación de los instrumentos de planificación territorial tienen en la práctica jurídica.

Este trabalho analisa a definição do imóvel agrário a partir de um aporte teórico-jurisprudencial objetivando formular considerações sobre qual regime jurídico de tributação e parcelamento a que ele está submetido após a edição da Lei Federal n. 13.465/2017. O processo metodológico foi a análise qualitativa a respeito da distinção entre os espaços urbanos e rurais, das definições e classificações do imóvel agrário, da incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano e do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, bem como é discutido o regime de parcelamento do solo. Em um segundo momento, com base no método do caso americano, é feita uma análise jurisprudencial em sequência cronológica de decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais sobre o tema. Verificou-se que, majoritariamente, a jurisprudência tem entendido que ao imóvel agrário localizado em área urbana se submete à incidência do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o que reflete tanto em questões propriamente agrárias quanto tributárias envolvendo esta espécie de imóvel. Contudo, as recentes alterações legislativas modificaram parcialmente a primazia da legislação agrária sobre a urbanística nos casos de regularização fundiária de núcleos urbanos informais para fins de parcelamento do uso do solo. O artigo versa sobre tema de grande relevância prática e aborda a temática de forma inédita, em razão da recente edição do novo marco de regularização fundiária urbana no país.

Este trabajo examina, desde una perspectiva crítica, la celebración del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea (UE) y el Reino de Marruecos y su Protocolo de aplicación 2018-2022 a la luz, fundamentalmente, de: 1) la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 27 de febrero de 2018, en el caso C-266/16, cuyo origen se remonta a una petición de cuestión prejudicial por parte del Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y País de Gales) de 2016, con respecto a la validez del Acuerdo de Colaboración de 2007 y de su Protocolo de aplicación 2014-2018, y de sus correspondientes actos de Derecho derivado; y 2) del Derecho internacional, en particular, a tenor de la aplicación territorial de los tratados y del principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales.

Una mayor capacidad institucional para afrontar la actual crisis ambiental y climática está estrechamente relacionada con una mayor calidad democrática y, por ello, es imprescindible el requerimiento de una mayor transparencia, participación y rendición de cuentas. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resolvió el recurso contencioso-administrativo presentado por Federació Ecologistes en Acció de Catalunya contra el Plan General de Política Forestal 2014-2024, aprobado por el Acuerdo GOV/92/2014, de 17 de junio, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. La Sala consideró infringido el trámite esencialísimo de la participación pública al haberse aprobado una disposición general en la que se pretendía convalidar el trámite de información pública realizado inicialmente en 2006 sin tener en cuenta cambios ocurridos entre ese año y 2014, fecha en la que produce la aprobación del Plan. A juicio de los autores, la sentencia comentada pone de manifiesto la mala práctica que en ocasiones las Administraciones públicas están tentadas a utilizar en aras a una supuesta celeridad en la tramitación administrativa, desdeñando la participación de la ciudadanía, principio irrenunciable.

La demanda social por la reestructuración de la formación de profesionales para la sociedad del conocimiento impulsa la actualización de los Modelos Educativos (ME) de las Instituciones de Educación Superior (IES), cuya diversidad impide obtener una visión panorámica de las tendencias en Chile. En Chile las universidades estatales han experimentado políticas públicas como la del 80 que han promovido prácticas liberales en Educación Superior y la reducción del compromiso del Estado con ellas. Este estudio caracteriza los ME de las universidades tradicionales chilenas, identificando sus dimensiones fundacionales y su configuración. Se realiza un análisis de contenido con un nivel de profundización descriptivo e inferencial, mediante la revisión de una muestra representativa a nivel nacional de 15 ME de universidades tradicionales. Entre los resultados está la determinación de cinco dimensiones como un mapa de factores determinantes para la comprensión de cómo se aprende, se gestiona el currículum y qué recursos priorizan las IES. Si bien existen diferencias a nivel descriptivo entre universidades públicas y privadas, a nivel inferencial se constata su homogeneidad. En tanto que, se encuentran diferencias significativas según el año de aprobación de los modelos, evidenciando en los más recientes (después de 2016), un marcado énfasis por implementar dispositivos de rendición de cuentas, en desmedro de su vinculación territorial.

El fenómeno del golf en nuestro país genera encendidas polémicas con fuerte repercusión en los medios de comunicación, en una contraposición fuerte de intereses. Buen ejemplo lo representa la conocida Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 29 de septiembre de 2006 recaída sobre la «Ciudad del Golf», en un pequeño municipio de la provincia de Ávila. En general, pocas Comunidades Autónomas han dictado normas que aborden los campos de golf desde una perspectiva pluridisciplinar. La Comunidad Autónoma andaluza dictó, sumándose a las escasas Comunidades Autónomas que ya contaban con una regulación específica en materia de campos de golf, el Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf. Precedió a esta norma una intensa polémica, tanto en su elaboración como en su aprobación final. Se analiza desde una perspectiva urbanística-territorial, con referencias comparadas autonómicas.

Accésit Premio Estudios Financieros 1995 Al estudiar lo que este trabajo pretende, las especialidades de la contratación laboral de carácter temporal en el sector público, es necesario un previo análisis de lo que se debe entender por sector público, y más concretamente, lo que se considerará Administración Pública a los efectos de este estudio. Para delimitar el sector público hay al menos dos nociones a manejar, sector público, sin más, y sector público económico. Las Leyes Generales Presupuestarias vienen desde 1977 (Ley 11/1977) englobando en el sector público a las Administraciones Públicas, incluida la Seguridad Social, a las Empresas públicas y a las Instituciones Financieras públicas. La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (Ley 2/1982) en su artículo 4.º considera sector público a la Administración del Estado, a la de las Comunidades Autónomas, a las Corporaciones Locales, a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, a los Organismos Autónomos, a las Sociedades estatales y demás empresas públicas. Este conglomerado de entes que conforman el sector público admite una división en dos grandes grupos; el que integra las «Administraciones Públicas» y el denominado «sector público empresarial o económico» que incluye las Sociedades estatales que pueden ser de Derecho público, entidades de Derecho público con personalidad jurídica que por ley ajustan su actividad al ordenamiento jurídico privado, o de Derecho privado, sociedades mercantiles cuyo capital pertenece mayoritariamente, ya directa o indirectamente, a la Administración del Estado o a los Organismos Autónomos dependientes de ella y demás entidades de Derecho público. Además de este complejo entramado de entidades integradas en el sector de lo público, en un segundo nivel territorial se encuentran las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales con Entidades de Derecho público o con sociedades mercantiles, y con Organismos Autónomos que dependen a su vez de ellas.

O orçamento é o ato jurídico em que se faz a previsão da receita, autorizando a sua arrecadação, e a fixação da despesa, autorizando, outrossim, a sua execução, relativas a determinado exercício financeiro. Embora o conteúdo do orçamento diga respeito à matéria de Direito Financeiro, pertinente à disciplina da receita e da despesa, a natureza jurídica da fiscalização da execução do orçamento se mantém no campo do Direito Administrativo, não obstante se utilize das normas de contabilidade pública e de técnica econômico-financeira para levá-la a cabo. Destarte, permanece no Direito Administrativo o estudo dos órgãos de controle do Estado quanto a atividade dos ordenadores da despesa e pagadores de contas, e os atos jurídicos de efetivação desse controle. Esse controle da execução do orçamento se faz através do Poder Executivo, por órgão do Ministério da Fazenda ou das Finanças, que acompanham a gestão financeira dos diferentes órgãos do Estado, e se denomina fiscalização interna; e, através do Poder Legislativo, valendo-se de pareceres de suas Comissões de Finanças ou Tomadas de Contas, e, especialmente, de órgão administrativo, autônomo, de cúpula colegiada ou individual, seu delegado, e auxiliar, ou melhor, colaborador, na verificação das contas dos órgãos do Estado, independente do Poder Executivo, e esse controle se denomina fiscalização externa. Ao Legislativo compete não só a aprovação do orçamento como a fiscalização última da sua fiel execução. Objetiva garantir o efetivo cumprimento do orçamento, quanto a receita e despesa. Sem a devida tomada de contas, os orçamentos se constituiriam em formalidades inúteis e seria impossível a apuração de responsabilidade dos agentes ordenadores e pagadores da despesa. Como órgão auxiliar do Legislativo nessa tarefa de controle de contas do Executivo se cogitou, nos países latinos da Europa, do Tribunal de Contas, também denominado Conselho de Contas ou Corte de Contas, cujos membros, chamados Ministros ou Conselheiros, gozam de imunidades que asseguram a sua independência. Esse órgão, apesar de exercer uma função administrativa, repita-se, a efetiva em caráter autônomo, e sem qualquer liame com o Chefe do Executivo. Já na Inglaterra e nos Estados Unidos da América do Norte, dito controle se faz através de Auditoria, General Accounting Office superintendida por Auditor-Geral, General Comptroller and Auditor, com garantias equivalentes às que se atribuem à magistratura, e, outrossim, em posição de absoluta independência dos órgãos governamentais controlados, inclusive do Chefe do Executivo. O exame das contas pode ser feito através de três processos diferentes que originaram os sistemas de exame prévio absoluto ou relativo, e do exame posterior. O exame prévio absoluto é aquele em que o veto do órgão fiscalizador externo impede os órgãos executivos e ativos a efetuarem a despesa em negando o seu registro, e, então, não pode ser feita. Esse veto absoluto é utilizado nos casos de falta de verba para essa despesa ou ter sido cogitada por verba imprópria. É o sistema acolhido pelo Tribunal de Contas da Itália, e, por isso, denominado de tipo italiano. Já o exame prévio relativo é aquele em que o veto do órgão fiscalizador externo, em considerada ilegal a despesa, nega-lhe o registro, e devolve a documentação aos órgãos executivos ativos com as razões do veto. Se os órgãos superiores do Executivo não se conformarem com o veto, solicitam ao órgão fiscalizador externo que faça o registro sob protesto. Após essa formalidade, ele dá ciência ao Legislativo do ocorrido, para que apure a responsabilidade dos órgãos executivos ativos, que levaram a efeito a despesa. Foi o sistema escolhido pelo Tribunal de Contas da Bélgica, e, por isso denominado de tipo belga. O exame posterior é o que a verificação da despesa se faz ao depois de efetuada. Elas não são evitadas pelo órgão de fiscalização externa, a quem cabe apenas providenciar em última análise, a punição dos culpados. Foi o sistema escolhido pelo Tribunal de Contas da França, e, por isso, denominado de tipo francês. O sistema do exame prévio absoluto adotado é conciliável com os outros dois, conforme a legislação, com referência a ato da Administração Pública de que resulte obrigação de pagamento pelo Tesouro Nacional ou por conta deste. Isto se verifica quando a recusa de registro tiver outro fundamento que a falta de verba ou disser respeito a verba imprópria, e, então, a despesa pode efetuar-se sob reserva ou protesto do órgão controlador externo, em determinada pelo Executivo a sua realização. Outrossim, ocorre o controle posterior quando, nos termos da legislação, o órgão controlador externo tem o encargo de exame do orçamento, após a sua execução, na apreciação das contas do Executivo, mediante relatório a ser oferecido ao Legislativo. Por seu turno, o sistema do veto relativo adotado é conciliável com o do exame a posteriori dos atos da Administração Pública, como seja, valendo-se do mesmo exemplo acima, quando compete ao órgão controlador externo a apresentação de relatório das contas do Executivo, em apreciando a execução por ele do orçamento, a ser, depois do exercício financeiro, encaminhado ao Legislativo. Tem o Congresso Nacional a função de fiscalizar os atos do Poder Executivo, bem como da administração indireta, e com as prerrogativas que lhe reconheça e lhe dê a lei, consoante dispõe o art. 45, da Magna Carta de 69, e, destarte, a Câmara dos Deputados e o Senado ou o próprio Congresso Nacional podem criar comissões de inquérito para a devida fiscalização a respeito. O Tribunal de Contas nasceu, realmente, na ordem jurídica pátria, somente com o Dec. 966-A, de 7.9.1890, que adotara o modelo belga. Isso logo após a proclamação da República, por ato do Governo Provisório. Ao Tribunal fora atribuída não só a fiscalização das despesas e de outros atos que interessem às finanças da República, como o julgamento das contas de todos os responsáveis por dinheiros públicos de qualquer Ministério a que pertencessem, dando-lhes quitação, ou ordenando-os a pagar o devido e quando isso não cumprissem, mandava proceder na forma de direito. A Constituição de 1891, simplesmente previu, ao dispor, no art. 89, sobre a instituição de um Tribunal de Contas, para liquidar as contas de receita e despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso. Relegou, porém, para a Legislação ordinária a sua inteira organização. Posteriormente, todas as Constituições Republicanas o inseriram entre os seus dispositivos. Já as demais estabeleceram as linhas fundamentais desse órgão governamental. Valendo-se de autorização que lhe dera o Congresso Nacional pela Lei 23, de 30.10.1891, para organizar os serviços dos Ministérios, e pela Lei 26, de 30.12.1891, para organizar as repartições da Fazenda, o Poder Executivo promulgou o Dec. 1.166, de 17.12.1892, em que cogitou o Tribunal de Contas previsto pelo texto constitucional citado. Deu-lhe a competência de exame prévio das contas do Executivo e poder de veto absoluto, quanto às despesas, e, outrossim, conferiu-lhe a atribuição de julgar as contas dos responsáveis por dinheiros ou valores públicos, emprestando às suas decisões força de sentença, uma vez lhe reconhecia nessa função atuava como Tribunal de Justiça. E essa situação não se alterou na legislação posterior, até a promulgação da Constituição de 1934. Porém, essa última competência, qual seja, de julgar as contas dos responsáveis por dinheiros ou valores públicos, consoante demonstração do Prof. Mário Masagão (cf. “Em face da Constituição Federal, não existe, no Brasil, o Contencioso Administrativo”, pp. 137 a 175, Seção de Obras do Estado de S. Paulo, S. Paulo, 1927), em completo estudo sobre o contencioso administrativo no Brasil, devia ser havida como inconstitucional, isso porque a Constituição de 1891 revogara, diretamente, esse instituto estabelecendo a jurisdição una, afeta, em exclusividade, ao Poder Judiciário, ex vi do seu art. 60, “b” e “c”. Aliás, nesse sentido, já haviam se manifestado Ruy Barbosa (cf. Comentários à Constituição, coligidos por Homero Pires, vol. IV, pp. 429 e ss) e Pedro Lessa (cf. Do Poder Judiciário, p. 149). Como órgão de função administrativa, preposto do Poder Legislativo, como seu auxiliar, na verificação da gestão financeira do Estado, na verdade, pela sua própria natureza, não podia ter funções jurisdicionais. Aliás, o art. 89, citado, da Constituição de 1891, só lhe confiara aquela atribuição administrativa. Inconstitucional seria, portanto, através de lei ordinária, não só diminuí-la, como, e, principalmente, aumentá-la, dando-lhe função jurisdicional. As Constituições que se seguiram à Constituição de 1891, como salientado, mantêm o Tribunal de Contas por esta instituído e lhe dão as linhas mestras da sua organização, especificam o sistema de controle das contas adotado, e definem as suas competências. As Constituições de 1934 (cf. §§ 1.º e 2.º do art. 101) e de 1946 (cf. §§2.º e 3.º do art. 77) adotaram o sistema italiano de controle da conta, ou melhor, do veto prévio absoluto, proibitivo, com referência às despesas pretendidas em que houvesse falta de saldo no crédito ou que tivessem sido imputadas a crédito impróprio, e do veto prévio relativo, quando diverso fosse o fundamento da recusa, quanto à despesa em causa, e, ainda, o controle a posteriori relativamente a outras obrigações de pagamento. No caso de veto prévio relativo a despesa poderia efetuar-se após despacho do Presidente da República, feito, então, o registro sob reserva, com recurso de ofício à Câmara dos Deputados, segundo a Constituição de 1934, e ao Congresso Nacional, conforme a Constituição de 1946. Já as Constituições de 1937, 1967 e 1969 silenciam a respeito. Mencionam apenas as atribuições do Tribunal de Contas sem cogitar do regime de controle. Contudo, dos termos das Constituição de 1967 (art. 71, e parágrafos, e §4.º do art. 73) e Magna Carta de 1969 (art. 70 e parágrafos, e §4º do art. 72) se conclui que optaram, em princípio, pelo sistema francês, do controle a posteriori, com ligeiras restrições, ao admitirem a faculdade de o Tribunal, de ofício, ou mediante provocação do Ministério Público, ou das autoridades financeiras e orçamentárias, e demais órgãos auxiliares, verificar a ilegalidade de qualquer despesa, inclusive as decorrentes de contratos. A auditoria financeira e orçamentária será exercida sobre as contas das unidades administrativas dos três Poderes da União, que, para esse fim, deverão remeter demonstrações contábeis ao Tribunal de Contas, a que caberá realizar as inspeções que considerar necessárias (art. 79, §3.º de 69). Esses são os elementos necessários para as inspeções levadas a efeito pelo Tribunal de Contas, através dos seus órgãos de auditoria, e compreendem perícias, apuração de pagamento e de sua pontualidade, verificação do cumprimento das leis pertinentes à atividade orçamentária e financeira. Todas essas normas de fiscalização aplicam-se às autarquias, que consistem em pessoas jurídicas criadas pelo Estado, com capacidade específica de direito público na realização de objetivo administrativo (§5.º do art. 70 de 69). Por isso, como seus órgãos indiretos se acham enquadrados no todo estatal, embora seres distintos do Estado, ante a sua personalidade. Formam com ele uma unidade composta. Têm atributos de império, obrigação de agir, são criados por processo de direito público, sem objetivo de lucro e se sujeitam à fiscalização estatal. Distinguem-se em autarquias associativas e fundacionais (cf. Princípios Geral de Direito Administrativo, vol. II, p. 233). Deverá o Tribunal de Contas, em face da Constituição e no caso de concluir tenha havido qualquer irregularidade a respeito: a) assinar prazo razoável para que o órgão da administração pública adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei; b) sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, exceto em relação a contratos; c) solicitar ao Congresso Nacional, em caso de contrato, que determine a medida prevista na alínea anterior ou outras necessárias ao resguardo dos objetivos legais. Observe-se, a sustação do ato que refere a alínea “b” poderá ficar sem efeito se o Presidente da República determinar a execução, ad referendum do Congresso Nacional, sujeitando, portanto, essa ordenação apenas a controle a posteriori do Congresso Nacional (cf. Constituição de 1967, §8.º, do art. 73; de 1969, §8.º do art. 72). O Congresso Nacional deliberará sobre a solicitação de que cogita a alínea “c”, no prazo de 30 dias, findo o qual, sem pronunciamento do Poder Legislativo, será considerada insubsistente a impugnação (cf. Constituição de 1967, §5.º, “a”, “b” e “c”, e §6.º do art. 73; de 1969, §5.º, “a”, “b” e “c”, e §6.º do art. 72). Merece crítica as disposições que têm como insubsistente a falta de pronunciamento legislativo no prazo legal a ele cominado. A solução devia ser exatamente a outra, isto é, tornando a sustação definitiva, adotada, aliás, pela Constituição Paulista no seu art. 91, III. Igualmente, a orientação adotada em admitindo a possibilidade do Presidente da República de ordenar a execução do ato considerado pelo Tribunal de Contas ilegal, submetendo-o ao referendum do Congresso, mas só depois de perpetrada a ilegalidade, outrossim, merece crítica. Envolve, sem dúvida, completa falência do controle do Tribunal de Contas. Por outro lado, regulam a Constituição de 1967 e a Magna Carta de 69 do controle interno da execução do orçamento. Realmente, dispõem que o Poder Executivo manterá sistema de controle interno, a fim de: I – criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo e regularidade à realização da receita e da despesa; II – acompanhar a execução de programas de trabalho e a do orçamento; e III – avaliar os resultados alcançados pelos administradores e verificar a execução dos contratos (1967, art. 72; de 1969, art. 71). Mas, as censuras acima feitas mostram ser de nenhum efeito essas pretendidas cautelas, pois indiretamente com os textos anteriormente criticados, nulificam, como salientado, o real controle de resultados práticos do Tribunal de Contas. A respeito dos textos criticados, a Constituição de 1934 dispunha que os contratos que, por qualquer modo, interessassem imediatamente à receita ou à despesa, só se reputariam perfeitos e acabados, quando registrados pelo Tribunal de Contas, e que a recusa de registro suspendia a sua execução até o pronunciamento do Poder Legislativo (art. 100). Igual preceito constava na Constituição de 1946 (art. 77, §.1º). Texto semelhante impunha-se tivesse sido acolhido pela Constituição da República Federativa do Brasil e das Constituições dos Estados. Destarte, estariam libertas das críticas anteriormente feitas a respeito. Tendo a Carta de 1937 deixado a completa organização do Tribunal de Contas à lei ordinária (parágrafo único do art. 114) apenas dispôs que competiria a ele acompanhar, conforme já dispunha a de 1934, diretamente ou por delegações organizadas, de acordo com a lei, a execução orçamentária; julgar as contas dos responsáveis por dinheiros ou bens públicos; e da legalidade dos contratos celebrados pela União. Essa tríplice competência foi repetida pelas Constituições que se lhe sucederam de 1946 (art. 77, I, II e III), de 1967 (§1.º do art. 72, §§ 5.º e 8.º do art. 73), e de 1969 (§1.º do art. 71, §§5.º e 8.º do art. 73), e de 1969 (§1.º do art. 71, §§5.º e 8.º do art. 73). E a elas se acrescentou a de julgar a legalidade das aposentadorias, reformas e pensões. Salvo a Carta Magna de 37, todas elas cogitam do parecer prévio do Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias, segundo a Constituição de 1934 (art. 102) e de 60 dias segundo as demais (de 1946, §4.º, do art. 77; de 1967, §2.º do art. 71; de 1969, §2.º do art. 70) sobre as contas que o Presidente da República deve prestar, anualmente, ao Congresso Nacional. E, se elas não lhe forem enviadas no prazo da lei, comunicará o fato ao Congresso Nacional, para os fins de direito, apresentando-lhe num e noutro caso, minucioso relatório do exercício financeiro encerrado. Sem dúvida a Constituição de 1967 e a Magna Carta de 1969 através dos seus textos retrogradaram quanto a fiscalização de maior relevo que deve caber ao Tribunal de Contas, qual seja a de fiscal da administração financeira, como preposto do Legislativo. Sem o veto absoluto nos casos de falta de saldo no crédito e nos de imputação a crédito impróprio, a atuação do Tribunal de Contas deixa de ter sua razão de ser. Sem sentido se nos afigura a opinião de alguns que declaram terem sido aumentados os poderes do Tribunal de Contas, pelos textos da Constituição de 67 e Magna Carta de 69, ante a possibilidade que lhe cabe hoje de acompanhamento do desenvolver do orçamento, mediante inspeções especiais, levantamentos contábeis, e representação, que lhe compete, ao Poder Executivo e Congresso Nacional, sobre irregularidades e abusos, inclusive as decorrentes de contrato, pois lhes falta a possibilidade de impedir, de forma coercitiva e absoluta, despesas irregulares. Disse com razão Ruy Barbosa: não basta julgar a administração, denunciar o excesso cometido, colher a exorbitância ou a permissão para punir. Circunscrita a estes limites essa função tutelar dos dinheiros públicos será, muitas vezes, inútil por omissa, tardia ou impotente. Não é de outro sentir Dídimo da Veiga quando afirmou: “O exame a posteriori ou sucessivo deixa consumar-se a despesa para depois fiscalizar a legalidade da mesma, sendo de todo o ponto ilusória a responsabilidade do ordenador, que nunca se torna efetiva, e a do pagador, sempre que a despesa paga for de cifra tão elevada que exceda o valor da caução prestada e dos bens do responsável; a fazenda pública vê-se lesada, fica a descoberto de qualquer garantia, o que, de per si só, é suficiente para coordenar o regimem da contrasteação ex post facto”. (Relatório do Tribunal de Contas de 1899, p. 13). É de lamentar-se essa restrição aos poderes do Tribunal de Contas, muito ao gosto das ditaduras e dos governos de fato. É de lamentar-se, mais ainda, que as Constituições estaduais tenham seguido essa mesma orientação. Vale a pena recordar-se que quando se quis extinguir a fiscalização prévia, com veto absoluto, no Governo Floriano Peixoto, seu Ministro da Fazenda, Seserdelo Correia, pediu exoneração do cargo, e teve oportunidade de dizer em carta ao Presidente a respeito do veto impeditivo. “Longe de considerá-lo um embaraço à administração, eu o considerava o maior fiscal da boa execução do orçamento”. E prosseguia acertadamente: “Se a despesa está dentro do orçamento, se existe verba ou se tem recurso a verba, o Tribunal não pode deixar de registrá-la. Se não existe ou está esgotada, é o caso dos créditos extraordinários ou suplementares”. O registro sob protesto, isto é, do veto relativo não basta para essas hipóteses retro apontadas, para conter os abusos dos governantes e evitar desmandos financeiros. Claro, quando a recusa do registro tiver outro fundamento ele se explica, e então o registro se faz sob reserva. O controle posterior se tem aplicado como elemento complementar, na apreciação de comportamento dos ordenadores e pagadores de despesa para efeito de parecer sobre as contas ao Congresso, e consequente apuração de responsabilidade. Em que pese opiniões em contrário, se nos afigura perfeitamente possível, sem que ocorra a pecha de inconstitucionalidade, adotem os Estados federados e os Municípios, o veto absoluto e o relativo, conforme as hipóteses, na organização dos seus Tribunais de Contas, no exercício das respectivas autonomias, asseguradas pelos arts. 13 e 15, respectivamente, da Emenda 1/1969. As matérias pertinentes aos Tribunais de Contas se enfocam em dois ramos jurídicos: o Direito Financeiro e o Direito Administrativo. As matérias de Direito Financeiro, na verdade, são de competência prevalente da União, ex vi do art. 8.º, XVIII, “c”, da Magna Carta de 69, ou seja, de estabelecer, através de textos legislativos, normas gerais sobre orçamento, despesa e gestão patrimonial e financeira de natureza pública, e, pois aos Estados compete apenas legislar, supletivamente, sobre elas, segundo o parágrafo único do citado art. 8.º, XVII, “c”. Já as matérias de Direito Administrativo, em especial sobre a organização dos seus órgãos, cabem aos Estados pois assistem-lhes todos os poderes que não lhes foram vedados, por texto constitucional. Incumbe-lhes, então, e tão-somente, respeitar os princípios constitucionais, na Magna Carta de 69. Por conseguinte, afora as competências que lhes foram proibidas, hão de obedecer apenas as limitações que defluem dos princípios estruturais do regime pátrio, constantes da Constituição Federal. Portanto, cumpre aos Estados federados, ao organizarem o respectivo Tribunal de Contas, a observância do princípio de prestação de contas da administração, segundo art. 10, VII, “f” e mais elaboração do orçamento, bem como a fiscalização orçamentária, conforme o art. 13, IV. A conjugação desses dois princípios faz com que para efetivá-los devam instituir Tribunais de Contas, com as restrições expressas de que os seus membros não poderão exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo um cargo de magistério e nos casos previstos nesta Constituição; receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, percentagens nos processos sujeitos a seu despacho e julgamento, e não deverão exceder de sete, em consonância com o art. 13, IX da CF. Afora essas delimitações aos poderes dos Estados Federados, constantes dos textos suprarreferidos, nenhuma outra foi prevista, e como a eles são conferidos todos os poderes que, explícita ou implicitamente, não lhes tenham sido vedados pela Constituição Federal, como dispõe o §1.º do art. 13, é indiscutível, a nosso ver, ao organizarem os seus Tribunais de Contas, podem fazê-lo com liberdade, em escolhendo para efeito do controle financeiro o sistema que mais lhes convenha. Assim o de veto prévio absoluto quanto as despesas em que inexista verba ou esta seja imprópria. Certo, o art. 188 da Constituição de 67, reproduzido no art. 200 da Carta de 69, invocado pelos que negam essa possibilidade, não configura o referido impedimento. Realmente, os artigos em apreço dispõem que as disposições nela constantes ficam incorporadas, no que couber, ao direito constitucional legislado pelos Estados. Com isso se pretendeu, na melhor das hipóteses, que os Estados devem adotar, no mínimo, o modelo imposto pela Carta Federal, com referência ao controle financeiro, os princípios básicos constantes dessas Constituições em referência. Eles constituem o paradigma mínimo a serem obedecidos pelos Estados, tendo em atenção o modelo federal. Mas, nada impedem melhorem o sistema federal de controle das contas estaduais e o torne mais severo. Não lhe impuseram completa simetria de organização, o que seria absurdo em um Estado federal, de grande extensão territorial, e em que as unidades federativas são de áreas díspares e com diversidade de população, e de civilização e cultura distintas. Assim sendo, deverá o Tribunal de Contas do Estado, como mínimo tão-somente: I – exercer o controle externo da administração financeira do Poder Executivo e entes autárquicos, como colaborador da Assembleia Legislativo neste mister; II – apreciar, em parecer, as contas anuais da Administração Pública, e elaborar relatório quanto ao exercício financeiro, mediante a ajuda de auditoria, tomar as contas dos administradores e outros responsáveis pelo dinheiro público, e verificar da legalidade das aposentadorias, reformas e pensões; III – gozar de autonomia interna corporis dos Tribunais Judiciários e desfrutar os seus membros de situação equiparável aos magistrados dos Tribunais de Justiça; IV – satisfazer a nomeação dos seus membros os requisitos previstos para nomeação dos magistrados; V – representar ao Poder Executivo e à Assembleia Legislativa dando notícia de atos irregulares ou abusos verificados quanto a administração financeira e orçamentária; VI – sustar os atos da administração financeira quando exaurido o prazo a ela assinado para sua regularização, bem como solicitar à Assembleia Legislativa, em casos de contratos firmados pela administração, as medidas para resguardo da regularidade dos objetivos legais, acaso desrespeitados. Aliás, se realmente fosse negado aos Tribunais de Contas Estaduais ampliar e melhorar o sistema adotado pela União, a fim de torna-los mais aptos, à consecução da sua função, quanto a organização do próprio órgão e a sua ação fiscal, seria praticamente anular a autonomia dos Estados, assegurada pelo art. 13 da Magna Carta de 69, e, consequentemente, ter como revogada a Federação, firmada no art. 1.º dela, e cuja abolição, mediante reforma constitucional, sequer pode ser objeto de deliberação proposta nesse sentido, ante o art. 47, §1.º. Em consequência, são livres de organizar o órgão e a sua ação desde que respeitem, no mínimo, quanto a organização as normas dispostas pela União e quanto a sua ação ao figurino mínimo pertinente ao controle fiscal estabelecido pela União. Parece absurdo sustentar-se que está o Estado, pela Carta de 69, impedido de melhorar a organização de seu Tribunal e de tornar mais efetiva a sua fiscalização financeira. Como já salientado, a Magna Carta de 69 assegurou no art. 15 a autonomia dos Municípios. Admitiu a intervenção do Estado nos seus negócios quando deixarem de respeitar princípios insertos no §3.ª desse artigo. E entre eles, está o de prestação das contas devidas nos termos da lei, conforme já previsto no inc. II do citado art. 15. Consequentemente, no art. 16 estabeleceu que a fiscalização financeira e orçamentária será exercida mediante controle externo da Câmara Municipal e controle interno do Executivo municipal, instituídos por lei. E no §1.º dispõe: “O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência”. Destarte, admitiu o Estado entregue tal encargo ao seu Tribunal de Contas ou a órgão estadual para tanto criado e a quem caberá essa competência. Embora em caráter de colaboração à Câmara Municipal, o parecer prévio desses órgãos estaduais só deixará de prevalecer, segundo o §2.º desse artigo, mediante decisão de 2/3 daquela. Dessa forma ficaram postas balizar aos abusos das Câmaras Municipais sob a força de pressão da política. Restrições maiores comprometeriam a autonomia do Município. Para evitar esses abusos dos governantes municipais, sem tolher a autonomia, está na adoção pelos Estados do veto prévio absoluto e relativo, com referência aos Municípios nos termos que devem ser preconizados para o Tribunal de Contas do próprio Estado, com referência ao seu controle financeiro. Discute-se sobre a possibilidade de, em existindo Tribunal de Contas nos Estados, haver possibilidade de ser por ele criado órgão estadual com o encargo de proceder a fiscalização financeira dos Municípios, como auxiliar do controle externo das Câmaras Municipais. Entendem uns a dejuntiva ou do texto constitucional faz com que só se possa admitir a criação desse órgão em inexistindo Tribunal de Contas do Estado. Já outros sustentam a permissibilidade da criação desse órgão para efeito de descongestionar os Tribunais estaduais. Estes restringiram o seu controle contábil financeiro às contas do Estado federado, e o outro órgão se destinaria a igual controle dos Municípios. Aliás, só desse sentido se pode compreender a palavra “ou” intercalada entre as duas hipóteses, isto é, uma “ou” outra. Afigura-se-nos mais consentânea com a verdade a tese da última corrente, não obstante tenha havido pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em favor da outra. Aliás há também decisão desse Tribunal em outro sentido. A fiscalização se fará por um ou outro órgão pertinente. Adotada a primeira orientação, ainda há de ter-se como sem sentido a previsão constitucional de outro órgão, além do Tribunal de Contas, para o referido controle, porquanto todos os Estados, obrigatoriamente, devem ter Tribunais de Contas, ex vi do art. 13, IX, da CF, completado pelo art. 200 que determina a incorporação, no que couber, das disposições constantes da Carta Federal, ao direito constitucional dos Estados. Demais, o trabalho que fica a cargo dos Tribunais de Contas dos Estados, quanto ao controle fiscal da sua atuação, pode perturbar o serviço desse Tribunal para efetivar, realmente, o controle financeiro dos Municípios, e, então, se explica a criação desse órgão especial distinto dos Tribunais de Contas, a critério do legislador estadual. Esse órgão autônomo estadual, no entanto, deverá gozar de regalias que assegurem a sua independência quanto a força de pressão política, a fim de poder exercer, com absoluta isenção, a sua atividade de auditoria, seja ele colegiado ou sob a orientação singular de um auditor-chefe. Contudo, os municípios, ante o §3.º, do art. 16, da Magna Carta de 69, com população superior a dois milhões de habitantes e renda tributária acima de quinhentos milhões de cruzeiros novos, podem eles próprios instituir Tribunais de Contas. E estes devem respeitar, na sua organização e ação, os princípios mínimos adotados pela Constituição Federal nos arts. 72 e parágrafos e mais outras normas aperfeiçoando-os, como seja o veto absoluto nos casos de falta de verba ou de verba imprópria, e o veto relativo quanto a outras despesas. Já o Município de São Paulo, em virtude do art. 191, ficou assegurado, e tão-somente a ele, a continuidade do seu Tribunal de Contas, salvo deliberação em contrário da respectiva Câmara, enquanto os demais Tribunais de Contas Municipais foram declarados, por esse mesmo termo, extintos. O Tribunal de Contas do Município de São Paulo pode ser reorganizado, e quanto a sua ação, como os novos Tribunais de Contas em outros Estados, dos respectivos Municípios em que vierem a ser criados, satisfazendo as exigências do §3.º do art. 16. Além de obedecerem ao modelo federal, nos seus contornos mínimos, cumpre aos Tribunais Municipais obedecerem aos textos mínimos dispostos na Constituição Estadual e na Lei Orgânica dos Municípios. Mas podem estabelecer controle mais extenso a eles quanto ao orçamento, conforme salientado. Afinal, pondere-se: é incrível que a Constituição Paulista haja, no art. 75, disposto que nenhuma despesa será ordenada ou realizada sem que exista recurso orçamentário ou crédito votado pela Assembleia, e tenha deixado de, expressamente, prever o veto absoluto do Tribunal de Contas, tanto do Estado como do Município da Capital, ao dispor sobre as suas competências a respeito. A expressão julgar as contas dos responsáveis pelos dinheiros e bens públicos, bem como da legalidade dos contratos e das concessões iniciais de aposentadorias, reformas e pensões, ensejou dúvidas na doutrina e na jurisprudência, qual seja, se ao empregar a expressão “julgar” os constituintes cogitaram de atribuir ao Tribunal de Contas funções jurisdicionais ou não. Quanto à última, de julgar da legalidade dos contratos, firmou-se orientação de que se tratava de função administrativa, empregada impropriamente a palavra “julgar” no texto, porquanto a decisão do Tribunal de Contas só tinha o efeito de suspender a sua execução até que se pronunciasse a respeito o Congresso Nacional. Funcionava, destarte, como órgão auxiliar do Poder Legislativo, sem caráter jurisdicional, mas tão-somente administrativo. Já quanto à primeira, de julgar as contas, prevaleceu a orientação de que se tratava de função jurisdicional, atribuída ao Tribunal de Contas. Procurou-se distinguir a expressão “julgar da legalidade” da de “julgar as contas”, por empregado o verbo em regência diversa pelos constituintes. Ora, o “julgar” no sentido de lavrar ou pronunciar sentença não pede objeto direto, diz-se “julgar do direito de alguém”. Já o “julgar” no sentido de avaliar, entender, pede objeto direto, diz-se “julgo” que tem razão (cf. Cândido de Figueiredo, verbete “julgar”, in Novo Dicionário da Língua Portuguesa, 3.ª ed., vol. II, Portugal-Brasil, s/d). Por conseguinte, a alteração da regência prova contra a tese dos que pretendem a expressão “julgar as contas” corresponda à de sentenciar, ou seja, de exercício da função jurisdicional. Na verdade, essa regência do verbo, ao contrário da outra de “julgar da legalidade”, autoriza a conclusão de que a expressão “julgar as contas” se refere ao significado de avaliá-las, entendê-las, reputá-las bem ou mal prestadas, jamais no sentido de sentenciar, de decidir a respeito delas. Observe-se, as Constituições de 1967 e 1969 separaram em dispositivos diferentes as duas atividades quais sejam: de julgar da legalidade dos contratos; e de julgar da legalidade das concessões iniciais de aposentadoria, reformas e pensões, juntos no mesmo item da Constituição de 1945. Quanto à primeira, isto é, legalidade dos contratos estabeleceram o princípio do recurso de ofício ao Congresso Nacional da sua deliberação. Já relativamente à segunda, ou seja, legalidade da aposentadoria, reformas e pensões, nada dispuseram a respeito, com referência à sua deliberação. Entretanto, nesta última hipótese, também, não se teve como definitiva a decisão do Tribunal de Contas. Se deixada de ser registrada pelo Tribunal de Contas, isso não impediria a sua efetivação, em mantido o ato pelo Executivo. Então, far-se-ia o registro sob protesto desses atos. Poderia, ainda, sem dúvida, em face dos textos constitucionais (1946, art. 77, III, §3.º e art. 141, §4.º; 1967, art. 73, §5.º, “b”, e art. 151, §4.º; e 1969, art. 72, §§5.º, “b”, e 8.º) o interessado interpor recurso ao Judiciário para defesa de seu direito individual acaso desconhecido, se entendesse ter direito à aposentadoria ou reforma e a sua família, se negada a pensão. Os adeptos da competência jurisdicional do Tribunal de Contas, no caso de julgar as contas dos responsáveis pelos dinheiros e bens públicos, sustentam que o fato do reconhecimento do alcance pelo Tribunal de Contas há de ser aceito sem discussão pelo Poder Judiciário. Concordam, no entanto, que a recusa na aceitação das contas, envolve apenas o reconhecimento, pelo Tribunal de Contas, de alcance por parte do ordenador da despesa ou seu pagador, pois a condenação, por crime de peculato, depende de sentença judicial do Poder Judiciário, e a condenação cível do débito, para efeito de indenização ao Poder Público, depende, também, de sentença judicial do Poder Judiciário. Destarte, ao Tribunal de Contas cabe decisão prejudicial sobre o fato. Porém, a condenação, pela prática do ilícito penal ou civil, na verdade, cabe ao Poder Judiciário, e mais a execução da sentença. Data venia, desses mestres, há de entender-se que, em ambas as hipóteses, o Tribunal de Conta só possui função administrativa de acompanhar a execução orçamentária e apreciar as contas dos responsáveis por dinheiros ou bens públicos. Com isso se não diminui o relevo do Tribunal de Contas, ao contrário se projeta na sua específica função de implantar a moralidade pública, de ordem administrativa, na fiscalização do orçamento. Na organização jurídica do Estado todos os órgãos são de igual importância no exercício de suas respectivas funções, cada uma imprescindível ao Estado de Direito. E de tal realce é a do Tribunal de Contas, que se encontra fora da concepção tríplice dos três poderes, e a quem cabe a fiscalização econômico-financeira da atividade de todos eles. Não teve o texto em causa, no entanto, o objetivo de investi-lo no exercício de função judicante, quando se expressou que lhe caberia julgar as referidas contas. Visou apenas lhe conferir a competência final na ordem administrativa sobre o assunto. Se tida como bem prestadas, está encerrado o trabalho pertinente à sua apuração, com a quitação que mandaria passar a favor dos que as ofereceram. Ao contrário, se entender caracterizado alcance quanto a dinheiro ou bem público, no exercício dessa função, determinará que paguem o considerado devido, dentro do prazo fixado, e, não satisfeita a determinação, lhe caberá proceder contra eles na forma de direito. Argui-se que, em as considerando o Tribunal de Contas irregulares, essa questão não poderia ser reaberta pela Justiça Comum, a quem caberia o processamento e julgamento do crime, consequência do alcance verificado. Portanto, caracterizado pelo Tribunal de Contas o alcance, na ação de peculato, esse pronunciamento obrigaria a Justiça Criminal Comum. Então, esta, quer dizer, a Justiça Comum, terá de aceitar dito pronunciamento sobre as contas do réu, como apuração de fato necessária à integração do delito, isto é, como apuração preestabelecida e requisito da ação, sob pena de um novo Juiz rejulgar o que tinha sido julgado por outro, incorrendo em injustificável bis in idem, em inútil nova apreciação, que resultaria em mero formalismo. Igual consideração se faz quanto à Justiça Comum, em ação executiva proposta pelo Estado, para cobrança de alcance e haver a correspectiva reposição patrimonial. Não se trata de rejulgamento pela Justiça Comum, porque o Tribunal de Contas é órgão administrativo e não judicante, e sua denominação de Tribunal e a expressão julgar ambas são equívocas. Na verdade, é um Conselho de Contas e não as julga, sentenciando a respeito delas, mas apura da veracidade delas para dar quitação ao interessado, em tendo-as como bem prestadas, ou promover a condenação criminal e civil do responsável verificando o alcance. Apura fatos. Ora, apurar fatos não é julgar. Julgar é dizer do direito de alguém em face dos fatos e relações jurídicas, tendo em vista a ordem normativa vigente. Se simplesmente apura fatos, sob a imprópria cognominação de julgar, não exerce função jurisdicional. E essa apuração poderá ser objeto de prova contrária em Juízo. Não deve constituir por isso prejudicial a ser aceita pelo Poder Judiciário sem qualquer exame. A Justiça Comum não pode ficar presa a ela, uma vez a Constituição não atribui expressamente a força de sentença as conclusões do Tribunal de Contas sobre o fato. E a quem cabe dizer do direito de alguém, em princípio, cabe a verificação do fato, em última análise. Logo, a Justiça Comum, ao dizer daquele, deve poder apreciar este. Inexiste bis in idem, porquanto uma coisa é a apreciação administrativa e outra a judicial de dado fato. Sem dúvida, a apuração do fato do alcance pelo Tribunal de Contas será uma prejudicial necessária para a propositura da ação, civil ou penal, como pressuposição do ilícito civil ou penal. Essa apuração prévia sempre se faz necessária. E, em princípio, será aceita pelo Poder Judiciário, seja no executivo fiscal para reposição patrimonial, ou na ação criminal contra o agente público. Isso porque documentalmente comprovada no procedimento levado a efeito pelo Tribunal de Contas. Contudo, se o agente público, réu em uma dessas ações, arguir cerceamento da defesa nessa apuração e trouxer para os autos provas convincentes da improcedência da apuração de ilícito civil ou penal contra ele, não pode o Poder Judiciário, que vai condená-lo, e, em seguida, executar a sua sentença, deixar de examinar essa alegação e verificar da sua procedência, se no bojo dos autos constarem elementos para admitir-se a veracidade do alegado contra o pronunciamento do Tribunal de Contas. Se os constituintes tivessem atribuído ao Tribunal de Contas função jurisdicional, deveriam tê-lo integrado no Poder Judiciário. Isso não fizeram, e, ao contrário, o colocaram entre os órgãos de cooperação nas atividades governamentais, como auxiliar do Poder Legislativo. Por outro lado, a Constituição de 91 havia abolido o contencioso administrativo. Por conseguinte o seu restabelecimento só se poderá admiti-lo, mesmo parcial, para julgamento das contas, dos responsáveis por dinheiros e bens públicos, quando tal viesse dito no texto de modo indiscutível, o que se conseguiria declarando-se que a decisão do Tribunal de Contas nessa matéria teria força de sentença. Poder-se-á contra-argumentar que se dera o título de Ministro aos seus membros, e a sua nomeação se faz nos moldes das dos demais Ministros da Corte Suprema e gozam das mesmas garantias destes, de vitaliciedade, de irremovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, bem como quanto à organização do Regimento Interno e da Secretaria, tem o Tribunal de Contas as mesmas atribuições dos Tribunais Judiciários. Ora, o argumento prova demais. Isso se fez para assegurar a independência dos seus membros perante o Executivo no fiscalizar a sua gestão financeira, jamais para julgar das suas contas com força de sentença, de modo a obrigar, por exemplo, o Poder Judiciário a considerar como caracterizado o alcance de alguém, sem poder reapreciar essa apuração, e dever, portanto, aceitar como definitivo o julgamento do Tribunal de Contas. Não parece razoável obrigar o juiz criminal ou civil, reduzido a uma função formal a condenar alguém por provas que não o convencem ou não puder verificar de sua procedência, quando nos autos há elementos que as contestam. As leis ordinárias, que, na vigência da Constituição de 91, embora devendo ser havidas como inconstitucionais, quiseram atribuir ao Tribunal de Contas competência jurisdicional, o fizeram de forma expressa. Deram às suas decisões força de sentença. Isso não fizeram os textos constitucionais. Portanto, os textos em causa, constitucionais, devem ser interpretados como tendo em mira usar a palavra julgar no sentido restrito, atrás sustentado, isto é, dentro da órbita administrativa, pois do contrário atribuiriam a esse julgamento a força de sentença. Aliás, não se compreende que se interprete a expressão “julgar da legalidade” como restrita à órbita administrativa e “julgar as contas” se estenda ao âmbito jurisdicional. A alteração de regência do verbo não muda o sentido da função, passando-a de administrativa para jurisdicional, e, ao contrário, a regência direta não é a própria para o emprego da palavra no sentido de sentenciar, como se viu. Ambos os textos devem ser entendidos em sentido estrito, embora ao “julgar da legalidade” haja apreciação de matéria de direito, porém sem caráter definitivo, mero exame administrativo, relegada ao Judiciário a função jurisdicional. Demais, dita interpretação amolda-se à natureza do Tribunal de Contas, Tribunal Administrativo, de verificação de contas, e jamais Tribunal de Justiça, de julgamento afinal dos agentes públicos pelas contas não prestadas ou malprestadas. Aliás, não se confunde o julgar das contas com o julgamento dos responsáveis por elas. A função de julgar, no seu verdadeiro sentido, de dizer do direito em face dos fatos, diz respeito a alguém, ou melhor, a uma pessoa de direito, natural ou jurídica. No caso, o agente público que ordenou ou fez a despesa, natural, relativa ao alcance, de natureza penal, e a reparação patrimonial, de natureza civil, ou melhor, o responsável pelas contas. Já a expressão “julgar as contas” não contém qualquer função jurisdicional de dizer do direito de alguém, mas administrativo-contábil de apreciação do fato da sua prestação. Julgamento se faz dos agentes responsáveis pelas contas, jamais das contas. Estas se apreciam, como se disse, sob o aspecto administrativo-contábil. São insuscetíveis de julgamento. O Tribunal de Contas julga as contas, ou melhor, aprecia a sua prestação em face de elemento administrativo-contábil, e, outrossim, a legalidade dos contratos feitos, bem como das aposentadorias e pensões. A Justiça Comum julga os agentes públicos ordenadores de despesas e dos seus pagadores. E ao julgar os atos destes, sob o aspecto do ilícito penal ou civil, há de apreciar, também, os fatos que se pretendam geraram esses ilícitos. Repita-se, a função jurisdicional é de dizer o direito em face dos fatos. Jamais de apreciar fatos simplesmente. Mesmo se aceitasse como definitiva essa apreciação, não corresponderia a uma função de julgar. A certidão do Tribunal de Contas em afirmando o alcance do agente público, como documento de instrução do processo judicial tem tão-somente a presunção de verdade juris tantum, ante o texto constitucional e não juris et juri. Isso porque não possui força de sentença judicial e isso não pode ter, a menos que lhe fosse atribuída a competência de julgar o próprio ilícito civil e penal, atribuído aos agentes ordenadores da despesa e seus pagadores, isto é, os agentes responsáveis pelas contas. As sucessivas Constituições pátrias, expressamente, conferiram aos Juízes da União (cf. 1934, art. 81, “a”, e parágrafo único; 1937, arts. 107, 108 e parágrafo único; 1946, art. 201 e §§1.º e 2.º; 1967, art. 119, I, e 1969, art. 125, I) competência para processar e julgar as causas em que a União for interessada como autora ou ré, assistente ou opoente, e só excepcionaram dessa competência a competência da Justiça local nos processos de falência e outros em que a Fazenda Nacional, embora interessada, não intervenha como autora, ré, assistente ou opoente, e ressalvaram, ainda, a competência da Justiça Eleitoral, Militar e do Trabalho. Nada disseram quanto às contas dos responsáveis por dinheiro ou bem público. Ao contrário, as Constituições de 34 (art. 81, “i”), de 46 (art. 104, II, “a”, art. 105, depois de promulgado o AI/2, art. 6º), de 67 (art. 119, I e IV), e 69 (art. 125, I e IV), sem qualquer ressalva em favor do Tribunal de Contas, atribuíram aos Juízes Federais competência para processar e julgar, em 1.ª instância, os crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de entidades autárquicas ou empresas públicas, ressalvadas tão-somente a competência da Justiça Militar, do Trabalho e Eleitoral. Se pretendessem excluir da competência dos Juízes Federais o julgamento dos responsáveis por dinheiro ou bens públicos, dando força de sentença à decisão do Tribunal de Contas a respeito das suas contas, deveria ter isso dito, ou, ao menos, feito remissão a esse artigo. Ao contrário, silenciaram. Não tendo excluído essa matéria da competência dos Juízes federais, ela lhes deve caber, ex vi dos artigos das diferentes Constituições pátrias, e não só a competência formal de condenar os cujas contas forem rejeitadas e havidas como tendo cometido delito, ou civilmente responsáveis, como apreciar o mérito desse ilícito penal e civil, que lhe fosse imputado. E essa competência, ora foi conferida em grau de recurso, ao Supremo Tribunal Federal (Constituição de 34, art. 76, II, “a”, c/c art. 79, parágrafo único, §1.º, 101, II, 2.ª letra “a” e art. 109 (parágrafo único); ora, aos Tribunais Federais para julgar privativa e definitivamente (Constituição de 1946, art. 104, II “a”; 67; art. 117, II, e parágrafo único; 69, art. 122, II, e parágrafo único), exceto as questões de falência, e as sujeitas à Justiça Eleitoral, à Militar e à do Trabalho. E nenhum Tribunal julga privativa e definitivamente uma questão se não puder apreciá-la, tanto no seu aspecto formal como material. Observe-se, considera-se como crime de responsabilidade dos Ministros de Estado não só os que praticarem ou ordenarem, como, ainda, os relativos a despesas do seu Ministério, a que lhes incumbe dirigir, como orientador, coordenador e supervisor dos seus órgãos, pois respondem por elas e o da Fazenda, além desses, como os pertinentes à arrecadação da receita, por lhe estar afeto ainda esse encargo. Portanto, como se poderá entender que a expressão constitucional “julgará as contas dos responsáveis por dinheiros ou bens públicos” equivale à outorga de função jurisdicional ao Tribunal de Contas? A que fica a mesma função entregue à Justiça Política e depois à Justiça Comum, nos casos de crimes de responsabilidade do Presidente da República e conexos dos Ministros de Estado, e à Corte Suprema, nos de responsabilidade dos Ministros, os quais respondem não só pelos atos que ordenarem ou praticarem, como pelas despesas do seu Ministério, e, o da Fazenda, além disso, pela arrecadação da receita? E como se processaria a responsabilidade posterior dessas autoridades, civil e criminal, perante a Justiça Comum, ao depois de condenados pela perda do cargo? Ora, nem uma palavra existe sobre o Tribunal de Contas. Considerado por este ato do Presidente da República e dos Ministros de Estado a ela conexos como tendo atentado contra a probidade administrativa ou a execução do orçamento, ficará o Tribunal Político preso aos pronunciamentos do Tribunal de Contas? Então, o órgão auxiliar do Congresso, de Fiscalização financeira e orçamentária, se sobreporá, nas suas conclusões, a ele? Não terá a Câmara dos Deputados a liberdade de apreciar da existência ou não do apontado atentado à probidade administrativa por parte do Presidente para apresentar a denúncia contra ele, e o Senado ficará obrigado a aceitar como provado esse atentado, objeto de denúncia, sem apurar a veracidade, formando por si próprio o Juízo a respeito? Consequência última a se tirar é a anteriormente preconizada, qual seja, a de que a expressão “julgar” as contas conferida ao Tribunal de Contas, aliás impropriamente, se restringe à órbita administrativa, com o objetivo de poder dar quitação ou mandar apurar a responsabilidade das contas dos responsáveis por dinheiros ou bens públicos. E, ainda, com esse mesmo sentido é dado à palavra julgar, como correspondendo a apreciar as contas tão-somente se encontra quando se atribui nas Constituições de 1934 (art. 40, “c”), 1946 (art. 65, VIII), 1967 (art. 47, VIII) e 1969 (art. 44, VIII) ao Congresso Nacional competência privativa para julgar as contas do Presidente da República. Isso porque o Presidente da República deverá apresentar ao Congresso Nacional dentro de 60 dias as suas contas relativas ao ano anterior, após a abertura da Assembleia Legislativa, ex vi do art. 81, XX, com parecer prévio do Tribunal de Contas, em 60 dias do seu recebimento. Como consideração última, pondere-se que em face das Constituições pátrias, desde a de 1946, sempre se assegurou, entre os direitos individuais dos cidadãos, e entre eles estão os agentes públicos, ordenadores de despesas e seus pagadores, que não poderia ficar excluída do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual, o que lhe seria assegurado por lei. Ora, em entendendo o agente público, cujas contas deixaram de ser aceitas pelo Tribunal de Contas, que com isso se acarretou lesão ao seu direito de defesa e de que a comprovação de fato arguido não é verdadeira, há de permitir-se ao Judiciário, sempre, o seu exame, sob pena de lesão desse direito individual deles, seja na arguição de ilícito civil ou criminal. Portanto, o Tribunal de Contas não exerce função jurisdicional e tão-somente administrativa de tomada de contas. Tal ponto de vista é igualmente defendido por Guimarães Menegale (cf. Direito Administrativo e Ciência da Administração, pp. 219-226, Borsói, Rio, 1957) e por José Afonso da Silva (cf. Do Recurso Extraordinário no Direito Processual Brasileiro, pp. 265-268, Livro 114, Ed. RT, 1963). Clenício da Silva Duarte (cf. Anais do VIII Congresso de Tribunais de Contas do Brasil, vol. II, pp. 441-477, João Pessoa, 1976). Em conclusão I – A função por excelência do Tribunal de Contas é o controle do orçamento, a fim de assegurar a moralidade pública. II – Os Tribunais de Contas não exercem, na verdade, função jurisdicional, mas de apreciação de contas apenas, cuja atividade a respeito é de especial relevo. III – O Tribunal de Contas na Constituição de 67 e Carta de 69 teve os seus reais poderes restringidos e assim prejudicado o exercício da sua precípua função. IV – Só o veto absoluto contra despesas sem verba ou verba imprópria permite o efetivo controle do orçamento, reservado o veto relativo para outras despesas e o controle a posteriori para a apuração final de responsabilidades dos seus ordenadores e pagadores. V – Os tribunais de Contas dos Estados e Municípios podem adotar, em face dos arts. 13 e 15 da Carta de 69 c/c o art. 1.º, o veto absoluto e relativo e o controle a posteriori nos termos acima enunciados, para garantia do cumprimento do cumprimento do orçamento. VI – Os Estados, nos Municípios em que inexiste Tribunal de Contas, podem exercer o controle dos orçamentos municipais, através dos seus Tribunais de Contas ou de órgão criado para esse fim.

La Revista Justicia & Derecho de la Universidad Autónoma de Chile se complace en presentar el segundo volumen correspondiente al año 2020 que constituye el término de un primer ciclo en el cual nos enfrentamos, entre otros retos, a la tarea de migrar la Revista a la plataforma Open Journal System. Junto con ese desafío cumplido, hemos iniciado también con éxito el camino a posicionar la Revista en índices relevantes (DOAJ, Latindex, Portal de Revistas Académicas chilenas, Dialnet) con miras a iniciar el 2021 la postulación para obtener su indexación a SciELO y en otros índices en el corto plazo. Cambios vendrán y serán anunciados en el sitio web del repositorio de revistas de la universidad (https://revistas. uautonoma.cl/), entre otros las modificaciones que se pondrán en aplicación para los envíos a partir de 2021 en lo referente a las directrices para los autores. El 2021 traerá consigo algunos cambios al equipo editorial de la revista a fin de fortalecerlo en beneficio de la calidad científica que es una prioridad para nosotros. En este volumen 2/2020 se han seleccionado nueve trabajos de investigación y reflexión científicojurídicos, un comentario de sentencia y una recensión de una obra dirigida por un profesor de nuestra universidad y miembro del Instituto de Investigación en Derecho (IID). El primer artículo, contribución del profesor don Carlos López Dawson, se titula “La didáctica participativa. La educación superior y su contexto” en donde se explora el tema siempre interesante y tanto más actual, en estos tiempos de cambios pandémicos, de la enseñanza del Derecho y de la metodología pedagógica de enseñanza-aprendizaje basadas en competencias como instrumento útil para la formación de competencias profesionales en los estudiantes de la disciplina. El segundo artículo, lleva por título “La ambivalencia de la Excma. Corte Suprema frente a la estabilidad en los empleos de la función pública” y es de autoría de don Héctor Muñoz Díaz, una interesante reunión y análisis de los criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema en lo relativo a la no renovación de los empleos a contrata en el período 2015-2019. La tercera contribución la entrega don Tomás de Rementería Venegas, doctorando de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francia, bajo el título “Desentrañando la excepción: Análisis doctrinario y comparativo sobre los estados de excepción constitucional”, de actualidad evidente en tiempos de Covid-19, propone un examen jurídico comparativo en torno a la regulación normativa de los estados de excepción, acompañado de un análisis doctrinario e histórico de la institución. El cuarto trabajo titulado “La libre circulación de resoluciones en la UE en el caso de la sustracción internacional de menores” pertenece a la profesora española doña María González Marimón, en él aborda la regulación actual (Reglamento Bruselas II bis) y futura (Reglamento 2019/1111) del sector del reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en materia de sustracción internacional de menores en el ámbito de la Unión Europea. En quinto artículo, cuya autoría pertenece a la profesora doña María Constanza Cubillos Torres, y lleva por título “Hacia un Constitucionalismo Ambiental en la Región Andina: Breve estudio de las Constituciones de Bolivia, Ecuador y del proyecto de nueva Constitución de Chile del 2018”, trabajo que aborda la noción ambiental presente en el proyecto de nueva Constitución de 2018 (Boletín 11617-07), así como el diálogo ciudadano previo al proyecto, que persigue como objetivo el determinar hasta donde se extiende dicha protección y cuánto del Constitucionalismo Ambiental Andino de Ecuador y Bolivia está presente esa propuesta de reforma para Chile. El sexto artículo titulado “Nuevos estándares del ejercicio de la función pública de planificación territorial urbana. Análisis del artículo 28 decies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones” es una contribución de la profesora doña Paola Román Fuentealba y entrega al lector un análisis del precepto a que se refiere su título, que constituye la piedra angular de la nueva forma de planificar territorialmente en Chile. La séptima contribución nos las entrega, en coautoría, los profesores don Alexander Espinoza Rausseo y doña Jhenny Rivas Alberti, y lleva por título “El concepto de la función administrativa y su delimitación frente a los actos de naturaleza jurisdiccional”, que nos entrega las pautas para distinguir entre una función administrativa y jurisdiccional tomando como punto de partida el criterio residual, así como su función de proteger los intereses generales. Por esa vía, los autores proponen que en aquellos casos que no puedan ser calificados de jurisdiccionales o legislativos la calificación de procederá será de naturaleza administrativa. El octavo trabajo, también en coautoría de don Sebastián Hassi Troxler y de don Matías Roa Navarrete, se titula “Acciones temerarias en la ley de protección de los derechos de los consumidores: Críticas a su regulación contenida en la ley N°19.496 y a su falta de desarrollo”, tiene como propósito entregar un análisis de las denominadas “acciones temerarias” reguladas en el artículo 50 E de la Ley Nº 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, conteniendo además una interesante propuesta de lege ferenda. Finalmente, el noveno artículo cuyo título es “Feminismo y Derecho Penal”, pertenece al profesor don Luis Hernán Acevedo Espínola y de él el lector constatará cómo el feminismo ha influido en el Derecho Penal chileno, abordando para el efecto tres reformas a esa disciplina de este último tiempo. En la sección comentarios de sentencias, ofrecemos al lector nuevamente un interesante trabajo de Tomás Frenck “Daño emergente futuro. Corte Suprema, sentencia de fecha 14 de septiembre 2017, Rol N°400-2017”, en donde el Excmo. Tribunal sienta la doctrina que el daño emergente que se producirá en el futuro puede ser indemnizado, en la medida que exista certeza de su ocurrencia venidera. Finalmente, la profesora y Directora del IID de la Universidad Autónoma, doña Andrea Lucas Garín nos entregan la recensión de la obra “Estado y Pueblo Mapuche. Una mirada desde el Derecho y las políticas públicas”, bajo la Dirección del también investigador del IID, Dr. Francisco Bedecarratz S. (Santiago de Chile, RIL Editores y Universidad Autónoma de Chile, 2020). En esta obra, se presentan, en base a cuatro pilares, las interrelaciones entre el Pueblo Mapuche y del Estado de Chile: Derechos Fundamentales, Formas de Estado, Orden y Seguridad Pública y Fomento Económico, Social y Cultural, temáticas que evidentemente merecen reflexiones de cara al próximo debate constituyente. Vaya, entonces, sin más, el saludo del equipo editorial de la Revista Justicia & Derecho de la Universidad Autónoma de Chile para los lectores de este nuevo volumen y los deseos que la lectura de los trabajos expuestos abra nuevos horizontes del conocimiento del Derecho. Hacemos extensivos nuestros más sinceros agradecimientos a los árbitros que han contribuido decididamente a la publicación de este segundo volumen del año 2020, deseándole a todos, lectores, árbitros, autores y colaboradores los mejores deseos para el 2021 que se avecina. Gonzalo Ruz Lártiga Editor General Revista Justicia & Derecho Santiago de Chile, diciembre de 2020.