Literatura científica selecionada sobre o tema "Sociedad de Protección a los Inmigrantes Israelitas"

ResumenEn base a correspondencia original es analizada la importancia que tuvo la Sociedad de Protección a los Inmigrantes Israelitas (SOPRO) para socorrer a los fugitivos judíos que llegaron de Europa a Bolivia entre mediados de 1938 e inicios de la década del 40. Después de exponer las razones que determinaron el flujo migratorio a este país y las dificultades que tuvo para prestar ayuda a la integración de los inmigrantes, se exponen cuatros dimensiones: la creación, las finalidades, los medios financieros y la estructura organizativa de la SOPRO; las formas de respaldo que ella otorgó; los mecanismos que empleó para conceder y recuperar sus créditos; las limitaciones y los éxitos de su labor. Considerando la falta de estudios respecto a la tarea que desempeñaron sociedades de amparo para facilitar la integración de inmigrantes israelitas en países latinoamericanos durante los decenios del 30 y del 40, el aporte busca enmendar esta negligencia y abrir posibilidades para estudios comparativos sobre la materia.

La situación de emergencia ocasionada por la COVID-19 trajo como consecuencia el aumento de la vulnerabilidad social y económica en poblaciones vulnerables, entre las que se destacan las mujeres inmigrantes, especialmente aquellas en situación administrativa irregular. En un estudio realizado por la Asociación Por Ti Mujer, en el año 2020, se sistematizaron las experiencias vitales y realidades vividas por el colectivo de mujeres inmigrantes latinoamericanas de la ciudad de València y su área metropolitana, incidiendo en el impacto de la crisis sociosanitaria consecuencia de la COVID-19, especialmente en lo concerniente a las dimensiones laboral, económica y emocional, concluyendo que dichas afectaciones vulneran el ejercicio de los derechos fundamentales. Considerando el papel de incidencia social y política que juegan las organizaciones del tercer sector y, ante la constatada debilidad e insuficiencia de los sistemas de protección social, desde su trabajo de investigación e incidencia con la creación de este tipo de informes, la trayectoria de la Asociación Por Ti Mujer constituye un ejemplo de buenas prácticas en la contribución a la gobernanza democrática, a la construcción de políticas públicas, al fortalecimiento y la defensa de los derechos humanos de las mujeres inmigrantes y, a la sensibilización y el fortalecimiento de la sociedad civil.

Ser madre es considerada una de las experiencias más significativas en la vida de una mujer. A pesar de su importancia en la sociedad, las mujeres mexicanas tienen que enfrentar múltiples desafíos dentro y fuera del hogar. El objetivo de este estudio fue conocer los efectos de la depresión, la violencia de pareja y los factores socioculturales presentes en México y los Estados Unidos en la experiencia de ser madre. El discurso de las participantes permitió identificar cinco temas eje: sus propias percepciones como madres, la influencia cultural, el involucramiento parental, los recursos que poseen y las barreras que enfrentan. La principal diferencia entre ambos grupos radica en el apoyo social que diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales proporcionan a las madres inmigrantes en los Estados Unidos.

Este artículo expone los principales aportes del informe regional “Migraciones y derechos en la región andina. Una mirada desde la sociedad civil”. Inicia con la descripción de los aspectos metodológicos que orientaron el estudio. Luego se hace una caracterización general de las migraciones internacionales en la región, se ubican datos demográficos y socioeconómicos, algunos antecedentes históricos y los principales flujos que se registran en los ámbitos intra- y extracomunitario. Así mismo, incluye un análisis del valor regional de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Finalmente, el artículo expone algunas conclusiones puntuales sobre esta caracterización general, a partir de las cuales se observa que la movilidad internacional en la región es un hecho social relevante, especialmente en las tres últimas décadas, e incluye flujos de emigrantes, inmigrantes y personas en situación de refugio y asilo. Esto último implica una serie de desafíos para el respeto, la protección y la garantía de los derechos de las personas que están en situación de movilidad humana.

Con la llegada de los inmigrantes chinos hace más de 150 años, la comunidad cubana ha heredado en cierta medida elementos de esta civilización. Con el tiempo, las tradiciones y costumbres de la cultura china se han incorporado en dicha isla, formando así parte de su identidad multicultural. En este trabajo, desde una perspectiva sociocultural, hacemos un recorrido por la presencia de la comunidad china en Cuba desde el siglo XIX hasta 1959, y analizamos algunas de las huellas más destacadas, a través de los siguiente siete indicadores: el plano culinario, la medicina, la religión, las festividades, la música, los deportes y juegos de azar, así como su función en la conformación de la identidad local en la comunidad de Cuba. En esta investigación, observamos las migraciones chinas desde la óptica del migrante, teniendo en cuenta la protección y conservación de sus tradiciones, la evolución de su inserción dentro de la sociedad dominante, tales como la integración y la asimilación, durante el proceso de lucha y adaptación en una tierra extraña.Hemos notado que, por un lado, la cultura china ha dejado una huella imborrable en Cuba, y por el otro, muchos elementos culturales chinos han evolucionado en cierto grado durante el proceso de transmisión, y se han visto influenciados por la cultura nativa cubana.

La transformación de España en país de inmigración ha tenido un considerable impacto social y demográfico. El Estado de bienestar se ha adaptado razonablemente bien a esta evolución de la población, proporcionando un alto grado de protección a las poblaciones de origen inmigrante asentadas en España. En el actual contexto de crisis económica y fiscal que atraviesan los países de la periferia sur de la zona Euro, las autoridades sanitarias españolas han adoptado una serie de medidas que amenazan con desvirtuar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud como un sistema sanitario de carácter universalista. La exclusión de los inmigrantes indocumentados del ámbito de cobertura del sistema sanitario público constituye la más grave de dichas medidas. Sin que existan argumentos claros de naturaleza económica o sanitaria que justifiquen la adopción de dicha medida, cabe categorizarla como una iniciativa de carácter fundamentalmente político, destinada a enviar un mensaje de dureza ante el fenómeno migratorio. La compleja articulación de responsabilidades políticas y financieras en el ámbito sanitario ha supuesto una desigual aplicación de dicha medida, vetada en algunas regiones, implementada con celo en otras. El resultado es una situación extremadamente confusa por la que se amplían los márgenes para la discrecionalidad burocrática, así como para el surgimiento de desigualdades en salud en el seno de la sociedad española.

Nos alegramos de presentarles el Nº 24 de la REJIE, Nueva época. En este número se han publicado un total de cinco artículos y tres recensiones. En el bloque sobre innovación docente, el primer artículo se titula “La docencia en lengua inglesa en los planes de estudio universitario: revisión jurídico-normativa de su implementación en el Grado en Derecho de la Universidad de Málaga y apuntes para configurar la asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social” y ha sido elaborado por la profesora de la Universidad de Málaga María Salas Porras. Este completo trabajo nos acerca a un concreto ejemplo de la implementación de docencia en lengua inglesa en la asignatura Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del Grado en Derecho. Tras analizar el marco jurídico de la docencia en lengua extranjera aplicable a la Universidad de Málaga, nos muestra el diseño de la asignatura mencionada a partir de dos postulados: la puesta equilibrada por el valor de uso y por el valor de cambio del conocimiento y la imposición del inglés como una oportunidad inclusiva a partir del aprendizaje constructivista. No faltan en el artículo interesantes críticas y propuestas. El segundo artículo titulado “La necesaria formación del profesorado universitario ante la docencia virtual”, firmado por la profesora de la Universidad de Málaga Esther Rando Burgos, es un artículo oportuno y de máxima actualidad en los tiempos que nos han tocado vivir. La primera parte del estudio expone la necesaria formación docente del profesorado universitario que, más allá de profundizar y actualizar sus conocimientos en sus materias específicas, se completa con el aprendizaje de habilidades y herramientas (idiomas, tic, atención a la diversidad, calidad…) para formar mejor a sus estudiantes. La segunda parte del estudio se centra en el reto de la docencia virtual y en la puesta en práctica de lo aprendido en la formación docente digital, mostrando que es premisa imprescindible para su éxito, que las Instituciones universitarias faciliten y promuevan los medios necesarios para hacer frente al escenario actual. El artículo que cierra el bloque sobre innovación docente lo ha firmado Paloma Bárcena López, profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y lleva por título “La introducción de la criminología en la Universidad de mayores. Una experiencia docente”. La autora analiza el origen y la evolución de los Programas de Universidad de Mayores tanto en España como en otros países europeos. Pone el foco en la complejidad de su dinámica y su diseño, pues el colectivo de estudiantes mayores no es un grupo homogéneo, la franja de edad es amplia y cada alumno tiene una formación y una experiencia vital y profesional diferente. En la segunda parte del artículo, la autora muestra su experiencia como profesora en estos programas, disertando sobre las cuestiones claves de la planificación docente: Objetivos, competencias, programa, metodología y actividades formativas. Cerrando el estudio la autora valora cómo ha afectado a estos programas el paso de la enseñanza presencial a la enseñanza virtual con motivo la crisis sanitaria del Covid-19. El bloque dedicado a la investigación sustantiva se inicia con el estudio titulado “Publicidad de automóviles y respeto al medio ambiente: las limitaciones de la autorregulación publicitaria”, realizado por Juana María González Moreno, Doctora en Derecho y profesora de la Universidad de Cádiz. La autora en este estudio pone de manifiesto que los automóviles son un producto altamente contaminante y la intensa publicidad de los mismos en los distintos medios de comunicación no tienen la costumbre de advertir de sus efectos nocivos, no solo sobre el medio ambiente sino sobre la vida humana, a diferencia de lo que ocurre con otros productos como el tabaco, las bebidas alcohólicas y determinados productos alimenticios. La autora hace en este estudio una pertinente crítica de los escasos límites legales de la publicidad de automóviles, centrándose en las debilidades y las fortalezas del sistema de autoregulación publicitaria que ha dado lugar a la aprobación del Código de Conducta Publicitaria y del Código de Autorregulación sobre Argumentos Ambientales en Comunicaciones Comerciales y a la creación de órganos de control como el Gabinete Técnico y el Jurado de la Publicidad. El segundo y último artículo del bloque dedicado a la investigación sustantiva lo ha realizado Juana Tejada Ríos, profesora de la Universidad de Málaga, y lleva por título “Accesibilidad de las personas con discapacidad en España y Portugal: Perspectiva jurídica”. La autora presenta de forma descriptiva y comparativa cómo se ha ido avanzando, en la promoción e implantación de medidas para conseguir una mayor accesibilidad para las personas con discapacidad, desde la perspectiva jurídica y administrativa en España y Portugal. En el estudio del Derecho español y portugués, partiendo de los derechos y principios constitucionales, se aborda el reparto competencial en materia de accesibilidad y la concreción del cuerpo normativo desde ámbitos tan variados como los transportes, la educación, la edificación y el urbanismo. La autora en este estudio pone de manifiesto las bondades y dificultades de la protección de este colectivo desde un cuerpo normativo claramente condicionado por la organización territorial de cada uno de los dos Estados poniendo el acento en la dispersión normativa española con las numerosas leyes estatales y autonómicas y la homogeneidad de las normas portuguesas, propio de un Estado centralizado. El número se cierra con tres reseñas. La primera, de Miguel Ángel Gómez Salado sobre la monografía “La protección social de las personas inmigrantes: un modelo garantista” de la profesora de la Universidad de Granada Belén del Mar López Insua, publicada en 2020 por la editorial Atelier. La segunda, de José Francisco Sedeño López sobre la monografía “La regulación FATCA y CRS en la lucha contra el fraude fiscal. Aplicación por las instituciones financieras” de Daniel Coronas Valle, publicada en 2020 por la editorial Aranzadi. La tercera, de Pilar Castro López sobre la monografía “Derecho del Patrimonio Histórico y Cultural. Gestión Estatal, autonómica y Local” del profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Javier Bermúdez Sánchez, publicada en 2019 por la editorial CEMCI. No quiero concluir la presentación de este número sin hacer una reflexión sobre la realidad que nos ha tocado vivir. Por adelantado pido disculpas al lector por la licencia que acabo de otorgarme. Inmersos en la tercera ola de la pandemia por COVID-19 que sufre nuestro país, convencida de que estamos viviendo una de esas experiencias que reorienta el rumbo de la humanidad, por el número de víctimas, mortales y con secuelas, por los datos económicos y los efectos sociales, nuestras instituciones públicas y la sociedad, cuando superemos esta situación, no podemos, no debemos ser los mismos que éramos antes. Estos momentos de crisis deberían hacernos crecer, madurar, reflexionar sobre nuestro quehacer en nuestro entorno próximo y como consecuencia de ello nuestro actuar tendría que ser reflejo de nuestra evolución. También la comunidad universitaria tendría que ser reflejo de esta necesaria transformación. Por ello, invito a los docentes e investigadores a enviarnos sus reflexiones, propuestas y críticas en este sentido. Desde estas líneas quiero transmitiros un fuerte deseo de salud, fuerza y ánimo en nuestra tarea de pensar, hacer pensar y transformar la realidad ofreciendo nuestro mejor ser. Carmen María Ávila Rodríguez Subdirectora académica de la REJIE, Nueva época.

En estas líneas presentamos el Nº 25 de la REJIE, Nueva época que se estrena con un Consejo de Redacción renovado, al que se incorporan los profesores José Francisco Alenza García, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra; Maribel Canto López, Associate Professor (Senior Fellow of the Higher Education Academy y University Distinguished Teaching Fellow), de la University of Leicester (United Kingdom); María Jesús Elvira Benayas, Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Madrid; Inmaculada González Cabrera, Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Nicola Gullo, Professore Associato di Diritto amministrativo de la Università degli Studi di Palermo (Italia). La incorporación de estos profesores al Consejo de Redacción lo enriquecen al abrirse a miembros de distintas Universidades nacionales e internacionales ayudando a incrementar la calidad de las publicaciones y el ámbito de difusión de la Revista. Por otro lado, Patricia Benavides Velasco, Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga; Rocío Caro Gándara, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Málaga; Mª Encarnación Gómez Rojo, Profesora Titular de Historia del Derecho de la Universidad de Málaga; Miguel Gutiérrez Bengoechea, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Málaga, Mª Ángeles Liñán García, Profesora Contratada Doctora de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Málaga, y Mª Belén Malavé Osuna, Profesora Titular de Universidad de Derecho Romano de la Universidad de Málaga dejan el Consejo de Redacción de la Revista y se incorporan al Comité Científico Nacional de la misma. En estas líneas, desde la Dirección de la Revista queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los profesores que se incorporan al Consejo de Redacción y a los profesores que asumen una responsabilidad nueva como miembros del Comité Científico. Esta Revista desde sus comienzos fue un proyecto de equipo y es una satisfacción ir sumando a colegas que se ilusionan y lo hacen suyo también. GRACIAS. En este número se han publicado un total de seis artículos y tres recensiones. En el bloque sobre innovación docente, el primer artículo se titula “Las actividades prácticas evaluables en los estudios jurídicos universitarios. Vídeo-ejercicios como instrumentos trasformadores” y ha sido elaborado por Gabriele Vestri, Profesor Ayudante Doctor (acr. PCD) de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz. Este estudio comparte el resultado del análisis de un Proyecto de Innovación y Mejora Docente llevado a cabo durante el curso académico 2020-2021 en el marco de tres asignaturas del Grado en Gestión y Administración Pública. El autor explica detalladamente tanto los supuestos prácticos que se facilitaron a los alumnos como los requisitos y características que debían tener los videos resolutorios entregados por ellos, así como los resultados obtenidos en dicha experiencia, ayudándose de los oportunos gráficos y tablas explicativas. Todo ello en un contexto de pandemia y entre la enseñanza presencial y virtual. El segundo artículo titulado “Las cuestiones de debate de la Ciencia Política como docencia práctica en un entorno de enseñanza semipresencial y virtual” ha sido escrito en coautoría por Francisco Collado Campaña, Profesor Sustituto Interino de Ciencia Política y Ángel Valencia Sáiz, Catedrático de Ciencia Política, ambos de la Universidad de Málaga. Este estudio se centra también en una experiencia docente en el contexto del Grado en Gestión y Administración Pública, pero en las asignaturas introductorias de Ciencia Política. El esquema de la experiencia, asentada en la metodología de debate (razonamiento, discusión y argumentación) se concreta en cuatro fases: primero, los alumnos desarrollan su conocimiento sobre una pregunta clásica en la asignatura y la confrontan; segundo, los estudiantes se documentan y seleccionan fuentes que favorezcan su conocimiento referente a las distintas respuestas y/o posturas; tercero, los alumnos analiza las lecturas para diseñar su propia postura ya sea adhiriéndose a alguna de las existentes o conformando una posición ecléctica y, finalmente, los alumnos presentan la importancia de la pregunta trabajada, muestran una panorámica de las distintas respuestas para afrontarla y razonan su postura ante una audiencia formada por el profesor y el resto de la clase. Esta fase final va acompañada de un turno de preguntas o réplicas por parte del público para evaluar la fundamentación de los argumentos del alumno. Es de destacar en este estudio el análisis que se realiza sobre las diversas dificultades que tanto profesores como alumnos nos hemos encontrado ante las restricciones en las clases en el contexto de la crisis sanitaria. El tercer artículo lleva por título ”Los derechos fundamentales más allá de los derechos fundamentales. Notas para enseñar Derecho Constitucional” y ha sido realizado por Ignacio Álvarez Rodríguez, Profesor Contratado Doctor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid”. Este original artículo, partiendo de la selección de jurisprudencia del TEDH tiene como ambicioso objetivo demostrar cómo la enseñanza del Derecho Constitucional en pleno siglo XXI no puede limitarse a explicar cómo afecta el Convenio Europeo de Derechos Humanos a la parte dogmática de la Constitución (derechos fundamentales) sino cómo lo hace, desde la transversalidad más objetiva, a la parte orgánica (órganos, instituciones). Es decir, la enseñanza del Derecho Constitucional, a juicio del autor, no puede limitarse a “actualizar” el catálogo de derechos fundamentales en base a la literalidad constitucional y/o convencional y en la interpretación que los altos tribunales hagan de los mismos, sino que es necesario explorar cómo afecta y en qué medida podría seguir afectando a las instituciones y órganos estatales la interpretación que de tales derechos se hacen. El artículo que cierra el bloque sobre innovación docente lo firman Daiana-Yamila Rigo, Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, y Rosana Beatriz Squillari, Profesora Adjunta Exclusiva en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la citada Universidad. El estudio lleva por título “Clase invertida, formación docente y agencia transformadora: Un estudio preliminar en pandemia con estudiantes argentinos” y en él, las autoras, además de centrarse en la experiencia del uso de la clase invertida como recurso docente en el contexto de la COVID-19, constatan la necesidad de formar a los futuros formadores para las futuras pandemias, repensando las formas de trabajo en el aula y contemplando que las instituciones educativas van más allá de sus propias infraestructuras físicas. El bloque dedicado a la investigación sustantiva se inicia con el estudio titulado “¿Hacia un cambio de modelo en la relación Administración tributaria-contribuyente? Análisis del cumplimiento fiscal voluntario” y realizado por José Francisco Sedeño López, Personal Investigador en Formación de la Universidad de Málaga. Este interesante estudio analiza el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y constata que, partiendo de la idea de que la decisión final del contribuyente es crucial para la voluntariedad del cumplimiento, otros factores psicológicos, enraizados en la confianza en las instituciones formales y la confianza en las instituciones informales, así como la edad, el nivel de renta o la ideología han resultado ser circunstancias sociodemográficas que influyen en el cumplimiento voluntario. El segundo y último artículo del bloque dedicado a la investigación sustantiva lo ha realizado Ana Rosa Aguilera Rodríguez, Profesora de la Universidad de Las Tunas, Cuba. El estudio se titula “La enseñanza del derecho a la ciudad en la formación de profesionales del Derecho”. En él la autora reflexiona sobre la necesidad de mejorar la enseñanza del Derecho y los vigentes planes de estudios de las Universidades cubanas con la incorporación de asignaturas relacionadas con el Derecho a la Ciudad, la Ordenación del Territorio y el Urbanismo. Incorporar estas disciplinas, a juicio de la autora, contribuiría a elevar la cultura jurídica de los profesionales del Derecho, y con ello, a conseguir una mayor integralidad en la formación que permita dar respuesta a necesidades e intereses de la sociedad. El número se cierra con tres reseñas. La primera, de María del Carmen Macías García sobre la monografía “La cuarta revolución industrial y su impacto sobre la productividad, el empleo y las relaciones jurídico-laborales: desafíos tecnológicos del siglo XXI” del profesor de la Universidad de Málaga Miguel Ángel Gómez Salado, publicado en 2021 por la editorial Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor. La segunda, de Miguel Ángel Gómez Salado sobre la monografía “La protección social de las personas inmigrantes: un modelo garantista” de la profesora de la Universidad de Granada Belén del Mar López Insua, publicada en 2020 por la editorial Atelier. La tercera, de Virginia Martínez Torres sobre la monografía “La tributación de los servicios digitales en Europa y España” del profesor de la Universidad Complutense de Madrid Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo, publicada en 2020 por la editorial Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor. Antes de concluir la presentación, una breve reflexión, la aparición de la COVID-19 ha influido profundamente en el modo de vivir, de relacionarnos, de desempeñar nuestro cometido de enseñar y seguir aprendiendo, como miembros de la comunidad universitaria. El cierre físico de las instalaciones universitarias, la apertura de nuestro entorno doméstico y personal en la realización de nuestro cometido profesional, ha aumentado la conciencia de comunidad con nuestros estudiantes. Esta revista, como se deja sentir en este número, especialmente en el bloque de innovación docente, también está aumentando la conciencia de comunidad, de grupo de colegas con una preocupación especial por la mejora de la educación superior sean cuales sean las circunstancias que se presenten, a modo de pandemia, o de cambios legislativos y de modelo de enseñanza, como fue la implantación del modelo universitario de Bolonia. Por este motivo es merecido agradecer a todos los autores que han publicado en esta Revista, desde sus inicios, la confianza que han depositado en nosotros y, también, a los lectores, que número tras número, la consultan y la citan. Entre todos contribuimos a que esté viva a que tenga dinamismo y a que sea un foro de intercambio intelectual y debate académico. Carmen María Ávila Rodríguez Subdirectora académica de la REJIE, Nueva época.

En este artículo científico se exploran las situaciones de los niños migrantes, grupo vulnerable de la sociedad ecuatoriana. El trabajo se basó en la recopilación de información para su análisis posterior. Estos menores de edad, desde el transcurso de la movilidad hasta el momento en que logran establecerse en el estado ecuatoriano, presentan problemas que vulneran los derechos que garantiza el mismo estado ecuatoriano. La metodología se basó en un estudio cualitativo con métodos analítico-sintético e inductivo-deductivo, siendo que los resultados se basaron en investigaciones realizadas sobre el tema referente a los niños migrantes y en la legislación del Ecuador y los convenios a los que el Ecuador está suscrito.

Debido a la ubicuidad de los movimientos migratorios, las sociedades en las que vivimos son cada día más multiculturales, fenómeno que afecta también a la zona europea. En esta región, el reparto competencial en materia migratoria ha llevado a una pugna entre gobiernos nacionales y Unión Europea, especialmente visible en la discrecionalidad con que los Estados interpretan las directivas europeas en materia de integración. La reciente aprobación de la Agenda 2030 y su propuesta de dar respuesta localizada a los desafíos de la sociedad actual ha favorecido la entrada en liza de un nuevo actor: los gobiernos locales. Estos, especialmente en las grandes ciudades europeas, están emergiendo como un actor innovador en el desarrollo de políticas propias de integración. Los beneficios que supone la integración para las personas migrantes han sido ampliamente identificados por la literatura. A pesar de que por un tiempo se requiere una inversión inicial cuando se permite la entrada de refugiados a un país, los beneficios que estos aportan comienzan a aparecer en el medio y largo plazo, una vez se les otorga la autorización legal para trabajar. Sin embargo, aún persiste un mayor debate acerca de los efectos que los diferentes modelos de integración tienen sobre el desarrollo de las economías locales en materias como el rejuvenecimiento poblacional, el trabajo decente o el fortalecimiento de las instituciones, así como la extensión de la protección social. Para arrojar luz sobre este tema, en este estudio se analizan los casos de Barcelona y Gdansk, mostrando cómo los gobiernos locales están adoptando políticas de integración no siempre convergentes con las de sus gobiernos nacionales. El estudio comparado de estas experiencias con un enfoque de gobernanza multinivel permitirá comprender qué factores impulsan estas políticas y su impacto en el desarrollo de las economías locales.

La migración internacional es un fenómeno que se ha incrementado a nivel mundial, alcanzando sus niveles máximos históricamente. A esta realidad global están innegablemente asociadas las múltiples formas de discriminación que experimentan muchos inmigrantes en base a su nacionalidad y estatus legal. En Europa este panorama no es un asunto de data reciente y sus Estados no están excluidos del fenómeno de la globalización y la migración. Por ello, la Unión Europea (en lo sucesivo, UE) ha consagrado –a través de una serie de normativas regulatorias– la protección de derechos humanos. Esta salvaguarda se ha extendido expresamente a los inmigrantes a través de la implementación de una serie de directivas. Pese a tales previsiones –en atención al principio de subsidiariedad– los Estados miembros de la UE por separado han promulgado legislaciones y adoptado decisiones judiciales con contenido muy variado respecto de sus asuntos migratorios. Esto ha generado debates y polémicas en diferentes ámbitos. A lo anterior se suma la propagación del racismo y xenofobia en Europa –así como el pronunciamiento de órdenes de expulsión– que, lejos de posibilitar la inclusión dentro de la sociedad europea de estos grupos migratorios, exacerba tales conflictos creando segundas categorías de ciudadanos. Por tanto, a nivel de la UE no es tarea sencilla determinar el alcance y contenido de las directivas relativas a los procedimientos de detención y expulsión de inmigrantes. Especialmente cuando se pretende aglutinar los diferentes criterios en la materia contenidos en las diversas legislaciones migratorias de los Estados miembros. Con este propósito, la Directiva 2008/115/CE9 (en lo sucesivo, directiva retorno), se erige como una normativa de mínimos a ser implementada por los Estados miembros. Sin embargo, en su implementación se enfrenta a criterios interpretativos de índole diversa. Estos han pretendido zanjarse mediante el planteamiento de la cuestión prejudicial, con resultados de naturaleza dispar por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, TJUE). Por ello, la primera parte de esta investigación tiene por propósito identificar el aporte específico de la UE en la protección de los inmigrantes ante la detención y expulsión. Ello a través del estudio de los principios emanados del derecho europeo primario relativos a la progresiva protección de los derechos humanos de los inmigrantes, junto a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (en lo sucesivo, la CDFUE) y sus directivas, a fin de responder: ¿bajo qué parámetros se promueve la protección de los derechos humanos de los inmigrantes en estos procedimientos administrativos?, y ¿cómo ha interpretado el TJUE la aplicación de estos principios europeos en relación a la protección de los derechos humanos de los inmigrantes frente a la detención administrativa y la expulsión?