Literatura científica selecionada sobre o tema "Mexico. Constitución política (1917)"

El presente artículo analiza las discusiones en materia religiosa que se dieron en el congreso constituyente (1916-1917) que dieron como resultado la delineación de un marco normativo bastante restrictivo para las asociaciones religiosas y los ministros de culto. Se muestran las razones históricas y políticas que llevaron a los constituyentes a adoptar posturas anticlericales, imponiendo una visión en la que las Iglesias debían estar sometidas al poder civil, como una medida de sujetar política, económica y socialmente a las asociaciones religiosas, especialmente la católica. Se hace un seguimiento del proyecto inicial presentado por Venustiano Carranza sobre los artículos que regularían la cuestión religiosa, el debate que se generó y cómo quedó redactado en la Constitución. A su vez, se detalla qué pasó con el episcopado mexicano durante el movimiento revolucionario (1910-1917) y su posicionamiento sobre la Constitución de 1917.

La Constitución de 1917 ha cumplido cien años. Su principal innovación, producto de la guerra civil en curso, fue la gestación de un constitucionalismo social, plasmado en los artículos 3, 27 y 123. Cien años después, el potencial emancipatorio implicado en esos artículos ha sido revocado en la práctica política de México. Este ensayo da sustento a la anterior afirmación, pero también sugiere una ruta para rehabilitar la justicia social. Inspirado en la crítica de la ideología de Žižek, sostengo que hay que volver a empezar, hay que repetir a Zapata; esto es, hay que recuperar, para la época actual, el tipo de intervención capaz de imponer nuevas coordenadas para la reinvención política del país. The Constitution of 1917 is now one hundred years old. Its primary innovation, a product of the ongoing civil war, was the development of a social constitutionalism, as expressed in articles 3, 27 and 123. One hundred years later, the emancipatory potential implied in these articles has been eliminated from political practice in Mexico. This essay substantiates this assertion, but also suggests a way to regenerate social justice. Inspired by Žižek's critique of ideology, I propose that we must begin from the beginning, we must repeat Zapata; in other words, we must retrieve, for our present moment, the type of intervention capable of infusing new directions to enable the political reinvention of the country.

Hay una línea de continuidad ideológica y política principal y clara: desde los Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán, pasando por las reivindicaciones de la Reforma, los muy importantes pronunciamientos del Programa del Partido Liberal Mexicano, la Constitución de 1917, hasta la actual rebelión de las mujeres contra la violencia y la discriminación.

Este ensayo contiene la visión política e intelectual de la generación de los diputados constituyentes que promulgaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual continúa en vigor hasta el día de hoy. Además, expongo una estadística general de todos los constituyentes que participaron, junto con datos personales y profesionales de cada uno.

Este ensayo aborda el análisis de la evolución del constitucionalismo mexicano al cumplirse cien años de vigencia de la Constitución Mexicana, que fue emitida en la Ciudad de Querétaro el 5 de febrero de 1917. El ensayo sostiene que la longevidad de esta Constitución se debe a la intensa actividad de los órganos legislativos mexicanos que ejercen la función de reforma constitucional, lo que ha aportado una gran plasticidad al texto escrito, favoreciendo la adaptación entre la norma fundamental y la evolución de la sociedad mexicana. Al mismo tiempo, el desarrollo del constitucionalismo mexicano, que históricamente había privilegiado la mirada política propia de los mencionados órganos legislativos, ha arribado a un reforzamiento del entendimiento jurídico de la Constitución. Esto conduce a admitir –en un nuevo entendimiento del constitucionalismo mexicano- la coexistencia entre el tradicional entendimiento político, que actúa a través de adaptaciones formales al texto constitucional, junto a una creciente presencia de los órganos judiciales que imprimen un sello claramente jurídico a la constitución mexicana, creando con ello un entorno de diálogos constitucionales entre las funciones de reforma constitucional y el control de la regularidad constitucional.

El presente trabajo tiene como objetivo responder cuál ha sido la evolución de la participación política de la mujer en México a partir de la reforma al artículo 34º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual le permitió votar y ser votada por primera vez, esto a partir de cien años de promulgada. El documento parte de una breve contextualización del constitucionalismo mexicano posteriormente, describe el acceso a la vida política del país a través del voto de las mujeres en la década de 1950; para continuar con la evolución de las cuotas de género a partir de 1990, con el objetivo de lograr la paridad de género, la cual se ve plasmada en la última reforma constitucional, realizada al artículo 41º de la Constitución en el 2014.

El objetivo del artículo es analizar los principales rasgos de los procesos de reforma y contrarreforma, en un lapso de cien años, para conocer qué ha ganado y qué ha perdido la educación pública, en sus coyunturas de reforma al Artículo 3º de la Constitución Política Nacional, con énfasis en la contrarreforma educativa más reciente, la de 2013. La metodología se fundamentó en el análisis comparativo del contenido de las reformas y de las orientaciones políticas de las mismas, en las distintas coyunturas del Estado mexicano, en los cien años de conmemoración de la Constitución. Se concluye, que en el periodo de un siglo, 1917-2017, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, se registraron contrarreformas educativas que perjudicaron a los sectores medios y a los de más precaria existencia de México.

<p>En los últimos años, el Derecho Electoral en México ha experimentado un desarrollo extraordinario. Si estudiamos las instituciones que la reestructurada nación mexicana se otorgó, a través de su ordenamiento fundacional del 5 de febrero de 1917, para organizar y regular el ingreso a los cargos públicos de elección popular, y las comparamos con los sistemas y reglas consagrados en nuestra actual Constitución, arribaremos a la conclusión irrefutable de que se ha alcanzado un estadio de evolución tan irreversible cuanto prometedor en esta materia.</p><p>Las exigencias sociales internas y externas que se han sucedido a lo largo del devenir histórico posrevolucionario mexicano, han logrado moldear y propulsar esquemas cada vez más confiables y democráticos de acceso al poder público, los que, si bien no pueden ser considerados insuperables, sí han logrado estabilizar el sistema político, al grado que en nuestra época no nos es insólita, ni mucho menos, la sucesión pacífica y civilizada de la titularidad de los cargos públicos sujetos a elección ciudadana.<br />La evolución del sistema electoral mexicano se inscribe en el proceso de transición democrática, cuyos productos si bien nacieron circunscritos a las cuestiones de la organización y la calificación de elecciones, a partir de la década de los noventa se ven reflejados en otros ámbitos del sistema jurídico-político, lo que desde entonces ha propiciado un prolongado debate acerca de la necesidad de una reforma integral del Estado mexicano, que tendría que verificarse, como lo sostiene cierto sector de la doctrina, con una reforma integral a la Constitución vigente, cuyos moldes ya no responden a las nuevas exigencias planteadas por dicho proceso de transición.<br />En tanto se mantiene vigente dicha discusión, las entidades federativas no han sido extrañas a los avances logrados por la transición democrática, aunque quizá como respuesta a la vorágine de las transformaciones que en la materia político-electoral ha experimentado el ente federal. Los sistemas locales imperantes han visto modificadas sus reglas fundamentales a través de los ajustes que desde el texto de la Constitución Política Federal se han verificado en la materia en tiempos recientes. Debido a la caracterización constitucional de la federalización política mexicana, gran parte de las disposiciones que rigen el sistema electoral federal, rigen también los de los Estados. Sin embargo, hay también reglas privativas de éstos que, desde su concepción constituyente, han sufrido numerosas modificaciones sustanciales. Es al panorama informativo, descriptivo y sintético de estas reglas y a su evolución en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, a las que quieren referirse las someras consideraciones del presente ensayo.</p>

La expropiación de la industria petrolera extranjera en marzo de 1938 fue un momento clave en la vida del México posrevolucionario. Por su carga simbólica propició la cohesión ideológica en el proceso de formación de una nueva identidad nacional anclada en los postulados de la Revolución y de la Constitución de 1917. En lo económico, echó los cimientos del modelo de desarrollo mexicano que persiste al día de hoy. Y en materia de política internacional, una de sus consecuencias fue intensa y prolongada guerra de propaganda entre México, EUA Inglaterra.

El debate contemporáneo donde se pone en tela de duda la utilidad de la Carta Magna vigente desde el 5 de febrero de 1917 ha obligado el estudio y análisis de viabilidad en la elaboración de una nueva Constitución Política para el Estado Mexicano. Sin embargo, avizorando el proceso, agentes e insumos necesarios para tan titánica hazaña, con el anhelo de garantizar las nuevas necesidades y derechos fundamentales a toda persona y ciudadano del país; resultará mejor proponer una reingeniería constitucional más allá de la abrogación y la creación de una nueva ley fundamental.

El estudio de la Constitución Mexicana se revela como uno de los elementos fundamentales para entender a cabalidad tanto el ordenamiento político, la configuración orgánica de la administración pública federal y el Estado de Derecho del país. En este sentido, es necesario reflexionar respecto a cómo se han consagrado diversos principios en la Carta Magna y su evolución a lo largo de prácticamente un siglo. En este orden de ideas, el texto constitucional, además de consolidarse como norma jurídica fundamental de los Estados Unidos Mexicanos, ha demostrado su vigencia, así como su adaptabilidad por medio de diversas reformas, mismas que, si bien tienden hacia la adecuación constitucional ante los contextos dinámicos que impone la realidad del país, conservan en su esencia los principios axiológicos y políticos inmutables que surgieron desde su propio origen. De esta manera, se puede asegurar que los principios contenidos en la Constitución configuran el ordenamiento sociopolítico y conforman la base del derecho mexicano. La afirmación anterior se basa en la propia estructura jerárquica del derecho y la manera en cómo toda la normatividad subsecuente a la Máxima Norma debe ajustarse a la misma, sin que por ninguna circunstancia contravenga lo dispuesto en el texto constitucional. Toda evolución del cuerpo político y normativo mexicano se ha dado en torno de los principios que forman su estructura rectora. Es así que el presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis sobre los principios constitucionales y su permanencia a través de los años, así como también a su adaptación en respuesta a las necesidades nacionales por medio de las reformas que han experimentado los artículos constitucionales en cada uno de los periodos presidenciales. La presente investigación se encuentra motivada por el cumplimiento del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y está basada en un capítulo de libro realizado en coautoría y que es publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México y la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados. Para su desarrollo, el trabajo se encuentra estructurado en cuatro apartados. El primero de ellos aborda la clarificación conceptual acerca de los principios, partiendo desde la axiología, los valores y la función de los mismos como base para el establecimiento de los principios constitucionales, al establecer el alcance de cada uno de los conceptos y su respectivo aporte para el adecuado entendimiento respecto a los principios. En el segundo apartado se procede a ahondar en la definición de los principios y sus funciones, con lo que se da paso al estudio sobre los principios generales del derecho y la manera en que éstos participan en la creación de los principios constitucionales, con lo que se da paso a la configuración política, administrativa y jurídica del Estado Mexicano. El tercer apartado se centra en el estudio de los principios constitucionales, la identificación singular de cada uno de ellos, el análisis respecto a las reformas que ha experimentado el texto constitucional en los periodos presidenciales del siglo XX y comienzos del XXI, tomando como punto de partida el mandato de Álvaro Obregón y concluyendo con la administración encabezada por Enrique Peña Nieto; el análisis se realiza por medio de la revisión a los artículos modificados en cada sexenio y los principios constitucionales con los que se ve relacionadas dichas adecuaciones. Finalmente, en el cuarto y último apartado se encuentran contenidas las consideraciones finales del estudio.

Análisis de aquellos medios de control instituidos en las leyes supremas locales que buscan racionalizar el poder público estatal y garantizar la protección y aplicación de dicha norma superior, aquella institución que se ha incorporado en el sistema jurídico mexicano hace apenas poco más de una década: la justicia constitucional local.
La presente tesis analiza la dimensión del control constitucional local en México en el año 2018; para destacar algunos de los beneficios de contar con sistemas de justicia constitucional local, y exponer algunas de sus problemáticas principales, aportando propuesta con ciertos parámetros y bases a efecto de transitar a la solución y solidez de las instituciones protectoras de las constituciones locales

Uno de los principales tópicos en la agenda pública internacional es la actual crisis demográfica derivada de la migración . En este sentido, estudios de la Organización de las Naciones Unidas señalan que 1 de cada 35 personas es inmigrante en el mundo, dato que pone de manifiesto la relevancia e importancia de las investigaciones al respecto. Ahora bien, por lo que se refiere al Estado Mexicano anualmente transitan por el territorio 24.363.081 de migrantes y residen de forma permanente 1.007.063 de extranjeros . Desafortunadamente y a pesar de las recientes reformas constitucionales, es de destacar que en México el corpus normativo en la materia sigue siendo de corte inequitativo entre la ciudadanía y la extranjería; por ello se vuelve trascendente estudiar desde un ángulo crítico las prerrogativas con las que cuenta el ciudadano y examinar la correlación equitativa con los derechos de la extranjería. Para ello, se contempla un marco teórico general sobre dos conceptos fundamentales: ciudadanía y extranjería. El primero se aborda a través de la capacidad de goce (ethnos) y la de ejercicio (demos), ya que el ciudadano es el único individuo que contiene ambas potencialidades, el segundo, desde las prerrogativas que el Estado asigna arbitrariamente a la inmigración. Asimismo, a fin de comprender como funcionaban estos dos conceptos en la antigüedad, se realiza un estudio diacrónico sobre la extranjería en el territorio mexicano por medio del análisis de las normas constitucionales del México independiente. Consecuentemente, se analiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, su normatividad secundaria e instrumentos internacionales con el objetivo de identificar, analizar y contrastar las diferencias entre los derechos que tiene la ciudadanía y las prerrogativas de los extranjeros, lo anterior tomando en consideración dos ópticas: La primera, el contexto social y jurídico –debate del Poder Constituyente- que originó la composición nomotética de la Constitución publicada el 5 de febrero de 1917, esto con el objetivo de colocar de manifiesto la diversidad de elementos que dieron origen a la construcción de derechos individuales, sociales y políticos con contenido y/o estructuras xenofóbicas. La segunda, el análisis de los paradigmas que fueron modificados por la reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, que permite observar nuevas estructuras respecto a la extranjería, pero aún insuficientes en lo que refiere a plantear una equidad entre los ciudadanos y los extranjeros en el Estado Mexicano. Para finalizar, se propone la positivización de un derecho humano emergente: derecho a la integración, lo anterior bajo las perspectivas de la gestión de la diversidad y con el contenido del discurso de los derechos humanos. Esta prerrogativa permitirá a la población extranjera salvaguardar los derechos individuales, sociales y políticos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo anterior aprovechando la reforma Constitucional derecho humanista de 2011 respecto a los controles de convencionalidad y constitucionalidad.
One of the main topics in the international public agenda is the current demographic crisis derived from migration. In this sense, studies of the United Nations Organization indicate that 1 out of every 35 people is an immigrant in the world, a fact that highlights the importance and importance of research in this regard. However, as regards the Mexican State, 24,363,081 migrants transit through the territory each year and 1,007,063 foreigners reside permanently. Unfortunately, and despite the recent constitutional reforms, it is noteworthy that in Mexico the normative corpus on the matter continues to be unequal between citizens and foreigners; for that reason it becomes transcendental to study from a critical angle the prerogatives with which the citizen counts and to examine the equitable correlation with the rights of the foreigners. For this, a general theoretical framework is contemplated on two fundamental concepts: citizenship and immigration. The first is addressed through the ability to enjoy (ethnos) and exercise (demos), since the citizen is the only individual that contains both potentialities, the second, from the prerogatives that the State arbitrarily assigns to immigration. Also, in order to understand how these two concepts worked in antiquity, a diachronic study on foreigners in Mexican territory is carried out through the analysis of the constitutional norms of independent Mexico Consequently, the current Political Constitution of the United States of Mexico, its secondary regulations and international instruments are analyzed in order to identify, analyze and contrast the differences between the rights of citizens and the prerogatives of foreigners, the above taking into consideration two optics: The first one, the social and juridical context -debate of the Constituent Power- that originated the nomothetic composition of the Constitution published on February 5, 1917, this with the aim of highlighting the diversity of elements that gave rise to the construction of rights individual, social and political with content and / or xenophobic structures. The second, the analysis of the paradigms that were modified by the Constitutional reform of 2011 in the field of human rights, which allows to observe new structures regarding foreigners, but still insufficient in what refers to raise equity between citizens and foreigners in the Mexican State. Finally, the positivization of an emerging human right is proposed: the right to integration, the former under the theorization of the management of diversity and the content of the discourse of human rights. This prerogative will allow the foreign population to safeguard individual, social and political rights before the Supreme Court of Justice of the Nation, the former taking advantage of the constitutional reform of the humanist right of 2011 with respect to conventionality and constitutionality controls.