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Sevilla Merino, Julia. "De la mera voluntad a la garantía del Derecho: las mujeres en los parlamentos autonómicos". Legebiltzarreko Aldizkaria Revista del Parlamento Vasco, n.º 2 (2 de dezembro de 2021): 90–135. http://dx.doi.org/10.47984/legal.2021.004.
Texto completo da fonteResumo:
La reciente celebración de los 40 años del Parlamento Vasco el pasado año es una ocasión excelente para reflexionar sobre cómo ha evolucionado la imagen de las cámaras parlamentarias, qué ha ocurrido durante esos años para que, entre otras cosas, se haya pasado de una presencia casi testimonial de diputadas a que más del 50 % de los escaños estén ocupados por mujeres. Ha sido un fenómeno expansivo: Cortes Generales, cámaras autonómicas, parlamentos de los países de nuestro entorno, aunque con repercusiones diferentes, y organismos representativos de la ciudadanía o de los Estados. Para ello veremos cómo han influido algunos factores ajenos a la vida parlamentaria: organismos internacionales que actúan en defensa de los derechos, reformas constitucionales en los países de nuestro entorno geográfico, científicas y asociaciones de mujeres en la academia y fuera de ella como el movimiento feminista. La respuesta, como corresponde a la institución legislativa en un Estado de derecho, ha sido la aprobación de leyes que garanticen la igualdad en la titularidad de un derecho, aunque haya sido necesario el recurso a la justicia. El resultado es que la imagen de nuestros parlamentos se parece cada vez más a la sociedad a la que representan.
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KIRAT, THIERRY. "LA TRADICIÓN LEGAL Y LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES: ¿ES CARACTERÍSTICA LA COLONIZACIÓN POR LOS PAÍSES CON LEYES FRANCESAS?" Criterio Libre 11, n.º 18 (8 de novembro de 2017): 25. http://dx.doi.org/10.18041/1900-0642/criteriolibre.18.1118.
Texto completo da fonteResumo:
La literatura reciente argumenta que la tradición legal de las naciones, por ejemplo aquellas pertenecientes al mundo de la ley común y la ley civil, no son neutrales en términos de desempeño económico o institucional, especialmente en referencia a oportunidades clave para sacar de la pobreza a los países subdesarrollados. Presentamos los resultados de una explotación exploratoria de las “bases de datos de perfiles institucionales” suministrados por la DGTPE (Ministerio Francés de Economía y Finanzas) y de la Agencia Francesa para el Desarrollo (encuesta de 2009) complementada con datos sobre el origen legal y otras variables de La Porta et al. Resaltamos las especificaciones de los países subdesarrollados que heredaron las leyes francesas (relativas a aquellas de las leyes inglesas). Una reflexión sobre el poder político y el Estado encuentra un fuerte contraste entre el modelo típico ideal de la ley francesa y los hallazgos empíricos. Este contraste es consistente con la noción en lugar del estado real de las antiguas colonias francesas.
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KIRAT, THIERRY. "La tradición legal y la calidad de las instituciones: ¿es característica la colonización por los países con leyes francesas?" Criterio Libre 11, n.º 18 (8 de novembro de 2017): 25–54. http://dx.doi.org/10.18041/1900-0642/criteriolibre.2013v11n18.1118.
Texto completo da fonteResumo:
La literatura reciente argumenta que la tradición legal de las naciones, por ejemplo aquellas pertenecientes al mundo de la ley común y la ley civil, no son neutrales en términos de desempeño económico o institucional, especialmente en referencia a oportunidades clave para sacar de la pobreza a los países subdesarrollados. Presentamos los resultados de una explotación exploratoria de las “bases de datos de perfiles institucionales” suministrados por la DGTPE (Ministerio Francés de Economía y Finanzas) y de la Agencia Francesa para el Desarrollo (encuesta de 2009) complementada con datos sobre el origen legal y otras variables de La Porta et al. Resaltamos las especificaciones de los países subdesarrollados que heredaron las leyes francesas (relativas a aquellas de las leyes inglesas). Una reflexión sobre el poder político y el Estado encuentra un fuerte contraste entre el modelo típico ideal de la ley francesa y los hallazgos empíricos. Este contraste es consistente con la noción en lugar del estado real de las antiguas colonias francesas.
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Oehling de los Reyes, Alberto. "Extralimitación de requisitos constitucionales en la regulación de derechos fundamentales. El ejemplo de la normativa de excepción y anticovid". Legebiltzarreko Aldizkaria Revista del Parlamento Vasco, n.º 3 (18 de outubro de 2022): 194–221. http://dx.doi.org/10.47984/legal.2022.010.
Texto completo da fonteResumo:
Este trabajo trata sobre la progresiva reducción de respeto al cumplimiento de los requisitos constitucionales en orden a la regulación de los derechos fundamentales de los últimos años. Esta tendencia se percibe, desde antiguo, en la regulación de la materia de derechos fundamentales por leyes de rango inferior a ley orgánica. Este problema también se aprecia en la normativa de urgencia, como se ve, por ejemplo, en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, donde el Gobierno se ha arrogado, no solo durante el período más duro de la pandemia, funciones muy amplias de regulación de derechos fundamentales. Todo lo cual apunta a que se ha producido un debilitamiento paralelo del principio de sujeción inmediata de los poderes públicos a los derechos fundamentales –respectivamente, arts. 9.1 y 53.1 de la CE–, y hasta una cierta relativización o banalización y reducción de importancia de los derechos fundamentales en el Estado, con efectos imprevisibles e inquietantes.
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Arias-Schreiber Barba, Félix L., e Antonio Alfonso Peña Jumpa. "Hacia una clasificación socio-jurídica de las leyes que sea funcional al análisis de efectividad legislativa (To a functional socio-legal classification of the legal norms for the regulatory effectiveness analysis)". Oñati Socio-legal Series 9, n.º 6 (2 de julho de 2019): 880–923. http://dx.doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1054.
Texto completo da fonteResumo:
El artículo presenta una propuesta de clasificación de las leyes, que tomando en cuenta los postulados de la sociología del derecho busca ser funcional al análisis de efectividad legislativa. Partimos de la hipótesis de que la diversidad de normas y, específicamente, de las leyes que emite un Estado pueden sistematizarse bajo el marco teórico de la sociología del derecho con criterios funcionales de efectividad. Para ello, nuestra investigación parte del contexto actual del Estado y su capacidad regulatoria y termina en una propuesta de clasificación socio-legal de las leyes. En nuestro estudio presentamos y examinamos la utilidad de una clasificación funcional de las leyes, el enfoque socio jurídico como marco teórico para esta clasificación, los aspectos del proceso legislativo que son inherentes al análisis de efectividad, y las clasificaciones conocidas desde el derecho y las ciencias políticas sobre normas legales y efectividad regulatoria. Al final del trabajo presentamos una alternativa de clasificación. The article presents a proposal for the classification of laws, which taking into account the postulates of the sociology of law seeks to be functional to the analysis of legislative effectiveness. We start from the hypothesis establishes that the diversity of norms and, specifically, laws issued by a State can under the theoretical framework of the sociology of law be systematized under functional criteria of effectiveness. For this, our research starts from the current context of the State and its regulatory capacity and ends with a proposal of a socio-legal classification of laws. In our study we expose and examine the usefulness of a functional classification of the laws, the socio-legal approach as a theoretical framework for this classification, the aspects of the legislative process that are inherent to an effectiveness analysis, and the known classifications from law and political science on legal norms and regulatory effectiveness. In the end of the work we present an alternative classification.
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Urízar Montes de Oca, Javier. "Las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala en materia de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas". Opus Magna Constitucional 17 (22 de abril de 2022): 357–88. http://dx.doi.org/10.37346/opusmagna.v17i01.39.
Texto completo da fonteResumo:
La falta de protección legal a los conocimientos tradicionales ha perjudicado gravemente a los pueblos indígenas. Varias veces se ha reconocido la necesidad de adoptar leyes que protejan estos conocimientos de una manera culturalmente apropiada, pero a la fecha no se ha progresado en este tema. Ante la ausencia de normativa interna, ha sido el derecho internacional el que ha elaborado estándares mínimos en la materia de protección a estos conocimientos. Guatemala se encuentra obligada internacionalmente a acatar muchos de estos estándares, los cuales se analizan en el presente trabajo.
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Bernad Esteban, Pilar. "Estado de la cuestión y análisis jurídico de la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés". erph_ Revista electrónica de Patrimonio Histórico, n.º 28 (28 de junho de 2021): 88–117. http://dx.doi.org/10.30827/erph.vi28.18388.
Texto completo da fonteResumo:
El trabajo es fundamentalmente un análisis jurídico y formal de la vigente Ley del Patrimonio Cultural Aragonés, es decir, la Ley 3/1999, de 10 de marzo, por lo que la principal fuente documental ha sido, obviamente, su corpus legal. Complementariamente, y para una mejor comprensión, se hace referencia a normativa europea, española y autonómica. Estas herramientas teóricas, que sirven para revelar diversos problemas esenciales, han sido utilizadas con el fin de observar la aplicación práctica, e indicar o advertir hasta qué punto se ha cumplido la Ley y sus objetivos. El propósito final es describir los aspectos positivos y mejorables, con especial hincapié en las deficiencias técnicas, los asuntos sin desarrollar, los que deberían estar presentes en una futura ley, y aquellos reseñables desde una perspectiva jurídica. Además se plantea una reflexión sobre el patrimonio cultural en Aragón, en particular, sus modificaciones más destacadas y las leyes que inciden en la regulación del patrimonio cultural en Aragón. El estudio de varias leyes autonómicas permite analizar los diferentes modelos y niveles de protección de los bienes, así como su categorización, todo lo cual es resumido a modo de propuesta. Finalmente, y como consecuencia de este examen, se extraen unas conclusiones.
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Vizueta Rubio, José Israel. "Análisis médico forense sobre la autorización judicial para el aborto jurídico en el Ecuador: una revisión actual". Ecuador Journal of Medicine 1, Esp (1 de novembro de 2021): 104–12. http://dx.doi.org/10.46721/tejom-vol1issesp-2021-104-112.
Texto completo da fonteResumo:
RESUMEN Introducción: El presente análisis, tiene un enfoque médico y legal, de una situación,que ha sido estigmatizada y negada jurídicamente en nuestro país, hablamos de laejecución del aborto jurídico, producto de un embarazo no deseado por una violación. Objetivo general: Determinar la importancia de la valoración médico legal y su aportefundamental a la justicia nacional en casos de abortos jurídicos realizando una búsqueda ordenada de la bibliografía disponible en bases de datos. Metodología: Para la siguiente revisión teórica se incluyen: revisiones sistemáticas, estudios de casos-controles, estudios de cohortes, estudios de revisión, guías y protocolos,bases libres y normativa legal, Constitución de la República del Ecuador, Códigos Orgánicos y demás leyes. Resultados esperados: Se espera presentar bases teóricas y legales sobre la decisiónde despenalizar el aborto jurídico en nuestro país partiendo desde el ámbito médicolegal, además de justificar por qué se tomó esa decisión en base a bibliografía y leyesque rigen nuestra nación. Conclusión: La medicina legal como rama médica en conjunto con la justicia y el estudio de las leyes en sí mismo son un pilar fundamental para que el Estado Ecuatorianoa través de sus entidades de justicia, llega a la conclusión de considerar al aborto jurídico en casos de violencia sexual, específicamente la violación, como legal y factibledentro de nuestro territorio, efectuando, de esta forma un dictamen favorable parasla víctima sobreviviente de estos delitos tan significativos e inhumanos.
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Acosta Cantero, Honorina Ubalda. "La comunicación privada". Revista Científica Estudios e Investigaciones 8 (9 de janeiro de 2020): 169. http://dx.doi.org/10.26885/rcei.foro.2019.169.
Texto completo da fonteResumo:
A diario se publican audios, mensajes de comunicación privada sin orden judicial violando preceptos Constitucionales, siendo vistas como normales, y los organismos del estado toman como válidas las que solo sirven para el morbo. El sistema de gobierno es la democracia, donde el sostén es el respeto a la Constitución y las leyes que a Diario por publicaciones que raya lo legal se inician procesos, se dan prisión preventiva, suspenden legisladores, hasta casi un juicio político al Presidente de la Republica. Es necesario que el estado paraguayo reencause el estado de derecho, garantizando el derecho de la privación de la comunicación previstas en la Carta Magna, los acuerdos internacionales y normativas vigentes. El tema es actual e interesante porque afecta a todos, la privacidad y los que atentan contra lo legal, ya sea cualquier antojadizo, prensa, entre tantos se sienten victoriosos, como si fuera lo correcto, con méritos de haber violado la Constitución Nacional.
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Pérez-Ramírez, Berenice. "Políticas institucionales dirigidas a personas con discapacidad en México: entre la asistencia y el estado de excepción". Trabajo Social Global-Global Social Work 7, n.º 13 (20 de dezembro de 2017): 73–94. http://dx.doi.org/10.30827/tsg-gsw.v7i13.5675.
Texto completo da fonteResumo:
En este artículo se discutirán algunos elementos de las políticas dirigidas a personas con discapacidad en México. Se considera que las políticas institucionales son los marcos instrumentales que derivarán en leyes o programas amplios del Estado y que se aplicarán en una organización institucional concreta (escuelas, hospitales, prisiones, departamentos gubernamentales, etc.). Por lo tanto, las políticas expresan cómo está entendiendo el Estado su labor hacia los sectores sociales y qué espera de la organización social. La propuesta se centra en analizar el marco legal vigente en México en materia de discapacidad. El resultado de este análisis permite afirmar que persiste una mirada asistencialista y, al mismo tiempo, se inscribe un estado de excepción, vía una “laguna” legislativa, que mantiene la norma intacta.
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Muñoz C., Andrés David. "Venegas de la Torre, Águeda. Los avatares de la administración de justicia en Zacatecas, 1812 a 1835. México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2016, 239 p." Historia y Espacio 14, n.º 50 (4 de junho de 2018): 223. http://dx.doi.org/10.25100/hye.v14i50.6559.
Texto completo da fonteResumo:
Águeda Goretty Venegas de la Torre, Dra en Historia por el Instituto Mora y perteneciente al Grupo HICOES (Historia Cultural e Institucional del Constitucionalismo en España y América) -presidido por historiadores de la talla de Carlos Garriga-, pretende en esta obra estudiar las oscilaciones o avatares de la administración de justicia en el Estado de Zacatecas en una época de transición política, caracterizada por la connivencia de dos modelos como el propio del Estado jurisdiccional y el del Estado de Derecho. Dichos modelos figuraban como la representación de lo viejo y lo nuevo; lo tradicional y lo moderno; la justicia de jueces y la justicia de leyes; lo justo y lo legal, si bien lo que se presentó en los territorios independientes de la América hispánica fue una abigarrada mezcla de elementos que bebían de uno y otro orden político-jurídico.
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Velázquez Hurtado, Enrique, Gloria María Plascencia de la Torre e Cesar Omar Mora Pérez. "La optimización de los excedentes de los flujos de efectivo del estado de". Diagnóstico FACIL Empresarial, Finanzas, Auditoria, Contabilidad, Impuestos, Legal, n.º 8 (28 de dezembro de 2017): 43–48. http://dx.doi.org/10.32870/dfe.vi8.53.
Texto completo da fonteResumo:
La administración de los recursos públicos es una tarea complicada, sobre todo para gobernantes que no necesariamente cuentan con un perfil profesional financiero o administrativo, ya que deben atender a una seria de normas y leyes de diferentes ámbitos de los tres niveles de gobierno, los tesoreros de los municipios y del propio estado de Jalisco obedecen a todo un marco legal que los rige y que deben cumplir a cabalidad, sin embargo, existen premisas financieras que no solo aplican a las empresas privadas, sino aplica a toda entidad que maneja recursos económicos. La Ley de ingresos de los municipios y el Estado emanada de la ley de Hacienda Municipal del estado de Jalisco y sus municipios, establece todos los conceptos de ingresos que pueden recibir estas entidades, asimismo enumera conceptualmente cada uno de los ingresos, lo que no se incluye en dicho ordenamiento jurídico, es la forma en que deberán invertirse los excedentes de efectivo que por logística cronológica reciben los municipios
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D'Antonio, Débora Carina. "PURGA POLÍTICA DE ACTIVISTAS EN (Y POR) EL ESTADO ARGENTINO (1973-1983)". Revista de Historia Social y de las Mentalidades 23, n.º 2 (25 de dezembro de 2019): 132–68. http://dx.doi.org/10.35588/rhsm.v23i2.3655.
Texto completo da fonteResumo:
El artículo examina la legislación que el Estado argentino aplicó sobre un sector de la clase trabajadora empleada en reparticiones y empresas públicas a fin de “depurarla” ideológicamente. Las leyes de prescindibilidad de los años 1973 y 1976 y las de seguridad nacional de los años 1974 y 1976, que derivaron en cesantías, bajas, despidos o renuncias forzadas ofrecieron el encuadre legal y la legitimidad necesaria para llevar adelante ese control y persecución. Se propone en este texto un análisis centrado en la utilización que hicieron de estas normativas distintos regímenes constitucionales y de facto. Si en los años de gobierno peronista (1973-1976) la expulsión se destinó a quienes mostrasen un alto grado de autonomía política y sindical, como el caso testigo que se indaga de las Industrias Mecánicas del Estado (IME); a partir de la etapa de última dictadura militar (1976-1983), esto se combinó fuertemente con la coacción física, al punto de convertirse en antesala de la desaparición forzada de numerosos activistas.
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Mora Bastidas, Freddy Alberto. "Valoración del servicio público de seguridad social venezolano a 5 años de su creación". Prolegómenos 11, n.º 22 (21 de novembro de 2008): 171–80. http://dx.doi.org/10.18359/prole.2519.
Texto completo da fonteResumo:
<p>Con la presente investigación se valoró el servicio de seguridad social venezolano a 5 años de su creación. Se puede afirmar que el constituyente de 1999 creo el Servicio Publico de Seguridad Social y garantizo el derecho a la seguridad social, convirtiéndose en una política de Estado destinada a la atención de los habitantes en un conjunto de áreas o contingencias familiares, personales y sociales que inciden en las relaciones laborales. En la presente investigación documental de tipo descriptiva y analítica se concluye que luego de cinco (5) años de la creación legal del Sistema de Seguridad Social, el Estado no ha logrado la implementación del Servicio Publico de Seguridad Social, afectando no solo el cumplimiento del mandato contenido en el Art. 2, 3 y 86 constitucional; desatendiendo la protección social de todos los beneficios del Sistema. Con la Creación del Servicio Publico de Seguridad Social se debe complementar el régimen legal de protección social de las relaciones laborales, pero contradictoriamente existe una omisión y retardo por parte del Estado en el aseguramiento del derecho a la seguridad social debido al retardo en la aprobación de dos (2) leyes de desarrollo y la negativa del Estado en la activación de las funciones de la Tesorería y la Superintendencia de la Seguridad Social. Se sugiere cumplir en un lapso perentorio con el desarrollo legal y reglamentario del Sistema de Seguridad Social y por un lado la implementación inmediata del Sistema de Seguridad Social para lograr el desarrollo de un Estado de justicia social.</p>
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Velaña Bayas, Bryan. "La afectación del derecho al trabajo de los servidores públicos ocasionado por los contratos ocasionales en el Ecuador". Bolentín de Coyuntura 1, n.º 22 (26 de setembro de 2019): 20. http://dx.doi.org/10.31164/bcoyu.22.2019.720.
Texto completo da fonteResumo:
El Estado Ecuatoriano reconoce el derecho al trabajo de los servidores públicos en todas sus formas; tanto la Constitución del Ecuador como la Ley Orgánica del Servicio Público. El presente estudio analiza la normativa antes mencionada y resoluciones judiciales; y se determina que el ordenamiento jurídico es ineficiente lo cual vulnera derechos y principios constitucionales. La metodología que se utilizó fue crítico propositivo con enfoque cuali-cuantitativo, mediante la utilización de revistas, libros, jurisprudencia, leyes, los mismos que permitieron dar sustento legal.
Palabras clave: Derecho, trabajo, servidores públicos, contratos ocasionales.
URL: http://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/article/view/720
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Bolívar Meza, Martha Laura, e Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño. "Los regímenes extraordinarios derivados de la reforma constitucional energética de 2013: el caso de la electricidad". Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, n.º 15 (28 de dezembro de 2021): 40. http://dx.doi.org/10.22201/ppd.26831783e.2021.15.190.
Texto completo da fonteResumo:
En el presente artículo se expone el procedimiento legal y constitucional desde la década de los 90´s, mediante el cual se fue reconfigurando el sector energético de una visión pública de Estado rector hacia una visión tendente a la privatización, con el abandono de la política de mantener el dominio y la soberanía en el sector para el Estado Mexicano, mediante y reformas a leyes secundarias y la emisión de reglamentos, y finalmente formalizándose en la reforma constitucional de 2013, a través de tres ejes: 1) el replanteamiento del régimen de propiedad, 2) la trasmutación de lo público en privado, y 3) la aplicación de principios de gobierno corporativo de las empresas privadas hacia las empresas públicas. Al final, se analiza cómo estas modificaciones han impactado el sector eléctrico y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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Barrientos, Nicolás. "Educación: Elementos Comparativos de la Propuesta de Texto Constitucional y la Constitución Política de la República de Chile Vigente". Observatorio Económico, n.º 183 (13 de dezembro de 2023): 18–19. http://dx.doi.org/10.11565/oe.v1i183.532.
Texto completo da fonteResumo:
Incluir el tema de la educación en una constitución política de una república es importante por varias razones. Entre las más importantes está el establecimiento de la educación como garantía de derecho fundamental, asegurar el compromiso del Estado, estabilidad y continuidad de las políticas educativas; ofrece un marco legal amplio que permite definir los principios fundamentales, los objetivos y los valores que deben guiar la educación en el país, estableciendo así los fundamentos para la formulación de leyes y políticas específicas. Además, otorga protección contra la discriminación, desarrollo de la sociedad, participación ciudadana, protección de la autonomía universitaria y garantía de continuidad de las instituciones educativas. Continuar leyendo...
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Soae-Freue, Elías. "Reporte de la función policial de Israel en tiempos de la COVID-19". Entorno, n.º 70 (30 de dezembro de 2020): 8–21. http://dx.doi.org/10.5377/entorno.v0i70.10369.
Texto completo da fonteResumo:
En el mundo libre, el organismo gubernamental responsable de la integridad de las personas que viven en cada entorno es la Policía. El papel de dicha organización es mantener el orden público, proteger las vidas y las propiedades de los residentes combatiendo el crimen, hacer cumplir las leyes y regulaciones y manteniendo el orden público. Los deberes del policía están determinados por la ley y supervisados por los diversos órganos de gobierno.
La Policía es la principal herramienta que el Estado tiene a su disposición para encargarse del cumplimiento de las leyes y el mantenimiento del orden público, y el uniformado es el principal actor que hará funcionar ese mecanismo legal en el lugar exacto y a la hora adecuada.
Tomará decisiones actuando audazmente hasta corriendo riesgos personales para proteger la vida humana, la seguridad personal y la propiedad, con determinación, coraje y sabiduría, manteniendo un nivel apropiado de compromiso y responsabilidad en sus acciones, pero actuando siempre bajo las leyes vigentes de su país.
Es importante demostrar optimismo y positividad incluso en tiempos difíciles para brindar al público una chispa de esperanza necesaria para poder superar cualquier desafío, incluyendo enemigos desconocidos e invisibles.
Finalmente agreguémosle al uniformado una familia, sentimientos personales y amigos, para que lleguemos a verle como un ser humano.
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Méndez de Hoyos, Irma. "La manipulación del marco legal de las elecciones en América Latina entre 2000 y 2012: una aproximación metodológica". Foro Internacional 52, n.º 3 (28 de junho de 2017): 640. http://dx.doi.org/10.24201/fi.v52i3.2451.
Texto completo da fonteResumo:
Hay una larga lista de malas prácticas electorales que desnivelan el piso sobre el cual compiten partidos y candidatos en muchas democracias emergentes, dañando la confianza en las instituciones políticas y en la legitimidad de los gobiernos electos. ¿Cómo entender, medir, comparar, algunas de esas prácticas? En este trabajo se presenta un marco analítico para examinar y medir una de las formas más generalizadas de manipulación en América Latina: la del diseño de las leyes electorales. En este marco se examina el caso de 16 países de la región en el periodo comprendido entre 2000 y 2012 en cuatro áreas críticas para la integridad de las elecciones: la cobertura de los medios de comunicación, las finanzas de campaña, los organismos electorales y el uso de recursos del Estado.
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Galarza Bustos, Luis Antonio, Luis Israel Ortega Falcon e Carla Piedad Uday Subia. "Las Personas Jurídicas y las Causas de Exclusión de la Antijuricidad". Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar 8, n.º 3 (30 de maio de 2024): 378–90. http://dx.doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11227.
Texto completo da fonteResumo:
El estudio se enfoca en analizar las disposiciones constitucionales y leyes que regulan las personas jurídicas y las causas de exclusión de la antijuricidad en Ecuador, relevante para comprender la responsabilidad legal de estas entidades. Empleando una metodología de revisión sistemática con los criterios PICO y la lista de verificación PRISMA, se analizó literatura de los últimos siete años, incluyendo tesis, artículos y normativas legales. Los resultados indican que las personas jurídicas desempeñan un papel crucial en la estructura jurídica moderna, y que existen causas específicas como el estado de necesidad o la legítima defensa que pueden eximir de responsabilidad penal. Sin embargo, se identificaron desafíos en la aplicación coherente de estas normas debido a la complejidad de las estructuras corporativas. La discusión subraya la importancia de adaptar el marco legal a la realidad de las personas jurídicas y de garantizar la protección de los bienes jurídicos. En conclusión, el estudio resalta la necesidad de desarrollar un marco legal más claro que permita una aplicación justa y efectiva de la ley, protegiendo así los intereses sociales y respetando los principios fundamentales del derecho.
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Loayza, Carolina, e Nicolás De Piérola. "Efectos jurídicos internacionales por la expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". Anuario Español de Derecho Internacional 13 (21 de agosto de 2018): 213–52. http://dx.doi.org/10.15581/010.13.28540.
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1. ANTECEDENTES. 2. RÉGIMEN LEGAL PERUANO. 2.1. Constitución Peruana de 1979. 2.2. Constitución peruana de 1993. 2.3. Convención Americana sobre Derechos Humanos. 3. LA RESPUESTA INTERNACIONAL. 4. MATERIA DE LA OPINIÓN CONSULTIVA. 5. OPINIÓN DE LA CORTE. 5.1. Consideraciones de la Corte sobre su función consultiva. 5.1.1. Respecto a su labor interpretativa. 5.1.2. Respecto a su competencia ratione materiae. 5.2. Cuestión previa: Admisibilidad de la Opinión Consultiva. 5.3. Fondo. 5.3.1. Ley contraria a la obligación convencional asumida por un Estado. 5.3.2. Responsabilidad Internacional Personal por violación de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 5.3.2.1 Jurisdicción Ratione Loci. 5.3.2.2. El Tribunal Internacional de Nüremberg. 5.3.2.3. Los Tribunales Internacionales para la ex-Yugoslavia y para Rwanda. 5.3.2.4. Responsabilidad Internacional del Individuo por violación de los derechos protegidos por la Convención Americana. 6. CONCLUSIONES.
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Carvalho, Edson Ferreira, Lukas Giessen e Encarnación Fernández. "Los principales retrocesos promovidos por la Ley Forestal brasileña de 2012". Revista de Derecho Ambiental, n.º 11 (28 de junho de 2019): 19. http://dx.doi.org/10.5354/0719-4633.2018.48434.
Texto completo da fonteResumo:
El objetivo de este estudio es analizar los principales retrocesos introdu-cidos por la Ley Forestal de Brasil de 2012 y el contexto político de su formulación. El aná-lisis se basa en la comparación de las reglas que disciplinan los Institutos del Área de Pre-servación Permanente (APP) y del Área de Reserva Legal (ARL) en propiedades agrarias privadas por las Leyes Forestales de 1965 y 2012. Así como en las posiciones y los intere-ses de los actores más relevantes en relación con la protección de los bosques naturales, poniendo de relieve la gran influencia del sector agrario. El estudio demuestra que la Ley Forestal de 2012 fue formulada para anular casi completamente los dos principales Institu-tos Jurídicos de protección de la vegetación nativa en propiedades agrarias privadas, legali-zar las ocupaciones ilegales de los dos espacios protegidos, amnistiar a los infractores y aumentar el territorio susceptible de deforestación legal. A pesar de las alteraciones legisla-tivas promovidas por la Ley Forestal de 2012 la indiscutible violación a la garantía consti-tucional de prohibición de retroceso ambiental y de los deberes de protección ambiental del Estado brasileño, el Supremo Tribunal Federal las refrendó, con base en el principio de la división de poderes.
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Fernández Sarasola, Ignacio. "Dos escritos inéditos de Jovellanos sobre la Constitución histórica". Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, n.º 24 (26 de janeiro de 2022): 356. http://dx.doi.org/10.14198/pasado2022.24.15.
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La teoría del Estado de Jovellanos se adscribía al iusracionalismo, principalmente ligado a autores como Christiaan Wolff y Samuel Puffendorf, Jean-Jacques Burlamaqui, Gottlieb Heinnecio, Jean Domat y Hugo Grocio. A su parecer, además de emplear las obras de estos autores en los estudios jurídicos cursados en España, debía adoptarse su metodología, sustituyendo así el enfoque escolástico tradicional aplicado en España. Jovellanos se adscribía a los planes de reforma de los estudios jurídicos diseñados por Gregorio Mayáns y Pablo de Olavide. Él mismo había estudiado leyes y cánones, pero consideraba que su formación académica no había sido adecuada. De hecho, durante el siglo XVIII, la mayoría de los juristas españoles, tras culminar sus estudios universitarios, debían recibir una formación específica para poder conocer las normas legales españolas que no habían aprendido en la Universidad, donde el Derecho Romano seguía siendo la única fuente legal explicada. Si bien la teoría del Estado de Jovellanos seguía esa línea de pensamiento iusracionalista, su idea de Constitución seguía planteamientos historicistas. Rechazaba la idea de una Constitución nacida del ejercicio del poder constituyente, obviando así las doctrinas de Emmanuel Joseph Sieyès. Muy al contrario, consideraba que las constituciones nacen a partir de un proceso histórico. Aun así, en sus primeros escritos Jovellanos no identificaba «Constitución» con Leyes Fundamentales, sino con la estructura socio-política de un país. Ambos textos inéditos que se presentan muestran las teorías jovellanistas sobre ‘Estado’ y ‘Constitución’. El primero de ellos es el borrador de dos cartas dirigidas a un destinatario desconocido. No fue incluido en las Obras Completas de Jovellanos. El segundo parece ser el desarrollo de un borrador destinado a una nueva edición del Fuero Juzgo encargado por la Real Academia Española.
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Bonilla-Jurado, Diego Mauricio, Carlos Sampedro Ocampo-León, Marco Antonio Camacho-Escobar e Geofre Javier Pinos-Morales. "Estudio legal y estrategias sobre vinculación universitaria con la colectividad, Caso Ecuador". Killkana Social 3, n.º 2 (2 de agosto de 2019): 57–64. http://dx.doi.org/10.26871/killkana_social.v3i2.465.
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Las Instituciones de Educación Superior (IES) están obligadas a potencializar las actividades docentes y de vinculación con la sociedad, por ende, también un trabajo arduo del gobierno de turno, por ello se menciona en el presente estudio la sinergia que deben lograr el estado, la universidad y la colectividad explicado a través del modelo triple hélice. Los objetivos fundamentales son analizar cómo las Instituciones de Educación Superior del Ecuador aplican la normativa desde un punto de vista legal y estructural, además analizar los casos y realidades en cuanto a la vinculación con la colectividad de las universidades, categorías A y B de Ecuador, y las actividades de las tres universidades más relevantes de Europa. La metodología que se aplicó es de tipo documental, pues se partió de la recolección y análisis de información documentada, en especial se utilizó la legislación, los decretos, los estatutos prescripción social o de derecho. En lo referente a las estrategias se hace una revisión minuciosa del modelo triple hélice, sus implicaciones, las ventajas y desventajas, como de la movilidad académica y de manera general, las relaciones de todas estas con las funciones sustantivas universitarias. El documento concluye indicando el cumplimiento de las leyes y políticas de vinculación con la colectividad, la actuación de todos sus actores de forma activa, y la utilización de una alianza estratégica entre el Estado, la Universidad y la Colectividad. Para el caso de Ecuador, en consideración con las experiencias de universidades europeas, los esfuerzos se están encaminando hacia los objetivos de vinculación y deben ser complementados en la medida de las posibilidades con las estrategias implantadas en Europa.
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Avendaño-Briones, Ángel Vicente, Karen Estefanía Almeida-Briones, Henry Miguel Muñiz-Torres e Juan Víctor Chávez-Atocha. "Garantías de los estados de excepción para la ciudadanía a través del control de constitucionalidad 2022-2024 Caso Ecuador". MQRInvestigar 8, n.º 2 (11 de junho de 2024): 3873–88. http://dx.doi.org/10.56048/mqr20225.8.2.2024.3873-3888.
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Las constituciones latinoamericanas, en su mayoría contemplan herramientas jurídicas que les permiten otorgar ciertos poderes supra a los gobernantes, bajo una cierta condición, este tipo de decretos son llamados estados de excepción o estados de sitio. Estos decretos, cuya base fundamental es declarar un estado de excepción en el que se suspenden cierta cantidad de garantías constitucionales en la nación que se aplique. El objetivo de esta investigación, es conocer los aspectos conceptuales que rigen y regulan estos decretos, así como sus regulaciones y excepciones, de igual manera mediante una metodología bibliográfica conocer los antecedentes de este tipo de normativa legal, así como las leyes que la regulan. Como principal hallazgo, se puede decir que los estados de excepción en el ecuador son de larga data y que han sido utilizados en su gran mayoría por situaciones de violencia y estallidos sociales que han atentado en contra de los intereses y seguridad de la nación y sus ciudadanos, por otro lado cabe destacar, que en el periodo desde el año 2022-2024 se han decretado algunos estados de sitio, conforme a lo establecido en la ley, y que el control constitucional es algo ambiguo y falta desarrollar más control de las garantías constitucionales.
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Ramos López, José. "¿La violencia se arregla en lo privado? Violencia legal contra la mujer en el Perú y sus sentidos de masculinidad". Alteritas 11, n.º 12 (23 de maio de 2022): 153–68. http://dx.doi.org/10.51440/unsch.revistaalteritas.2022.12.263.
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En el Perú la violencia ejercida hacia la mujer es tratada como una falta justificable, más no como un delito. Dicho rótulo encierra una trama de significados que normalizan la violencia contra la mujer en la sociedad peruana. El presente artículo gira en torno a las dinámicas del aparato legal en el tratamiento de procesos judiciales sobre la violencia contra la mujer. La metodología usada reposa en el análisis de tres declaraciones judiciales sobre violencia familiar (padre/agresor, madre/víctima e hijo/testigo) en Lima norte. Así, se constata que los mecanismos regulatorios implementados por el Estado peruano para facilitar que la mujer “víctima” denuncie al agresor demuestran las inflexiones del marco jurídico legal y las interpretaciones por sus operadores, quienes en su mayoría lo constituyen jueces, fiscales, abogados, policías sin romper la hermandad masculina. Estos impasses no solo obedecen a la gran cantidad de hombres operadores de justicia, sino más bien a la producción de leyes por hombres, asegurando su status bajo un contrato sexual que reglamenta la vida social.
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López Valencia, Irma Cecilia, e José Del Carmen Villanueva Espinosa. "Estado del Arte: Representaciones Sociales de la Ley 1098 De 2006; Marco Legal para la Protección Integral de los Derechos de los Niños y Niñas". Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar 7, n.º 6 (11 de janeiro de 2024): 5973–86. http://dx.doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.9138.
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El estado del arte se basa en mostrar los argumentos de la exigibilidad del derecho a la salud en Colombia, el estudio se enfocada en los mecanismos de protección y exigibilidad del derecho a la salud a nivel nacional, de igual modo como la jurisprudencia Constitucional en Colombia y la intervención de la Defensoría del Pueblo; estos mecanismos son fundamentales para las garantías del acceso a la salud y asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas. De modo congruente, se hace énfasis en la importancia de las garantías del derecho a la salud en la población vulnerable, como niños y niñas por lo tanto se requiere una atención prioritaria y especializada para las garantías del bienestar y desarrollo ideal. En conclusión, el estado del arte aborda el derecho a la salud a partir de las perspectivas y amplitudes que hacen parte de las leyes y normativas a nivel nacional e internacional que no se pueden obviar como mecanismo jurisprudenciales y mecanismos de protección, se destacada además la importancia de las garantías y exigibilidades del derecho fundamental para todos sin excepciones.
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Guichot Reina, Emilio. "A vueltas con la responsabilidad por leyes contrarias al Derecho de la Unión Europea". Revista Española de Derecho Europeo, n.º 84 (24 de março de 2023): 9–57. http://dx.doi.org/10.37417/rede/num84_2022_1136.
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La aplicación del principio de responsabilidad del Legislador por infracciones del Derecho de la Unión Europea ha estado sometida en nuestro Derecho a grandes vaivenes. El Tribunal Supremo consideró inicialmente que estas reclamaciones no eran equivalentes a las relativas a la responsabilidad del Legislador por leyes inconstitucionales y, por ello, que no se requería aplicar los mismos requisitos procesales ni sustantivos. Este planteamiento fue rechazado en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Transportes Urbanos, a partir de la cual el Tribunal Supremo comenzó a “igualar a la baja” el régimen procesal, sin unificar, sin embargo, el régimen de fondo. El Legislador de las Leyes 39 y 40/2015 procedió a una regulación de la responsabilidad del Legislador la aplicación de leyes contrarias a la Constitución y al Derecho de la Unión europea similar en sus requisitos procesales, esta vez “igualando al alza”, y mantuvo un régimen sustantivo dispar, más generoso en el primer caso y alineado con el requisito de ilegalidad grave sustantiva establecido como mínimo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Sentencia Comisión contra Reino de España de 28 de junio de 2022 ha enjuiciado el régimen legal español, detectando las contradicciones con el Derecho de la Unión de sus determinaciones procesales desde la perspectiva del principio de efectividad. Además, en cuanto a los requisitos de fondo, ha optado por una novedosa interpretación de la articulación del estándar europeo y las regulaciones nacionales. En el trabajo se lleva a cabo una valoración de esta jurisprudencia y se añaden unas reflexiones para el debate entre la diferencia entre requisitos de fondo y procesales, la relación entre la tutela primaria” y la acción de responsabilidad o sobre el carácter objetivo o culposo de la responsabilidad del Legislador.
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Tirado Acero, Misael. "El debate entre prostitución y trabajo sexual. Una mirada desde lo socio-jurídico y la política pública". Revista de relaciones internacionales, estrategia y seguridad 6, n.º 1 (12 de janeiro de 2011): 127–48. http://dx.doi.org/10.18359/ries.118.
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Las implicaciones del trabajo sexual en el plano legal han tenido históricamente entre sus contradictores y seguidores debates representados en diversas corrientes jurídicas; tema que no resulta fácil de abordar teniendo en cuenta sus aproximaciones al plano de la moral, sumado a los borrosos límites con la ilegalidad. El Estado como institución tiene un rol determinante en las implicaciones que se ponen sobre la mesa al tratar el fenómeno social de la prostitución no solo en un contexto nacional, sino en un momento donde las leyes evolucionan de acuerdo con un panorama internacional planteando no pocos dilemas frente al fenómeno que se desborda de los límites territoriales, siendo el caso de la sentencia T-629 de 2010 que abre la discusión en Colombia respecto al reconocimiento de la actividad de la prostitución como trabajo y sus implicaciones en las dimensiones económica y social.
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Morales Mancilla, Guillermo Hernán, e Rita Mabel Villegas. "Gestión tecnológica para PYMES: Aspectos legales y financiación". Informes Científicos Técnicos - UNPA 12, n.º 3 (14 de dezembro de 2020): 85–93. http://dx.doi.org/10.22305/ict-unpa.v12.n3.742.
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En el presente informe se investigó mediante una metodología explorativa descriptiva, sobre el marco legal y las oportunidades de financiamiento en cuestiones de gestión tecnológica para las Pymes de la localidad. Resultó de suma importancia conocer la existencia de legislación respecto a la gestión tecnológica y se procedió a compendiar qué reglamentan las leyes nacionales Nº 23.877 y Nº 25.467. Por otro lado, a través de las paginas oficiales de las entidades encargadas de lanzar las convocatorias de las líneas de créditos vigente en los años 2015 – 2018, se descubrió la existencia de varias líneas de financiamiento e incentivos y se logró exponer las principales líneas que fueron ofrecidas por el estado tanto nacional como provincial, las cuales son muy variadas y se ajustan de manera directa o indirecta a la gestión tecnológica de las Pymes.
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Pérez-Yauli, Vicente Leonardo. "The deployment of law in public administration under Ecuadorian law[ El despliegue del derecho en la administración pública según la legislación ecuatoriana]". Verdad y Derecho. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales 2, n.º 2 (1 de maio de 2023): 1–7. http://dx.doi.org/10.62574/htzbgc89.
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En el complejo escenario legal y administrativo de Ecuador, la convergencia entre los principios del derecho y la eficiencia en la administración pública se presenta como un fascinante ballet. La buena administración emerge como la coreografía que guía los movimientos del Estado, donde la dualidad de proteger derechos individuales y buscar el bienestar colectivo se convierte en un desafío constante. La legislación ecuatoriana, lejos de ser estática, se adapta como un organismo vivo a las necesidades cambiantes de una sociedad diversa. La administración pública, más que una ejecución mecánica de leyes, se revela como un arte que requiere equilibrio ético y adaptabilidad. La transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas fortalecen la legitimidad, mientras que el derecho a la buena administración, aunque desafiante en su definición precisa, se manifiesta como la musa inspiradora en esta danza jurídico-administrativa.
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López Daza, Germán Alfonso, e Carlos Fernando Gómez García. "El control político y judicial del Congreso: una aproximación al caso colombiano". Revista Jurídica Piélagus 10, n.º 1 (5 de dezembro de 2011): 158. http://dx.doi.org/10.25054/16576799.630.
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La función legislativa es la actividad del Estado constitucional contemporáneo que se materializa a lo largo de un proceso creativo de las normas jurídicas, destinadas a reglamentar la organización del Estado, el funcionamiento de sus órganos y las relaciones entre el Estado, sus habitantes y de éstos entre sí. El funcionamiento de tales centros de poder es bastante complejo, ya que internamente el trabajo recae en gran medida en unos comités denominados comisiones, que son los encargados de darle la dinámica a las diferentes actuaciones del congreso. A lo largo de las últimas décadas, el papel del Parlamento o Congreso como lugar central de elaboración de las leyes y como eje del control político sobre las otras ramas del poder público y en general sobre todo el engranaje estatal, ha sido cuestionado ampliamente. Una de las críticas tiene como origen, el ejercicio del control hacia el ejecutivo en virtud del principio de pesos y contrapesos. Los reparos sobre el trabajo del congreso se originan en gran medida por los discutibles resultados de las denominadas “comisiones” en lo que respecta a la investigación de los altos dignatarios del Estado. El presente trabajo aborda muy someramente el sustento doctrinario y constitucional del control político del congreso en Colombia, haciendo especial énfasis en las falencias de la Comisión de Investigación que son el cuerpo colegiado que tiene el deber Constitucional y legal de dar impulso a las investigaciones en contra de los altos dignatarios del Estado.
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Gualavisi-Escobar, Silvia Beatriz, e María Victoria Molina-Torres. "Carácter transitorio en el proceso de reinserción familiar del sujeto de derechos en situación de acogimiento institucional". MQRInvestigar 8, n.º 1 (12 de março de 2024): 4264–80. http://dx.doi.org/10.56048/mqr20225.8.1.2024.4264-4280.
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Dentro del marco legal ecuatoriano, se establece la acogida institucional como una medida de protección para niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulneración de sus derechos dentro de su núcleo familiar. Este procedimiento se considera como la última opción aplicable. El presente trabajo tiene como objetivo investigar la presencia de normas relacionadas con la temporalidad del proceso de acogimiento institucional dentro de las leyes del Ecuador. Para llevar a cabo esta investigación, se realiza un análisis bibliográfico sistemático, comenzando con la revisión de la Constitución y las leyes pertinentes. Posteriormente, se procede a examinar la literatura académica relacionada con el tema para sistematizar los hallazgos en el presente trabajo. Se incluye incluso una sentencia que aborda la problemática desde la perspectiva de la privación de la libertad de los menores. La conclusión principal obtenida nos lleva a reflexionar sobre la carencia de normativa específica en cuanto al tiempo que los niños, niñas y adolescentes deben permanecer en los lugares designados como centros de acogida institucional. Esto conlleva el riesgo de que esta práctica resulte en una vulneración de sus derechos. Se aboga por considerar la reinserción familiar como un objetivo primordial, siempre y cuando el Estado garantice un acompañamiento para que la familia pueda convertirse en un entorno propicio para su desarrollo
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Álvarez Álvarez, Leonardo. "La coerción estatal del art. 155 ce en la estructura del estado autonómico". Teoría y Realidad Constitucional, n.º 38 (1 de julho de 2016): 277. http://dx.doi.org/10.5944/trc.38.2016.18590.
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El constituyente español ha plasmado en el art. 155 CE una categoría de larga trayectoria en el sistema descentralizado alemán: la coerción estatal. La coerción estatal surge en el periodo de la confederación del siglo xix para suplir las carencias de la justicia constitucional, atribuyendo a órganos del Estado central la facultad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Constitución (y las leyes) al resto de miembros del sistema descentralizado. El encaje de la coerción estatal presenta problemas en un sistema descentralizado construido a partir de una Constitución como norma suprema, cuya tutela le corresponde a un Tribunal Constitucional. Este trabajo ha pretendido analizar la función que puede desempeñar la coerción estatal del art. 155 CE en la estructura del Estado autonómico.The Spanish constituent recognized in the art. 155 of the Constitution a category of the tradition of the German decentralized system: the state coercion. The state coercion emerges during the period of the confederation of the nineteenth century to supply the deficiences of the constitutional justice, attributing to the central state organs different faculties to ensure the fulfillment the constitutional (and legal) obligations by the members of the decentralized system. The engagement of state coercion presents problems in a decentralized system built from a Constitution as supreme law, whose protection is attributed to a Constitutional Court. This work has attempted to analyze the role of state coercion of art. 155 SC in the structure of the autonomous State.
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Ardila Rincón, Juan Ricardo, Yuli Paola Florez Martinez e Yulesmi Asprilla Bolivar. "Análisis jurídico de las garantías laborales de las trabajadoras sexuales en el marco del estado social de derecho colombiano". Pensamiento Americano 13, n.º 25 (1 de junho de 2020): 121–35. http://dx.doi.org/10.21803/pensam.13.25.387.
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Las trabajadoras sexuales son una población que a lo largo de la historia han sido estigmatizadas no solo dentro del entorno social, sino a la hora de proferir leyes, decretos y sentencias judiciales. Es por ello que a través del presente artículo de investigación aplicada con enfoque socio jurídico se buscó establecer cuál es el marco normativo que establece los derechos y garantías laborales de las trabajadoras sexuales en el ordenamiento jurídico colombiano. Luego del recuento de antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales se logra establecer que su lucha por lograr que en el ejercicio de la prostitución se le reconozcan derechos laborales no presenta resultados positivos, toda vez que lo que se encontró fue que en ordenamiento jurídico colombiano no se encontró una disposición legal que reconozca el ejercicio de la prostitución como un trabajo y en consecuencia reconozca derechos laborales a quienes ejercen esta actividad.Salta a la vista el tratamiento estigmatizante y en algunos casos degradante que se le ha dado a esta actividad, puesto que ha sido abordada desde los enfoques prohibicionista y reglamentarista y no desde el enfoque legalista que es el único enfoque desde el que se le reconoce a esta actividad como un trabajo.
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González Soto, Ricardo Antonio. "La legitimidad de los tribunales constitucionales en el Estado de derecho constitucional". Opus Magna Constitucional 16, n.º 01 (9 de março de 2020): 213–36. http://dx.doi.org/10.37346/opusmagna.v16i01.10.
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Se examina la transición del Estado de derecho legal al constitucional y cómo este nuevo sistema jurídico y político provoca que se generen tensiones entre los tribunales constitucionales y los poderes ejecutivo y, especialmente, legislativo, que tradicionalmente habían ejercido su autoridad, de manera casi omnipotente. En ese sentido, se vislumbra como la Constitución adquiere un papel fundamental en los Estados, constituyéndose en un conjunto de normas y principios que, de manera especial, tiende a limitar el poder de los representantes de los poderes públicos, muchas veces elegidos de forma democrática, obligándolos respetar y garantizar los derechos esenciales de todos, incluyendo los de las minorías.Asimismo, ante estos cambios en los paradigmas constitucionales, los órganos de justicia y, especialmente, los tribunales constitucionales, adquieren un rol preponderante en las sociedades, ya que todo el ordenamiento jurídico se ve permeado de un nuevo constitucionalismo que emana de la fuerza normativa de la Constitución. No obstante, la función de control constitucional de las leyes reconocida a estos tribunales especializados ha generado cuestionamientos acerca de su legitimidad, sobre todo en relación a si debe permitirse que un tribunal integrado por jueces carentes de respaldo democrático, puedan invalidar las decisiones del poder legislativo, el cual claramente goza de legitimidad por ser los representantes directos de la población, surgiendo la interrogante acerca de si es o no compatible esa labor de control constitucional en una democracia. Por ello, se analizan las tensiones entre constitucionalización y democracia, así como la legitimidad de los tribunales constitucionales, explorando sus fundamentos y objeciones, concluyendo con algunas ideas y reflexiones finales.
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Velasco Hurtado, María Del Carmen, Mónica Annabelle Caicedo Leones e Ericka Viviana Sarango Herrera. "Legislación Ambiental en Ecuador". RECIMUNDO 6, n.º 1 (4 de fevereiro de 2022): 182–90. http://dx.doi.org/10.26820/recimundo/6.(1).ene.2022.182-190.
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Ecuador es uno de los países de Latinoamérica con una gran riqueza en lo que a biodiversidad se refiere, en donde se resguardan un gran número de áreas protegidas dedicados exclusivamente a la conservación. En vista de dichas características y compromiso con la naturaleza, el Ecuador es uno de los pioneros en consagrar diversas novedades y singularidades en el manejo de los temas ambientales en su Constitución y demás instrumentos legales. El objetivo fundamental de la presente investigación es compendiar lo relativo a la Legislación Ambiental en Ecuador, con énfasis en la Constitución, la Ley de Gestión Ambiental y el Código Orgánico del Ambiente. La investigación se realizó bajo una metodología de tipo documental bibliográfica, bajo la modalidad de revisión. De la revisión se desprende que Ecuador posee un cuerpo legal que crea precedente en materia ambiental, comenzando con su normativa constitucional la cual se considera que evolucionó respecto al reconocimiento de los derechos vinculados al medio ambiente, asimismo, a la par, se han ido aprobando otras normativas secundarias a nivel de leyes, acuerdos ministeriales y otras directrices que contribuyen a que desde el Estado se generen políticas que protejan la naturaleza. En conclusión, la legislación ecuatoriana a lo largo del tiempo ha sufrido grandes y positivos cambios en lo que a materia ambiental se refiere. Partiendo desde la Constitución de 2008 que generó un cambio de paradigma en la concepción del ambiente, en donde se supera la mera protección de ésta, basada en el ambiente como objeto de derecho, por la consagración del ambiente como sujeto de derecho. En este sentido, y desde esta evolución, a la par se ha promulgado todo un cuerpo de leyes, acuerdos ministeriales y otras directrices, los cuales permiten que se generen las políticas de Estado necesarias para la protección y conservación de la naturaleza.
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Bastardo, Gregory Milagros Azzi. "Normativa actual para la protección integral de la familia y del niño, niña y adolescente: revisión crítica desde la perspectiva de la protección integral en Venezuela". Revista Educação em Páginas 2 (17 de outubro de 2023): e13781. http://dx.doi.org/10.22481/redupa.v2.13781.
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El presente artículo presenta una revisión crítica de la normativa actual para la protección integral del niño, niña y adolescente en Venezuela. Se destaca la importancia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, como fundamento para garantizar los derechos de los niños y adolescentes en el país. La Constitución establece que los niños tienen derecho a una vida plena de felicidad, amor y comprensión, y que el Estado debe garantizar una protección integral de sus derechos. Además, reconoce la importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y su responsabilidad en la educación y formación de los niños. En este sentido, se analizan las leyes y normativas que se han fortalecido en Venezuela para proteger a los niños y adolescentes. Se destaca el Código Civil venezolano, que establece las obligaciones y responsabilidades de los padres en relación con sus hijos menores de edad. También se menciona la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA), que establece un marco legal para garantizar el bienestar físico, psicológico y social de los niños y adolescentes. Finalmente, se discute cómo se puede contribuir a la protección integral del niño, niña y adolescente en Venezuela. Se enfatiza en la importancia del trabajo conjunto entre el Estado, las familias y las comunidades para garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes y normativas existentes. Asimismo, se destaca la necesidad de promover una cultura basada en el respeto a los derechos humanos y al bienestar infantil. En conclusión, este artículo ofrece una visión general de la normativa actual para la protección integral del niño, niña y adolescente en Venezuela y destaca la importancia de su cumplimiento efectivo para garantizar un futuro mejor para los niños y adolescentes del país.
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Montañez Concepción, Isabel, Astrid E. Santiago Orria e Rose Marrero Teruel. "Política pública respecto a la adopción de menores en Puerto Rico ¿tiempo de revisión?" AnálisiS 9, n.º 1 (6 de março de 2008): 47–68. http://dx.doi.org/10.54114/revanlisis.v9i1.13139.
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La adopción de menores es un acto legal y social que reafirma los valores de la sociedad que lo practica. En el presente artículo se discute el contexto histórico, político, social y cultural en el cual se da la adopción de menores. Se plantea las influencias de los diversos contextos en la construcción social de la adopción así como en la elaboración de las políticas públicas aprobadas en Puerto Rico especialmente las leyes 8 y 9 de enero de 1995. Se destaca el rol de la investigación y el trabajo social mediante una descripción de investigaciones realizadas en otros entornos así como en Puerto Rico. Como reflexión final se invita a buscar alternativas para que el acto de adoptar esté revestido del resguardo de la dignidad de todas las partes. Se propicia el que las parejas, mujeres u hombres que no deseen conservar la custodia de su descendencia puedan entregarlo al Estado para que ejerza su rol de "Parens Patrie"; lo cual previene la intervención que fuerza y despoja. Finalmente se concluye que la profesión de trabajo social por su función y fundamentos está llamada a iniciar acciones encaminadas a redefinir la política pública del Estado.
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Sales, Juan Carlos. "La necesaria institucionalización del carisma. Burocracia y caudillismo durante el régimen franquista". Studia Humanitatis Journal 4, n.º 1 (31 de janeiro de 2024): 132–51. http://dx.doi.org/10.33732/shj.v4i1.111.
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La presencia de burócratas dentro de cualquier sistema político no garantiza, per se, que este sea un sistema organizado racionalmente en el sentido de una dominación legal. Por ejemplo, la cúspide del poder político franquista estuvo mayormente copada de personas que, además de la lealtad a la ideología del nuevo Régimen, se caracterizaban por pertenecer al cuerpo mismo del Estado. Sería erróneo, sin embargo, atribuirle las características de una administración racional y moderna: el sentido de este tipo de burocracia es muy diferente al uso estrictamente político del mismo. Para determinar la esencia política que opera en los mandos del franquismo es conveniente especificar antes el proceso de la toma de decisiones: en quién recae ese poder y bajo qué presupuestos se ejecuta.Algunas comparaciones con las teorías sustentadoras de este procedimiento con las teorías sobre la dominación y la legitimidad ofrecerán la clave real de la finalidad reformadora de algunos agentes del Régimen, concretada en las reformas político-administrativas de los años 50 y 60. Tras estas reformas, la legitimidad adquirida estará posicionada en la racionalidad burocrática y las leyes procedimentales, sin que de ello se suceda necesariamente la instauración de un Estado de Derecho ni premisas democráticas.
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Weissel, Axel. "La ley de la memoria". Question/Cuestión 3, n.º 72 (1 de setembro de 2022): E719. http://dx.doi.org/10.24215/16696581e719.
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Actualmente hablar sobre las prácticas, las relaciones y los bienes muebles e inmuebles que componen el acervo cultural de cada territorio implica inmiscuirse en las corrientes internacionales y nacionales de teorización, patrimonialización y legalización donde lo `cultural´ -y sus referencias materiales e inmateriales- es fundamental para la protección, conservación y reproducción de las memorias e identidades sociales.
En el siguiente trabajo realizamos un recorrido por los debates patrimoniales-normativos de la provincia de Entre Ríos, Argentina, contextualizando el campo legal de nuestro país y de la región específica. A lo largo del artículo tensionaremos las principales categorías que emergen con énfasis en las formas de comunicar de los textos legales, sus prescripciones y omisiones. Esperamos así ilustrar el estado de la cuestión de leyes, decretos y normas que rigen al Patrimonio Cultural Material en Entre Ríos visibilizando los matices bajo los cuales subyacen preconcepciones, compromisos y representaciones sociales.
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Lima Estrada, Eduardo. "Retos de la inclusión del nombre del solicitante en los requisitos establecidos en los procedimientos de acceso y medios de impugnación previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información". Estudios en Derecho a la Información 1, n.º 10 (11 de maio de 2020): 81. http://dx.doi.org/10.22201/iij.25940082e.2020.10.14661.
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De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública. En ese sentido, las leyes que regulan dicha materia plantean una serie de disposiciones para lograr ese fin, como son los requisitos para que los solicitantes obtengan información o, en su caso, impugnen las respuestas recaídas a las mismas. Entre dichos requisitos se encuentra el nombre, el cual juega un doble papel, ya que permite la identificación del solicitante y es un dato personal por sí mismo. Si bien su inclusión es de carácter optativo, es oportuno señalar como interrogantes: ¿a qué se debió que el nombre se incluyera en los requisitos para presentar una solicitud de acceso a la información?, ¿qué problemas han surgido a raíz de dicho requisito?; ante el carácter optativo de su inclusión en los requisitos actuales y la protección de datos personales, ¿es necesario que aún se prevea? O en su caso, ¿es posible prescindir totalmente del mismo? Para conocer las respuestas es importante aproximarnos a las razones de su inclusión en el marco legal, su evolución y su estado actual, así como identificar los retos que produce su inclusión en el entramado legal que comprende el derecho de acceso a la información pública, y finalmente señalar la justificación de su existencia o, en su caso, su desaparición.
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García Delgado, Beatriz, José Luis Di Fabio e Jaume Vidal Casanovas. "Mapa conceptual sobre salud pública y propiedad intelectual en Cuba: actualización 2020". Revista Panamericana de Salud Pública 44 (6 de agosto de 2020): 1. http://dx.doi.org/10.26633/rpsp.2020.76.
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En este estudio se identifican y describen los cambios introducidos en el entramado constitucional y legal, y la política económica y social de Cuba entre los años 2015 y 2020 que inciden en el acceso a la salud y se actualiza el mapa conceptual sobre salud pública y propiedad intelectual en Cuba (MC SPPIC). Se realizó la búsqueda de documentos, ajustada al período de tiempo analizado, en la Gaceta Oficial de la República de Cuba y los sitios en Internet de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, los organismos de la Administración Central del Estado y del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica BioCubaFarma. El MC SPPIC actualizado refleja los cambios en la nueva Constitución de la República de Cuba adoptada en 2019, la actualización de los Lineamientos de la Política Económica y Social para el quinquenio 2016-2021 y las leyes, decretos leyes y otras disposiciones legales relacionados con la propiedad intelectual en el período 2015-2020. La Política sobre el Sistema de Propiedad Industrial aprobada se fortaleció con legislaciones específicas para la protección de la propiedad industrial, en especial las que inciden en la protección de los resultados obtenidos por la industria biotecnológica y farmacéutica cubana. Los cambios reflejados en el MC SPPIC actualizado favorecen la interacción y la sinergia entre los diversos actores que inciden en el acceso a la salud —en su sentido más amplio— de la población cubana.
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Cabrera Jaramillo, Ruby Stella, Juan José Espinal Piedrahita e Jorge Eliécer Colorado Barrientos. "Eficacia Jurídica y Sociológica de la Norma Tributaria en Colombia". Verba luris, n.º 45 (15 de janeiro de 2021): 147–59. http://dx.doi.org/10.18041/0121-3474/verbaiuris.45.8351.
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Hablar de eficacia respecto de la norma jurídica, es referirse a la observancia y al cumplimiento de la ley. Las leyes se redactan para la búsqueda de un orden jurídico armónico que regulen las relaciones entre Estado y sociedad, de ahí que la obediencia y la sujeción inciden en su eficacia. El objetivo de esta reflexión se orienta a analizar qué factores quebrantan la eficacia de la norma fiscal bajo una mirada legal y sociológica, a partir del conocimiento previo, de algunos referentes en la literatura y del análisis de la información, utilizando como método el hermenéutico, para proponer un análisis desde la comprensión práctica. Al concluir este texto, se puede afirmar que la ley es imperativa pero su obediencia y cumplimiento es directamente proporcional a que esta sea justa y orientada a un fin, y quienes legislan, gobiernan y controlan, ejerzan sus facultades constitucionales en el marco de la confianza legítima y de la seguridad jurídica.
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Levy, Juliette. "Una cuestión de intereses: entre Benito, Maximiliano y Porfirio. La reforma liberal y la liberalización de tasas de interés en Yucatán, 1850-1900". América Latina en la Historia Económica 19, n.º 1 (1 de janeiro de 2012): 157. http://dx.doi.org/10.18232/alhe.v19i1.496.
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En este artículo se analiza el efecto del fin del mutuo usurario en los mercados de crédito tomando como ejemplo el desarrollo del mercado de crédito hipotecario en Yucatán durante el auge henequenero del siglo XIX. Demuestra que las Leyes de Reforma que acabaron con las restricciones sobre las tasas de interés en México transformaron el mercado de crédito legal e iniciaron una nueva época en la historia financiera del país. Antes de la creación de los bancos en México, las obligaciones hipotecarias privadas protocolizadas por notarios eran una de las pocas fuentes de crédito formales en el país. Mediante estas actas notariales, se observa el efecto del decreto juarista de 1861 sobre el mercado hipotecario de Yucatán y el papel central que desempeñaba el notario en las transacciones privadas de crédito a largo plazo. Este análisis se apoya en aproximadamente 1 000 actas hipotecarias protocolizadas entre 1850 y 1900, salvaguardadas en el Archivo General del Estado de Yucatán.
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Rozas O., Germán. "Psicología comunitaria en el desarrollo local y regional". Revista de Psicología 5 (1 de janeiro de 1994): 47. http://dx.doi.org/10.5354/0719-0581.1994.18505.
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El campo del desarrollo social se encuentra en proceso de cambio. Un factor fundamental es la modernización del Estado. Sin embargo, la modernización en esta área tiene apellido. Por un lado desde lo legal se articulan leyes y decretos que otorgan importancia al Desarrollo regional y Desarrollo Local. Por otro lado se habla aquí de descentralización. Dichos procesos apuntan en general a una extensión de la democracia, lo que significa el aumento del poder en la toma de decisiones y en la implementación de proyectos desde una mirada de los propios participantes. La superación de la Pobreza como iniciativa prioritaria hoy en día traspasa estos procesos y se transforma en un área de actualización, en tanto ya no se la define como carencia sino en base a una asociación con el tema desarrollo. Estos temas pasan a ser objetos de estudio necesario para la Psicología Comunitaria, particularmente desde la perspectiva de la intervención.
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Rodríguez Pérez, María Ángeles. "La transparencia en la Administración: la experiencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias". Revista Española de la Transparencia, n.º 16 (29 de abril de 2023): 347–72. http://dx.doi.org/10.51915/ret.210.
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La transparencia es una exigencia de todo Estado democrático de derecho, como principio rector de la actuación de la Administración pública y el derecho de acceso a la información pública una de sus principales manifestaciones. El derecho español ha tardado en hacer efectivo este derecho a través de un desarrollo legal propio, tras incluirse en el Texto Constitucional; y lo ha hecho mediante una ley ordinaria, no como parte de la doctrina que defendía otorgarle el carácter de derecho fundamental. Así, también debe ser vocación política la de contribuir a potenciar los principios y valores de la democracia participativa a través del cumplimiento de la normativa por todo el personal obligado a ello. En análogos términos podemos referirnos a las leyes administrativas, en algunas de las cuales se ha incorporado la transparencia como principio de actuación de la Administración, lo que bien merece que la transparencia se convierta en un objetivo prioritario de todo gestor público.
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Pani, Erika. "Aquellos hermanos nuestros… Ciudadanía y exclusión en los territorios conquistados". Historia Mexicana 70, n.º 3 (10 de dezembro de 2020): 1095. http://dx.doi.org/10.24201/hm.v70i3.4179.
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El objetivo de este ensayo es mostrar, a través de los juicios de amparo que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los conflictos en torno a la nacionalidad mexicana que se dieron principalmente en las primeras décadas del siglo XX, en particular los procesos de desnacionalización que afectaron a mexicanos, o a quienes así se consideraban. En ese momento los mecanismos y las leyes para definir quiénes serían los nacionales todavía estaban en proceso de construcción, y se crearon tanto traslapes entre legislaciones opuestas, como limbos legales, en los cuales quedaron atrapadas muchas personas. El artículo aborda los problemas que enfrentaban los ciudadanos para comprobar su nacionalidad mexicana, y las dificultades que ha tenido el Estado mexicano para lograr un registro confiable de su población, hasta hoy en día inexistente. Los individuos cuyos casos que llegaron a la Corte tienen en común haber estado inmersos en algún tipo de conflicto legal o político. En lugar de haber sido llevados ante la justicia, el artículo muestra que se extranjerizó a individuos mexicanos para aplicarles el artículo 33, y expulsarlos del país, recurso mucho más expedito que los cauces tradicionales de la justicia, ya que no admitía defensa alguna.
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Siaden Sosa, Manuel Eduardo, Manuel Jesús Elera Vargas e Jaime Gabriel Castilla Barraza. "Técnicas Especiales de Investigación en la función de investigación policial: Una revisión sistemática". Revista Escpogra PNP 3, n.º 2 (19 de abril de 2024): 98–111. http://dx.doi.org/10.59956/escpograpnpv3n2.8.
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El presente trabajo tuvo como objetivo realizar una revisión sistemática de las Técnicas Especiales de Investigación en la función de investigación policial en delitos de crimen organizado. En términos metodológicos, se utilizó el protocolo PRISMA para analizar múltiples fuentes, incluyendo leyes, investigaciones nacionales e internacionales sobre el tema. Los resultados revelaron que estas técnicas son fundamentales en la fase preliminar de investigación, donde el personal de la Policía Nacional que cumple la función de investigación, en estrecha colaboración con el Ministerio Público, recolecta elementos de convicción. Estos se documentan en partes o actas que luego se anexan al expediente fiscal, constituyendo una base sólida de pruebas para el proceso penal. El estudio concluyó que la implementación correcta y legal de las Técnicas Especiales de Investigación, dentro de los principios de reserva, legalidad y proporcionalidad, es esencial para combatir la complejidad de los delitos cometidos por organizaciones criminales. Asimismo, resaltó la importancia de la coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, quienes, bajo el marco legal adecuado, realizan una labor conjunta para recabar pruebas sólidas, preservando los derechos individuales y el debido proceso. Estas técnicas se erigen como un pilar para desarticular estructuras delictivas y asegurar un proceso judicial efectivo, manteniendo la integridad del estado de derecho en el país.
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DELGADO OTAZU, ERICSON. "REPRESIÓN DE ACTOS LESIVOS HOMOGÉNEOS Y LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA DEL PERSONAL DOCENTE QUE LABORÓ BAJO EL RÉGIMEN DE LAS LEYES 24029 Y 25212 EN EL PERÚ". YachaQ Revista de Derecho, n.º 11 (31 de julho de 2020): 167–80. http://dx.doi.org/10.51343/yq.vi11.368.
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Todo Estado está comprometido a garantizar a todo sujeto de derecho el acceso a la justicia, suministrando recursos judiciales efectivos a quienes se sientan agraviados; para ello, cada Estado debe optar con las medidas correspondientes para eliminar todo impedimento que obstaculice el pleno ejercicio de tal derecho; en el Perú contamos con la institución de la represión de actos lesivos homogéneos, regulado de manera genérica en el art. 60 del Código Procesal Constitucional; sin embargo, podría ser explotado y empleado con resultados muy favorables para garantizar una tutela jurisdiccional realmente efectiva, en determinados casos por ejemplo, los que involucran el reconocimiento de beneficios laborales del sector educación.
Every state is committed to guaranteeing to all legal subjects access to justice by providing effective judicial remedies to those who feel aggrieved; for this, each state must opt for the corresponding measures to eliminate any impediment that hinders the full exercise of such right; in Perú we have the institution of the repression of homogeneous harmful acts, regulated in a generic way in art. 60 of the Constitutional Procedural Code; however, it could be exploited and used with very favorable results to guarantee a really effective jurisdictional protection, in certain cases, for example, those that involvethe recognition of labor benefits in the education sector.