Artykuły w czasopismach na temat „Mexico. Sistema Nacional de Combate a la Corrupción”

El propósito del artículo es destacar el papel de la profesionalización en el combate a la corrupción en México. El texto describe algunos elementos que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, se revisa y demuestra la importancia de la profesionalización en la lucha contra de la corrupción, se analiza el estado actual de la profesionalización en México y se propone crear una Ley General e instancias formales que alienten la profesionalización de la función pública en todo el país en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.Palabras clave: sistema nacional anticorrupción, corrupción, profesionalización, servicios civiles de carrera, burocracia profesionalAbstract The purpose of the article is highlight the paper from the professionalization in the combat to the corruption in Mexico. The text describes some elements that make up the National Anticorruption System, analyzes the importance of professionalization in the fight against corruption, examines the current state of professionalization in Mexico and proposes to create a General Law and formal instances that encourage the professionalization of the public function throughout the country within the framework of the National Anticorruption System.Key words: national anticorruption system, corruption, professionalization, civil career services, professional bureaucracy

La corrupción se ha convertido en un problema sistémico en México, que socava los cimientos de la Administración pública y genera consecuencias devastadoras para la sociedad en general. El escrito aborda los diferentes aspectos en los que la corrupción afecta la administración estatal, como el nepotismo, el soborno y el mal uso de los recursos públicos. Estos fenómenos minan la eficiencia y la transparencia en la gestión gubernamental, obstaculizando el acceso equitativo a los servicios básicos y limitando el desarrollo del país. Además, se analiza cómo la corrupción afecta los derechos humanos de las personas en México. La falta de integridad y la impunidad que prevalecen en los actos corruptos generan un clima de injusticia y vulnerabilidad para la ciudadanía; en donde la corrupción socava la igualdad de oportunidades, perpetúa la desigualdad socioeconómica y obstaculiza la protección de los derechos fundamentales, como el acceso a la justicia, la educación y la salud. En conclusión, este artículo resalta la estrecha relación entre la corrupción en la esfera administrativa del Estado mexicano y la violación de los derechos humanos. La lucha contra la corrupción no solo es fundamental para la consolidación de un gobierno transparente y eficiente, sino también para garantizar una sociedad justa y equitativa, en la que todos los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos fundamentales.

La reciente reforma constitucional en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, implicará un redimensionamiento y re conformación de los órganos encargados del combate a la corrupción, donde se involucra a la sociedad, además de crearse entes de relevancia constitucional; no obstante, la figura del Juicio Político permaneció intocada, generando un desfase dada la obsolescencia de esta institución y su nula eicacia. En tal sentido, el presente artículo tiene por objeto hacer un análisis crítico de la igura del Juicio Político, a partir de los antecedentes del Impeachment Británico, así como en los Estados Unidos de América, para culminar con la crítica de la igura ante citada igura en el ordenamiento jurídico mexicano, con especial referencia al estado de Guanajuato.

A lo largo de este artículo, se analizará la situación en la que se encuentra México en cuanto a los niveles de corrupción, sin embargo, el estudio se realizó con un enfoque internacional. Esto desemboca en la impunidad y la poca visibilización de la corrupción, misma que ha tenido una significativa evolución en el siglo XXI. Se siguió una metodología cualitativa, ya que las realidades son subjetivas y variables, se utilizaron distintos casos de países. En un inicio, se pretendía destacar la omisión al gran conflicto que ha proliferado en nuestro país, es decir, la corrupción en gran escala, la captura y la cooptación del Estado. Después, el trabajo dio un giro fascinante, nos percatamos de la ausencia de dichos conceptos en las legislaciones mexicanas e internacionales. Entonces, resulta imposible solicitar al gobierno que regule e investigue algo, que ni siquiera se encuentra escrito en las leyes. Buscaglia, E., Gonzalez S., & Ratliff W. (2005). 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Este trabajo presenta, con base en el ejemplo mexicano y los marcos normativos e institucionales creados a partir de las reformas constitucionales 2014-2015, una serie de reflexiones en torno a la convergencia de la transparencia y el combate a la corrupción en la rendición de cuentas como principio, concepto y conjunto de prácticas aplicables a lo público que tienen la posibilidad de abonar a las condiciones de continuidad del desarrollo democrático, porque esa convergencia y vinculación lo es también, a través de los derechos humanos. En ese sentido, se analizan las relaciones entre los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción mexicanos, en tanto instancias de coordinación nacional para atender estos dos temas, pero sobre todo, para dar cauce a la incidencia y agencia de las personas.

<p>En 2016, se hizo un intento por reconfigurar el sistema de vigilancia y control del gasto público. Se aprobó una nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), con el objetivo de articular las diferentes partes del enorme rompecabezas que existe en la materia, también se aprobó una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas y una nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Adicionalmente, la reforma al artículo 102 constitucional transformó la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República con plena autonomía legal del Ejecutivo Federal. El ensayo actual inicia con una reflexión crítica sobre algunas de las reformas recientes y después propone algunas acciones que nos permitirían construir un Sistema Nacional de Transparencia, Fiscalización y Rendición de Cuentas que realmente sirva.</p><div> </div>

El objetivo del artículo es discutir el rol de la participación ciudadana en el combate a la corrupción, a partir de la reciente creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en México. En específico, centra su atención en los comités de participación ciudadana, como vía institucionalizada en el SNA. El estudio afirma que la participación ciudadana tiene implicaciones en el combate a la corrupción, pero es insuficiente si no se acompañe de otros ingredientes que fortalezcan la gestión de la participación ciudadana en el SNA.

Derivado de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, con la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, se involucra a todas las autoridades de todos los niveles de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. En el presente artículo se dan a conocer las acciones implementadas por la Visitaduría General en materia de combate a la corrupción.

El fenómeno de la corrupción en México ha sido uno de los males que afecta, de manera significativa, a la propia administración pública del país, la conducción del Estado y sobre todo los resultados a favor hacia la población. Por lo anterior, la intención de este análisis es el verificar el modelo actual de combate a la corrupción, destacando la importancia e incidencia de la participación ciudadana en acciones de diseño, difusión, implementación y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción; de igual forma, a través de una metodología mixta, desde el análisis legislativo y contextual, en el presente artículo se pretende mostrar el contexto socio político actual bajo el que funcionan el Sistema Nacional Anticorrupción y los Comités de Participación Ciudadana.

La corrupción tiene una amplia gama de efectos nocivos que obstaculizan el bienestar de la sociedad. Diversos estudios confirman que es un problema complejo, multifactorial, sistémico, de gran profundidad y crecimiento alarmante en México. También indican que las acciones para luchar contra la corrupción no han funcionado, una muestra clara es la ausencia de sanciones contundentes a los grandes casos de corrupción como “Casa Blanca”, “Oceanografía”, “Odebrecht”, “OHL”, “la estafa maestra”, entre otros. La sociedad civil organizada ha tomado un nuevo papel en el combate a la corrupción, implica una gran responsabilidad de participar de manera conjunta con el gobierno en la búsqueda de soluciones. En esta investigación se muestran los resultados más significativos sobre este grave problema, el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana como pilar del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo cual, se obtienen importantes e interesantes conclusiones. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es estudiar la importancia de la participación ciudadana en la implementación de políticas y estrategias en el combate a la corrupción.

En el documento se da cuenta de lo acontecido durante la IJornada de la celebración del día internacional del combate a la corrupción, en la que participaron la Doctora Fabiola Navarro Luna, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, IIJUNAM, quien disertó magistralmente sobre “El Papel de la academia y la ciudadanía”, seguida de la intervención del Maestro Jaime Hernández Colorado1 denominada “El municipio como reto del Sistema Nacional Anticorrupción: diagnóstico y buenas prácticas”; concluyendo, tan importante evento, con la presentación de la conferencia magistral del Doctor Jorge Fernández Ruiz de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM “El combate a la corrupción en México”.

En este documento se aborda el tema del Sistema Nacional Anticorrupción en México y las dificultades que ha enfrentado en el proceso de su implementación. Si bien, las premisas que le dieron origen, siguen vigentes, es la primera vez que en nuestro país se cuenta con un mecanismo para trabajar en el combate a la corrupción no de manera aislada sino conjuntamente, las autoridades de los tres ordenes de gobierno y la participación activa de la sociedad civil, elemento que en esta lucha es clave y motor para accionar y hacer lo que sea necesario para evitar, que esta estrategia, en el contexto de la alternancia en los Poderes de la Nación, pase a engrosar, la larga lista de los proyectos fallidos al efecto.

El combate a la corrupción requiere adoptar reformas institucionales integrales que establezcan las bases para fortalecer al Estado de derecho y la rendición de cuentas. El presente artículo argumenta, sin embargo, que se requiere del respaldo vigoroso y sostenido de actores decisivos para que esas reformas funcionen conforme a lo esperado. De lo contrario, por más innovadoras que sean, pueden verse limitadas o anuladas en la práctica. Este argumento se desarrolla con base en un análisis del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de México. El SNA representa el caso de una innovación institucional para la rendición de cuentas, establecida en un país caracterizado por una corrupción política persistente y arraigada. El análisis muestra que el SNA fue producto de un proceso legislativo que contó con la eficaz intervención de redes de expertos y de organizaciones altamente especializadas en el tema, en una coyuntura favorecida por los escándalos de corrupción que afectaron al gobierno en turno. Esto permitió que la iniciativa original del gobierno fuera reemplazada por un esquema institucional mucho más ambicioso y progresivo. El análisis muestra, asimismo, que el SNA ha enfrentado resistencias de distinta índole, lo mismo en el plano nacional que subnacional. En particular, las expresiones ambivalentes o débiles de compromiso hacia ese sistema, mostradas por actores clave en momentos decisivos, han limitado su plena implementación.

El artículo busca mostrar un acercamiento al estado que guarda el problema de la corrupción en México, así como la comprensión del modelo actual de combate a la corrupción y la incidencia que ha tenido este a partir de la reforma constitucional de 2015 donde justamente se agrega como sello principal, el involucramiento ciudadano. Si bien, hasta ahora, se han realizado múltiples esfuerzos desde el gobierno y la sociedad civil para tratar de frenar y revertir este problema que le ha causado a México un gran costo social, económico e institucional, tal parece que la semilla sembrada no ha dado los frutos esperados. Desgraciadamente, podemos concluir que muchos de esos esfuerzos, sobre todo los que corresponden al poder político, se han instrumentado solo como formas de justificar el poder y han carecido de dos ingredientes fundamentales: la participación ciudadana y la voluntad política. En lo que, sí se ha avanzado, es en el trabajo que, desde las organizaciones sociales, académicas y de comunicación, se ha llevado a cabo para analizar, proponer y visibilizar el problema, lo que, sin duda, obliga a la autoridad a actuar y rendir cuentas. Palabras clave: corrupción, política anticorrupción, estado de derecho, Sistema Nacional Anticorrupción.

Este artículo analiza el desempeño del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de combate a la corrupción. Me enfoco en entender los orígenes del Sistema Nacional Anticorrupción (sna), cómo está formado, y en identificar los retos y posibilidades de éxito de cara al futuro. Con base en la revisión de la evidencia reunida, propongo que, en materia de anticorrupción, el desempeño del gobierno de Peña Nieto fue reactivo, incompleto y limitado. Los esfuerzos respondieron principalmente a la necesidad de aplacar el descontento social, mientras que los recursos se mantuvieron precarios y nunca se formuló una política anticorrupción eficaz. Más aún, no hubo voluntad política para consolidar y mejorar la estrategia en ciernes, ni una coalición que asegurara su continuidad. Estos defectos explican por qué el sna no ha podido consolidarse, hasta ahora, como una estrategia anticorrupción de largo plazo.

En el presente trabajo se realiza un análisis crítico y propositivo de las modificaciones constitucionales y legales recientemente aprobadas en México para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. A juicio del autor, se trata de un modelo normativo con avances limitados en el combate efectivo a este grave flagelo social, proponiendo replantearlo estructuralmente desde la propia Constitución a partir de un rediseño normativo-institucional que privilegie su carácter preventivo y no represivo, además de promover y concretar los valores y principios relacionados con la garantía y respeto de los derechos humanos así como aquellos que inciden en el ejercicio de la función pública, traducidos en conductas éticas, transparentes y honestas de los agentes estatales. En suma, incorporar un modelo de combate a la corrupción acorde con las exigencias de un verdadero Estado constitucional y democrático de derecho.

El presente artículo tiene como objetivo reflexionar en torno a la creciente importancia que ha tomado la labor de fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en México. El autor expone una serie de retos que habrá de enfrentar la ASF en el contexto del vigente Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). En el trabajo se revisa la composición y forma de funcionamiento del SNA, aludiendo al papel que habrá de desempeñar la ASF para erigirse en eje rector sustantivo. El autor ofrece una propuesta de consolidación y evolución del SNA hacia un pleno Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Además, el autor expone el modelo de fiscalización alemán como ejemplo de una entidad fiscalizadora de calidad y, finalmente, concluye con una serie de propuestas que tienen como finalidad fortalecer a la ASF en su desempeño como pilar sustantivo de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en México.

En el documento se ordena los resultados obtenidos del analisis (a 5 años de distancia) de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción mediante el cual se instituyó un nuevo modelo de responsabilidad administrativa de los servidores públicos en el que se elevó a rango constitucional la distinción, entre faltas administrativas graves y no graves; se ampliaron las facultades de las autoridades encargadas de prevenir, investigar, sancionar y corregir actos de corrupción, que podrán también investigar e imponer sanciones a los particulares, personas físicas o morales, que participen en la comisión de faltas administrativas graves y en actos de corrupción; que las faltas graves serán investigadas y substanciadas por los órganos Internos de control de las instituciones de orden federal o local, en tanto que la determinación de la sanción correspondiente será competencia de los Tribunales Locales y/o Federal de Justicia Administrativa y/o de los juzgados en los que las Fiscalías Especailizadas en Anticorrupción Locales y Federal presenten sus denuncias según corresponda. Por lo que respecta a las faltas administrativas no graves, estas serán investigadas, sustanciadas y resueltas por los Órganos Internos de control, es decir, de estas no conoceran-- en uso de facultades materialmente administrativas las salas especializadas en materia anticorrupción de los Tribunales Locales y Federal de Justicia Administrativa.

Al cierre de la presente edición de INNOVAR, la ciudadanía en Latinoamérica y Colombia se encuentra consternada frente a los hechos de corrupción público-privada que han sido conocidos por la opinión pública en casos como los de Reficar ("Reficar: ¿el escándalo económico del siglo?", 2016) y Odebrecht ("¿Qué es el caso Odebrecht?: claves para entender el millonario escándalo de corrupción", 2017), entre otros. La consternación no se debe tanto a la novedad de los hechos, sino a la dimensión de los ilícitos y a la posición de los implicados (que incluye a múltiples miembros de las élites políticas, económicas y empresariales de varios países de la región). El malestar social crece ante la incapacidad de prevención y la ineficacia en la reacción de los aparatos de justicia. El siglo XXI ha sido especialmente profuso en eventos que visibilizan prácticas corruptas, tanto en el contexto empresarial como estatal: Enron, Worldcom, Adelphia, Tyco, Parmalat, J. P. Morgan, hipotecas subprime, los papeles de Panamá, entre muchas otras (Ashforth, Gioia, Robinson y Treviño, 2008). La dimensión de la corrupción supera las fronteras geográficas, las formas de gobierno de los Estados, las tradiciones culturales y los niveles de desarrollo socioeconómico de los países.El origen de la corrupción, sus manifestaciones y dimensiones, así como los mecanismos para enfrentarla, constituyen un campo de estudio que reclama enfoques inter y multidisciplinarios. Existen aproximaciones desde diversas perspectivas: la economía, la sociología, el derecho, la teoría organizacional, entre otros, y se identifican diversos enfoques y cuerpos de teoría que buscan explicar y comprender tal problemática (Pinto, Leana y Pil, 2008). Desde el punto de vista de la gestión y la teoría de las organizaciones, reconociendo la variedad de paradigmas sobre el asunto, un texto que ya se considera clásico fue el artículo de Diane Vaughan (1999) "The Dark Side of Organizations: Mistake, Misconduct, and Disaster" publicado en Annual Review of Sociology. La importancia del tema, fruto de la profundización de las crisis por corrupción del presente siglo, llevó a que una publicación académica tan reconocida como Academy of Management Review dedicara un número especial al abordaje de este fenómeno en el 2008.Allí, Lange (2008) ha definido la corrupción organizacional como: "[…] pursuit of individual interests by one or more organizational actors through the intentional misdirection of organizational resources or perversion of organizational routines" (p. 710). Esta definición enfatiza los comportamientos y malas prácticas de los gestores como fuente de la corrupción en las organizaciones. Pone el acento, por tanto, en la corrupción como una desviación de los individuos, de los agentes que solo persiguen su interés particular. Sin negar la responsabilidad de los individuos en la corrupción los fallos éticos-, es necesario también desarrollar un enfoque sobre la estructura y el sistema como generadores de corrupción en las organizaciones. El abordaje que desde la ciencia política y la filosofía se ha realizado a partir de la "banalidad del mal" (Arendt, 2003) puede aportar a este propósito en las ciencias de gestión y en la teoría organizacional. La tesis central de este planteamiento es que lo criminal y lo aberrante se pueden convertir en lo legal o en lo axiológicamente valorado como correcto en ciertas condiciones históricas, lo que hace que se establezcan estructuras que promueven lo incorrecto e institucionalizan una forma de lo corrupto. Esto impide que el juicio individual opere como freno ético del mal (Arendt estudió cómo los militares alemanes que participaron en el genocidio judío creían actuar correctamente y simplemente cumplir con las órdenes emitidas por el Tercer Reich).Los últimos años han visto la entrada a la gestión organizacional de perspectivas soportadas en la competencia sin límite, la visión de corto plazo, la gestión por medio del estrés, la generación de inestabilidad psicológica como motivante del desempeño, la amenaza del desempleo y el abrumador consumo y sus efectos sobre el medioambiente; y todo esto tiene lugar bajo el objetivo estandarizado del crecimiento incesante de los rendimientos financieros (con el eufemismo de la "creación de valor"). Estos elementos se han convertido en imperativos institucionalizados y naturalizados que hacen parte de las estructuras de las organizaciones contemporáneas. Gerentes y subalternos señalan: "¡así es la organización, ese es el mercado, todos se comportan igual!". Este contexto normaliza la "astucia" como valor que debe ser premiado, la "viveza" como capacidad a exaltar, la innovación como cualquier cambio formal por el que pagan los consumidores y, en su conjunto, promueven la negación de las consideraciones éticas por el interés general, lo que evita la valoración del impacto de las acciones administrativas sobre las personas, el entorno social y el medioambiente -es decir, negando la otredad-.Así pues, desde esta tribuna que es INNOVAR, convocamos a los investigadores en Colombia e Iberoamérica a realizar aportes teóricos e investigaciones empíricas que enriquezcan nuestra comprensión del flagelo de la corrupción, para plantear propuestas para su identificación, prevención y tratamiento; de esta manera, se pueden superar los enfoques que responsabilizan solamente a los individuos, sin abordar adecuadamente las dimensiones sistémicas o estructurales de la corrupción organizacional.La edición 64 de INNOVAR se estructura en cuatro de nuestras tradicionales secciones. La primera sección está dedicada a Marketing, y en esta publicamos tres trabajos, resultados de investigación.Desde la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, el investigador James Sánchez-Alzate y la profesora Luz Alexandra Montoya aportan a este número el artículo titulado "La confianza como elemento fundamental en las compras a través de canales de comercio electrónico: caso de los consumidores en Antioquia (Colombia)". La investigación tuvo como objetivo identificar y recoger los factores que afectan la confianza de quienes compran por medios electrónicos en un mercado local, concretamente en Antioquia. Metodológicamente el trabajo se desarrolló por medio de una encuesta a 500 participantes, cuyo instrumento siguió una estructura de diseño según la escala de Likert, con la que posteriormente se realizaron análisis estadísticos descriptivos. Se concluye que la reputación del vendedor, el riesgo percibido, la privacidad en el manejo de los datos y la seguridad de las transacciones son los factores más influyentes en la confianza de los consumidores en el estudio realizado.Los profesores António Carrizo, Pedro Freitas y Victor Ferreira, de la Universidad de Aveiro, Portugal, son los autores del trabajo "The Effects of Brand Experiences on Quality, Satisfaction and Loyalty: An Empirical Study in the Telecommunications Multiple-play Service Market". El artículo se planteó como objetivo aportar al conocimiento sobre el papel que juega la experiencia de marca, relacionando factores como la satisfacción, la confianza y la calidad en el servicio, en la lealtad hacia esta. El objeto de estudio estuvo compuesto por usuarios del sector telecomunicaciones en Portugal. Metodológicamente se desarrollaron ecuaciones estructurales, para identificar relaciones causales en los constructos para cada factor. Los resultados muestran que la experiencia de marca está significativamente relacionada con la lealtad, la confianza y la calidad. Se concluye que las experiencias de marca pueden ser una oportunidad clara de diferenciación en el sector servicios.Con el artículo "La influencia del consumo simbólico en la intensidad de uso de las redes sociales digitales y el valor percibido de las experiencias", el profesor Gonzalo Luna Cortés, de la Universidad Autónoma del Caribe, Colombia, participa en esta sección de Marketing. El trabajo tiene como objetivo analizar la relación existente entre la congruencia de la experiencia y la identidad, con el valor percibido de la experiencia. También busca aportar evidencia empírica sobre las experiencias de consumo simbólico por medio de las redes sociales. Se realizaron 380 encuestas a estudiantes universitarios españoles, con las que se concluye que la percepción del consumidor, relativa al refuerzo de su propia identidad, aumenta su satisfacción y la intención de recompra. Esto se evidencia de forma muy clara en el consumo por medio de las redes sociales.La segunda sección de este número de la revista está dedicada a las Empresas de Menor Tamaño y presenta dos artículos de investigación.De la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia, el profesor Leonardo Santana nos presenta su artículo "Determinantes de la supervivencia de microempresas en Bogotá: un análisis con modelos de duración". La investigación tuvo como objetivo establecer la tasa de supervivencia de las microempresas en Bogotá, identificando las principales variables financieras que determinan el nivel de supervivencia. Con información financiera y de apertura y cierre de 25.523 microempresas, provista por la Cámara de Comercio de Bogotá, se aplican modelos de duración para realizar la medición perseguida. Se identifican como determinantes de la duración de la empresa el número de empleados, la rentabilidad operativa y la capacidad de generación de ingresos para atender el servicio de la deuda.Los profesores Natanael Ramírez, Alejandro Mungaray, José Gabriel Aguilar y Yadira Zulith, vinculados a la Universidad Autónoma de Baja California, México, son los autores del trabajo "Microemprendimientos como instrumento de combate a la pobreza: una evaluación social para el caso mexicano". El artículo tiene como objetivo evaluar la rentabilidad social y económica de un grupo de microempresas (marginadas) de Tijuana (México). Al mismo tiempo, busca evaluar la pertinencia del fomento al desarrollo de la microempresa como política de lucha contra la pobreza y de desarrollo social del país. El trabajo estudia 394 microempresas ubicadas en zonas marginales de Tijuana, que recibieron servicios de capacitación, asistencia técnica y acercamiento a las fuentes de financiamiento. Los resultados del trabajo muestran que la vulnerabilidad de estas empresas es menor una vez son apoyadas, por lo que resulta pertinente el fomento gubernamental con financiación y capacitación, ya que ayuda a paliar la pobreza, promoviendo el desarrollo económico.En nuestra sección de Turismo, se publican dos trabajos resultados de investigación.El artículo titulado "Determinantes estratégicos en la formación de la lealtad del joven residente: el caso de las Islas Canarias" es el resultado de investigación de los profesores José Alberto Martínez, Noemí Padrón y Eduardo Parra, vinculados a la Universidad de la Laguna, España. El trabajo buscó identificar las variables que determinan la formación de la lealtad de los jóvenes que residen en destinos turísticos domésticos (concretamente en las Islas Canarias). A partir de una muestra de 678 jóvenes residentes en Tenerife y Gran Canaria, se desarrolló un cuestionario, y con los datos se construyó un modelo de ecuaciones estructurales. Los resultados muestran que la orientación al mercado, constituye la base para generar procesos que consiguen la lealtad del consumidor, así como que la satisfacción es la única variable que determina la lealtad.Las profesoras Marysela Morillo Moreno y Cororina del Carmen Cardozo Moreno, de la Universidad de los Andes, Venezuela, son las autoras del artículo "Sistema de costos basado en actividades en hoteles cuatro estrellas del estado Mérida, Venezuela". En el contexto de competitividad que presenta el sector hotelero, este trabajo buscó formular un modelo de costos ABC para hoteles cuatro estrellas del estado Mérida (Venezuela), enfatizando en sus aportes a la creación de valor, el control y la reducción de costos. A partir de un enfoque de investigación cualitativo, de campo, de carácter exploratorio, descriptivo y documental, se caracterizó el contexto hotelero (por medio de entrevistas y observación directa), se identificaron sus necesidades y se planteó el modelo, llegando a la identificación de actividades y criterios de asignación del costo. Se concluye que los costos ABC son una herramienta de gestión que orienta las decisiones estratégicas y el control de costos, con diversos beneficios.La sección Aportes a la Investigación y la Docencia de este número recoge tres artículos académicos.Desde la Universidad de Talca, Chile, los profesores Sebastián Donoso-Díaz y Nibaldo Benavides Moreno suscriben el artículo que lleva por título "Descentralización de la gestión de la educación pública e institucionalidad local en Chile: el caso de los directores comunales de educación". Este trabajo busca analizar la institucionalidad y la gestión de la educación pública local en Chile, mostrando los cambios promovidos por los marcos normativos que buscan modernizar la administración pública. Particularmente, el documento se enfoca en el rol institucional y funciones de los jefes de departamentos de educación municipal. Con un enfoque metodológico cualitativo y a través de entrevistas semiestructuradas, se identifican "nudos críticos" en las funciones de los jefes de departamento que deben resolverse. Por ello, el trabajo formula propuestas de reorganización de la educación en el plano local.Se publica en este número el artículo titulado "Una reflexión ex post facto sobre la conducción de estudios multicaso para la construcción de teoría en ciencias de gestión", de autoría de la profesora Ruth Esperanza Román Castillo, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia, y el profesor Ali Smida, de la Universitéde Paris 13 Sorbonne Paris Cité, Francia. Este trabajo recibió reconocimiento como una de las mejores ponencias presentadas en el Primer Congreso Internacional de Gestión de las Organizaciones (CIGO), desarrollado en la Universidad Nacional de Colombia, del 17 al 20 de noviembre del 2015. El objetivo de este trabajo es mostrar cómo, desde los referentes metodológicos de los estudios multicaso, se pueden realizar contribuciones teóricas a las ciencias de gestión. Evaluando las contribuciones de Yin (2014) y de Stake (2006), se muestran las potencialidades de la experiencia concreta, la reflexión observacional, la conceptualización abstracta y de la experimentación activa, en los estudios multicaso y sus aportes al desarrollo de teorías en ciencias de gestión.En una colaboración internacional, las profesoras Cecilia Alexandra Portalanza, de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador, Merlin Patricia Grueso, de la Universidad del Rosario de Colombia, y el profesor Edison Jair Duque, de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador, son los autores del artículo titulado "Propiedades de la Utrecht Work Engagement Scale (UWES-S 9): análisis exploratorio con estudiantes en Ecuador". El trabajo tuvo como objetivo analizar las propiedades psicométricas de una escala de engagement (compromiso o lealtad de marca) académico en estudiantes pertenecientes a una institución de educación superior en el Ecuador. Las implicaciones de este trabajo en el plano teórico se relacionan con la necesidad de desarrollar un marco conceptual que permita explicar el constructo del engagement en Latinoamérica que, por sus condiciones, podría diferir de lo que ocurre en otros contextos. Desde un punto de vista práctico, la ies en la que se aplica la escala debería fortalecer su engagement, para conseguir un mayor compromiso o lealtad de sus actuales y futuros estudiantes.Finalmente, nuestra edición cierra con el aporte del profesor Carlos Eduardo Maldonado, de la Universidad del Rosario, Colombia, quien realiza una reseña del libro Teoría general de sistemas. Conceptos y aplicaciones, de autoría de Carlos Alberto Ossa, editado por la Universidad Tecnológica de Pereira.

Ayer como hoy en el marco de este I Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipal: Hacia gobiernos locales cercanos y modernos" cuyo eje temático en esta Mesa 4 es "el Régimen Municipal y el combate a la Corrupción " conviene recordar que si bien ha sido científicamente demostrado que uno de los grandes obstáculos para el desarrollo, lo es la corrupción3---- variable, sólida, que acorde a Reyes Heroles explica la miseria arraigada en la mitad de la población del orbe4 -- también es cierto que la participación ciudadana entre otras, es imprescindible para garantizar una mejor sociedad;

El artículo explora las formas de Participación Ciudadana (PC) institucionales establecidas en la experiencia del combate democrático a la corrupción en México. El abordaje teórico y metodológico del artículo lo desarrollamos mediante la siguiente estructura. En el primer punto se especifican los aspectos teóricos de la PC, precisando las diferencias entre el Poder Delegado y el Poder no Delegado. En un segundo momento analizamos la PC en el marco de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), precisando el rol y las facultades del Comité de Participación Ciudadana (CPC), mismo que ha sido replicado por los sistemas locales. En el tercer punto nos aproximamos a la respuestas de la siguiente pregunta relacionada con la experiencia del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes: ¿Qué actividades colaborativas y de vigilancia cívica pueden realizar los sistemas anticorrupción en México para su fortalecimiento? En el punto último dejamos como reflexión los obstáculos potenciales de la PC en los sistemas anticorrupción, estableciendo a las competencias ciudadanas y a la alfabetización administrativa como elementos fundamentales a desarrollar.

This paper analyses the proposals of Mexico’s President, Enrique Peña Nieto, to foster accountability and transparency in his country. Of particular interest is the creation of Mexico’s Anti-Corruption Commission (Comisión Nacional Anticorrupción). After reviewing success factors of other Anti-Corruption Commissions (ACC), particularly the need to guarantee their independence, the paper evaluates the challenges facing the Commission and Peña Nieto’s anti-corruption strategy, from a legal (constitutional), institutional and political point of view. Reference is also made on the linkages between organised crime and corruption. The paper finds that the main challenges include a weak Judiciary, an under-developed legal system, and the lack of coordination between the country’s federal, state and municipal governments. The paper concludes with reflections in order to foster integrity and inform debate on anti-corruption in the country. Este artículo analiza las propuestas del presidente de México, Enrique Peña Nieto, para fomentar la responsabilidad y la transparencia en su país. De particular interés resulta la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción de México. Tras revisar los factores de éxito de otras comisiones anticorrupción (CAC), particularmente la necesidad de garantizar su independencia, el artículo evalúa los desafíos que enfrenta la Comisión y la estrategia anticorrupción de Peña Nieto desde un punto de vista legal (constitucional), institucional y político. También se hace referencia a los vínculos entre el crimen organizado y la corrupción. El artículo encuentra que entre los desafíos principales se encuentra un poder judicial débil, un sistema legal mal desarrollado y la falta de coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal del país. El artículo concluye con reflexiones destinadas a fomentar la integridad e informar el debate anticorrupción en el país.

En el actual panorama de seguridad latinoamericano adquiere particular relevancia la criminalidad organizada, con un nítido correlato de violencia. Para enfrentar con eficacia esta situación, las naciones de la región han realizado importantes esfuerzos, que hasta hoy no ha arrojado los resultados esperados, de acuerdo a la propia Organización de Estados Americanos.El objetivo del presente trabajo consiste en plantear la utilidad que puede reportar un moderno enfoque de seguridad nacional, amplio y abarcativo, para realizar un abordaje integral al flagelo de la criminalidad en la región. Ese enfoque debe trascender las perspectivas tradicionales de seguridad pública, que enfatizan en la prevención y represión del delito, para incluir además lecturas multicausales más amplias, propias de la seguridad ciudadana. El punto de vista de la seguridad ciudadana permite detectar tres factores de clara incidencia directa en la difusión y profundización de la criminalidad organizada en América Latina: la corrupción, la impunidad y la fragilidad estatal con insuficiente gobernabilidad.Nuestro análisis sostiene que en América Latina es posible adoptar una concepción de seguridad nacional moderna y dinámica, lejos de la controvertida Doctrina de la Seguridad Nacional de la Guerra Fría. Esa concepción debe reconocer la heterogeneidad de amenazas y riesgos contemporáneos, y que combine seguridad pública y seguridad ciudadana en la lucha contra el crimen organizado. Argentina, Guatemala y México son ejemplos de la adopción de modernos enfoques de este tipo, perfectamente compatibles con la vigencia del sistema democrático y el respeto a los derechos humanos.El artículo se estructura en una introducción, un desarrollo dividido en tres partes, y unas breves conclusiones. En el desarrollo, primero se revisarán algunas cuestiones atinentes a la criminalidad latinoamericana, identificando tres elementos que inciden en su crecimiento y expansión, y que son abordables desde una perspectiva de seguridad ciudadana. Luego se describirán los límites y contenidos del moderno concepto seguridad nacional, señalando que sus alcances pueden incluir el combate al crimen organizado. En tercer lugar, identificaremos y describiremos someramente tres casos de aplicación en América Latina de una concepción moderna de seguridad nacional que incluyen, dentro de sus áreas de incumbencia, a la criminalidad organizada.

La definición legal de los conflictos de intereses dista de ser clara. La exigencia ideal de una actuación irreprochable de los funcionarios públicos podría situarse en el registro de cromático del blanco. En el extremo contrario, el funcionamiento defectuoso de esta exigencia, resulta más fácil de percibir mientras se trate de actos de corrupción, o de tráfico de influencias. Tales comportamientos sancionables, que entran en el ámbito del derecho penal, podrían situarse en el registro cromático del negro. Sin embargo, la imbricación frecuente entre intereses públicos y privados de los agentes del Estado, vuelve cada vez más difícil identificar en qué momento las zonas grises entre el blanco y el negro, pueden ser permitidas, o bien, volverse reprochables. Estas zonas grises suelen implicar sanciones administrativas, o bien, permanecer como faltas de orden político. En la primera parte, se efectúa una revisión de las causas que explican la prototípica falta de efectividad latinoamericana de las normas deontológicas. Sostiene que la principal causa de la debilidad de las sanciones frente a los frecuentes conflictos de intereses, se explica por el formalismo legal tan enraizado en nuestro continente. En la segunda parte, se plantea que los sistemas ideados en el continente (haciendo énfasis en el caso mexicano) se muestran rebasados, y poco adaptados a las realidades actuales. La probidad pública parece un reto imposible de asumir para las administraciones nacionales. De ahí que el autor plantea la posibilidad de implementar, en un mayor número de casos, mecanismos de soft law, que imbricados con los existentes de hard law, pudieran ofrecer mejores condiciones para el combate a estos actos reprochables. Que aunque parecieran insignificantes (por encontrarse fuera del ámbito penal), suelen ir construyendo los antecedentes de conductas penalmente sancionables.

La implementación de la Armonización Contable nos proporcionara información útil para una mejor toma de decisiones, fomentar la inversión gracias a la confianza, mejoramiento de la administración pública, satisfacción de la ciudadanía, mecanismos de control, combate y abatimiento a la corrupción. Los objetivos de la armonización contable son: Facilitar la toma de decisiones; Homogeneidad de la información financiera; Establecimiento de normas para el manejo eficiente del gasto público; Registro de operaciones de manera automática, armónica, especifica de las operaciones contables. En crea el En 1986 se crea el Public Sector Comitte (PSC), hoy conocido como el Consejo de Normas Internacionales de la Contabilidad Pública (IPSASB), a partir de 1997 el IPSASB desarrollo un programa elaborando 21 NICPS dirigido a las entidades publicas las cuales deben seguir el criterio del devengo basandose en las NIC; en 2002 se finalizo el proceso de la la aprobación de las 21 NICSP y un glosario de terminos. (Buch Gómez & Cabaleiro Casal, 2006:3) En 2008 se pública la Ley General de Contabilidad Gubernamental, esta Ley propone la creación de un sistema de información contable y financiera del sector público homogéneo en los tres niveles de gobierno.normativo común que sea aplicable en cada uno de los niveles de gobierno. El objetivo de esta Ley es establecer un marco normativo común que sea aplicable en cada uno de los niveles de gobierno. El 7 de mayo de 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación un Decreto que reformo varios artículos de la Constitución, con tres objetivos principales: 1. Incrementar la calidad del Gasto Publico, 2. Prevenir erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura, 3. Lograr el fortalecimiento y rendición de cuentas. En 2009 se crea el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que tiene como objetivo dar seguimiento a los criterios los cuales regirán la contabilidad gubernamental, esto nos permitirá medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto y el ingreso de los Entes Públicos. La fiscalización de los recursos públicos está regulada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica del Poder Legislativo Federal y Ley de Fiscalización Superior Federal. Para llevar a cabo el proceso de fiscalización estos organismos de fiscalización deberán aplicar normas y procedimientos de auditoria, deberán realizar un programa de trabajo, así como la aplicación de diferentes tipos de auditorías.

The research focuses its analysis on the Electronic Government application in the ecuadorian public administration, taking into consideration the violation of the quality tenet inscribed in the Organic Administrative Code, a law that regulates the exercise of the administrative function of public sector institutions. The methodology used follows a qualitative, descriptive-documentary type route, under an exhaustive review of the Ecuadorian jurisprudential regulations that structure and sustain this document. Despite the fact in Ecuador there have been plans such as the Electronic Government 2018-2021, with the objective a procedure could affect the quality principle based on non-compliance. In summary, the need to integrate the Electronic Government in Ecuador, in order to have an efficient and competitive public administration, hoping to recover the legitimacy of the administration. Keywords: public administration, electronic government, quality principle, ICT’s. References [1]A. 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En el presente artículo, se explicará la necesidad de imponer límites al Poder Público en materias de suma importancia como el combate a la corrupción, siendo que, el papel principal del combate a la corrupción, lo debe de tener la ciudadanía como los establecen los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Para cumplir con las obligaciones internacionales respecto a la participación ciudadana, se establecerán los pasos que se siguieron para constituir un sistema en donde la ciudadanía presuntamente tiene el papel principal en el combate a la corrupción. Dando como resultado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), dicho sistema innovó en su constitución dando cabida a la Sociedad Civil (SC) y en este aspecto en el procedimiento para la elección de los representantes de estos, los cuales tendrán como objetivo combatir la corrupción. Por lo cual se menciona cómo se integra el SNA, incluyendo a los Sistemas Locales Anticorrupción que son parte del Sistema Nacional y se explicará cada componente, pero lo subyacente, será verificar, que tanto participa el poder público en cada elemento del SNA. Lo más significativo es que, se llegará a una determinación si funciona como está el SNA y si existe una efectiva participación de la SC, para determinar si es una ilusión la participación ciudadana en el combate a la corrupción.

El objetivo del presente ensayo consiste en analizar las herramientas con que cuenta el Estado mexicano para identificar y combatir los actos de corrupción; en ese contexto, se estudia el diseño normativo, institucional y de políticas públicas que ha adoptado nuestro país para enfrentar dicho fenómeno. Asimismo, se exponen los antecedentes del combate a la corrupción, se señalan las principales adecuaciones normativas y los cambios estructurales que han tenido lugar para construir el régimen de responsabilidades vigente. Además, se explica la implementación y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, para coordinar los esfuerzos de prevención, detección y sanción de estos actos. Finalmente, se destacan los retos y perspectivas, al tiempo que se sugieren estrategias de acción en la materia.

<span lang="ES">El artículo se propone analizar el Estado de Derecho en México y el incremento de la corrupción en el periodo que va de 2015 a 2021, así como la herramienta creada para su combate: el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Para ello, se construye un marco teórico y conceptual partiendo del postpositivismo jurídico y la postura liberal igualitaria, con ellos se puede percibir que el SNA no ha funcionado como herramienta eficaz en el combate a la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Considerando normas y estudios sobre la materia, se realiza el análisis del SNA desde su estructura, función y fin, identificándose problemas de coherencia y un mínimo impacto en la realidad, hallazgos que hacen evidente la necesidad de fortalecer la institucionalidad del SNA y generar consensos democráticos sobre la forma de combatir la corrupción.</span>

El Estado de Puebla debe cumplir con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción , la investigación enfoca el avance alcanzado y retos para dar respuesta a las medidas adoptadas en el combate a la corrupción, tarea nada sencilla, en beneficio de la ciudadanía , utilizando una técnica documental se analizó la estructura de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) comparada con la Ley Federal en la Materia, encontrando puntos de coincidencia y diferencias, también se localizó la instalación del Comité Coordinador Estatal , las sesiones que ha llevado a cabo, centrando la atención en el Comité de Participación Ciudadana , que a la fecha cuenta con un Plan de Trabajo, con acciones como de prevención, detección, combate y sanción de hechos de corrupción, otra vertiente es el documento que ha publicado sobre políticas anticorrupción para el Estado de Puebla, manejando cuatro ejes: Profesionalizante, Fincamiento de responsabilidades, Punto de Contacto y Corrupción (CPC) en redes, los resultados obtenidos van en función de las expectativas que habrán de cumplir, la falta de facultades para que el CPC pueda emprender acciones directas son limitaciones, ya que depende del consenso de los otros integrantes del SEA el concretar acciones definitivas para combatir la corrupción.

La vida democrática encuentra en el fenómeno de la corrupción a uno de sus principales adversarios, generando consecuencias negativas en la calidad de la representación política. El desarrollo económico no logra alcanzar sus niveles deseables, de igual forma los programas sociales de combate contra la pobreza se ven afectados, además de que los gobiernos incurren en las malas decisiones como efecto de la corrupción. Los esfuerzos recientes para atender este fenómeno derivaron en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como la instancia de coordinación y responsable de los aspectos relacionados con la prevención, investigación y sanción, además de diseñar, implementar y evaluar la política nacional anticorrupción. El objetivo de este trabajo es medir el progreso de la reforma en materia anticorrupción iniciada en 2015, que se materializa en el Sistema Nacional Anticorrupción y en los Sistemas Locales Anticorrupción en México, presentando los avances, pasando por la implementación y retos que tiene que enfrentar el nuevo Gobierno nacional.

Presenta un panorama general de la situación de la corrupción en la República Mexicana, por medio de datos estadísticos graficados, tomados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Describe y explica el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción en su estructura e interacción que debe tener entre las autoridades federal, estatal y municipal, con los ciudadanos del país. Presenta un esbozo general del archivo que se genera en las dependencias de la Administración Pública, en cuanto a su importancia, organización y uso, para garantizar el combate y la erradicación de los actos de corrupción en el gobierno federal, estatal y municipal

El crecimiento de la corrupción en México ha dado origen a acciones gubernamentales para combatirla, lo anterior vincula a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) desde un enfoque de Rendición de Cuentas con el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) unido al Sistema Nacional Anticorrupción(SNA), este último da origen a modificaciones de ordenamientos existentes y leyes, de ahí el interés de analizar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), cuyo objeto es señalar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares, tipificando cada falta y sanción que se aplicará un vez investigada y calificada. Este estudio es una recopilación documental para analizar el contenido de la ley, su impacto en la prevención de la corrupción, así como dar a conocer la importancia de las responsabilidades administrativas en que pueden verse involucrados servidores públicos y particulares, también se muestran datos de las actuaciones de los servidores públicos, sin embargo, es de suma importancia una vez analizada la información documental, proponer alguna acción coadyuvante a las acciones establecidas en la LGRA e involucrar a jóvenes estudiantes en la participación ciudadana, apoyando acciones de combate a la corrupción.

El objetivo de este trabajo es demostrar que la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en escenarios de diversidad cultural requiere de la interculturalidad como principio rector. Se toma como referente teórico el pluralismo jurídico y se utilizan el método histórico y el derecho comparado para demostrar, mediante un estudio de caso, que en los municipios de mayoría indígena del estado de Chiapas (México) combatir la corrupción desde el referido sistema implica la existencia y el reconocimiento de sistemas normativos alternos con su propia percepción del tema y que solo por medio de la inclusión de componentes de la interculturalidad se puede propiciar el diálogo entre los diferentes participantes. Lo anterior justifica la consideración de la interculturalidad como uno de los principios rectores del Sistema Nacional Anticorrupción, en especial en escenarios de diversidad cultural, pues de esta forma se garantizaría el combate a la desigualdad social y la corrupción, desde el contexto de cada pueblo y comunidad indígena, promoviendo la transparencia y la honradez como valores del servicio público.

México está viviendo un periodo de transición de un sistema obsoleto e inoperante para nuestro tiempo a otro totalmente nuevo. Es un proceso de cambio que entraña riesgos y resistencias, pero que es necesario e impostergable, pues su retraso o cancelación implicaría altos costos para el futuro de una nación en plena transformación, de tal manera que el análisis del Sistema Nacional Anticorrupción debe partir de un fundamento ético, mismo que expondremos a continuación, que es de donde deben partir, precisamente, las políticas públicas en materia de seguridad pública y combate a la corrupción como parte de ese reto hacia la nueva normalidad.