Gotowa bibliografia na temat „Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia”

En este artículo indago sobre la exigibilidad de los derechos sociales a partir de visiones críticas que formulan autores que entienden a la democracia como una conversación entre iguales (Habermas, Nino, Gargarella, Alegre, Atria). Particularmente, examino algunas razones que han contribuido a reducirlos a «derechos de segunda», frente a los civiles y políticos. En ese cometido evalúo dos categorías de frecuente uso en el discurso de los derechos humanos: la que los califica según sean (o no) operativos y la que los separa por generaciones. A partir de allí doy cuenta de la convergencia existente entre las categorías «derechos de segunda generación» y «derechos programáticos». Luego describo visiones críticas de esa reducción, para sugerir que garantizar derechos sociales puede mejorar el valor sustantivo y el valor epistémico de los procesos democráticos. Finalmente, apunto algunas reflexiones provisorias.

Los países latinoamericanos realizaron, a partir del restablecimiento de la democracia en la región, cambios significativos de normas y estructuras en materia de inteligencia, que en la generalidad de los casos buscaron adaptar sistemas de inteligencia creados o modificados durante la Guerra Fría, conforme a las doctrinas de seguridad nacional vigentes por entonces, a los requerimientos propios de la democracia.Tal objetivo fue logrado solo parcialmente: se sancionaron leyes que en la mayoría de los casos incluyeron a los sistemas de inteligencia existentes, con modificaciones no sustanciales; se establecieron controles externos de la actividad de inteligencia con muy limitadas facultades, controles judiciales respecto de determinadas actividades intrusivas de la privacidad por parte de los organismos del sector y, en algunos casos, límites a la actividad de inteligencia; se crearon organismos civiles de inteligencia en algunos países que poseían exclusivamente inteligencia militar, pero subsistieron diferencias fundamentales entre los sistemas de inteligencia latinoamericanos y aquellos propios de los países que han logrado aunar la legitimidad y la eficacia en la actividad de inteligencia. En los últimos años, han tenido lugar en México y Ecuador cambios no sustanciales en la actividad de inteligencia, un cambio de cierta significación en Perú, un importante pero aún limitado avance en Uruguay y, muy recientemente, un cambio muy positivo en Brasil, mientras que en la Argentina y Chile se han propuesto modificaciones, en pleno debate en el último caso. Reviste interés examinar tales cambios y las tendencias subyacentes.

En este trabajo se analizan de manera crítica los enfoques que sobre la medición de la pobreza y sobre las políticas de lucha contra la misma, han presentado organismos como el Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), los cuales se contrastan algunas veces con aquellos correspondiente al Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El artículo comienza por clasificar las diferentes formas de medir la pobreza de los citados organismos, las cuales conducen a la presentación de cifras bastante disímbolas sobre su incidencia en América Latina. En cuanto al análisis de las políticas de lucha contra la pobreza, el autor ubica primero el sentido de las mismas para cada organismo (políticas inmersas en el modelo neoliberal en el caso del BM; en el “enfoque integrado” de CEPAL y en el “desarrollo sin pobreza” del PNUD); a continuación se refiere a la manera como los tres organismos explican la existencia y agudización de la pobreza, para presentar más adelante, de forma bastante detallada, los objetivos y componentes de las estrategias (reducción sostenible de la pobreza para el BM; crecimiento con equidad, ambientalmente sustentable y en democracia, para la CEPAL; aumento de la calidad y cantidad de la vida de los miembros de la sociedad, para el PNUD). El trabajo finaliza con un balance comparativo crítico de los rasgos básicos, sobre todo de las propuestas del BM y de la CEPAL, mostrando tanto sus diferencias como sus puntos de convergencia.

En la notable diversidad que caracteriza a la gran y creciente cantidad de estudios sobre políticas públicas, hay una coincidencia básica: las políticas públicas se orientan al tratamiento y eventual resolución de problemas. A partir de ese consenso central reaparecen las divergencias: cuándo algo -una situación o circunstancia, el comportamiento de un actor, un hecho de la naturaleza, u otro- se convierte en problema, en virtud de qué criterios técnicos, ideológicos, de oportunidad política, etc. ese algo deviene problema susceptible de tratamiento por una política estatal -como acertadamente denominaron Oszlak y O’Donnell a las políticas públicas-, cómo se elabora, qué factores o criterios inciden en la selección de problemas que integran la agenda de gobierno, qué tipo de racionalidad la orienta. Los problemas que motivan a las políticas públicas tienen una característica principal: siempre son problemas complejos y en consecuencia multidimensionales, aún los más específicos o particulares, por reduccionista que resulte el enfoque que se practique de ellos. La integralidad de la organización social se proyecta sobre sus múltiples dimensiones. La política de atención en salud, por ejemplo, debe tomar en cuenta factores ambientales, educativos, la existencia de organizaciones profesionales con visiones particulares sobre el tema, la configuración del mercado de producción y comercialización de medicamentos, y otros más. Lo mismo ocurre en todas las otras áreas temáticas encaradas en perspectiva de política estatal. En consecuencia, por específica que sea, toda política pública intersecta con facetas de la realidad que son el objeto problemático de otras políticas públicas. En virtud de la organización político-administrativa de los estados que producen las normas que enmarcan a las políticas, esa intersección se manifiesta en términos sustantivos -los temas y enfoques que componen los problemas- y como interjurisdiccionalidad -la incumbencia institucional y espacial de varios organismos de la administración pública, la verticalidad del deslinde jurisdiccional y la especificidad funcional-. Es decir, como ámbito estructurado de convergencia y coordinación entre múltiples organismos públicos, así como diferentes niveles de competencia, decisión y ejecución. Esta pluralidad gravita también en las burocracias públicas que tienen como áreas específicas de desempeño las distintas competencias de gestión que hacen posible que determinadas políticas sean producidas y puestas en funcionamiento y otras descartadas o bloqueadas; es una estrecha interrelación, por debajo de los altos niveles decisorios políticos, que ilustra la porosidad e inclusive el carácter ficticio (Migdal) de la frontera entre lo público y lo privado, alimentando la literatura acerca del “Estado profundo” (deep state) y su eficacia en evadir las limitaciones derivadas de las normativas constitucionales y legales. Sin alcanzar estos extremos, no es infrecuente la competencia entre organismos por la asignación presupuestaria de recursos, o las rivalidades y celos entre agencias públicas y sus funcionarios. Esto favorece la persistencia de un enfoque fragmentado y contribuye a que las instancias de coordinación, creadas para asegurar coherencia en las acciones en la perspectiva de la agenda integral de gobierno, enfrenten limitaciones en el cumplimiento de sus objetivos. La coordinación resulta en muchos casos una yuxtaposición de aspectos parciales, sobre todo cuando el organismo coordinador tiene menor nivel institucional o político que las unidades supuestamente coordinadas, o cuando la coordinación carece de un enfoque estratégico del aporte de las políticas de cada campo a la “gran política” que impulsa la acción de gobierno. Es esta una situación que se registra tanto entre políticas públicas y los organismos con incumbencia en ellas, como entre distintos niveles de gobierno. La coordinación no es meramente un ejercicio de técnica administrativa o presupuestaria, sino una función política. Hace ya varias décadas Alejandro Nieto elaboró un diagnóstico implacable de este asunto en la administración pública del estado español: La desorganización del gobierno (1984). Lamentablemente no he podido encontrar algo equivalente o parecido en referencia a la experiencia del estado argentino en las cuatro décadas de recuperación de la democracia, a pesar de la gran cantidad de trabajos referidos a la cuestión ya convencional de las competencias del mismo entendidas como eficacia y eficiencia del estado en el desempeño de las funciones que asume. Las denuncias a través de los medios y de las redes sociales, incluso las que se presentan en el ámbito judicial, no han contribuido a resolver las ineficiencias que se vocean. Los primeros trabajos que integran el presente número de la RPPP encaran esta problemática desde distintos ángulos. El texto de Cattáneo y Bocchinicchio argumenta la necesidad de adoptar nuevas perspectivas en el diseño y gestión de las políticas públicas en el abordaje de problemas multicausales y multisectoriales, y expone la tensión que se genera en las estructuras y prácticas convencionales de gestión respecto de iniciativas orientadas a superarlas. El artículo llama la atención sobre la necesidad de formar y consolidar una nueva generación de funcionarios que enfoquen los problemas públicos en clave de transdisciplinariedad y señala el destacado papel que corresponde al sistema universitario en la formación de los cuadros técnico-profesionales requeridos para una eficiente articulación institucional de niveles, incumbencias y resultados. Sergio Blogna pone la mira en algunas de las especificidades planteadas por el diseño federal del estado nacional y su relación con los estados provinciales, a través de la configuración de los consejos federales como herramienta institucional de coordinación de políticas públicas y el caso del Consejo Federal de Discapacidad. Por su parte, el artículo de Rodrigo Carmona, Bárbara Couto y Matías Calvo explora los rasgos que presentan los modelos de intervención local a partir de una metodología de análisis cualitativo para abordar políticas, acciones y capacidades en materia productiva y laboral en una selección de municipios bonaerenses. Surge de su estudio el pragmatismo de las gestiones locales, con relativa autonomía del signo político partidario de los gobiernos municipales. En la sección “Avances de Investigación” Matías Galgano presenta resultados de su estudio del proceso de renovación urbana en un municipio del Conurbano Bonaerense, la gravitación creciente de la financierización neoliberal en el desarrollo del mismo, y las distintas posiciones adoptadas al respecto por la población afectada. La reciente pandemia de COVID-19 y las acciones de política emprendidas a su res[1]pecto en Argentina constituyen el objeto de los artículos de Giuseppe Messina y de Chantal Medici. El texto de Messina estudia las principales medidas adoptadas durante la pandemia del COVID-19 y en el periodo inmediatamente posterior en tres áreas de la protección social argentina: las transferencias a personas mayores, a hogares con niños, niñas y adolescentes y a personas en edad laboral, enfocando los programas Alimentar, Potenciar Trabajo e Ingreso Familiar de Emergencia, las prestaciones del sistema previsional y de las asignaciones familiares. El objetivo de la investigación es analizar cómo evolucionó durante el periodo seleccionado la cobertura de la población destinataria de esos programas y la suficiencia de los montos otorgados en términos de la línea de pobreza. Entre los principales resultados destaca la insuficiencia de los montos otorga[1]dos, la caída, con algunas excepciones, del gasto real en políticas sociales y la ausencia de medidas de carácter universal para la población en edad laboral; solo en el caso de las personas mayores se logró una buena, aunque decreciente, protección frente a la pobreza, mientras que la de los niños/as y adolescentes fue la categoría más afectada pese a la concentración de medidas en esta franja etaria, como la AUH y la tarjeta Alimentar. El trabajo de Chantal Medici sintetiza las principales acciones desplegadas por los activismos feministas y grupos aliados, en torno al debate parlamentario del proyecto de ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, que había sido remitido al Congreso por el gobierno surgido de las elecciones generales de octubre 2019. Explora la acción masiva mantenida mientras la posibilidad de organizar grandes manifestaciones públicas se vio interrumpida por la pandemia y el aislamiento obligatorio, y los vínculos y negociaciones con actores políticos (gubernamentales y no gubernamentales) y sociales. La incorporación del carácter constitutivamente multiétnico de nuestras sociedades a las agendas de políticas públicas y a la gestión de los intereses colectivos tuvo y sigue teniendo una orientación predominante hacia los pueblos originarios del continente. Contrasta marcadamente con la atención prestada a pueblos y organizaciones étnicamente diferenciadas, implantados por las potencias coloniales a partir del siglo XVI en condiciones variadas de esclavitud o servidumbre. El artículo de Mónica Olaza y asociadas estudia la condición social de la población afrodescendiente en el mercado de trabajo en Uruguay y las modalidades de discriminación a que se encuentra expuesta a pesar de la existencia de un plexo normativo orientado a prevenirlas. El texto es útil asimismo para apreciar la distancia que suele existir entre los diseños normativos e institucionales y las prácticas sociales. Leopoldo Zubeldía y Sofya Sutrayeva presentan la evolución de un proceso de investigación científica en Argentina -desarrollo de una vacuna veterinaria contra la brucelosis- y las tribulaciones que enfrenta un país de la semiperiferia capitalista para ampliar sus capacidades científico-tecnológicas, los vericuetos de la cooperación internacional, su cuestionable filantropía, y la hegemonía desplegada por los grandes laboratorios de Europa y Estados Unidos. En la línea de los trabajos de María Mazzucato, los autores señalan el papel estratégico del Estado, sus organismos científico-técnicos y las universidades públicas en la producción y aplicación de conocimiento científico y en su impulso al desarrollo del país, así como la formación de alianzas colaborativas con contrapartes empresariales que, además de su utilidad científica y comercial, preserven la primacía de los intereses nacionales en los escenarios planteados por los actores dominantes en la financierización capitalista global. Carlos M. Vilas Director.

La thèse analyse les identités politiques de l'élite dirigeante d'un réseau national d'organisations civiles au Mexique: la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia. L'étude recourt aux récits de vie des dirigeants, centrés sur leurs trajectoires de participation politique. La manière dont les dirigeants racontent leurs trajectoires est analysée à partir de l'analyse structurale du discours, pour construire une typologie des formes identitaires des dirigeants. Le vecteur de l'analyse est la contribution de ce type d'acteur politique au processus de démocratisation au Mexique, à travers la coopération et le conflit que ces militants établissent avec le régime, tout au long de leurs trajectoires d'activisme politique.

Durante los últimos veinte años, los países más pobres del mundo se han rezagado aún más en comparación con los países ricos o de ingresos medios. Su crecimiento per cápita promedio fue cero. Se trata de un resultado imprevisto, ya que desde la perspectiva de la teoría económica, la globalización y la convergencia de políticas económicas implicarían que los países más pobres deberían crecer a mayor velocidad que los países ricos. Las principales razones para que esto no ocurriera residen en la mayor probabilidad que tienen los países pobres de involucrarse en guerras y conflictos civiles. Tan solo este factor representa una pérdida de ingresos de aproximadamente 40% en veinte años. Las reformas, más lentas que las de los países de ingreso medio, tienen cierta importancia, aunque mínima. El aumento de flujos por parte de acreedores multilaterales tampoco ayudó, ya que el efecto neto sobre la tasa de crecimiento se ha estimado en cero. Por último, no se puede demostrar que la democratización ni los logros por una mejor educación hayan tenido un impacto positivo importante en el crecimiento de los países pobres. La reducción de la prevalencia de conflictos parece ser el primer y principal paso hacia la restauración del crecimiento. Es posible que otras variables pudieran haber arrojado resultados positivos si el conflicto fuese menor en estos países.

El estado de las democracias en América Latina presenta una preocupante tendencia de erosión y estancamiento. Informes de referencia como el Democracy Index, el elaborado por Latinobarómetro o el Democracy Pulse evidencian un descenso continuo en la calidad de las democracias de la región. El respaldo a la democracia, así como la satisfacción con su funcionamiento son igualmente bajos, con alrededor de la mitad de la ciudadanía insatisfecha en ese sentido. Esto se refleja en una mayor confianza hacia organismos militares o religiosos, en detrimento de instituciones civiles que encuentran los niveles más bajos de apoyo popular. En ese sentido, las democracias latinoamericanas están obligadas a encontrar fórmulas para su reforma, y evitar la tendencia en aumento de aparición de liderazgos políticos iliberales.