Tesi sul tema "2010 i-344"

La posició de l'administrador de societats de capital després de la modificació que la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per a la millora de el govern corporatiu, ha emprès en el capítol III del títol VI de la Llei de Societats de Capital, ve determinada per un cos estatutari de deures fiduciaris que caracteritza la gestió societària com una professió que imposa un necessari contingut i dedicació funcional, una observança de l'escenari normatiu -directa o indirecta-, i una aplicació a la gestió social alineada a l'interès social amb diligència general, bona fe i lleialtat corporativa. La delimitació funcional de la figura de l'administrador social ocupa un destacadíssim lloc en el moviment de Corporate Governance. La relació que uneix l'administrador amb la societat s'emmarca dins de les relacions representatives de gestió i es caracteritza pel seu caràcter fiduciari, atípic, bilateral, consensual, onerós i obligatori. L'alineament únic i exclusiu amb l'interès social aporta l'element fiduciari que fonamenta la relació gestora i causalitza tot el cos prestacional. En aquest escenari relacional, la Llei 31/2014 ha delimitat i precisat el marc conductual del gestor social sobre els dos deures tradicionalment lligats a la relació fiduciària d'administració societària: el deure de diligència i el deure de lleialtat. El primer, funcional i dispositiu, imposa un judici tècnic. El segon, disfuncional e imperatiu, imposa un judici ètic o axiològic. En el present treball s'analitza la posició nuclear d'administrador de societats en el moviment de govern corporatiu, la relació fiduciària de gestió representativa de l'administrador amb la societat, els deures fiduciaris que de la mateixa emanen i els efectes e instruments que ofereix l'ordenament en cas d'infracció dels deures fiduciaris pel gestor social.
La posición del administrador de sociedades de capital tras la modificación que la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, para la mejora del gobierno corporativo, ha acometido en el capítulo III del título VI de la Ley de Sociedades de capital, viene determinada por un cuerpo estatutario de deberes fiduciarios que caracteriza a la gestión societaria como una profesión que impone un necesario contenido y dedicación funcional, una observancia del escenario normativo -directa o indirecta-, y una aplicación a la gestión social alineada al interés social con diligencia general, buena fe y lealtad corporativa. La delimitación funcional de la figura del administrador social ocupa un destacadísimo lugar en el movimiento de Corporate Governance. La relación que une al administrador con la sociedad se enmarca dentro de las relaciones representativas de gestión y se caracteriza por su carácter fiduciario, atípico, bilateral, consensual, oneroso y obligatorio. El alineamiento único y exclusivo con el interés social aporta el elemento fiduciario que fundamenta la relación gestora y causaliza todo el cuerpo prestacional. En dicho escenario relacional, la Ley 31/2014 ha delimitado y precisado el marco conductual del gestor social sobre los dos deberes tradicionalmente ligados a la relación fiduciaria de administración societaria: el deber de diligencia y el deber de lealtad. El primero, funcional y dispositivo, impone un juicio técnico. El segundo, disfuncional e imperativo, impone un juicio ético o axiológico. En el presente trabajo se analiza la posición nuclear del administrador de sociedades en el movimiento de gobierno corporativo, la relación fiduciaria de gestión representativa del administrador con la sociedad, los deberes fiduciarios que de la misma emanan y los efectos e instrumentos que ofrece el ordenamiento en caso de infracción de los deberes fiduciarios por el gestor social.
The position of the capital company administrator after the amendment that Law 31/2014, of December 3, for the improvement of corporate governance, has undertaken in chapter III of title VI of the Capital Companies Law, is determined by a statutory body of fiduciary duties that characterizes corporate management as a profession that imposes a necessary content and functional dedication, an observance of the regulatory setting -direct or indirect-, and an application to social management aligned to social interest with general diligence, good faith and corporate loyalty. The functional delimitation of the figure of the social administrator occupies a very prominent place in the Corporate Governance movement. The relationship that unites the administrator with society is framed within representative management relationships and is characterized by its fiduciary, atypical, bilateral, consensual, onerous and obligatory nature. The unique and exclusive alignment with the social interest provides the fiduciary element that underlies the managerial relationship and causes the entire benefit body. In this relational setting, Law 31/2014 has defined and specified the behavioural framework of the social manager regarding the two duties traditionally linked to the fiduciary relationship of corporate administration: the duty of diligence and the duty of loyalty. The first, functional and discretionary, imposes a technical judgment. The second, dysfunctional and imperative, imposes an ethical or axiological judgment. This paper analyses the nuclear position of the company administrator in the corporate governance movement, the fiduciary relationship of representative management of the administrator with society, the fiduciary duties that emanate from it and the effects and instruments offered by the law in case of infringement of fiduciary duties by the social manager.

La tesis concreta una aproximación actualizada a la problemática que genera el tratamiento y aplicación de los delitos relativos a la Propiedad Intelectual.Se acomete, como prius lógico, la tarea de efectuar un recorrido por el marco internacional y supranacional de protección de la propiedad intelectual, su anclaje constitucional, los ámbitos nacionales de tutela civil y administrativa, la necesidad de la intervención penal, la evolución y el estado normativo actual de los tipos penales, así como su problemática conceptual y aplicativa justo en el momento de entrada en juego de una nueva reforma penal que trae consigo factores de cambio y nuevos paradigmas regulativos. Sin perjuicio de los aspectos dogmáticos, se atiende también a las cuestiones prácticas que plantean las modernas tipologías y las dinámicas delictivas que con mayor asiduidad se dan en la actualidad. El análisis es preferentemente sustantivo y está trasversalmente imbuido de un propósito de examen acerca de cómo las categorías penales tradicionalmente establecidas se vienen acomodando o transformando en función de la incidencia de la evolución y revolución tecnológicas, mostrando cómo tales procesos influyen en el modo en que el Derecho Penal trata los derechos de autor y conexos, como una consecuencia más de la interacción existente entre nuevas tecnologías y normas penales. La razón y sentido de la reforma de los tipos de los arts. 270 y 271 CP por la L.O. 1/2015 está íntimamente relacionada con ello. Se procede a la identificación y descripción analítica del contexto normativo y la experiencia obtenida en su aplicación con el objetivo de evaluar el ámbito y la situación de la intervención penal y obtener constataciones útiles sobre la esencia propia del ilícito penal, sus elementos diferenciadores frente a la protección civil y administrativa, y, en definitiva, sobre la procedencia, eficacia y optimización de la tutela penal de la propiedad intelectual en su nuevo diseño. La reforma de 2015 ha introducido cambios sensibles que han transformado tanto el tipo objetivo como el tipo subjetivo de la figura base del apartado 1 del art. 270 CP, pero además ha implantado nuevas figuras y ha remodelado otras preexistentes. Se ha conformado un nuevo diseño de la protección penal que se caracteriza por un claro designio de expansión en cuanto a su alcance objetivo y subjetivo. Su definición se aborda examinando las consecuencias que ello conlleva para el bien jurídico protegido y la significación, contenido y alcance de los comportamientos y otros elementos típicos que ahora delimitan la nueva esfera de prohibición penal. Específicamente, las modificaciones introducidas presentan el denominador común de posibilitar el tratamiento como ilícito penal de conductas cuya tipicidad ha sido cuestionada en buena parte de las decisiones judiciales recaídas precisamente por la falta de adaptación de los tipos tradicionales a las nuevas realidades tecnológicas. La tesis efectúa un análisis de todos estos aspectos en un momento en el que por razones evidentes no existe producción doctrinal amplia ni práctica judicial asentada sobre los cambios introducidos. Ello servirá, adicionalmente, para concretar comparativamente los perfiles de las respectivas áreas de protección civil, administrativa y penal y sus correspondientes ilícitos.

El objeto principal de la Tesis ha sido el estudio exhaustivo de un régimen especial de sustitución de la pena de prisión, cuando el autor es un ciudadano extranjero, según la redacción dada al artículo 89 del Código Penal por la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, desde un punto de vista judicial práctico, valorando la oportunidad legislativa o política de esta reforma.

Den här studien är en kritisk diskursanalys av ämnet kroppslig hälsa i skriftlig media. Syftet med studien är att undersöka hur fenomenet kroppslig hälsa framställs i skriftlig media genom språket och dess användning. Analysmodellen vi använt oss av är formulerad av Norman Fairclough och det datamaterial vi använt oss av är av empirisk karaktär och insamlat från svensk skriven media i form av både rikstäckande press och lokalpress. I studien finns även ett avsnitt där vi presenterar tidigare forskning inom ämnet hälsa och diskursanalys. Forskningen presenteras genom fem teman: biopolitik, livsstil, individens ansvar, klass och könsskillnad utifrån ett hälsoperspektiv samt experthjälp. Den teori vi utgått ifrån för studien är främst den för den kritiska diskursanalysen, vi har även använt oss av Foucaults biopolitik vilken främst ges uttryck i diskussionsdelen.  Resultatet för studien presenteras i två delar utifrån Fairclouchs analysmodell; text samt diskursiv praktik. Resultatet redogör vi för med en rad olika teman vi formulerat utifrån den analys som gjorts. De teman som vi formulerat är: hotspråk, den stratifierade hälsan, anvisningar & imperativ, superlativ, vetenskapligt språk och den reella exemplifieringen (del ett). De huvudsakliga diskurser vi funnit i materialet är: den ohälsosamma diskursen, den hälsosamma diskursen, den vetenskapliga diskursen samt den utbildande diskursen (del två).

This is a collection of three papers presented during a workshop in October 2000 in Heidelberg. They discuss to what extent the so-called "new economy" is associated with news ways of organising labour. The aim of the workshop was to organise a comparative discussion on Japan, the USA, and the EU, making use of theory-based reflections. Christoph Scherrer presents some theoretical background on the issue of the "new economy" and asks whether the recent experience of the US productivity performance is indicative of the possibility of growth without cyclical downturns. Michael Muller et al. look at a long-term study of personnel concepts in Europe and try to draw conclusions on what may be happening in Europe's "new economy". Wolfram Manzenreiter finally looks at Japan´s IT industries and asks to what extent the employment situation is being affected.

La novedad introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, según la cual, en virtud de lo dispuesto en sus artículos 543 y 544, quien ostente un título ejecutivo frente a una entidad sin personalidad jurídica puede obtener, con fundamento en él, que se despache ejecución frente a determinadas personas vinculadas de alguna manera con la referida entidad, constituye el objeto de análisis de este trabajo. A tal fin, en primer lugar, se profundiza en un aspecto determinante del supuesto de hecho de la normativa estudiada, la falta de personalidad jurídica de la entidad que consta en el título ejecutivo. Para ello, se analiza el tratamiento de la carencia de personalidad jurídica en el proceso y su relación con la capacidad para ser parte. También se estudia la regulación material de diferentes entidades que pueden considerarse incluidas en el concepto de “entidad sin personalidad jurídica” empleado por la Ley. A continuación, el trabajo se centra en el iter legislativo de los artículos 543 y 544 y su contenido regulatorio, de cuyo análisis deducimos que la Ley, en el supuesto que nos ocupa, efectúa una ampliación de la legitimación pasiva de la acción ejecutiva. Se aborda finalmente el examen de la idoneidad del título ejecutivo para abrir el despacho de la ejecución frente a las personas afectadas por la ampliación de la acción ejecutiva. Partiendo de la significación del título ejecutivo en el proceso de ejecución, de la estructura de éste y de las características de la acción ejecutiva contenida en los artículos estudiados, constatamos que la regulación analizada desconoce institutos esenciales de nuestro ordenamiento jurídico y se enfrenta a otros firmemente consolidados doctrinal y jurisprudencialmente. Todos estos elementos nos han permitido llegar a la conclusión fundamental que se expone al final.
The subject of this thesis is to analyze the new regulation introduced in Civil Procedure by Law No. 1/2000 of January 7, 2000, whose articles 543 and 544 provide that any person holding an enforcement document against an entity without legal personality may obtain, based on this title, the notification of the execution against people connected in a certain way with the entity. With this purpose, the basic point of the scope of the new regulation, the lack of legal personality of the entity which appears on the enforcement document is studied in depth. To do so, the lack of legal personality in the process and its relationship with the capacity to take part in legal proceedings is analyzed. The regulation of various entities which could be considered as the “entities without legal personality” referred to in Civil Procedure Law is also studied. The study then focuses on the legislative procedure for articles 543 and 544 and the regulatory contents. This assessment leads to the conclusion that, in the case with which we are now concerned, the regulation establishes an extension of the defendant’s standing of the executive action. Finally, the suitability of the enforcement document to provide the notification of the execution against the people included in the extension is approached. On the basis of the significance of the enforcement document in the process, the structure of the process and the characteristics of the executive action contained in the above-mentioned articles we come to the conclusion that the regulation examined does not take into account essential concepts of our legal system and is in contradiction with jurisprudence and case-law. As a result, we come to the fundamental conclusion exposed at the end.

El presente trabajo tiene como finalidad el estudio de la nueva Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DOUE L núm. 94 de 28.3.2014), en especial, el análisis de las novedades que introduce respecto de las Directivas de tercera generación, así como las repercusiones que tendrá respecto a la actual regulación de la figura concesional de nuestro ordenamiento jurídico. Hasta el momento la regulación de los contratos de concesiones a nivel comunitario se limitaba al ámbito de aplicación, publicidad y subcontratación y normas aplicables a las concesiones de obras mientras que las concesiones de servicio quedaban excluidas de las directivas salvo el cumplimiento de los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La principal razón por la que las concesiones de servicios quedaban fuera de la normativa de contratación pública europea se debía al diferente tratamiento jurídico que éstas tenían en los Derechos nacionales así como en la necesidad de dotar las autoridades contratantes de un margen de flexibilidad a estas figuras contractuales. Por estas razones ha existido un problema de configuración conceptual en la delimitación de los contratos de concesiones y contratos públicos (especialmente en el ámbito de los servicios) del que se han hecho eco las propias instituciones comunitarias al existir un riesgo de inseguridad jurídica relacionado con las divergentes interpretaciones de los principios del Tratado por los legisladores nacionales y por las diferencias entre la regulación de las legislaciones de los diferentes Estados miembros. Uno de los principales objetivos de Directiva es precisamente la necesidad de instaurar un marco jurídico adecuado, equilibrado y flexible en el ámbito de la adjudicación de concesiones que garantice a todos los operadores económicos de la Unión un acceso efectivo y no discriminatorio al mercado y que afiance la seguridad jurídica. La correcta depuración de los contornos del contrato de concesión respecto a otras figuras contractuales no es una cuestión meramente dogmática, sino que resulta de especial interés práctico. El aspecto clave de la Directiva es la vinculación de la existencia del contrato de concesión a la efectiva transferencia al concesionario del riesgo operacional. La delimitación del riesgo operacional es fundamental a la hora de interpretar en nuevo concepto de contrato de concesión de la Directiva, su anclaje en la concepción tradicional del riesgo y ventura de las concesiones de nuestro ordenamiento así como las afectaciones que produce respecto al contrato de concesión de servicios públicos y al contrato de gestión de servicios públicos. Por todo ello, es necesario el análisis de los principales rasgos caracterizadores del contrato de concesión tal y como está concebido en la Directiva, el estudio del concepto, alcance e impacto del riesgo operacional y, en consecuencia, la necesidad de depurar conceptualmente la figura del contrato de concesión frente a otras figuras contractuales tal y como están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico.

La tesis que aquí presentamos busca estudiar dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, el cómo se ha ido forjando la responsabilidad de proteger (R2P) en el marco de las Naciones Unidas. Y en segundo lugar, analizar las intervenciones de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad en relación a esta temática a través del análisis de la argumentación de los mismos en una selección de debates y documentos oficiales. Se trata de un análisis teórico-práctico que intentará resolver si dentro del marco de la ONU la R2P se interpreta y se explota como algo que va más allá de un concepto meramente político. Nuestro punto de partida será poner a prueba la hipótesis inicial de la R2P, tanto en su formulación formal como en su aplicación en una serie de casos que se fueron sucediendo en el contexto posterior a la Guerra Fría. Asimismo, intentará determinar si se trata de un concepto que terminará resultando en un principio de carácter y aceptación universal o, por el contrario, simplemente responde a una demanda emanada de la comunidad internacional sin utilidad práctica real y aplicable a los conflictos actuales. De la misma forma, este trabajo pretende hacer énfasis en la distinción, si la hubiese, entre el concepto de protección de civiles (POC) y R2P, señalando tanto sus similitudes como sus diferencias. Pero el verdadero valor añadido de este estudio reside en analizar la evolución de la retórica empleada por los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a través del análisis de su discurso político de las intervenciones de los cinco miembros permanentes (P5s) del Consejo de Seguridad en una serie de sesiones públicas en relación a la R2P. Estudiaremos si los conceptos que se han ido acuñando a lo largo de la historia disponen del mismo significado y contenido político, o si por el contrario la terminología empleada va evolucionando a medida que se van sucediendo diferentes acontecimientos históricos. Además de analizar las intervenciones de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad en una selección de debates y reuniones a puerta abierta, también estudiaremos una serie de documentos oficiales del Consejo, resoluciones o declaraciones presidenciales (PRST) donde aparecen reflejadas, tanto en los párrafos operativos como en el preámbulo de las mismas, alusiones a la R2P. Partiremos de que la responsabilidad de proteger supone que, más allá de los principios de soberanía, integridad territorial y la no interferencia en los asuntos domésticos de los estados, cuando un Estado no quiere o no puede cumplir con su responsabilidad de proteger los derechos humanos, relativos a las de cada uno de sus habitantes, corresponde a la comunidad internacional, y en particular a las Naciones Unidas, adoptar medidas colectivas firmes con el objetivo de paliar las atrocidades que se estén produciendo. La tesis se enmarca en el campo de las ciencias sociales, y aunque a primera vista pueda parecer un estudio de gran calado jurídico, por los temas y la materia estudiada, no es este el caso. Se trata más bien de un trabajo que se inserta en una línea de investigación de talante político, dentro de la rama de las relaciones internacionales. La originalidad del trabajo reside, entre otras cosas, en el hecho de que la doctoranda ha ocupado distintos cargos dentro de la ONU. Cabría destacar, entre otros, su estancia en la Misión híbrida las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur (UNAMID), durante 14 meses, en calidad de oficial información pública. Y el trabajo que realizó, entre 2011-2012 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pudiendo ofrecer así una visión real, pragmática y global de cómo funciona el órgano político internacional por excelencia. Por otro lado, y de igual importancia, ha tenido a su alcance datos y la posibilidad de poder trabajar con fuentes primarias de gran relevancia, de acceso restringido, o de difícil acceso. Al comenzar la fase exploratoria de la tesis, donde se tantearon diferentes temas de estudio, siempre dentro de una misma área de conocimiento, la doctoranda decidió ocuparse de un concepto relativamente nuevo en el ámbito internacional, pero que a los pocos años se convertiría en uno de los temas más debatidos en los círculos académicos y políticos. La responsabilidad de proteger vendría a sustituir lo que en la década de los noventa se conoció como intervención humanitaria. A diferencia de la anterior, la R2P pone énfasis en la responsabilidad de Estado de proteger a sus ciudadanos, con el novedoso añadido de que la comunidad internacional cobra un papel primordial a la hora de asistir a estos países a cumplir con sus obligaciones de protección. Por otro lado, cuando nos planteamos este trabajo nos dimos cuenta de que la literatura que se había publicado al respecto era aunque intensa, poco innovadora; es decir, casi todos los autores presentaban en sus textos planteamientos muy similares, hasta el punto de caer en una reproducción generalizada de temas y proposiciones. Por lo que podemos afirmar que son pocas las aportaciones teórico-prácticas en este sentido. De ahí que nos hayamos centrado exclusivamente en aquellos autores que, además de explicar sus antecedentes y rasgos principales han contribuido, de una forma u otra, a la elaboración, consolidación, difusión y afianzamiento del concepto. La revisión bibliográfica que se llevó a cabo durante la primera fase de la elaboración de la tesis se centró en el estudio de libros, capítulos de libros, artículos académico-científicos y documentos oficiales de organismos regionales e internacionales publicados desde principios de los años noventa, hasta el último semestre de 2012; teniendo en cuenta que salvo los documentos relacionados con los antecedentes de la R2P, los demás han sido publicados entre 2005 y 2012. Se trata en su totalidad de literatura en lengua inglesa, menos aquellos textos oficiales que han sido traducidos al español. El motivo que nos ha llevado a examinar publicaciones inglesas en su gran mayoría es porque constituyen las fuentes primarias más relevantes que abordan la noción de R2P. Por otro lado, destacar que no se trató de un análisis exhaustivo de cada publicación, sino de ofrecer una relación de textos que estimamos necesaria para abordar en profundidad el tema que aquí tratamos.

El presente trabajo de investigación se propone como un espacio para la discusión teórica y desarrollo empírico en torno a la problemática del poder que ostentan los medios de comunicación en la sociedad moderna y su capacidad para articular y cristalizar imaginarios sociales mediante una producción discursiva que se disemina por la esfera pública. Por tanto, nuestro trabajo doctoral en un sentido general busca ser un aporte al campo de la investigación en comunicación y periodismo en la medida que promueve el estudio de las construcciones socioimaginarias articuladas por la prensa latinoamericana en contextos de conflicto social. De forma más precisa, este trabajo tiene por finalidad describir el imaginario social de la acción colectiva de protesta y la crisis argentina de 2001 en el discurso editorial de los diarios El Mercurio de Chile y La Nación de Argentina, en la medida que las acciones colectivas de protesta que se llevaron a cabo durante el colapso institucional que sufre este país en el marco del periodo de diciembre de 2001 y de la crisis económica, política y social que afecta a la Argentina corresponden a un momento histórico que marca un punto de inflexión para América Latina a comienzos del siglo XXI.
The present research work aims to promote discussion about the issue of power they hold the mass media in the modern society for crystallize some social imaginaries through the production of a type of discourse that spreads through the public sphere. In this sense, our work, located in the field of communication research and journalism, promotes the study of the social imaginaries crystallized in the Latin American press in contexts of social conflict. More precisely, this work aims to describe the social imaginary about the collective protest action and the crisis in Argentina in 2001, using the discourse analysis in the case of newspapers El Mercurio of Chile and La Nación of Argentina.

I konsumentkreditlagen (2010:1846) (KKrL) finns det bestämmelser om hur kreditprövningar ska genomföras, ändå är det just vid dessa moment som det brister. Det är inte lagstiftningen beträffande kreditprövningarna som brustit, utan snarare tillämpningen av reglerna. Bristfälligheten har uppkommit, eftersom att sanktionsmöjligheterna inte varit tillräckligt avskräckande. Därför behöver sanktionsmöjligheterna stärkas. Genom att näringsidkarna har underlåtit att följa bestämmelserna, har de sparat in arbetskraft, tid samt ökat sin omsättning. Dock resulterar det i att konsumenterna löper större risk att överskuldsättas. För många kan sms-lån vara en sista utväg, vilket kan innebära att näringsidkarna vänder sig till personer som redan har en ostadig ekonomi. En målgrupp med en försämrad ekonomi och en bristfällig kreditprövning kan leda till överskuldsättning. En väg till att minska överskuldsättningen kan vara lagändringarna i proposition 2013/14:34, som har till syfte att verka avskräckande för näringsidkaren. Konsumentverket (KOV) kommer genom ändringarna få möjligheten att tillsammans med en varning kunna meddela en sanktionsavgift. Även fast överskuldsättningen i många fall beror på bristande kreditprövningar, kan även andra lagbestämmelser i KKrL ha en inverkan på problemet. En av dessa bestämmelser kan vara god kreditgivningssed, eftersom den genomsyrar mycket av näringsidkarens arbete till exempel hur näringsidkaren ska genomföra kreditprövningar. Därav utreds det om en ändring av god kreditgivningssed kan vara ytterligare en väg till att minska överskuldsättningen. Införandet av sanktionsavgifter kan minska överskuldsättningen men sanktionsbeloppen kan utformas på ett annat sätt. Det behövs även ytterligare rättsliga åtgärder till avgifterna för att kunna täppa till andra problem på området.

Il presente elaborato è incentrato sull’analisi della riforma riguardante la redazione del bilancio d’esercizio, in seguito all’emanazione della Direttiva 2013/34/UE e al recepimento della stessa con il d.lgs. 139/2015. Partendo dall’origine storica della redazione dei documenti contabili, si illustrano i più importanti interventi legislativi che hanno contribuito ad una modifica dello schema di bilancio. Viene descritto il percorso evolutivo che ha portato al recepimento della Direttiva europea 34/2013, ponendola a confronto con le proposte di riforma OIC del 2006 e 2008 e la normativa attuale. Dopo aver esaminato la struttura e gli obiettivi della Direttiva, l’attenzione si sposta sui principi generali e sui criteri di valutazione che disciplinano la normativa civilistica, confrontandola con quella internazionale. Viene, poi, trattato il recepimento della nuova Direttiva UE, in Italia, con il d.lgs. 139/2015 e come, grazie a quest’ultimo, sia cambiata la struttura del bilancio d’esercizio dal 1° gennaio 2016. Verranno analizzate le varie novità riportate dalla voci e dai documenti di bilancio, con un breve cenno a quanto riguarda il bilancio consolidato. Infine verranno affrontati gli effetti della normativa a livello nazionale e come le imprese si siano adeguate a quest’ultima. Si tratta, quindi, di capire se la nuova impostazione di concepire il bilancio possa portare ad una semplificazione nel confronto tra i diversi bilanci per tutti i portatori di interessi, oppure no.

El presente trabajo de investigación, presentado como Tesis Doctoral, bajo el título de “Las acciones de indemnización por infracción de las normas de competencia. Especial consideración a la Directiva 2014/104/CE”, centra su atención en el complejo análisis de la tutela sustantiva y procesal del Derecho de la competencia, con especial referencia a los problemas teóricos y prácticos que se plantean, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, en orden al ejercicio de las acciones civiles de reparación de los daños y perjuicios que pudieren derivar de los ilícitos antitrust. Tras analizar la conceptualización de la competencia y del Derecho de la competencia, así como su triple dimensión constitucional (institucional, subjetiva y social), se enfrenta la compleja traslación del public enforcement y del private enforcement al ámbito propio del Derecho Procesal. Desde la óptica de la dependencia recíproca entre el Derecho Mercantil y el Derecho Procesal se examinan tanto la regulación antitrust del ordenamiento jurídico estadounidense (rule of reason, per se rule y quick look rule; la persecución de los ilícitos antitrust a cargo de la Antitrust Division; los leniency programs; la interposición de las antitrust damages actions; la legitimación y la construcción de la antitrust injury; la indirect purchaser rule; la passing-on defense; los trebles damages; la institución del discovery; las class actions; y las motions to dismiss y motions to summary judgement); como aquella otra que es propia, por influencia de la Directiva 2014/104/UE, de un largo proceso de armonización, positiva y de mínimos, de las normas de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea relativas al Derecho de la competencia, tanto en su vertiente sustantiva como procesal. Finalmente, desde la perspectiva de la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva europea de daños, que ha tenido lugar mediante el Real Decreto-ley 9/2017, así como teniendo también presente que no es factible optar por una traslación automática de las soluciones del sistema antitrust norteamericano al ámbito europeo, en especial por lo que hace referencia a aquellos Estados de influencia de civil law; se incorporan, fruto de un amplio y comparado análisis doctrinal y jurisprudencial, relevantes conclusiones acerca, entre otras materias, de su ámbito de aplicación (objetivo, subjetivo y temporal); el derecho al pleno resarcimiento; el régimen de responsabilidad conjunta y solidaria; el plazo para el ejercicio de las acciones de daños; los efectos de las resoluciones de las autoridades administrativas y los órganos jurisdiccionales competentes; la cuantificación de los daños y perjuicios; el nuevo concepto de cártel; las soluciones extrajudiciales en el ámbito del resarcimiento de daños; el régimen de sobrecostes (passing-on); la competencia judicial; la legitimación colectiva y las acciones de clase; las diligencias preliminares; las modalidades de follow-on y stand-alone; la acumulación de acciones; la intervención de terceros; la carga de la prueba; el acceso a las fuentes de prueba; y la coordinación entre procesos judiciales.
El present treball d’investigació, presentat com a Tesi Doctoral, amb el títol “Les accions d’indemnització per infracció de les normes de competència. Especial consideració a la Directiva 2014/104/CE”, centra la seva atenció a la complexa anàlisi de la tutela substantiva i processal del Dret de la competència, amb especial referència als problemes teòrics i pràctics que es plantegen, tant en seu administrativa com jurisdiccional, vers l’exercici de les accions civils de reparació dels danys i perjudicis que poden derivar-se dels il·lícits antitrust. Un cop analitzada la conceptualització de la competència i del Dret de la competència, així com la seva triple dimensió constitucional (institucional, subjectiva i social), s’afronta la complexa translació del public enforcement i del private enforcement a l’àmbit propi del Dret Processal. Des de l’òptica de la dependència recíproca entre el Dret Mercantil i el Dret Processal s’examinen tant la regulació antitrust de l’ordenament jurídic estatunidenc (rule of reason, per se rule i quick look rule; la persecució dels il·lícits antitrust a càrrec de l’Antitrust Division; els leniency programs; la interposició de les antitrust damages actions; la legitimació i la construcció de l’antitrust injury; la indirect purchaser rule; la passing-on defense; els trebles damages; la institució del discovery; les class actions; i les motions to dismiss i motions to summary judgement); com aquella altra que és pròpia, per influència de la Directiva 2014/104/UE, d’un llarg procés d’harmonització, positiva i de mínims, de les normes dels diferents Estats membres de la Unió Europea relatives al Dret de la competència, tant a la seva vessant substantiva com processal. Finalment, des de la perspectiva de la transposició al nostre ordenament jurídic de la Directiva europea de danys, que ha tingut lloc mitjançant el Reial Decret- llei 9/2017, així com també tenint molt present que no és factible optar per una translació automàtica de les solucions del sistema antitrust nord-americà a l’àmbit europeu, en especial quant a aquells Estats d’influència de civil law; s’incorporen, fruit d’una anàlisi doctrinal i jurisprudencial comparada, rellevants conclusions, sobre entre d’altres temes, el seu àmbit d’aplicació (objectiu, subjectiu i temporal); el dret al ple rescabalament; el règim de responsabilitat conjunta i solidària; el termini per a l’exercici de les accions de danys; els efectes de les resolucions de les autoritats administratives i els òrgans jurisdiccionals competents; la quantificació dels danys i perjudicis; el nou concepte de càrtel; les solucions extrajudicials a l’àmbit del rescabalament de danys; el règim de sobre-costos (passing-on); la competència judicial; la legitimació col·lectiva i les accions de classe; les diligències preliminars; les modalitats follow-on i stand-alone; l’acumulació d’accions; la intervenció de tercers; la càrrega de la prova; l’accés a les fonts de prova; i la coordinació entre processos judicials.
The present research work, presented as a Doctoral Thesis, under the title "Damages actions for infringements of competition rules. Special consideration to the Directive 2014/104/CE", focuses its attention on the complex analysis of the substantive and procedural protection of Competition Law, with special reference to the theoretical and practical problems that arise, both in the administrative and judicial sphere, with regard to the exercise of civil actions for compensation of damages that may arise from antitrust offences. After analysing the conceptualization of competition and Competition Law, as well as its triple constitutional dimension (institutional, subjective and social), the complex translation of public enforcement and private enforcement to the field of procedural law is faced. From the perspective of the mutual dependence between Business Law and Procedural Law, both the antitrust regulations of the US legal system are examined (rule of reason, per se rule and quick look rule; the prosecution of antitrust offences by the Antitrust Division; leniency programs; the filing of antitrust damages actions; the standing and construction of antitrust injury; the indirect purchaser rule; passing-on defence; treble damages; the institution of discovery; class actions; and motions to dismiss and motions to summary judgement); as well as that which is proper, due to the influence of Directive 2014/104/EU, of a long process of positive and minimal harmonization of the rules of the different Member States of the European Union regarding Competition law, both in its substantive and procedural aspects. Finally, from the perspective of the transposition into our legal system of the European Directive on Damages, which has taken place through Royal Decree- Law 9/2017, as well as bearing in mind that it is not feasible to opt for an automatic transfer of the solutions of the US antitrust system to the European sphere, especially in reference to those States of civil law influence; relevant conclusions about, among other matters, its scope of application (objective, subjective and temporary); the right to full compensation are incorporated as a result of a broad and comparative doctrinal and jurisprudential analysis; the regime of joint and several liability; the time limit for the exercise of actions for damages; the effects of the resolutions of the competent administrative authorities and courts; the quantification of damages; the new concept of cartel; the out-of-court remedies in the field of compensation for damages; the regime of overcharges (passing-on); jurisdiction; collective legitimation and class actions; preliminary proceedings; follow-on and stand-alone modalities; consolidation of actions; intervention of third parties; burden of proof; disclosure of evidence; and coordination between legal proceedings.

La calidad de la interpretación en el ámbito judicial no es solo una característica deseable de la profesión, sino que se convierte en parte integrante de un derecho, el derecho a entender y ser entendido de la persona acusada alófona, y de la presencia efectiva de la misma en el procedimiento judicial. El propósito de la tesis ha sido desarrollar un instrumento de medida de la calidad de la interpretación judicial durante su desempeño, con arreglo a lo establecido en la Directiva 2010/64/UE, INTER-Q, cuestionario dirigido a los operadores judiciales. En esta tesis se presenta la metodología de diseño de test (Meyer, 2014) que se ha seguido para la elaboración de dicho instrumento con el fin de que respondiese a los criterios científicos de fiabilidad, validez y utilidad.
Quality in legal interpreting is not only necessary, it is also a “right”. Defendants, prosecutors and court officials have a right to understand and be understood. Those involved in legal proceedings of any kind and who have no, or poor, language skills need to be assisted by professional interpreters in order to allow them to participate in these proceedings. The purpose of this thesis is to develop a quality assessment tool for court interpreting in accordance with Directive 2010/64/UE INTER-Q is a questionnaire for those working in the judicial offers.

El cine jurídico ha sido una presencia constante en la historia del cine estadounidense desde sus orígenes. Este género fílmico elabora respuestas desde el terreno cultural a los riesgos y amenazas a los que se ha enfrentado la democracia estadounidense, y apela a ciertos principios fundacionales de la república como antídoto frente a los ataques llevados a cabo por diferentes operadores públicos y privados al sistema de derechos y libertades del país. El desarrollo, evolución y cambios de ese cine jurídico se han visto muy marcados por el contexto sociopolítico y han obedecido a diferentes factores de orden histórico, ideológico e industrial. El presente texto supone un intento por construir una historia cultural de ese cine jurídico a través del análisis detallado de una serie de películas esenciales del género y de los debates jurídicos y políticos allí planteados, que suponen la elaboración de un diagnóstico sobre la deriva antiliberal sufrida por la democracia estadounidense tras las grandes luchas por los derechos civiles de los años sesenta.
El cinema jurídic ha estat una presència constant a la història del cinema nord-americà des dels seus orígens. Aquest gènere fílmic construeix respostes des del terreny cultural als riscos i amenaces als que ha fet front la democràcia dels Estats Units, i apel·la a certs principis fundacionals de la república com antídot enfront dels atacs duts a terme per diferents operadors públics i privats al sistema de drets i llibertats del país. El desenvolupament, evolució i canvis d’aquest cinema jurídic s’han vist molt marcats pel context sociopolític i han obeït a diferents factors d’ordre històric, ideològic i industrial. Aquest text suposa un intent de construir una història cultural d’aquest cinema jurídic a través de l’anàlisi detallada d’una sèrie de pel·lícules essencials del gènere i dels debats jurídics i polítics allà plantejats, que suposen l’elaboració d’un diagnòstic sobre la deriva antiliberal patida per la democràcia als Estats Units després de les grans lluites pels drets civils dels anys seixanta.
Trial films have been a constant presence in the history of American cinema since its origins. This film genre elaborates cultural responses to the risks and threats that American democracy has faced, and appeals to certain founding principles of the republic as an antidote to the attacks carried out by different public and private operators on the country’s system of rights and freedoms. The development, evolution and changes of this genre have been very marked by the sociopolitical context and have been due to different factors of a historical, ideological and industrial nature. This text is an attempt to build a cultural history of trial films through the detailed analysis of essential films of the genre and the legal and political debates raised there, which involve the elaboration of a diagnosis on the illiberal drift suffered for American democracy after the great civil rights struggles of the 1960s.

La pretensión del trabajo es plantear algunas cuestiones fundamentales, alrededor de algunos aspectos de la regulación de la mediación en asuntos civiles: 1. Reconstruir el itinerario que ha seguido el proceso de regulación de la mediación y sus fases. Pretender partir de la mediación como hecho prejurídico, social e histórico y de qué modo se ha configurado el proceso de regulación que da lugar a una norma como la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Se tratará de responder a la pregunta «cómo ha llegado a ser regulada la mediación». El capítulo 2 y el capítulo 3 del presente trabajo se encargan de estas preguntas. 2. Identificar en la regulación de la mediación sus principios y sus objetivos, sus fines. Describir cuáles son y cómo han influido en el resultado de la regulación. Importan los principios y objetivos declarados por la propia regulación: las recomendaciones del Consejo de Europa, como normas soft law, las directivas de la Unión Europea, la ley española de mediación en asuntos civiles y mercantiles y, en menor medida, la ley catalana de mediación civil privada. Se tratará de responder a la pregunta «para qué la mediación». En el capítulo 4 se desarrollan estas cuestiones. 3. Si la mediación es esencialmente una forma autocompositiva de resolver litigios y si la regulación jurídica de la mediación que se estudiará ha tenido como objetivo fundamental alentar la autocomposición y en qué grado lo ha conseguido o no. La forma esencialmente autocompositiva de la mediación es estudiada en el capítulo 5 del trabajo. 4. Si la mediación es jurídicamente posible y legalmente regulada porque sirve al principio de acceso a la justicia. Es en el capítulo 6 donde se trata de resolver y ampliar esta cuestión. 5. Si la figura del tercero mediador ha sido especialmente tenida en cuenta en el proceso de regulación, cómo lo ha sido y cuáles son las características de un hipotético estatuto legal del mediador, si lo hay. El examen de la figura del tercero mediador se desarrolla en el capítulo 7, en el que se también se analizan algunas cuestiones derivadas como las referidas a aspectos deontológicos, sancionadores y profesionales de las personas mediadoras. 6. Si en la elección de objetivos, principios fundamentales y estrategias que hace la regulación que se ha ocupado de la mediación subyace algún tipo de racionalidad propia, algo que pueda ser identificado como una lógica intrínseca a la mediación, algo que pudiera identificarse con una posible racionalidad de la mediación. Y si de existir una racionalidad propia de la mediación, esta es asimilable a la razón jurídica o si se ha producido un proceso de convivencia, de intercambio, de imbricación entre racionalidad de la mediación y razón jurídica contemporánea. El capítulo 8 trata de responder estas preguntas 7. Si la mediación regulada jurídicamente puede dejarse examinar a la luz de los paradigmas del derecho moderno y, tras ese examen, qué consecuencias puede generar finalmente en realidad la regulación de la mediación. El penúltimo capítulo 9, inmediatamente anterior a las conclusiones finales del trabajo, examina esas consecuencias en la racionalidad de la mediación.

Le travail réalisé a pris en considération en premier lieu le droit international privé de l'UE, puis des aspects plus à proprement parler de « droit international procédural », en se concrétisant par une « systémisation » et une cartographie des voies de recours proposées au consommateur par le droit européen pour les litiges transfrontaliers. La première partie, concernant la loi applicable aux contrats internationaux du consommateur et le tribunal compétent dans le droit international privé de l'Union européenne, permit d'identifier les problématiques de droit international privé sous-jacentes aux contrats et aux litiges internationaux en matière de consommation, qui sont exacerbées dans le domaine du commerce électronique. La thèse traite deuxièmement la protection du consommateur par l'assouplissement et la simplification des procédures ordinaires et la protection du consommateur par des procédures collectives transfrontalières. Enfin, la thèse concerne la protection du consommateur par les procédures alternatives au contentieux ordinaire
The thesis analyzes, under various aspects related to private international law and international civil procedure of the European Union, the status of the protection offered to the European consumers in their international contracts, in particular in relation to the objectives and in the context of the single market. The thesis is divided into three chapters. The first chapter deals with consumer protection in the international private law of European Union (regulation (UE) 1215/2012 and regulation (CE) 593/2008). The second chapter deals with the protection offered to consumers by european international civil procedure with reference to individual and collective litigations. The third chapter deals with alternative dispute resolution (ADR) and with on-line dispute resolution (ODR) and analyzes EU directive 2013/11/UE and regulation (EU) 524/2013
La tesi analizza, sotto vari aspetti relativi al diritto internazionale privato e processuale dell’Unione Europea, lo stato della protezione offerta al consumatore europeo nei contratti e nelle controversie internazionali, con uno specifico riguardo alle tutele di carattere processuale e giurisdizionale. La tesi si articola in tre capitoli, che investono gli ambiti in cui tale tutela può esplicarsi, ovvero, l’individuazione di un foro e di una legge applicabile favorevoli agli interessi del consumatore, la semplificazione delle regole di procedura nelle controversie individuali internazionali, la possibilità di dare luogo a procedimenti transfrontalieri collettivi e la creazione di un sistema efficace di risoluzione delle controversie internazionali in via stragiudiziale anche on-line. Il primo capitolo ricostruisce dapprima il sistema di diritto internazionale privatodell'Unione europea in materia di contratti di consumo, dando conto del contesto politico ed economico in cui si inserisce ed alla cui luce devono esserne letti gli obiettivi. Vengono quindi individuati i principi e gli obiettivi che fondano le norme di diritto internazionale privato in materia di contratti internazionali del consumatore, le quali si caratterizzano per l’essere ispirate a finalità materiali, ovvero, volte a permettere di individuare un foro competente ed una legge applicabile che siano in grado di bilanciare tra loro le esigenze dei consumatori e degli operatori del mercato, con la conseguenza di favorire l’esplicarsi degli scambi commerciali e della concorrenza nel mercato unico. Ciò avviene garantendo al consumatore l’applicazione della legge e la competenza del foro a lui più prossimi, ovvero quelli del suo paese di residenza abituale (la cui coincidenza permette peraltro una riduzione dei costi delle liti transfrontaliere) e la prevedibilità delle soluzioni agli operatori del mercato.Il capitolo traccia quindi lo sviluppo normativo e giurisprudenziale delle norme di diritto internazionale privato europee in materia di contratti del consumatore, prendendo in particolare in considerazione le più recenti sentenze della Corte di Giustizia che, dal 2010 ad oggi, hanno ridefinito l’ambito di applicazione delle norme contenute nel regolamento (CE) 44/2001 (Bruxelles I), oggi rifuso nel regolamento (UE) 1215/2012 (Bruxelles I-bis), e nel regolamento (CE) 593/2008 (Roma I), insistendo sulla definizione del concetto, volutamente aleatorio, di “attività diretta” e sul suo ruolo di preminenza nel connettere la fattispecie contrattuale allo Stato della residenza del consumatore per permetterne la competenza dei giudici e l’applicabilità della relativa legge. Viene svolta infine una analisi critica sull’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia che rischia, nel concreto, di rendere le norme in oggetto applicabili in maniera variabile dai giudici nazionali, garantendo alle volte una tutela troppo estesa o troppo ristretta al consumatore, senza riguardo per l’esigenza di certezza giuridica degli operatori del mercato

Le droit international privé de l’Union européenne se réapproprie le problème de la qualification. Non content d’en altérer fondamentalement la configuration, il en réoriente laborieusement la résolution. Or, la qualité du système tout entier, sa stabilité à un instant t, de même que sa capacité à se développer, à s’ouvrir et à se déployer sur le monde extérieur, sont placées dans l’étroite dépendance de l’efficacité de la qualification ; efficacité qui se mesure à l’aune de l’analyse méthodologique de l’opération, comme de la cohérence des résultats auxquels elle conduit. Et si à ce titre le système déçoit aujourd’hui, il est néanmoins tout aussi possible que souhaitable de le refonder rationnellement. Qui peut le plus peut le moins… Exemple sera donc pris de la matière contractuelle, soumise à la règle la plus complexe qui soit, la plus sujette à polémiques aussi, afin d’ouvrir la voie à davantage de cohérence.La reconfiguration du problème de qualification, ayant sa source dans la rupture imposée par le droit de l’Union entre la législation matérielle et la législation conflictuelle, en accentue naturellement la complexité. Curieusement, la construction jurisprudentielle multiplie sans raison les difficultés, imposant deux nouvelles ruptures, entre l’interprétation de la catégorie érigée au fondement de la compétence et l’interprétation du facteur de rattachement d’une part, entre l’opération de qualification et l’opération de coordination des compétences concurrentes d’autre part. La refondation du système de qualification suppose ainsi la combinaison harmonieuse de ce que la jurisprudence a dispersé, qualification, rattachement et coordination concourant conjointement à la détermination de la compétence spéciale, la cohérence des résultats de la qualification déterminant le choix des orientations méthodologiques de l’opération. Dans cette perspective simplificatrice, parce que la complexité des réponses juridiques ne se conçoit que lorsqu’elle reflète adéquatement et efficacement la complexité des questions, il apparaît naturel de confier à l’opération de qualification les moyens de prévenir les difficultés que ne manque pas de susciter sa pratique purement analytique, cause naturelle d’un dépeçage des situations entraînant à son tour une dispersion excessive du contentieux. Appuyé au contraire sur une opération de qualification à visée préventive, et recourant à des catégories plus synthétiques aux contours flexibles, le système de détermination de la compétence spéciale en matière contractuelle gagnerait en simplicité, en efficacité, en adaptabilité, et il pourrait peut-être être envisagé, enfin, de donner une dimension mondiale à ce qui fonctionnerait à l’échelle régionale
Formally disassociating the sources of material and conflict legislation, European Private International law alters the classical problem of characterisation, resolution of which cannot be borrowed from BARTIN or RABEL theories any longer. Yet, the quality of the whole system, its stability at a given moment, as well as its capacity to develop and to deploy on the outside world, are placed in the narrow dependence of the efficiency of the characterisation process. Analysing this efficiency calls for an examination of the theoretical and methodological implications, as well as of the consistency of the achieved results. On both grounds, the current system of characterisation is undoubtedly disappointing, and should be reconsidered rationally. In this perspective, attention will be focused on “matters relating to contract”, submitted to the more complex and criticized rule of the Brussels I regulation. The importation of a conflict of laws issue within a conflict of jurisdiction reasoning (De Bloos/Tessili) constitutes a terrible factor of complexity, interpretation of the conflict category belonging to the European legal order while the interpretation of the connecting factor is abandoned to the national legal order. As a consequence, the reasons behind the choice of a specific connecting factor simply cannot impact the characterisation process, as the exclusion of all claims formed by third parties from the scope of article 5-1° illustrates (Handte). Moreover, complexity and heterogeneity of situations seem to radically oppose the exercise of adjudicatory authority by a unique jurisdiction other than that of the defendant’s domicile. In such a context, conflicts of litigations are more than frequent and are not always dealt with in a consistent manner. Gubisch, for instance, coerces the very thing Shenavai and Leathertex prohibit, i.e. the exercise of adjudicatory authority by the first judge seized, be it the judge of a secondary obligation. Kalfelis drastically opposes consolidation of parallel proceedings in the event a litigation implies claims founded on different grounds. Observation can thus be made that the Brussels I system currently separates three intellectual operations; characterisation, location of the connecting factor, and coordination of concurring jurisdictions are insulated from each other. Yet, those three operations not only chronologically follow one another, but also functionally pursue the same objective, and characterisation could, and should be provided with the means to anticipate the following difficulties. In this perspective, it is suggested that the dispersive consequences of every conceivable characterisation should constitute the very cause of the definitive and centralising characterisation. In other words, the results’ consistency, as well as the cohesion of the heterogeneous components of the claim should dictate methodological choices. It appears, in turn, that departing from the dogmatic attachment to actor sequitur and prior tempore would enable a well functioning regional system to deploy rationally on worldwide scale

Denna uppsats analyserar och tolkar Kerstin Thorvalls roman Det mest förbjudna (1976) komparativt i ljuset av begrepp från Epikuros (341 f. Kr. - c:a 270 f. Kr.) hedonistiska och materialistiska filosofi framställd i dess mest betydande kvarstående källa, Lucretius (c:a 95 f. Kr. - c:a 55 f. Kr.) lärodikt De rerum natura. Uppsatsens syfte är att undersöka om/hur motiv ur Epikuros etik förekommer i Thorvalls roman; och att utforska om hedonism medverkar/motverkar feminism i romanen. Metoden är en tvärvetenskaplig komparativ analys och tolkning mellan Thorvalls roman och Epikuros filosofi i Lucretius dikt. Metoden inspireras av Pierre Machereys i boken À quoi pense la littérature (1990). Undersökningsresultat struktureras tematiskt efter några av de jämförda verkens motiv: religionens ondo, behovet av att avlägsna rädslan för döden, njutningen som det högsta goda, kritiken av tvåsamma kärleken, synen på kunskap. Min teoretiska utgångspunkt är Epikuros och Lucretius hedonistiska filosofi; och, i mindre utsträckning, ett intersektionellt perspektiv (med fokus på kategorierna kön, genus och sexualitet). Resultatet visar huvudsakligen att trots skillnader gällande begärens begränsning, kan slutsatsen dras att Thorvall gör en feministisk omtolkning av hedonistiska motiv och vägleder läsaren mot ett feministiskt och hedonistiskt etiskt mål.

La tesis se encarga de analizar, por un lado, la integración y el desarrollo de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia; y, por otro, los parámetros que constituyen la validez y eficacia del documento electrónico.
La primera cuestión se centra en la configuración de los Sistemas de Información de la Oficina Judicial y del Ministerio Fiscal, así como de la informatización de los Registros Civiles, donde el art. 230 LOPJ es la pieza clave. Se estudian sus programas, aplicaciones, la videoconferencia, los ficheros judiciales y las redes de telecomunicaciones que poseen la cobertura de la firma electrónica reconocida, donde cobran gran relevancia los convenios de colaboración tecnológica. La digitalización de las vistas quizá sea una de las cuestiones con más trascendencia, teniendo en cuenta que el juicio es el acto que culmina el proceso. Aunque no todos los proyectos adoptados en el ámbito de la e.justicia se han desarrollado de forma integral, ni han llegado a la totalidad de los órganos judiciales. El objetivo final es lograr una Justicia más ágil y de calidad, a lo cual aspira el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012 aprobado recientemente.
En referencia a la segunda perspectiva, no cabe duda que el Ordenamiento jurídico y los tribunales, en el ámbito de la justicia material, otorgan plena validez y eficacia al documento electrónico. Nuestra línea de investigación se justifica porque cada vez son más los procesos que incorporan soportes electrónicos de todo tipo, ya sea al plantearse la acción o posteriormente como medio de prueba (art. 299.2 LEC). Entre otros temas examinamos el documento informático, la problemática que rodea al fax, los sistemas de videograbación y el contrato electrónico.
La tesi s'encarrega d'analitzar, per una part, la integració i el desenvolupament de les noves tecnologies dins l´Administració de Justícia; i, per l'altra, els paràmetres que constitueixen la validesa i l'eficàcia del document electrònic.
La primera qüestió es centra en la configuració dels Sistemes d´Informació de l´Oficina Judicial i del Ministeri Fiscal, així com de la informatització dels Registres Civils, on l'art. 230 LOPJ es la peça clau. S'estudien els seus programes, aplicacions, la videoconferència, el fitxers judicials i les xarxes de telecomunicacions que tenen la cobertura de la firma electrònica reconeguda, on cobren gran rellevància els convenis de col·laboració tecnològica. La digitalització de les vistes tal vegada sigui una de les qüestions amb més transcendència, tenint amb compte que el judici es l'acte que culmina el procés. Però no tots el projectes adoptats en l'àmbit de la e.justicia s'han desenvolupat d'una manera integral ni han arribat a la totalitat dels òrgans judicials. L'objectiu final es assolir una Justícia més àgil i de qualitat, al que aspira el Pla Estratègic de Modernització de la Justícia 2009-2012 aprovat recentment.
En referència a la segona perspectiva, no hi ha dubte que l´Ordenament jurídic i els tribunals, en l'àmbit de la justícia material, donen plena validesa i eficàcia al document electrònic. La nostra línia d'investigació es justifica perquè cada vegada son més el processos que incorporen suports electrònics de tot tipus, ja sigui quant es planteja l'acció o posteriorment como a medi de prova (art. 299.2 LEC). Entre altres temes examinem el document informàtic, la problemàtica que envolta al fax, els sistemes de videogravació i el contracte electrònic.
The thesis seeks to analyse, on the one hand, the integration and development of the new technologies in the Administration of Justice; and, on the other, the parameters which constitute the validity and efficiency of the electronic document.
The first question centres on the configuration of the Information Systems of the Judicial Office and the Public Prosecutor, as well as the computerisation of the Civil Registers, where the art. 230 LOPJ it's the part key. Their programmes, applications, the Video Conferencing, the judicial registers and the telecommunication networks which are covered by the recognised electronic signatures, are studied, where the agreements on technological collaboration gain great relevance. The digitalisation of evidence might perhaps be one of the questions with most consequence, bearing in mind that the judgment is the act by which the process is culminated. Although not all the projects adopted within the compass of e.justice have developed completely nor have reached all the judicial organs. The final objective is to achieve an agile, quality Justice, to which the recently approved Strategic Plan for the Modernisation of Justice aspires.
With reference to the second perspective, there is no doubt that the juridical Ordinance and the tribunals within the compass of material justice grant full validity and efficacy to the electronic document. Our line of investigation is justified because there are more and more processes which are sustained by electronic supports of all kinds, whether it be at the establishment of the action or later, as a proof of it (art. 299.2 LEC). Amongst other things, we examine the computerised document, the problems which surround the fax, the systems for video recording and the electronic contract.

Invitato a Costantinopoli da una delegazione nicena, che ne chiedeva l’intervento a sostegno della comunità ortodossa locale, Gregorio di Nazianzo accantonò il desiderio di dedicarsi alla vita contemplativa e si recò nella Neja ÔRwvmh: non poteva certo immaginare che negli anni trascorsi nella capitale (dagli inizi del 379 al luglio del 381) avrebbe conosciuto, a distanza di breve tempo, l’apice e il fallimento della sua attività politico-ecclestiastica. Alla guida di un piccolo gruppo di fedeli, radunati in una sala udienze privata ribattezzata Anastasia, Gregorio esercitò con impegno i suoi doveri pastorali, spendendosi soprattutto nella lotta dottrinale contro l’eresia ariana. L’elezione come vescovo della città, avvenuta per volere dell’imperatore Teodosio, rappresentò il riconoscimento dei meriti del Cappadoce nella restaurazione e nel consolidamento dell’ortodossia nicena, ma, allo stesso tempo, aprì la strada a una stagione tutt’altro che scevra di asprezze, destinata a lasciare amari ricordi nel cuore dell’autore. Chiamato a presiedere il concilio episcopale del 381, indetto con l’obiettivo di risolvere lo scisma antiocheno e condannare le eresie del tempo, il Nazianzeno sperimentò sulla propria i conflitti interni ed i giochi di potere cui si era ridotto l’episcopato. Alla malattia, che debilitò il fisico dell’autore e ne ostacolò la partecipazione a svariate attività pubbliche, si aggiunse l’ostilità dei colleghi, in particolare di alcuni vescovi egiziani, che contestarono la legittimità della sua elezione sul seggio di Costantinopoli, in quanto già vescovo nella sede di Sasima. Stanco e malato, amareggiato dai continui scontri e dall’ennesimo attacco subito dagli avversari, Gregorio decise di farsi da parte e, rassegnate le dimissioni dalla cattedra episcopale, lasciò Costantinopoli, senza neppure aspettare la conclusione del sinodo. Nella natia Cappadocia, lontano fisicamente dal clima tumultuoso e dai dispiaceri della capitale, ma turbato dalle calunnie e dalle ingiustizie subite da coloro che riteneva amici, il Nazianzeno sfogò le proprie delusioni nella scrittura poetica. All’esperienza costantinopolitana e in particolare al contesto delle dimissioni dalla cattedra vescovile fanno riferimento i carmi oggetto di questa tesi di dottorato: II,1,10 (Ai sacerdoti di Costantinopoli e alla città stessa) e II,1,13 (Ai vescovi), rispettivamente di 18 distici elegiaci e 217 esametri. In essi si intrecciano più suggestioni: la meditazione e il riecheggiamento interiore degli eventi che hanno coinvolto l’autore, la difesa del suo operato, ma soprattutto la violenta invettiva contro i vescovi, scaturita non solo dal risentimento per le vicende personali, ma dallo sdegno dell’autore per la corruzione morale e l’impreparazione della gerarchia ecclesiastica. La tesi di dottorato si apre con una bibliografia ricca e aggiornata degli studi concernenti il Cappadoce; in essa sono indicati i diversi contributi, cui si fa riferimento nel mio lavoro. Segue un’ampia introduzione che presenta i carmi sotto molteplici aspetti. Dal momento che l’invettiva contro i vescovi costituisce l’argomento principale di entrambi i componimenti, ho approfondito innanzitutto questo aspetto, ripercorrendone le testimonianze nell’esperienza biografica e nell’opera letteraria dell’autore: da quanto emerso, la polemica contro la gerarchia ecclesiastica raggiunge certamente il suo apice negli eventi costantinopolitani, ma non va ad essi circoscritta, dal momento che se ne ha traccia anche negli scritti gregoriani riconducibili ai primi anni del sacerdozio e al periodo successivo al ritorno a Nazianzo. Si è cercato poi di stabilire la data di composizione dei carmi in analisi, che, dati i contenuti, furono sicuramente scritti dall’autore nel periodo di ritorno in patria, fase in cui gli studiosi collocano buona parte della produzione poetica del Cappadoce. Più precisamente ho individuato il terminus post quem nel luglio del 381, mese in cui la cattedra costantinopolitana lasciata vacante dal Nazianzeno fu affidata a Nettario: in entrambi i testi, infatti, si fa riferimento a questo personaggio, sebbene non sia menzionato esplicitamente. Segue un’analisi dettagliata della struttura compositiva e delle tematiche dei carmi, nella quale si mostra come, pur nella loro diversità, le due poesie presentino moltissime consonanze e parallelismi a livello strutturale, in particolare nella parte incipitaria, in cui si registra la condivisione dello stesso verso iniziale, e nella sezione conclusiva. Sempre nell’introduzione è affrontato lo studio della tradizione manoscritta e dei rapporti tra i codici: i carmi in oggetto risultano attestati in 34 manoscritti (di cui 17 fondamentali per la costituzione del testo) databili dall’XI al XVI secolo e riconducibili alle raccolte antiche Σ e Δ, nei quali sono traditi sempre uno di seguito all’altro: nello specifico II,1,13 precede immediatamente II,1,10. La parte centrale della tesi è costituita dal testo critico di ciascun carme, seguito da traduzione e commento. La tesi costituisce il primo lavoro di questo tipo per il carme II,1,13; II,1,10 è stato invece oggetto di studio di due recenti edizioni: quella dei primi undici poemata de seipso del Nazianzeno curata da Tuilier - Bady - Bernardi per LesBL ed edita nel 2004 e un’edizione commentata di Simelidis, pubblicata nel 2009. Suddetti lavori non hanno rappresentato un ostacolo al progetto. Nessuno di essi infatti ha previsto lo studio simultaneo dei due testi poetici, che, a mio giudizio, non possono essere compresi a fondo se svincolati l’uno dall’altro; non sono risultati immuni da pecche sotto il profilo della critica testuale; il commento è assente nell’edizione francese, scarno e non sempre condivisibile in quella del Simelidis. La tesi è infine corredata da tre appendici che permettono di seguire la fortuna dei componimenti poetici. La prima di esse è dedicata al Commentario di Cosma di Gerusalemme ai Carmi del Nazianzeno, collocato tra la fine del VII e inizio l’VIII secolo. Il commentario, tradito da un unico manoscritto, il Vaticanus graecus 1260 del XII secolo, ha visto la sua editio princeps nel 1839 a cura del cardinale Angelo Mai nel secondo volume del suo Spicilegium Romanum, ristampata con lievi modifiche nel volume 38 della Patrologia Graeca. Una più recente edizione è stata curata da Lozza nel 2000. Nell’opera di Cosma vengono analizzati trentaquattro versi di carme II,1,13 e due di carme II,1,10; l’ampiezza delle citazioni va da un minimo di un verso a un massimo di 5. Segue un’appendice dedicata alle parafrasi bizantine, che in alcuni manoscritti contenenti i carmi, accompagnano il testo poetico. Tali spiegazioni in prosa, composte in un momento non precisabile della trasmissione dell’opera gregoriana, sono anonime, di diverso livello letterario e da intendere come un testo in continua evoluzione, oggetto di modifiche da parte di ciascun copista. Nel caso dei testi in oggetto le parafrasi trasmesse sono tre, chiamate, sulla scia di studi precedenti, Paraphr. 1, Paraphr. 2, Paraphr. 3 e delle quali la tesi fornisce l’editio princeps. L’ultima appendice è costituita dalla traduzione latina dei carmi di Giacomo Oliva da Cremona, redatta nella seconda metà del XVI secolo per incarico del Cardinal Guglielmo Sirleto e testimonianza del grande interesse per il Cappadoce in questo periodo storico. Il lavoro dell’Oliva, rimasta inedito per la morte del committente e probabilmente anche per il suo scarso valore letterario, è trasmesso da due manoscritti autografi, il Vaticanus Barberinianus lat. 636 (B) e il Vaticanus lat. 6170 (V) e trova nella tesi la sua editio princeps.