Littérature scientifique sur le sujet « Mercadito POP (Bolivia) »

"Creaciones Arte Ruby", es una organización artesanal que se dedica a la artesanía en porcelana fría, presentando una variedad de diseños. En el mercado local ha gozado de gran acogida entre aquellas empresas que fidelizan a sus clientes mediante materiales POP. FAR EX-Colombia es una muy reconocida feria de artesanías de exportación, la cual se lleva a cabo en Cartagena de Indias, constituyendo uno de los espacios donde se presentan los mejores productos artesanales, y que abre sus puertas a participantes y visitantes nacionales e internacionales. Esta feria tiene lugar anualmente, con el fin de apoyar y fortalecer a artesanos colombianos e internacionales. De esta manera, el presente proyecto presentó una estrategia de negociación comercial adecuada para los productos artesanales de "Creaciones Arte Ruby", con el fin de ser utilizada en ferias internacionales para promover sus productos. Para ello se propuso que la microempresa comience participando en la feria colombiana FAREX. El proceso de investigación estuvo compuesto por entrevistas que fueron aplicadas a personas clave; así como al representante de la microempresa, representantes artesanos que participaron en eventos de similares características, encargados de ferias y negocios de Colombia en Bolivia. Los resultados obtenidos de la investigación mostraron la importancia de la implementación de una estrategia comercial a la hora de participar en este tipo de eventos. Con la implementación y uso de las herramientas adecuadas se mejorará de sobremanera la participación de productos artesanales, logrando negociaciones importantes.

Los chacobo de la Amazonía boliviana forman la mayor parte de la rama meridional de la familia lingüística pano, junto con sus casi extintos vecinos pacaguara y, posiblemente, los casi desconocidos caxarari del estado brasileño de Rondonia. Antiguamente, tenían otros parientes en Brasil, los hoy desaparecidos caripuna (Villar et al., 2009). Ahora, la población chacobo cuenta con alrededor de mil personas, distribuidas en más de veinte comunidades situadas entre los ríos Ivon, Geneshuaya, Yata y Benecito, en las provincias Yacuma y Vaca Diez del departamento de Beni, en el norte de Bolivia. Las comunidades están establecidas dentro de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) «Chacobo-Pacaguara», que cuenta actualmente con unas quinientas mil hectáreas (510 895 ha) y cuyos habitantes se dedican mayoritariamente a la agricultura, la caza y la pesca. La inserción en el mercado regional se hace mediante la comercialización de la castaña, la madera, el palmito y hasta hace pocos años, la goma.

Las Políticas Activas de Mercado laboral son un conjunto de instrumentos de política pública que buscan fomentar la integración laboral, especialmente la de grupos con bajos niveles de empleabilidad e ingresos. La evidencia señala que estas políticas han sido efectivas en fomentar el acceso a empleos de calidad en Latinoamérica y el Caribe (Urzúa & Puentes, 2010; Card et al., 2010, 2018; Escudero, 2018; Escudero et al., 2019; Carranza & Mckenzie, 2023). El Programa de Apoyo al Empleo (PAE II), implementado por el Servicio Plurinacional de Empleo (SPE) bajo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS) y apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde 2010, forma parte de este tipo de políticas. Analizamos el impacto del PAE II sobre el empleo, empleo en unidades económicas formales e ingresos mensuales en Bolivia. Optamos por un enfoque cuasi-experimental debido a la naturaleza no aleatoria de la asignación de participantes al programa: el acceso al programa es universal y la selección de candidatos desde las listas elaboradas por el SPE es discrecional por parte de las empresas. Para identificar el impacto causal del programa, combinamos datos de encuestas a beneficiarios y no beneficiarios, con una estrategia empírica que recurre a extensiones de los modelos de diferencias en diferencias. El uso de esta estrategia de estimación radica en que para ver si el programa realmente tiene un impacto sobre ingresos y empleo, no podemos simplemente comparar los ingresos o el empleo de quienes participaron en el PAE II con los que no lo hicieron, ya que puede haber muchas otras diferencias entre estos dos grupos que afecten los resultados. Aquí es donde necesitamos un contrafactual: una estimación de la historia laboral que habrían seguido los participantes del PAE en caso de que no hubieran participado en el programa. El modelo de diferencias en diferencias, bajo ciertos supuestos, nos permite estimar el contrafactual, y así poder identificar el impacto causal que tuvo el programa sobre quienes participaron en él. Encontramos que la participación en el PAE II que ofrece intermediación laboral, subsidio directo y capacitación en planta durante tres meses aumenta la probabilidad de obtener un empleo en 14 pp. siendo este efecto más fuerte en mujeres (14,8 pp.) en comparación con los hombres (14 pp.). En términos de empleo en unidades económicas formales, la tasa de empleo aumenta 14,9 pp. siendo mayor en mujeres (14,9 pp) que en hombres (14,3 pp.). Los ingresos mensuales de los beneficiarios activos aumentarán entre un 9,5 %. Este efecto es mayor en mujeres, con un aumento en los ingresos de un 11,7 % en comparación con un 8,1 % en hombres. El impacto del PAE II es especialmente fuerte en el corto plazo y decreciente en el tiempo, no obstante, tiene un impacto positivo y significativo tanto para empleo como ingresos hasta 24 meses después de haber iniciado el programa. Los resultados indican que el PAE II ha logrado reducir efectivamente las barreras de acceso al mercado laboral formal en Bolivia y ha mejorado la trayectoria de ingresos de los beneficiarios. Esto se manifiesta en un aumento en la probabilidad de conseguir empleo en unidades económicas formales y una mejora en los ingresos mensuales, lo que refleja un incremento en la productividad de los beneficiarios activos. Dicho aumento en productividad se alinea con el componente de capacitación en planta del programa. Estos hallazgos son coherentes con evaluaciones anteriores del programa que también sugieren impactos positivos en los beneficiarios, especialmente en empleo (Novella & Valencia, 2022). Nuestros hallazgos están en línea con la literatura que señala que los programas de capacitación bien diseñados, focalizados y con incentivos adecuados tienden a generar mejoras sostenibles en los resultados laborales, especialmente en grupos que tradicionalmente tienen restringido el acceso al mercado laboral.

Bolivia tiene una distribución geográfica amplia con una gran variedad de ecosistemas que le permiten el desarrollo de diferentes cadenas agroalimentarias, algunas de ellas, por sus sobresalientes cualidades nutricionales pueden ser consideradas superalimentos. El presente estudio documenta el caso de éxito del superalimento boliviano Maní. Se relata contextualizado la historia del sector en el país y desarrollando la trayectoria e hitos de empresas que han sido promotores de estos desarrollos y/o han conseguido admirables logros en sus respectivas áreas. En especial, este estudio de caso del Maní analiza a la empresa Agrintus S.A. de cómo ha logrado ser la principal empresa exportadora de maní en Bolivia. A partir de la importancia del producto, como una alternativa de alimento altamente beneficioso para la salud humana, se analiza el contexto del mercado internacional, su importancia productiva a nivel nacional, sobre todo en la región del Chaco, donde se identifica como origen de variedades nativas. A partir de este contexto, se aborda la experiencia de la empresa de más de una década que han permitido cimentar las bases para su consolidación empresarial presente. Actualmente la empresa exporta más del 90% del maní boliviano, mostrando las potencialidades y éxito en posicionar el maní boliviano en mercados altamente competitivos en Europa y Asia.

Bolivia tiene una distribución geográfica amplia con una gran variedad de ecosistemas que le permiten el desarrollo de diferentes cadenas agroalimentarias, algunas de ellas, por sus sobresalientes cualidades nutricionales pueden ser consideradas superalimentos. El presente estudio documenta el casos de éxito de uno de los superalimentos bolivianos: Nuez Amazónica. Se relata contextualizando la historia del sector en el país y desarrollando la trayectoria e hitos de empresas que han sido promotores de estos desarrollos y/o han conseguido admirables logros en sus respectivas áreas. El 82% de la producción mundial de Nuez Amazónica está originada en Bolivia, siendo el primer exportador global actualmente, superando inclusive a Brasil, quien tiene un área de extracción potencial mayor. Este producto silvestre ha generado el polo de desarrollo más importante de la región amazónica boliviana, donde cuenta con una historia extensa y un papel socioeconómico y ecológico vital. Es decisiva para su suceso una articulación sectorial temprana que prevaleció ante la desconfianza del trabajo colaborativo, que, junto con un estricto control de calidad sectorial privado, permitió el acceso al exigente mercado europeo. Uno de los impulsores de este salto de calidad es la empresa Corporación Agroindustrial Amazonas (CAA), quien fue artífice de varios desarrollos de competitividad adaptativa únicos, que han beneficiado a todo el sector en su conjunto.

Entre 1980 y la primera mitad de los noventas, la intermediación financiera en Bolivia se ha desenvuelto en dos ambientes de política económica completamente opuestos: el primero correspondió a una economía donde el rol del Estado era gravitante y el segundo a una economía de mercado. Hasta agosto de 1985 se impusieron controles sobre la tasa de interés. Esta política, la hiperinflación, la mora bancaria, la "desdolarización" del año 1982 y la reducción en el crecimiento de la economía, determinaron el desmoronamiento del sistema financiero. El aumento de la emisión monetaria aceleró la inflación de tal manera que las tasas de interés reales llegaron a ser negativas, afectando directamente a la intermediación financiera. Los bancos se vieron imposibilitados de cumplir sus compromisos con la banca extranjera, por lo que perdieron el acceso a esa fuente de financiamiento. La regulación no era suficientemente clara y tampoco se cumplía. El aumento de la mora, de los gastos administrativos, y de la proporción de activos no rentables disminuyó notoriamente los volúmenes de operación de la banca. En agosto de 1985, cuando se implementa la Nueva Política Económica (NPE), se introducen una serie de cambios que transformaron al sector financiero. El objetivo inicial fue detener la hiperinflación y luego retomar el crecimiento. Las medidas en términos generales fueron: i) saneamiento fiscal; ii) liberalización del sistema financiero; iii) liberalización de los mercados de bienes y factores; y iv) apertura al comercio exterior.

Bolivia tiene una distribución geográfica amplia con una gran variedad de ecosistemas que le permiten el desarrollo de diferentes cadenas agroalimentarias, algunas de ellas, por sus sobresalientes cualidades nutricionales pueden ser consideradas superalimentos. El presente estudio documenta un caso de éxito de superalimentos bolivianos: Sésamo. El caso se relata contextualizado la historia de su sector en el país y desarrollando la trayectoria e hitos de empresas que han sido promotores de estos desarrollos y/o han conseguido admirables logros en sus respectivas áreas. El cultivo del sésamo en Bolivia se ha adaptado muy bien en áreas marginales, zonas secas con pequeñas escalas de producción, siendo una de las opciones de rentabilidad más interesante para pequeños agricultores. Por sus características, es un importante generador de trabajo agrícola, dado su intensidad en uso de mano de obra. Su origen comercial en Bolivia está asociado al acceso al importante mercado japonés, para el cual aspectos como la pureza genética, trazabilidad y pureza física fueron determinantes. Esto a su vez permitió abrir en forma posterior otros mercados a nivel global. Los pioneros de esta iniciativa fundaron la empresa Agroexportaciones del Sur -AGROEXPORT, la cual concentra actualmente cerca del 60% de las exportaciones del país en este cultivo.

Este documento examina los impactos de la pandemia de COVID-19 en el mercado laboral de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), utilizando la armonización de encuestas de hogares en cada país. Los resultados confirman un aumento en la tasa de desempleo, especialmente entre la población joven y las mujeres, agravando las disparidades preexistentes. A pesar de la uniformidad en la propagación del virus y las similitudes en la configuración del sistema laboral, se identifican notables disparidades en los efectos sobre el empleo, la formalidad, las ocupaciones y las ramas entre los diferentes países, lo cual sugiere una asimilación diferenciada de los efectos entre las ocupaciones formales e informales. En 2021, se confirma una recuperación del empleo, aunque todavía ubicándose por encima de los niveles anteriores a la pandemia, ratificando así una recuperación sin creación de empleo (jobless recovery). Además, se constata que la pandemia afectó principalmente a empleos susceptibles de automatización, acelerando este proceso que venía consolidándose con anterioridad. Finalmente, basándose en la metodología de Frey & Osborne (2017), se estima que alrededor del 60 % de los puestos de trabajo en estos países enfrentan un alto riesgo de automatización a mediano plazo, subrayando la urgencia de implementar políticas inclusivas y adaptativas frente a esta inminente transformación.

Este documento presenta las experiencias de mujeres madres beneficiarias del subsidio de cuidado de niños menores de 5 años que otorgó el Programa de Apoyo al Empleo II (PAE II) como apoyo adicional para la inserción laboral de mujeres beneficiarias de apoyos económicos de capacitación en planta (on the job training). El PAE II, ejecutado por el Servicio Público de Empleo de Bolivia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Bolivia, tenía como objetivo mejorar la inserción laboral en empleos de calidad de buscadores de empleo a través del apoyo en la intermediación laboral, subsidios al salario por hasta tres meses para promover la inserción laboral asociada a capacitación en planta. El PAE II preveía adicionalmente un apoyo para las madres de menores de 5 años que consistía en un pago adicional por hijo que se entregaba antes del inicio de la capacitación en planta. Este apoyo se entregaba para reducir el riesgo de que las madres se tuviesen que retirar al no poder cuidar de sus hijos. El apoyo puntual asumía que este costo podría ser cubierto desde el segundo mes con el pago principal del apoyo económico recibido. Este documento presenta un análisis cuantitativo y cualitativo de la experiencia. La primera parte presenta el análisis cuantitativo utilizando estadísticas descriptivas basadas a una encuesta al 71% de las beneficiarias. La segunda parte complementa el análisis con datos cualitativos, basados en entrevistas y testimonios directos tanto de las beneficiarias como del personal operativo del PAE II. El análisis permitió determinar que el subsidio permitió a las madres y sus familias enfrentar los retos asociados a la incorporación al mercado laboral, en particular a aquellas que no tienen pareja. El apoyo les permitió acceder a oportunidades de empleo al darles un nivel mínimo de estabilidad económica y posibilitarles concentrarse en el trabajo sin preocupaciones inmediatas sobre el cuidado y más aún la manutención de sus hijos. La flexibilidad no intencional en el uso del bono ha permitido que las madres adapten el apoyo según sus necesidades individuales, ya sea para el cuidado de los niños, la alimentación familiar o cubrir otros gastos esenciales lo que hace necesario un análisis de si el esquema de pago a final del primer mes no afecta la participación en el programa de grupos con mayores dificultades económicas en un contexto como el boliviano en que el ingreso al trabajo asalariado de una economía en muchos casos diaria representa un reto adicional.

La influencia de Rusia en América Latina y el Caribe (ALC) desde la aplicación de las sanciones por la anexión de Crimea en 2014 se enfrenta a serios retos. Las restricciones económicas y el incremento de las tarifas de transporte marítimo impuestos a Moscú afectaron negativamente la competitividad de sus productos de defensa en el mercado latinoamericano. El comercio bilateral, en sus mejores momentos, se situó alrededor del 2,4% en la estructura de las exportaciones de Rusia. Además, la cooperación en materia económica con Moscú está empeorando debido a la agresiva competencia de las empresas chi- nas y estadounidenses en la región. La diplomacia de vacunas debía abrir al Kremlin una ventana de oportunidades para redescubrir Latinoamérica, pero su alcance ha quedado mermado a causa de los daños reputacionales tras el 24-F. Sin embargo, la respuesta de ALC frente a la invasión, es una muestra de la escasa coherencia política regional: algunos países condenan los actos de Rusia (Argentina, Co- lombia, Chile, Paraguay y Uruguay), otros defienden la postura de que el Kremlin fue provocado (Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia), y en Brasil y México se ha producido una actitud ambivalente que revela visiones conflictivas entre la presidencia y la cancillería. Finalmente, también hay Estados que claramente pretenden beneficiarse de la confrontación entre Moscú y Washington (El Salvador, Hon- duras o Ecuador). Estas incoherencias demuestran que el Kremlin está capitalizando los beneficios de su estrategia de “bajo coste” a través de la presencia mediática, al tiempo que las naciones latinoame- ricanas no están dispuestas a involucrarse en la confrontación con Rusia por razones indirectas.

Este informe presenta y describe una nueva base de datos generada en torno a cuarenta indicadores que caracterizan los regímenes migratorios de los 26 países de América Latina y el Caribe que son miembros prestatarios del BID. Los indicadores permiten realizar una comparación multidimensional de dichos regímenes, identificar patrones subregionales, y observar tendencias en la evolución reciente de estas políticas. Los indicadores se agrupan en seis áreas: instrumentos internacionales que cubren la participación de cada país en tratados y acuerdos multilaterales; instrumentos regionales que analizan la participación de los países en acuerdos a nivel de las Américas y sus subregiones; derecho a la entrada con exención de visado que mide la exigencia de visados para entrar al país; acceso a la residencia que abarca preferencias en el otorgamiento de permisos de residencia y procesos de regularización de migrantes en situación irregular; derechos durante la residencia que investigan el acceso de migrantes a servicios de salud y educación, al mercado laboral, al sufragio, así como a la residencia permanente; y nacionalidad que miden como se obtiene la nacionalidad de un país en el momento del nacimiento o, posteriormente, mediante la naturalización, así como la posibilidad de ostentar dos nacionalidades. El valor asignado a cada indicador para cada país está sustentado por una referencia a los instrumentos jurídicos que definen la política en cuestión y, en la mayoría de los indicadores, se acompaña de un texto con información adicional que explica el caso en concreto. Esta es una base de datos única para la región y se encuentra incluida en el Anexo II de este informe. También se puede acceder a la misma a través de la página web de la Unidad de Migraciones del BID. Los principales hallazgos del análisis de la base de datos son: Se observa un emergente régimen jurídico migratorio latinoamericano del siglo XXI. Este se caracteriza por la adopción de nuevas leyes de migración, generalmente acompañadas por esquemas subregionales de movilidad como el Acuerdo de Residencia Mercosur, Bolivia y Chile, y más recientemente el Estatuto Andino. Este nuevo modelo del siglo XXI incluye generalmente mecanismos permanentes de regularización de migrantes, el derecho de acceso al mercado laboral, los sistemas de salud pública, la educación pública, así como el derecho de reunificación familiar. Esto se ve complementado con un mayor acceso al derecho al voto, al menos en elecciones locales. Si bien hasta la fecha no se observa que este modelo latinoamericano haya tenido influencia en el Caribe, el mismo está claramente arraigado en las otras tres subregiones. La regularización de migrantes en situación irregular, tanto a través de mecanismos permanentes establecidos en las leyes, como a través de programas extraordinarios de regularización, es absolutamente común en América Latina, aunque no así en el Caribe. Los países de la región han llevado a cabo más de 90 regularizaciones extraordinarias desde el año 2000. Muchos de los países ofrecen acceso preferencial a la residencia permanente para migrantes de ciertos países de la región que cumplan criterios básicos, y, en algunos casos, trato preferencial para la nacionalización. Los únicos países que no permiten la residencia de manera casi automática para nacionales de al menos otro país de la región son Bahamas y Haití en el Caribe, así como Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y México en Mesoamérica. El porcentaje de ratificación de los instrumentos internacionales, al igual que los instrumentos regionales, es muy alto en Latinoamérica, pero mucho menor a nivel subregional en el Caribe. Los acuerdos de libre residencia y movilidad regional se han convertido es un instrumento absolutamente común en el panorama legislativo de la región, e influyen sobre muchos aspectos de la política migratoria, tales como acceso al mercado laboral o reunificación familiar. El país que requiere visas a los nacionales de más estados en la región es Venezuela con 11, seguido de México con nueve. El caso venezolano puede explicarse por su aplicación del principio de reciprocidad con los estados que solicitan visa a sus nacionales. El hecho de ser un país de tránsito hacia los Estados Unidos para algunos migrantes puede explicar el caso mexicano. El estado cuyos nacionales requieren visa en más países de la región es Haití, seguido de Venezuela y República Dominicana. En el desarrollo de la base de datos a través de los 40 indicadores se han analizado más de 435 instrumentos jurídicos de los 26 países, los cuales definen su política migratoria. El análisis de este compendio de leyes, reglamentos, decretos, ordenes administrativas, y demás instrumentos demuestra que: La edad promedio de los instrumentos jurídicos vigentes en países andinos y del Cono Sur es de 8-15 años, lo cual se compara con los 25-30 años en Mesoamérica y el Caribe. Esto demuestra una mayor labor legislativa sobre la materia en dichas dos subregiones en los últimos años. En algunas áreas, tales como la regulación del régimen de visas o los procesos extraordinarios de regularización de migrantes en situación irregular, la actividad legislativa se apoya principalmente en decretos y ordenes administrativas adoptadas por el poder ejecutivo sin intervención de los parlamentos. Esto genera reglas con menor estabilidad y certeza jurídica para todos los actores involucrados: migrantes, administración, poder judicial y otros. Esta base de datos de indicadores e instrumentos jurídicos es parte de un esfuerzo de la Unidad de Migraciones del BID de contar con información y evaluación comparada de los regímenes de política migratoria en los países de la región entre otros insumos jurídicos e institucionales. La Unidad mantendrá la base de datos actualizada con el objetivo de que se convierta en un punto de referencia fundamental para la región.