Literatura académica sobre el tema "Regola cautelare"

El régimen jurídico de la tutela cautelar que rige hoy por hoy para la justicia administrativa en Cuba, se basa en el principio de ejecutabilidad de los actos administrativos, y por tanto, en la regla de la no suspensión de las decisiones de la administración pública. El modelo construido tomó como referencia el sistema de justicia cautelar administrativa del derecho franco-español de finales del siglo xix. En el siguiente trabajo se parte del presupuesto de la necesidad de un cambio de paradigma en torno a la ordenación jurídica de la tutela cautelar administrativa en Cuba; para la cual se aportan argumentos teóricos que justifican una modificación en pos de ampliar y reforzar el rol de la tutela cautelar en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Una realidad incómoda, pero abiertamente aceptada, es que los sistemas de justicia latinoamericanos están lejos de ser eficientes. Ecuador no es la excepción. Y no es que no se pueda obtener justicia por parte del Estado, pero la sociedad se ha convencido de que esto puede tardar en llegar. Mecanismos como las medidas cautelares buscan solventar esta dificultad relacionada a la dilación en los procesos, producto del congestionamiento en los servicios jurisdiccionales. En el entorno jurídico la respuesta a un problema puede ser la causa de muchos otros, siendo esto consecuencia de una legislación plagada de antinomias que pueden llevar al sujeto de derechos a la indefensión. Esta es la razón por la cual el presente artículo busca ser una exposición de la normativa pertinente al caso, para así conducir al lector a una discusión fundamentada sobre las implicaciones éticas y legales con respecto de las medidas cautelares. Primero se brindará un recuento del desarrollo de medidas similares en Ecuador, después buscando aterrizar las debilidades de la normativa expuesta, se utilizará la resolución 2015-10509. Tratándose el caso de un tema relacionado con la salud, específicamente los procedimientos de diálisis, una revisión del régimen jurídico pertinente aclarará cómo se conectan las medidas cautelares con los derechos fundamentales. Subsecuentemente se retomarán los alcances de la normativa que regula esta garantía jurisdiccional y evidenciando el riesgo que comprende la discrecionalidad que desencadena en posibles abusos del derecho, posteriormente se abre paso a la crítica y a la observación de que el régimen jurídico ecuatoriano, en lo que respecta a este capítulo, atenúa su rigor. Recalcando que la delicadeza del tema radica en las facultades de una institución que permite generar prohibiciones o forzar ciertos accionares con incidencia directa sobre los ciudadanos, sin tener un procedimiento de juicio de por medio.

El aseguramiento de pruebas ha sido concebido en nuestro Código de Procedimiento como una medida de naturaleza precautoria, al conferirle a las partes la posibilidad de obtener pruebas a través de un mecanismo anticipado, que a la postre viene a ser una excepción a la regla contenida en el artículo 792 del Código Judicial, que propugna que las pruebas para ser apreciadas en un proceso requieren solicitarse practicarse o incorporarse al proceso dentro de los términos señalados. Decimos lo anterior porque el aseguramiento de pruebas como tal figura concebido dentro del título de pruebas, cuando realmente estamos frente a una medida de aseguramiento anticipada, la cual solo procede cuando cualquier persona desea o pretenda demandar o teme que pueda ser demandado, y siempre que exista el temor justificado de que eventualmente pueda faltar un medio de prueba, hacérsele difícil o impracticable su obtención en el momento oportuno. Cuando se piensa en solicitar la intervención del juzgador en un asunto especifico nos figuramos que será por medio de una demanda o bien por la contestación de la misma, lo cual es una idea imperfecta o incompleta, pues también puede acudirse al juzgador con la intención que colabore en aspectos que contribuirán a la preparación de un futuro proceso, a ese conjunto de actividades judiciales, donde el juez permite anticipadamente inspeccionar la cosa litigiosa o diversos elementos probatorios se le denomina como Diligencias Exhibitorias. Es indudable que las diligencias exhibitorias poseen una justificación cautelar de información previa, que trae consigo el periculum in mora, por ello, es conceptuada por muchos autores como una medida cautelar.

En 2016 entró en vigor el sistema procesal penal acusatorio y oral, con el objetivo de “resolver las contiendas con gran economía de tiempo y recursos”, de una forma eficiente, transparente y humana, en contraposición al sistema inquisitivo, en el que se propiciaba la “opacidad y corrupción, además de ser lento y costoso”. No obstante, los beneficios del nuevo sistema no se han logrado, pues se observa un incremento en las solicitudes de prisión preventiva en la Ciudad de México. Así, dicha medida cautelar se convierte en una regla procesal más que en una excepción. Esta investigación parte de una metodología histórica, documental, asentada en una técnica mixta, basada en el estudio fenomenológico de casos a través de entrevistas a las víctimas de delitos, con el objetivo de explicar si el fenómeno del aumento de la prisión preventiva proviene de que la ciudadanía la perciba como medio de justicia a modo de venganza.

La investigación tiene como propósito demostrar la influencia del marco normativo en la omisión a la sanción pecuniaria en la incautación de dinero por transporte transfronterizo. Para ello se trabajó una investigación básica, de nivel explicativo, habiendo seleccionado como muestra 163 casos de intervenciones en el centro de atención fronteriza Santa Rosa y aplicaron fichas de análisis documental para recoger la información. Los resultados cualitativos sobre el marco normativo demuestran que la ley 28306 ha sufrido modificatorias y variaciones sustanciales entre el año 2004 y 2016; el D.L. 1249 que regula el traslado de dinero transfronterizo, no contempla los casos en los cuales corresponde la incautación de dinero, medida cautelar dispuesta por el fiscal, No existe un criterio objetivo para optar entre la figura de retención (aduana) o incautación (fiscalía). El caso 265-2017, se evidencia que existe una infracción en la vía administrativa, pero al disponer el archivo del caso, por la fiscalía, se dispone la devolución del dinero, sin tener en cuenta el cumplimiento del pago de la multa; el 77.27% de las intervenciones existen vacíos legales que generan conflictos normativos en su aplicación práctica, entre los operadores de aduanas, policía Nacional y Ministerio público. Entre el 2016 y 2018 se multó por la suma de S/3,652,784.00, sin embargo, la deuda por cancelar es de S/1,679,281.00, que representa el 45.97% de omisión al cumplimiento de la sanción pecuniaria. Se concluye que los vacíos y deficiencias técnicas del marco normativo que regula la obligación de declarar el ingreso y salida de dinero del país, viene influenciando en la omisión al cumplimiento de la sanción pecuniaria por traslado de dinero sin declarar o declarado falsamente.

La riforma elettorale tra speranze e scetticismoAl tempo della campagna in favore dell'adozione del principio maggioritario di rappresentanza in Italia, la speranza di molti era che il nuovo sistema elettorale potesse produrre effetti simili a quelli delle democrazie anglosassoni cui intendeva ispirarsi, ossia che strutturasse la competizione partitica in termini bipolari – se non bipartitici – e favorisse quindi l'alternanza dei governi.Sebbene siano trascorsi ormai più di tre anni da allora e, soprattutto, abbiano avuto luogo due elezioni, è ancora presto per dire se le nuove regole abbiano prodotto gli effetti desiderati. La transizione politica italiana è un processo ancora lontano dall'approdo finale e non consente ad oggi valutazioni definitive. Certo è che i sistemi elettorali introdotti nel 1993 sono stati caricati da molti di attese taumaturgiche, nonostante i moniti lanciati dal mondo scientifico sulla necessità di una modifica ben più incisiva dell'architettura istituzionale del sistema politico italiano. Qualunque sistema elettorale, infatti, costituisce di per sésolouna struttura di vincoli e di opportunità, dunque di vincoli più o meno stringenti e di opportunità che possono essere colte o meno. Inoltre, riguardo all'effettiva configurazione della normativa elettorale approvata dal Parlamento nell'agosto del 1993, la cautela sulle prospettive del cambiamento muoveva dalla considerazione che le nuove regole incarnavano entrambi i principi maggioritario (pur prevalente) e proporzionale di rappresentanza, quindi due logiche distinte di competizione e di voto sulla combinazione delle quali era difficile fare previsioni.

SUMARIO: VIII. CULTURA, EDUCACIÓN Y PATRIMONIO HISTÓRICOCompetencias del Estado, Comunidad Autónoma y Entidades locales en materia de Patrimonio Histórico Andaluz. Casco Histórico de Almuñécar.XI. DERECHOS FUNDAMENTALES: MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA DE EXTRANJERÍADistinción entre la improcedencia de adoptar la medida cautelar de suspensión de la denegación de las autorizaciones o permisos de trabajo y residencia y la posibilidad de acceder, por el contrario, a la de suspensión de la salida obligatoria del país como consecuencia de aquella denegación: valoración y consecuencias.XII EXPROPIACIÓN FORZOSA. JUSTIPRECIO QUE ABONA CANTIDADES INDEBIDAS POR ERRÓNEA MEDICIÓN DE FINCA. LA DEVOLUCIÓN DEL JUSTIPRECIO NO PROCEDE SINO POR VÍA DE REVISIÓN DEL ACUERDO DEL JURADO, NO MEDIANTE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.Se impugna en el presente proceso el acuerdo del Director General de Carreteras de fecha 14 de febrero de 2012 desestimando el recurso de alzada formulado contra resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de fecha 19 de marzo de 2009, requiriendo a D. José Tejero Vázquez, causante de los demandantes, a que proceda a la devolu ción de la cantidad de 19.162,33 € en concepto de cantidad indebidamente pagada por exceso de medición en la expropiación de la finca 50-72 afectada por las obras del Proyecto clave 12-H-2650 “Autovía A-49. Frontera Portuguesa. Tramo : Enlace de Aljaraque-Enlace de Lepe (Oeste). Provincia de Huelva”.XII EXPROPIACIÓN FORZOSA. VALORACIÓN DE SUELOXII EXPROPIACIÓN FORZOSA. VALORACIÓN DE SUELO“URBANO” FALTO DE CONEXIONES NECESIDAD DEPRUEBA DE LA SITUACIÓN FÁCTICA. SIN ELLA LA LEYNO PERMITE QUE LOS SUELOS DESTINADOS AINFRAES TRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE INTERÉSGENERAL SUPRAMUNICIPAL, SE VALOREN SINOSEGÚN LA SI TUACIÓN BÁSICA DE LOS TERRENOS ENQUE SE SITÚAN O POR LOS QUE DISCURREN.Se impugna en el presente proceso el acuerdo de la Comisión Provincial de Valoracionesde Sevilla, adoptado en sesión celebrada el día 14 de julio de 2011, fijando en 4.296,04 € el justiprecio, incluido premio de afección, correspondientea la xpropiación por la Consejería de Medio Ambiente de 1.309 m2 yocupación temporal de 967 m2 correspon dientes a la parcela n° 82, polígono59 de la localidad de Ecija, en ejecución del Proyecto de encauzamiento delArroyo de Argamasilla.XIV HACIENDA PÚBLICA.- IMPUESTO DE DONACIONES: NO SUJECIÓN. COSTAS: EXCEPCIONES A LA REGLA DE LA TEMERIDAD DEL SISTEMA ANTERIOR EN LA LJCA.No se encuentra sujeta al Impuesto sobre Donaciones la aportación gratuita a favor de la so ciedad conyugal de gananciales por parte de uno de los cónyuges, casado en régimen de ga nanciales, de una finca urbana que le pertenecía concarácter privativo.

Il giudice onorario del tribunale per i minorenni e il consigliere onorario della sezione per i minorenni di corte d'appello, altrimenti detti "esperti", formano il collegio insieme con i giudici di carriera, pienamente pari nel potere giudicante. Vale perciň anche per i giudici onorari minorili quanto disposto dall'art. 101 della Costituzione: sono soggetti soltanto alla legge. Tuttavia, poiché essi sono magistrati onorari a tempo parziale e nel contempo appartengono alle piů diverse professioni e rivestono i piů diversi incarichi pubblici e privati nell'ambito dell'assistenza ai minori, la loro indipendenza non č tutelata (o non puň essere tutelata) con le stesse norme e regole di cautela in vigore per i magistrati di carriera. Ebbene, l'esame dei procedimenti della nomina dei giudici onorari minorili nonché dei criteri dell'attribuzione delle funzioni all'interno degli uffici giudiziari integrato con i dati esito di un'indagine nazionale puň offrire elementi utili all'analisi dei fattori che concorrono a tutelare l'indipendenza dei giudici onorari minorili aprendo nel contempo quesiti sui momenti di vulnerabilitŕ di tale indipendenza.

Introducción: En el Ecuador, la prisión preventiva, genéricamente se trata de una distinción fundada en la gravedad del delito cometido y el tipo de cárcel en el que el sentenciado cumpliría la pena, al ser la prisión preventiva una medida cautelar de carácter personal cuya finalidad es velar por asegurar ciertas garantías procesales; se convierte en imprescindible conceptualizarla. Metodología: Es un estudio de tipo mixto, es cualitativo al analizar las implicaciones sociales de las leyes emitidas, tanto para sancionar como para proteger a los infractores y delincuentes; y es de tipo cuantitativo al utilizar estadísticas de casos previos y las veces que se aplicaron dichos procedimientos, como antecedentes para futuras deliberaciones. La investigación es de tipo documental, al basarse en leyes, reglamentos, sentencias, de tipo descriptivo, de corte longitudinal al analizar el avance y cambio de las leyes de protección de los derechos humanos. Resultados: Un tema que debemos tener en cuenta al momento de hablar de la prisión preventiva es el principio de excepcionalidad; en nuestra Carta Magna en el artículo 77 numeral 1 indica que la privación de la libertad se aplicará excepcionalmente y no como regla. Conclusiones: El sistema penal acusatorio se ha mantenido tan impregnado de las prácticas judiciales del anterior sistema inquisitivo, que aún se manejan evidentes rezagos que se resisten a la adaptación de las leyes actuales, cambios motivados por la inevitable dinámica social; esto da como resultado que se aplique incorrectamente y a modo de una pena anticipada la prisión preventiva.

Una sociedad que se desarrolla dentro de un Estado Constitucional y Social de Derecho debe saber y entender que su actuar se rige en armonía con los derechos, deberes y principios que emanan de la Constitución Política del país. El proceso como mecanismo de solución de controversias entre los individuos que forme este colectivo no es ajeno al poder que irradia la Constitución, otorgándole al proceso una característica democrática; es decir, un proceso donde las partes y el juez se rijan sobre principios fundamentales como el de la tutela jurisdiccional efectiva y el de igualdad entre las partes. Así las cosas, la presente tesis desarrollará la importancia de analizar el proceso dentro de un modelo cooperativo, donde el diálogo entre las partes y el juez cumple un papel trascendental. Teniendo, el principio del contradictorio, un rol imprescindible dentro de este estudio. A partir de ello, realizaremos un análisis crítico de la aplicación de la regla inaudita altera parte en las medidas cautelares reguladas en el Código Procesal Civil. Concluyendo que, su actual regulación no va acorde, y no respeta, los derechos fundamentales emanados de la Constitución, así como al modelo de proceso mencionado. Con la finalidad de salvaguardar el derecho fundamental al contradictorio de las partes, se interpretará la legislación infraconstitucional cautelar conforme a la Constitución y lo derechos fundamentales. Esta nueva interpretación, buscará orientar a los jueces para que empiecen a aplicar e interpretar las normas procesales conforme a la Constitución, dejando de lado las lecturas aisladas de la norma, las cuales antes de buscar una decisión justa, convalidan una transgresión a los derechos de las partes dentro del proceso.
Tesis

Il lavoro ha ad oggetto i casi in cui l’agente che ha tenuto una condotta colposa risponde penalmente anche se la lesione del bene giuridico protetto non sia stata da lui direttamente provocata, ma sia piuttosto immediatamente riconducibile alla condotta eterolesiva o al comportamento autolesivo di un altro soggetto. Tale forma di responsabilità “in relazione ad un fatto altrui”, lungi dall’essere del tutto eccezionale, si presenta in numerosi casi di omesso controllo, di inadempiuto obbligo di impedimento del reato altrui, di lavoro in équipe o all’interno di organizzazioni complesse quali grandi realtà produttive. La tesi esplora le problematiche strutturali di questa forma di responsabilità, individuando alcune “note relazionali”, elementi che fanno dipendere la definizione e la misura della responsabilità di chi è meno prossimo alla lesione del bene giuridico anche dalla condotta altrui. L’analisi, che interessa diversi elementi del reato, mira a valutare se a questi tratti di relazionalità corrispondano altrettanti istituti giuridici adeguatamente sviluppati, o se le incertezze dogmatiche e applicative impediscano una chiara ripartizione delle responsabilità tra i vari soggetti coinvolti nella realizzazione del reato. Nell’ambito del fatto tipico, viene analizzato il problema della sovrapposizione ed interruzione del nesso causale tra le diverse condotte e l’evento del reato, e ribadita la validità del paradigma condizionalistico, anche per accertare l’influenza del comportamento di un soggetto sulle deliberazioni prese da un altro (c.d. causalità psichica). Vengono poi criticamente analizzate le diverse teorie sulle fonti delle posizioni di garanzia, in cui la responsabilità del garante esiste e si manifesta necessariamente in dipendenza del comportamento di un altro soggetto. Sul punto, viene svolta una comparazione con l’ordinamento tedesco, che in tempi recenti ha optato per un approccio tassonomico dei singoli casi di omesso impedimento del fatto altrui, in chiave espansiva rispetto al riferimento alle sole fonti legali e negoziali, con il rischio, tuttavia, di aggirare il canone di tipicità. Con riguardo alla colpevolezza, il tema è la dimensione “relazionale” della colpa, che si declina in vari istituti: nella formulazione stessa di alcune regole cautelari che impongono di tener conto della condotta altrui; nel principio di affidamento, che limita la responsabilità dei singoli coinvolti in un’azione plurisoggettiva, e richiede un delicata individuazione dei suoi confini per non generare vuoti di tutela; nell’annoso tema della c.d. “causalità della colpa”, in particolare poiché l’interposizione della condotta di un altro soggetto rende quantomai incerta la verifica dell’evitabilità dell’evento. Infine, vengono esplorati i travagliati istituti concorsuali colposi. Dopo aver evidenziato le incertezze strutturali e la limitata funzione incriminatrice della cooperazione colposa, viene affermata la sostanziale inutilità dell’istituto: proprio grazie alle numerose “note relazionali” presenti nella struttura del reato, la parametrazione della responsabilità del singolo può tenere conto dell’interazione con un altro soggetto anche nella forma monosoggettiva. Ancora più significativi i dubbi concernenti il concorso colposo in reato doloso. Da ultimo, viene sostenuta l’autonomia dell’imputazione ex art. 40, comma 2 c.p. rispetto alle figure concorsuali, dal momento che anch’essa esprime una responsabilità monosoggettiva, anche se in un contesto plurisoggettivo.
This thesis provides a critical analysis of the circumstances in which an agent, who performs a negligent act, is held criminally liable for damage which was however not directly caused by his or her negligent act, but rather was caused by the act of another (with the view of causing damage either to another or to itself). This form of criminal liability “in relation to the conduct of another”, far from being exceptional, is common in many cases of failure to control or failure to prevent the commission of criminal offences by others, particularly in the context of team-working, and even more so within complex organisations having large corporate structures. The thesis examines the structural problems with this form of criminal liability. It identifies “relational elements”, the elements which enable the creation of a link between the responsibility of the agent whose conduct was the furthest to the damage, and the conduct of those having directly caused the damage. These relational elements impact both the basis on which liability attaches to the negligent agent, and the extent to which this liability exists. This analysis will cover both elements of a criminal offence, that is both the actus reus and the mens rea, with the aim of evaluating whether the legal framework at its current state effectively deals with “relational elements” as grounds for attaching liability, or whether too many uncertainties subsist when making this link– in both theoretical and practical terms– which prevent the clear and effective allocation of criminal liability among the different agents involved. First of all, with regards to the actus reus, this paper addresses the issue of concurring and intervening causes which may break the chain of causality between the agent’s action and the consequence of the actus reus, reaffirming the “sine qua non” paradigm. Furthermore, the research assesses the relevance in this context of the influence which one agent’s behaviour can have on the decisions subsequently taken by others, (known as a “psychological cause” of an action). The paper also critically analyses different theories regarding the basis of guarantees, whereby the guarantor’s liability only exists in relation to the act of another. On this point, a comparative analysis has highlighted how German case law has developed in such a way as to allow guarantees to arise from a factual basis, as opposed to solely through contract or other legally binding instruments, thus running the risk of violating the rule of law. Secondly, with regard to the mens rea element of an offence, the research examines three different examples of “relational elements”, by which another’s conduct needs to be taken into consideration, therefore entering into the mens rea element: (i) precautionary rules which can require the agent to observe another subject’s behaviour and to act accordingly; (ii) the expectation that other subjects involved will act lawfully, which needs to be accurately evaluated in order not to leave any gaps in the prevention of crime; (iii) the complex issue of foreseeability and avoidability of the consequences of one’s conduct, becomes even more intricate with the interposition of another’s conduct. Lastly, the paper will focus on joint enterprise in negligence cases. Having first of all stressed the structural uncertainties and the limited prosecutorial use of the concept of joint enterprise in the context of negligence offences, the thesis argues that through the different “relational elements” present in an offence, each agent’s liability can be independently determined by taking into account the interactions with others. It is worth noting that in the case where the mens rea element of an offence requires intentional participation to another’s negligent behaviour, these uncertainties appear to be even greater. In conclusion, the paper will point out that the liability of guarantors is independent from their participation in the joint criminal enterprise, as this type of liability arises from the guarantee itself.

Las actuaciones de todos los miembros de la sociedad que conviven dentro de un Estado de Derecho deben tener como parámetros los principios que se reconocen en la Constitución. Entonces, corresponde que cuando el legislador pretenda regular aspectos que, según su perspectiva, puedan resultar problemáticos en la realidad, no deba perder de vista los principios constitucionales que irradian a su actuación. Bajo este supuesto, el presente trabajo de investigación realiza un análisis crítico de lo dispuesto en el artículo 159° del Código Tributario, incorporado en nuestra legislación en el año 2012, en el marco de una delegación de facultades otorgada al Poder Ejecutivo, a través del Decreto Legislativo N° 1121 y modificado por la Ley N° 30230, a fin de mejorar la progresividad de la medida cautelar. Dicho artículo establece las reglas que regirán el trámite de las medidas cautelares que se soliciten dentro de los procesos judiciales en los que la parte demandada es el Tribunal Fiscal o la Administración Tributaria. Así teniendo como base a los principios de tutela jurisdiccional efectiva y de igualdad, principios constitucionalmente reconocidos, se demuestra que las reglas contenidas en el mencionado artículo limitan el derecho de los contribuyentes a acceder a una justicia eficaz y oportuna. Por ello, se propone una mejora a dichas reglas, con el objetivo de salvaguardar el derecho de los contribuyentes.

Lo studio approfondisce il rapporto tra malgoverno del rischio e modelli di responsabilità a titolo di colpa, seguendo una progressione ideale che va dal concetto ordinamentale di rischio, al parametro normativo del dovere di diligenza, fino ad arrivare alla sua specificazione nella “regola cautelare” penalmente rilevante. Inteso come concetto di natura non unitaria e dal respiro ordinamentale, infatti, il rischio stringe parentele con elementi di diversi sistemi normativi, ciascuno dei quali risponde alla natura e alle finalità peculiari della propria branca di appartenenza. Dopo una preliminare analisi delle caratteristiche dell'odierna società tecnologica (c.d. del rischio), il lavoro prende quindi in esame le differenti strategie di disciplina approntate dall'ordinamento per contemperare le istanze della collettività con i diritti e le prerogative del singolo chiamato a rispondere del rischio avveratosi; in particolare, si mettono a confronto la prospettiva civilistica e quella penalistica. Con riguardo specifico al diritto civile, nella struttura della responsabilità aquiliana il "dovere di diligenze" si collocai come "clausola generale" atipica, in coerenza con la matrice aggettiva del parametro del buon pater familias, oggi temperato dalla schermatura offerta dagli strumenti assicurativi, nei settori dove la loro copertura è imposta per legge. Per contro, entrando nel vivo dell'analisi del reato colposo, la ricerca mette a fuoco la natura e la funzione tipicizzannte della "regola cautelare", evidenziando la necessità di una sua declinazione penalistica. La retrospettiva svolta consente di affermare che l'illecito penale colposo risente ancora oggi del predominio speculativo del reato doloso e, per altro verso, mutua dalla prospettiva civilistica l'idea della colpa come criterio "allocativo" a posteriori del danno "ingiusto", con funzione di rassicurazione sociale. Di qui, la necessità di riconoscere il giusto peso al disvalore di azione nel delitto colposo, valorizzando il carattere modale della negligenza, quale violazione di una regola cautelare di condotta dalla natura conformativa e permissiva insieme. Vengono quindi esaminati i rapporti tra colpa specifica e generica, prestando particolare attenzione alla diversa filosofia (o, se si vuole, ratio) che le anima, ovvero al significato profondo della standardizzazione cautelare. Un apposito spazio viene inoltre riconosciuto alla “procedimentalizzazione” delle leges artis, all’insorgere di regole “strumentali” o c.d. pre-cautelari di diligenza e, quindi, alla dialettica tra autogestione ed eterogestione del rischio, nella cui cornice si colloca il fenomeno della c.d. autonormazione cautelare. L'ultima parte dello studio, invece, è dedicata ad approfondire il profilo del c.d. assessment del rischio, muovendo dalla centralità che svolge il c.d. Anlaß (ossia la situazione fattuale di pericolo che rende doverosa l’adozione della misura cautelare). A questo proposito viene affrontata la tematica della prevedibilità/riconoscibilità del rischio, distinguendo il concetto da ultimo evocato dal c.d. dovere valutazione del rischio imposto a determinate categorie di soggetti in virtù del ruolo da essi ricoperto. In ultimo, il lavoro individua la particolare problematicità della colpa c.d. estimativa, caratterizzata dal radicamento della negligenza nel momento “valutativo”-congetturale della diagnosi che precede il momento dell’azione e funge da base per la selezione delle opportune misure di gestione del rischio.