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Artículos de revistas sobre el tema "Procedure parlamentari"
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Bardi, Luciano. "VOTO DI PREFERENZA E COMPETIZIONE INTRA-PARTITICA NELLE ELEZIONI EUROPEE. PROSPETTIVE PER UNA ARMONIZZAZIONE DELLA LEGGE ELETTORALE". Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 18, n.º 1 (abril de 1988): 105–35. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200017287.
Texto completoResumen
IntroduzionePer la prima volta nel 1989 le elezioni europee potrebbero essere regolate da un'unica legge elettorale, valida per tutti gli stati membri∗. In precedenza, nel 1979 e nel 1984, le elezioni si svolsero in base a norme elettorali nazionali, in genere molto simili a quelle utilizzate in ciascun paese per le elezioni parlamentari nazionali, anche se dei tentativi di uniformare le procedure furono compiuti anche nel corso della prima legislatura.
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Gómez Lugo, Yolanda. "La tramitación de la reforma constitucional mediante procedimientos legislativos abreviados: un problema de límites procedimentales". Teoría y Realidad Constitucional, n.º 43 (23 de mayo de 2019): 389. http://dx.doi.org/10.5944/trc.43.2019.24432.
Texto completoResumen
¿Pueden las Cámaras tramitar las iniciativas de reforma constitucional aplicando simultáneamente los procedimientos parlamentarios de reforma constitucional y procedimientos legislativos abreviados? Más específicamente, ¿puede considerarse que los métodos de lectura única y urgencia son procedimientos adecuados para tramitar la revisión de la Constitución? En el Auto 9/2012 el Tribunal Constitucional parece haberse decantado por la tesis de la simultaneidad procedimental, conforme a la cual los procedimientos de reforma constitucional podrían aplicarse transversalmente junto a las técnicas procedimentales de lectura única y de urgencia. Sin embargo, haciendo una interpretación sistemática de las normas constitucionales y parlamentarias que regulan el modo de producción legislativa, es posible deducir que dichas modalidades abreviadas actúan como límites procedimentales en la tramitación parlamentaria de la revisión de la Constitución.Can the Parliament process constitutional reform initiatives applying the procedures of constitutional reform and abbreviated legislative procedures simultaneously? More specifically, can it be considered that the method of single reading and the urgent procedure are adequate for processing the revision of the Constitution? In the decision ATC 9/2012 the Constitutional Court seems to have embraced the thesis of procedural simultaneity, according to which the procedures of constitutional reform could be applied transversally along with the legislative techniques of single reading and urgency. However, making a systematic interpretation of constitutional and parliamentary rules governing the lawmaking process, it might be argued that these kind of abbreviates procedures act as procedural limits in the parliamentary processing of the constitutional revision.
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Toupence, Rachelle H. "Parlamentary Pastries: Learning Parlamentary Procedure through Cookies". SCHOLE: A Journal of Leisure Studies and Recreation Education 23, n.º 1 (abril de 2008): 109–13. http://dx.doi.org/10.1080/1937156x.2008.11949615.
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Aranda Álvarez, Elviro. "La «sustancialidad» del procedimiento para la reforma constitucional". Teoría y Realidad Constitucional, n.º 29 (1 de junio de 2012): 389. http://dx.doi.org/10.5944/trc.29.2012.6997.
Texto completoResumen
La reforma constitucional del artículo 135 de la CE nos ha situado ante la evidencia de que el procedimiento parlamentario con que contamos para dichos cambios es totalmente inadecuado. Una reforma constitucional del calado y relevancia del artículo 135 de la CE no se puede tramitar en el Congreso de los Diputado reduciendo los plazos a la mínima expresión y en una única lectura del Pleno de la Cámara. La importancia de una reforma constitucional requiere de un escrupuloso respeto a los principios que orientan el procedimiento parlamentario: derecho de enmienda, tiempo de negociación, debate y máxima publicidad. Como las previsiones reglamentarias vigentes no se garantizan plenamente estos principios. Por eso, este trabajo propone una reforma de los preceptos correspondientes para asegurar unos procedimientos parlamentarios más adecuados a los importantes objetivos del cambio constitucional.The constitutional amendment of article 135 of the Spanish Constitution has shown that the current parliamentary procedure for constitutional reform is totally inadequate. A constitutional reform of the importance of the one approved of the article 135 of the Spanish Constitution should not have been passed with such a significant reduction of procedural deadlines, and with just a single reading in the full Chamber. Such an important constitutional reform requires a scrupulous respect of the principles that surround parliamentary procedure: right of amendment, negotiation, terms of debate and maximum publicity. The current regulatory provisions do not fully guarantee these principles. Therefore, this essay proposes a change of the relevant regulations in order to ensure parliamentary procedures more adequate in terms of fulfilling the important purposes of constitutional reform.
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Tusiński, Piotr A. "Pozaustawodawcze procedury parlamentarne w pierwszym sejmie odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej (1919–1922). Regulacja prawna i praktyka parlamentarna". Przegląd Sejmowy 2, n.º 151 (2019): 123–56. http://dx.doi.org/10.31268/ps.2019.27.
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Vukomanović, Dijana. "Gender sensitivity of the Serbian parliament: Mapping the power of women MPs". Socioloski pregled 55, n.º 3 (2021): 624–49. http://dx.doi.org/10.5937/socpreg55-32434.
Texto completoResumen
Mapping the power of women MPs in the Serbian Parliament, through the analysis of the membership and the leadership of the Parliament and parliamentary committees, indicates that women MPs dominate the socio-cultural cluster of the committees, as well as foreign affairs and European integration committees. Women MPs are increasingly more visible in legislative-judiciary committees, while interior, defence and security affairs committees and minimally open to their membership. There is a growing trend of engaging women MPs in committees for ecology, then in trade and finance and, to a lesser extent, in infrastructure. Institutional gender sensitivity of the Serbian Parliament is still inadequate, and changes to the Rules of Procedure and the Code of Conduct are necessary in order to introduce gender-sensitive rules and procedures.
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Fernández Cañueto, Daniel. "La alteración del orden del día para aprobar las leyes de referéndum y transitoriedad. El uso del artículo 81.3 del Reglamento del Parlamento de Cataluña // The alteration of the agenda to approve the referendum and transitoriness laws. The use of article 81.3 of the standing orders of the Parliament of Catalonia". Revista de Derecho Político 1, n.º 102 (31 de julio de 2018): 201. http://dx.doi.org/10.5944/rdp.102.2018.22392.
Texto completoResumen
Resumen:La presente investigación trata de analizar el uso que se hizo del artículo 81.3 del Reglamento del Parlamento de Cataluña para alterar el orden del día y aprobar tanto la proposición de ley de referéndum como la de transitoriedad. Para ello, primero se ha examinado tanto el contenido que posee dicho artículo como aquellas cuestiones dudosas sobre el mismo. En segundo lugar, se ha resumido tanto la interpretación que se le dio a dicho precepto por la mayoría parlamentaria catalana para poder introducir ambas proposiciones de ley como las consecuencias que ello tuvo en forma de recursos de amparo. En tercer lugar, se ha contrastado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con las diferentes cuestiones planteadas durante el procedimiento de aprobación de ambas proposiciones de ley. En cuarto lugar, se ha intentado realizar una propuesta de resolución de aquellos recursos de amparo presentados por el grupo parlamentario de Ciudadanos sobre los que el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado. Y, en quinto y último lugar, se han analizado las SSTC 10/2018 y 27/2018 que resuelven los recursos de amparo sobre los acuerdos de la Mesa por los que se desestimaba la solicitud de dictamen del CGE.Una vez realizado todo ello, seis han sido las principales conclusiones. Uno: que la Mesa del Parlamento de Cataluña tenía tanto la obligación de realizar un análisis más allá de la estricta verificación de los requisitos formales por existir unos incidentes de ejecución que le obligaban expresamente a ello, como el deber de acordar su inadmisión por ser las proposiciones de ley palmaria y evidentemente inconstitucionales. Dos: que el Tribunal Constitucional debería fallar en contra de la parte del recurso de Ciudadanos donde se pedía anular los acuerdos del Pleno mediante los cuales se alteró el orden del día, pero debería resolver a favor de aquella otra parte del mismo recurso donde se pedía anular los acuerdos del Pleno mediante los cuales se creó un procedimiento legislativo ad hoc a través del art. 81.3 RPC. Tres: que las SSTC 10/2018 y 27/2018 estiman positivamente los recursos de amparo del grupo parlamentario Socialista en los que se pedía declarar la nulidad tanto de los Acuerdos de la Mesa de los días 6 y 7 de septiembre por los que se desestimaba tramitar la solicitud de dicho dictamen como de sus efectos. Cuatro: que no parece ser manifiestamente inconstitucional que a través del art. 81.3 RPC se pueda modificar el orden del día para incluir el debate y votación de una proposición de ley, afirmación esta que bien puede ser ampliable a todos aquellos preceptos de los demás reglamentos parlamentarios cuyo contenido sea similar. Cinco: que ni el art. 81.3 RPC ni ningún otro precepto que desarrolle la alteración del orden del día en los demás reglamentos parlamentarios, habilita para que a su través la mayoría parlamentaria cree un procedimiento legislativo ad hoc gracias al cual posteriormente se puedan aprobar proposiciones de ley. Y seis: que el motivo principal por el cual se acabaron tramitando las proposiciones de ley de esa manera no es otro que la voluntad de la mayoría parlamentaria (y, por ende, del Gobierno catalán) de tramitar y aprobar con apariencia de legalidad dos proposiciones de ley que eran ya en su origen evidentemente inconstitucionales.Summary:1. Introduction. 2. The content of article 81.3 Of the standing orders of the parliament of catalonia. 3. The consequences of the use of article 81.3 Rpc to introduce the laws of referendum and transitoriness on the agenda. 4. The jurisprudence of the constitutional court on the questions raised during the procedure to approve both bills. 4.1 The problem of whether the Parliamentary Bureau could have inadmitted to process both bills. 4.2 The problem of whether art. 81.3 RPC allows through it to develop that legislative procedure that was eventually used to approve both bills. 4.3 The problem regarding the suppression of the possibility of requesting a Dictum from the Council of Statutory Guarantees. 5. A possible resolution of the appeal submitted by the ciudadanos parliamentary group. 5.1 In relation to the plenary agreements by means of which the agenda was changed to introduce the bills of the referendum and of transitoriness. 5.2 In relation to the agreements of the Plenary throughwhich an ad hoc legislative procedure was created to proceed to the debateand definitive voting of the bills of the referendum and of transitoriness.6. The SSTC 10/2018 and 27/2018 that solve the appeal in relation to theagreements of the parliamentary bureau that rejected the request for theCGE’s dictum. 7. Conclusion.Abstract:The present investigation tries to analyse the use that was made of article 81.3 of the Catalan Parliamentary rules of procedure to alter the order of the day and approve both the Referendum Law and the Transitoriness Act. For this, first the content of the article as well as the dubious questions about it have been examined. Secondly, the interpretation given to this precept by the Catalan parliamentary majority in order to introduce both bills as well as the consequences that it had in the form of appeals has been summarized. Thirdly, the jurisprudence of the Constitutional Court has been contrasted with the different issues raised during the approval procedure of the Referendum and Transitoriness Acts. Fourthly, an attempt has been made to make a proposal for a resolution of the appeals filed and on which the Constitutional Court has not yet ruled. And fifthly, analyse the STCC 10/2018 and 27/2018 that solve the appeal in relation to the agreements of the Parliamentary Bureau that rejectedthe request for the CGE’s dictum.Once all this has been done, six have been the main conclusions. One: that the Catalan Parliament Bureau was so obliged to carry out an analysis beyond the strict verification of the formal requirements because there were some execution incidents that expressly obliged it, as well as the duty to agree on its inadmissibility because the proposals were of obvious law and evidently unconstitutional. Two: that the Constitutional Court should rule against the part of the Citizens’ appeal where it was requested to annul the agreements of the Plenary by means of which the agenda was altered, but it should resolve in favour of that other part of the same resource where it was requested cancel the agreements of the Plenary through which an ad hoc legislative procedure was created through art. 81.3 RPC. Three: that the SSTC 10/2018 and 27/2018 positively estimate both the appeal of the Socialist parliamentary group and one of the parties to the appeal for protection of Citizens, in which it was requested to declare the nullity of both the Agreements of the Bureau of the 6th and September 7 for which it was rejected to process the request for such opinion and its effects. Four: it does not seem to be manifestly unconstitutional that, through art. 81.3 RPC, the agenda can be modified to include the debate and vote on a proposed law, an affirmation that may well be extended to all those precepts of the other regulations parliamentarians whose content is similar. Five: that neither art. 81.3 RPC nor any other precept that develops the alteration of the agenda in the other parliamentary regulations, enables the parliamentary majority to create an ad hoc legislative procedure through which subsequent proposals can be approved. Of law. And six: that the main reason why they ended up processing the proposals of law in this way is none other than the will of the Catalan parliamentary majority (and, thus his government) to process and approve with appearance of legality two propositions of law that were already in their origin evidently unconstitutional.
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Olechno, Artur. "Frakcje parlamentarne Rady Najwyższej Ukrainy". Przegląd europejski 2 (19 de noviembre de 2019): 115–23. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.5826.
Texto completoResumen
The article is dedicated to the subject of the parliamentary faction in the Verkhovna Rada of Ukraine. The author describes the form of organization of members of the Ukrainian parliament, the history of the regulation, the political goals of the amendments and the parliamentary practice. The article tries to point a regulation which mark the Ukraine out in the other states: such as constitutional level of the provisions alongside parliaments’ internal rules of procedure, criterion for formation of associations of members of parliaments, the principle of autonomy, the essence of party discipline and a specific solution intended to reduce the problem of members of fractions leaving them during the term of the parliament.
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Hoshimkhonov, Ahrorhon. "PARLIAMENTARY WAY OF FORMING GOVERNMENT IN FOREIGN COUNTRIES: COMPARATIVE AND LEGAL ANALYSIS". Jurisprudence 2, n.º 2 (19 de julio de 2022): 6–13. http://dx.doi.org/10.51788/tsul.jurisprudence.2.2./yfpz6263.
Texto completoResumen
This article discusses the parliamentary method, which is one of the modern methods of government formation. The views of legal scholars in this area are revealed and the constitutional and legal foundations for the formation of the highest executive body of foreign parliamentary countries, and its specific features are studied. Also, thanks to the analysis of legal documents on the formation of the government of the Republic of Uzbekistan, its important aspects are identified. A theoretical conclusion is made that the formation of the government of the Republic of Uzbekistan should be carried out on the basis of a parliamentary approach. The author’s conclusions about the establishment and implementation of constitutional procedures and principles for the resignation of the government and its members in parliamentary states are based on the following: the use of two methods of forming a government in foreign countries, namely parliamentary and non-parliamentary; the order of formation of the government and the ownership of the executive power depends primarily on the form of government of a particular state; fixing in the constitution important provisions for the formation of the government; government accountability to parliament and the head of state.
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Fasone, Cristina. "L'Ufficio parlamentare di bilancio e il ruolo delle istituzioni fiscali indipendenti nell'Unione oggi". DIRITTO COSTITUZIONALE, n.º 2 (julio de 2022): 149–67. http://dx.doi.org/10.3280/dc2022-002009.
Texto completoResumen
Il contributo esamina la configurazione e il ruolo svolto dalle istituzioni fiscali indipen-denti nella governance economica multilivello, con particolare riferimento al caso dell'Ufficio parlamentare di bilancio italiano, e ai profili di criticità che si riscontrano circa l'indipendenza d'azione e l'effettività delle loro funzioni rispetto alle procedure democra-tiche che dovrebbero presidiare le decisioni di bilancio.
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Petrizzo, Alessio. "La legittimazione contesa. L'avvento dei parlamenti nell'Italia del 1848". PASSATO E PRESENTE, n.º 86 (julio de 2012): 39–61. http://dx.doi.org/10.3280/pass2012-086004.
Texto completoResumen
Legitimation contested. The rise of Italian parliaments in 1848. The article examines the language and strategies adopted by different political actors during the institutional transition after the Italian states were granted constitutions in 1848. In particular, it focuses on the attempts of Liberals to obtain legitimacy for the parliaments of Turin, Florence, Rome and Naples, within the context of a weak tradition of constitutional thinking, the ill-concealed hostility of the rulers, and the exclusive voting procedures, and the background of the Italian war of independence.
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Soler Bonafont, María Amparo. "Sobre creo (que) subjetivo (e intensificador) en las sesiones de debate parlamentario". Textos en Proceso 4, n.º 1 (1 de noviembre de 2018): 61–92. http://dx.doi.org/10.17710/tep.2018.4.1.4solerbonafont.
Texto completoResumen
This paper presents a behavioral analysis of the doxastic form creo (que) as a subjectification modal verb, specifically in its manifestation as a pragmatic intensifier device in a Spanish parliamentary debate. Previous work on creo (que) has suggested that it is indeed an intensifier (Fuentes 2010, Brenes 2015, Cuenca 2015), although many pragmatic approaches to these doxastic verbal forms, not only in the context of Spanish (Hennemann 2012; Albelda, Briz, Cestero, Kotwica y Villalba 2014) but also from other languages (Lakoff 1972; Hooper 1975; Lysvag 1975; Fraser 1975, 1980; Holmes 1984; Caffi 1999, 2004), have classified creo (que) as a marker of attenuation. The goal of this investigation is to show a comprehensive description of the behavior of creo (que) in a Spanish parliamentary debate, especially focused on its development as a an intensifier. Using mixed qualitative and quantitative methods, the preselected doxastic form creo (que) is analyzed from a corpus of 351,888 words. Factors considered include formal features, meaning, aspects of face and other discourse features, with the purpose of providing a detailed explanation of the pragmatic procedure of creo (que).
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Viola, Isabel Gonçalves. "Das razões da indignação o insulto como estratégia política no debate parlamentar". Revista da Associação Portuguesa de Linguística, n.º 7 (30 de noviembre de 2020): 385–98. http://dx.doi.org/10.26334/2183-9077/rapln7ano2020a23.
Texto completoResumen
This paper aims to verify how impoliteness is co-constructed in interactions within an institutional context, more specifically in the communicative situation of parliamentary debate, of an agonal nature. It is intended, therefore, to analyse the procedures that fall within the discourse register of verbal violence and in the category of insult. On the other hand, there is the purpose to study the role of emotions, namely the expression of indignation in argumentation, through the analysis of rhetorical and argumentative procedures in excerpts of controversial interactions of the political discourse subgenre in parliamentary debate, between 2009 and 2012. This analysis is part of the discourse analysis framework, particularly in the analysis of the parliamentary discourse (Ilie, 2010; Marques, 2008), specifically with regard to the “unparliamentarily language” (Ilie, 2004), and integrates theoretical contributions of the argumentation in the discourse (Amossy 2016 [2000], 2014; Plantin 2011), with particular emphasis on the emotionalization of the arguments (Micheli, 2013, 2014). This analysis will also include a number of concepts reformulated by Kerbrat-Orecchioni (1992, 1996), which concern face-work (Goffman, 1974) and face threatening acts (FTAs - Face Threatening Acts), as well as the concept of impoliteness (Culpeper 2011). The linguistic-discursive strategies used in the construction of the dissent will be analysed from a theoretical perspective of verbal violence, according to the works of Auger et al. (2008), with particular emphasis on the offensive illocutionary acts. It appears that the purpose of verbal confrontation is not to reach consensus, but rather to express disagreement and to mark a political position. Not infrequently, however, the intention of those involved in the conflictual discourse goes beyond that of refuting a contrary thesis (and demonstrating that of your party). Instead, it aims at the disqualification and ridicule of the adversary by mobilizing aggressive and destructive verbal acts, mainly associated to an escalation of emotional tension, with the purpose of building a certain political ethos (Charaudeau 2014 [2005]).
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Bukowska, Joanna y Anna Sosnowska. "WYBÓR PODSTAWY PRAWNEJ AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁUJĄCYCH NA STRUKTURĘ ENERGETYCZNĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO". Zeszyty Prawnicze 20, n.º 3 (26 de noviembre de 2020): 35–73. http://dx.doi.org/10.21697/zp.2020.20.3.02.
Texto completoResumen
Może się wydawać, że wybór podstawy prawnej aktu w dziedzinie ochrony środowiska jest sprawą oczywistą i niebudzącą wątpliwości, zważywszy, że kompetencje Unii w tej dziedzinie mają ponad trzydziestoletnią historię, a przy tym są wykonywane intensywnie, na co wskazuje stale rosnąca liczba aktów prawnych regulujących rozmaite zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.
Jak się jednak okazuje wybór podstawy prawnej aktu w dziedzinie ochrony środowiska może okazać się problematyczny, jeśli weźmiemy pod uwagę warunki stosowania specjalnej procedury ustawodawczej, o której mowa w art. 192 ust. 2 TFUE. Procedura ta znajduje zastosowanie między innymi w odniesieniu do środków wpływających na wybór państwa członkowskiego między różnymi źródłami energii. Do tej pory TSUE nie zaproponował klarownej i spójnej interpretacji art. 192 ust. 2 TFUE w odniesieniu do przesłanek stosowania specjalnej procedury ustawodawczej. W wyroku w sprawie C-5/16 Polska przeciwko Parlamentowi i Radzie Trybunał Sprawiedliwości po raz kolejny mierzył się z tym problemem, niestety i tym razem nie doszło do wytyczenia przekonywujących kryteriów wyboru podstawy prawnej aktu, w sytuacji, gdy akt ten wpływa na wybór państwa członkowskiego między różnymi źródłami energii.
W artykule autorki dokonują przeglądu orzecznictwa sądów unijnych dotyczącego wyboru podstawy prawnej aktu. Ustalenia dokonane na tym tle stają się następnie punktem odniesienia przy ocenie wzorca stosowania specjalnej procedury ustawodawczej, który Trybunał zaproponował w sprawie C-5/16.
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A. Tusiński, Piotr. "Procedury ustawodawcze w pierwszym sejmie odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej (1919–1922). Regulacja prawna i praktyka parlamentarna". Przegląd Sejmowy 6, n.º 149 (2018): 159–93. http://dx.doi.org/10.31268/ps.2018.39.
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Matyja, Mirosław. "System polityczny Szwajcarii – uwarunkowania i główne instytucje". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia 25, n.º 1 (29 de agosto de 2018): 73. http://dx.doi.org/10.17951/k.2018.25.1.73.
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<p>Uchwalenie Konstytucji Federalnej w 1848 roku było istotne dla kształtowania systemu politycznego Szwajcarii. Współczesne brzmienie Konstytucji Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej uchwalono w 1999 roku. Obecnie system tego kraju można określić mianem parlamentarno komitetowego (system konwentu). Ze względu jednak na jego specyfikę, objawiającą się w głównie w dużej roli kantonów, jest określany także jako parlamentarno-kantonalny. Artykuł podzielono na sześć części: uwarunkowania historyczne i instytucjonalne, podziały socjopolityczne, założenia i funkcjonowanie szwajcarskiego federalizmu, system partyjny i „formuła magiczna”, główne instytucje ustrojowe oraz instrumenty i procedury. W badaniach zastosowano podejście instytucjonalno-prawne, analizę systemową oraz analizę historyczną. W toku badań wykazano, że istotnym elementem systemu jest duża niezależność i samodzielność kantonów, a także gmin. Czynnikiem determinującym kształt partii politycznych i podział socjopolityczny Szwajcarii jest przede wszystkim jej wielokulturowość. Zasadniczymi instrumentami demokratycznymi w tym państwie są: referendum, inicjatywa ludowa, zgromadzenie ludowe.</p>
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Tahirović, Emir y Ermin Kuka. "The Dayton controversies – public decision-making between parliamentary democracy and partitocracy". Historijski pogledi 4, n.º 6 (15 de noviembre de 2021): 283–301. http://dx.doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.283.
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In Bosnia and Herzegovina, the pluralization of society and the state began during 1990. This is the time when political parties are formed and the first multi-party parliamentary elections are held. Due to the strong influence and domination of the ethnic principle, political parties were formed in Bosnia and Herzegovina in 1990 in two basic forms: as ethnic or people's (national) parties, and as civic (multiethnic) parties. In almost all election cycles from the beginning of the pluralization of Bosnian society until today, ethnic political parties have won the elections. Ethnic political parties have appropriated a monopoly in the promotion of national interests since the 1990 election campaign, guided by the idea of protecting the national interests of “their“ peoples. The continued rule of ethnic parties without a coalition political agenda and agreement has strengthened ethnic pluralism in Bosnia and Herzegovina. Thus, instead of democratic decision-making and competition between the majority and the opposition, the representative bodies in Bosnia and Herzegovina have become an arena and a place of mutual competition and confrontation between the parties that make up the parliamentary majority. The lack of the necessary democratic consensus between the ruling ethnic political parties at the state level was compensated and compensated by the High Representative of the International Community (OHR), who, on the basis of the Bonn powers, promulgated certain laws. Hundreds of laws in Bosnia and Herzegovina have been promulgated by high representatives. This prevented blockages in the work of the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina. In the absence of the necessary consensus of the ruling ethnic parties, it is not possible to develop or strengthen the power of parliaments as the highest representative body of the people and citizens of Bosnia and Herzegovina. Instead of parliamentary democracy, classical partitocracy is at work. The situation is similar at the entity level, and at the cantonal level in the Federation of Bosnia and Herzegovina entity. All this, along with heterogeneous and complicated decision-making procedures and processes, ultimately reflects on the adoption of laws and decisions of importance to society and the state. Complicated forms of decision-making and the existence of a famous mechanism for the protection of vital national interests are some of the obstacles to the development of the state and society. All of these are some of the essential problems, but also the controversies that follow the decision-making processes in the representative bodies in the country. This is especially true of the adoption of important and significant public policies aimed at solving socio-political problems. Only decision-making at the level of local self-government units (municipalities and cities) can serve as a positive example. In general, the local level of government has so far proved to be the most efficient level of government in Bosnia and Herzegovina. The basis for strengthening the democratic decision-making capacities of the representative bodies of the state of Bosnia and Herzegovina is contained in the application of the democratic principle on which parliamentary democracy is established and functions. Applying almost all basic and general scientific research methods, as well as the method of analysis (content) of relevant documentation as a method of data acquisition, will identify key problems and controversies of public decision-making and policy making in Bosnia and Herzegovina, in the period after the Dayton Peace Agreement. today. A conclusion will be drawn on the need to establish a parliamentary majority based on the coalition agreement and the political program of that coalition, which significantly affects the public decision-making processes and the adoption of the necessary state public policy. Bosnia and Herzegovina is required to reconstruct public decisions in the direction of strengthening state public decisions and policies and building European standards, in order to more efficiently compose them with the requirements and directives of the European Union.
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García Fernández, Javier, Ángel Gómez Montoro, José Antonio Montilla Martos, Miguel Revenga Sánchez, Fernando Reviriego Picón, María Josefa Ridaura Martínez y Esther Seijas Villadangos. "Encuesta sobre el Gobierno en funciones". Teoría y Realidad Constitucional, n.º 40 (17 de enero de 2018): 11. http://dx.doi.org/10.5944/trc.40.2017.20921.
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Se aborda en esta encuesta, a la vista de la polémica permanencia en funciones del Gobierno que sucedió a las elecciones de diciembre de 2015, las cuestiones relativas al control parlamentario del Gobierno tras su cese. Junto a ello se analiza también la actuación del Jefe del Estado en el procedimiento ordinario de investidura, así como posibles reformas en el procedimiento automático de disolución de las Cámaras para los casos de investiduras frustradas.Following the polemic maintenance of the Acting Government due to the elections on December the 15th (2015) we try to answer some questions dealing with the parliamentary control of the Government after his stoppage. Moreover, it is analyzed the Head of State´s action in the ordinary investiture procedure, also some future reforms in the automatic procedure of dissolution of both Cameras, in case of frustrated investitures.
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Repetto, Giorgio. "LA CIVILIZZAZIONE. L’ESPANSIONE DEI DIRITTI NEGLI ANNI ‘60 E ‘70". Il Politico 251, n.º 2 (3 de marzo de 2020): 52–76. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.236.
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Sia nell'attività legislativa che nelle decisioni giudiziarie relative alla valorizzazione dei diritti fondamentali, gli anni 1960-1979 coincidono con una fase di grandi innovazioni. Nonostante le fragili maggioranze parlamentari, in quel periodo vengono emanate una lunga serie di disposizioni legislative di ampio respiro nel campo delle libertà civili e dei diritti sociali: lavoratori, donne, malati mentali e altre minoranze trascurate godono di diritti individuali e beneficiano dell'istituzione di un assetto istituzionale più coerente dei servizi pubblici in molti settori. Il saggio indaga queste evoluzioni muovendo dall'analisi di cinque diversi cluster di diritti (lavoratori, famiglia, procedura penale, diritto alla salute e riforme settoriali) e cerca di evidenziare sia le luci che le ombre di tale processo di riforma.
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Kijowski, Andrzej Tadeusz. "Wolność słowa versus procedury kontroli i reżimy regulacyjne". Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie, n.º 16 (24 de enero de 2023): 203–24. http://dx.doi.org/10.56583/frp.2058.
Texto completoResumen
W 1950 r. zniesiono w Europie wolność słowa, sankcjonując fakt, iż środki masowego przekazu od początku były zmonopolizowane przez państwa. W ostatnim zdaniu X artykułu „Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” oznajmiono, iż nie wyklucza się „prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych”. Konwencja weszła w życie w 1953 r. Polska ratyfikowała ją w 1993 r. – po 40 latach od jej uchwalenia. Natomiast w 1997 r. wprowadzono zapis do art. 54. pkt. 2, Konstytucji RP: „Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.”. Sugerowano, iż zapis ten wynika z troski o dystrybucję dobra limitowanego jakim są częstotliwości audiowizualne. W dobie cyfryzacji każdy ma już możliwości techniczne by nadawać lub pisać. Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że zapisy te sankcjonują prewencyjną kontrolę treści audiowizualnej. Wywiedziona z „Deklaracji Praw Człowieka i obywatela” z 1789 r. wolność słowa dotyczyła najnowocześniejszej formy przekazu jaką był druk lecz została zastrzeżona dla obywateli, którzy za jej nadużycie mogą odpowiadać karnie. W dystrybucji sieciowej trzeba eliminować anonimowe rozprzestrzenianie treści. Tymczasem prewencyjna kontrola i regulacja sprawia, iż pod pozorem ochrony – zmierza się do odcięcia społeczeństw od informacji nieautoryzowanych przez oligarchie parlamentarne.
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Sagan, Stanisław. "Ustanawianie konstytucji (tryby uchwalania, oktrojowanie i formy)". Studia Prawnicze KUL, n.º 2 (30 de diciembre de 2020): 255–74. http://dx.doi.org/10.31743/sp.5346.
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Ustanawianie konstytucji zasługuje na wnikliwą analizę prawniczą. Polega na zastosowaniu określonej procedury, która prowadzi do uchwalenia bądź oktrojowania (nadania) ustawy zasadniczej lub innego aktu ustrojowego. Konstytucje tożsamości narodu i jego wartości. Współcześnie kreacja tych najważniejszych aktów ustrojowych odbywa się zarówno poprzez ich uchwalanie w parlamentach i konstytuantach, jak i coraz powszechniej wykorzystywana jest instytucja referendum. Nadal stosowane jest oktrojowanie konstytucji. Większość współczesnych konstytucji ustanawiana jest w formie jednego aktu prawnego, jednakże zdarzają się przypadki konstytucji, na które składa się kilka aktów ustrojowych. Nie zawsze są to akty zawierające normy o najwyższej mocy prawnej.
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Flores Juberías, Carlos. "Libertad de expresión y procedimiento parlamentario: ¿pueden una camiseta, un adhesivo, o una pancarta constituir un discurso parlamentario? // Freedom of speech and parliamentary procedure: can a parliamentary speech take the form of a t-shirt, a sticker". Revista de Derecho Político 1, n.º 90 (15 de agosto de 2014): 41. http://dx.doi.org/10.5944/rdp.90.2014.13156.
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Porras Ramirez, José María. "La Corona y la propuesta de candidato a Presidente del Gobierno: nuevas prácticas y viejas normas". Teoría y Realidad Constitucional, n.º 40 (17 de enero de 2018): 223. http://dx.doi.org/10.5944/trc.40.2017.20919.
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El modelo de elección del Presidente del Gobierno diseñado por la Constitución, conserva toda su vigencia, al haber superado las difíciles pruebas de resistencia a las que, hasta el presente, ha sido sometido. Aun así, en vistas de la experiencia acumulada, quizá sea oportuno proponer la introducción de algunas correcciones que impidan que se fuercen las previsiones constitucionales, de acuerdo con intereses espurios. Mas ninguna de ellas afecta a al cometido que desempeña la Corona en dicho procedimiento, dado que su actuación, apegada escrupulosamente a la Constitución y orientada, en todo momento, a la promoción del interés general, se ha demostrado invaluable. A este respecto, no debemos olvidar que se trata de un procedimiento esencialmente diseñado para situar en su centro a los grupos políticos con representación parlamentaria, que son sus protagonistas naturales, y no a ninguna institución, pretendidamente arbitral, sustitutiva o auxiliar de los mismos. Corresponde, por tanto, a aquéllos, como es propio que suceda en toda democracia parlamentaria, alcanzar el acuerdo y otorgar su confianza al candidato que mejor consideren. Y nadie podrá sustituir su criterio, ni privarlos de su responsabilidad.The constitutional model of election of the President of the Government in Spain retains all its validity, having overcome the difficult tests of resistance to which it has hitherto been subjected. Even so, in view of the accumulated experience, it may be appropriate to propose the introduction of some corrections that prevent the constitutional provisions from being forced, in accordance with spurious interests. But none of them affects the role played by the Crown in this procedure since its performance, scrupulously adhering to the Constitution and oriented at all times to the promotion of general interest, has proved invaluable. In this respect we must not forget that this is a procedure essentially designed to place political groups with parliamentary representation, which are its natural protagonists, and not to any institution, allegedly as an arbitrator, substitute or an auxiliary. It is therefore up to them, as it is proper to happen in any parliamentary democracy, to reach agreement and give their confidence to the candidate they consider best. And no one can substitute their criteria, nor deprive them of their responsibility.
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Casini, Carlo. "Riflessioni sulla “legge imperfetta”: il caso della procreazione artificiale in Italia". Medicina e Morale 52, n.º 2 (30 de abril de 2003): 227–62. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.669.
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Questo articolo vuole essere un contributo per cercare di applicare nel modo più corretto possibile il pensiero del Santo Padre espresso nell’Enciclica Evangelium Vitae (paragrafo n. 73) alla materia della procreazione artificiale umana con specifico riferimento alla situazione italiana. L’analisi si articola su tre fronti: giuridico, politico, educativo-culturale.
Per quanto riguarda l’ambito della scienza giuridica, l’Autore, - dopo aver chiarito che “vuoto legislativo” non significa “vuoto normativo” - effettua un’opera di ricognizione per vedere quali sono le norme dell’ordinamento giuridico italiano che regolano oggi la nuova materia della procreazione artificiale. Questa “fotografia” è finalizzata a capire qual è il livello di miglioramento e di peggioramento giuridico introdotto da una ipotizzabile legge confrontando in questo senso la normativa vigente con la riforma approvata dalla Camera il 18 giugno 2002.
L’indagine nel campo politico muove dall’intento di valutare il comportamento del parlamentare cattolico che intende modificare con una legge una situazione ingiusta già esistente. A tal fine vengono inizialmente ripercorse le tappe delle procedure dell’iter legislativo e poi vengono considerate le condizioni politiche che possono farlo progredire e giungere a compimento.
Gli aspetti educativo-culturali riguardano l’esigenza di fare chiarezza in ordine ai valori in gioco nella loro interezza. In sostanza l’appoggio ad una legge “imperfetta” migliorativa dell’esistente e comunque espressione del massimo bene possibile raggiungibile nel dato momento storico, deve accompagnarsi ad un’opera di illuminazione delle coscienze. E’ questo compito soprattutto dell’azione pastorale della Chiesa, ma anche del parlamentare cattolico la cui posizione deve “essere chiara e a tutti nota”. Per questo, conclude Casini, “l’azione educativa non deve sentirsi estranea all’impegno per ottenere una legge, che, per quanto ‘imperfetta’, si muova nella direzione dello stesso valore che presiede al messaggio educativo e culturale. In definitiva spiegare anche le ragioni della legge ‘imperfetta’ i limiti e gli obiettivi finali irrinunciabili, è, anch’esso, un aspetto di rilevante significato educativo e culturale”.
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Rollnert Liern, Göran. "El derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental:una valoración del debate doctrinal a propósito de la ley de transparencia = The right of access to public information as fundamental right:an assessment of the doctrinal debate c". Teoría y Realidad Constitucional, n.º 34 (1 de julio de 2014): 349. http://dx.doi.org/10.5944/trc.34.2014.14097.
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La tramitación parlamentaria de la Ley de Transparencia ha reabierto el debate doctrinal sobre el acceso a la información pública como derecho fundamental. El trabajo hace una valoración de los argumentos utilizados en la discusión, en particular de la jurisprudencia nacional sobre este derecho y de su posible integración en la libertad de información del art. 20.1 d) CE interpretándolo conforme a los tratados internacionales y atendiendo a las recientes sentencias del TEDH dictadas en 2009 y 2013.The parliamentary procedure of the Law of Transparency has reopened the doctrinal debate on access to public information as a fundamental right. The paper gives a valuation of the arguments used in the discussion, in particular the national case-law on this right and the possible integration thereof in the freedom of information set in article 20.1 d) of the Spanish Constitution interpreting it according to international treaties and taking into account the recent judgments of the ECHR established in 2009 and 2013.
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López Rubio, Daniel. "La investidura del Presidente del Gobierno: un análisis a la luz de la experiencia reciente = The investiture procedure in Spain: an analysis in light of the recent experience". EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad 13 (29 de septiembre de 2017): 159. http://dx.doi.org/10.20318/eunomia.2017.3811.
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Resumen: Las elecciones generales de 2015 y 2016 en España han puesto fin a un período de más de tres décadas marcado por un claro bipartidismo. Hasta ese momento, los procesos de investidura no revistieron nunca una especial dificultad, lográndose de un modo relativamente rápido la formación de gobierno. La nueva situación política, que ha traído 315 días sin un gobierno en plenitud de funciones, aconseja revisar la normativa constitucional relativa a la elección del Presidente del Gobierno, reflexionando sobre la conveniencia o no de introducir algunas reformas.Palabras clave: Investidura, elección del Presidente, gobierno parlamentario, funciones del Rey, reforma constitucional.Abstract: More than three decades of a strong two-party system ended after the Spanish general elections of 2015 and 2016. Until then, investiture had never been particularly difficult and the formation of the government had taken place rapidly. The new political situation, that produced a 315-day span without government, suggests reviewing the constitutional rules for the election of the President of the Government and discussing whether or not some legal reforms are convenient.Keywords: Investiture, election of the President, parliamentary government, the King’s constitutional role, constitutional reform.
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Pauner Chulvi, Cristina. "La limitación del número de mandatos del Presidente del Gobierno // The term limits of the Presidential office". Revista de Derecho Político 1, n.º 101 (28 de abril de 2018): 159. http://dx.doi.org/10.5944/rdp.101.2018.21954.
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Resumen:En España, en los últimos tiempos, se ha hablado y discutido con frecuencia sobre la posibilidad de limitar el número de mandatos de los Presidentes del Gobierno. La propuesta más reciente ha sido abordada por elgrupo parlamentario Ciudadanos con la presentación de una Proposición de modificación de la Ley del Gobierno de 1997. El principal motivo que se esgrime para incorporar esta novedad es el de contribuir a la regeneración democrática y evitar episodios de perpetuación en el cargo público. Pero la propuesta ha desencadenado un debate jurídico muy intenso sobre la norma jurídica que debe contener el mandato. De modo que, frente a quienes defienden la legitimidad de la opción legal, existen sectores políticos y doctrinales que abogan por la necesidad de acometer una reforma constitucional sobre la base de las dificultades de encaje de tal medida en el sistema parlamentario español y la incidencia que tiene en el procedimiento ordinario de nombramiento del Presidente del Gobierno en los términos que establece el artículo 99 de la Constitución española.Abstract:In Spain, the idea of limiting the number of terms of office of the President of the Government has been around in recent times. The parliamentary group Ciudadanos has addressed this issue with a Proposal of amendment in the Government Act of 1997. The requirement is justified on the contribution to the democratic regeneration and the prevention of perpetuation in a public office. But the proposal has triggered an intensive debate and, against those who defend the legitimacy of the legal amendment, some sectors support the need for a constitutional reform on the basis of the inconsistencies with the Spanish parliamentary system and the impact on the ordinary procedure of appointment of the President of the Government, under the terms provided by article 99 of the Spanish Constitution. Summary:I. Introduction. II. The proposal of limiting the number of terms of office of the president of the Government and the current prescriptions of limits of term of office of the presidents of the autonomous regions. III. The need for a constitutional reform to set the limitation of the number of terms of office of the president of the Government. Arguments. 1. The limitation of the number of terms of office of the President is inconsistent with the parliamentary system. 2. The eligibility of a person is part of the representative democratic tradition. 3. The limitation of the number of terms of office ignores the logic of the State of the parties. 4. The restriction of terms of office affects the relations among institutions and represents a triple constraint that determines the subjects involved in the procedure of appointment of the President of the Government. 5. The limit of the terms of office is a vetoed subject for the Government Act asit exceeds the content authorized by the Constitution. IV. Conclusions.
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Kaboğlu, Ibrahim Ö. "Turquía: supresión del régimen parlamentario bajo el estado de emergencia. (Observaciones preliminares sobre la modificación constitucional aprobada por el referéndum de 16 de abril de 2017)". Teoría y Realidad Constitucional, n.º 40 (17 de enero de 2018): 489. http://dx.doi.org/10.5944/trc.40.2017.20916.
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This paper discusses the politico-constitutional upheavals that took place in Turkey since 15 July 2016. While a state of emergency has been proclaimed to restore the public order disturbed by the attempted military coup, a constitutional modification, addressed to remove the parliamentary system, has been adopted under exceptional circumstances. The first question we considered in this paper is the constitutional practice of the state of emergency proclaimed, both in the perspective of the binding Constitution and the European Convention on Human Rights. Secondly, we analyzed the constitutional modifications, which appear very radical with respect to the continuity of the constitutional order, with respect to the time dimension of its effects, to the procedure adopted and the requirements of the rule of law. We finally asked ourselves whether such «new order»! is sustainable in a political organization conceived as a democratic State based on the rule of law and the respect of human rights.
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Álvarez Vélez, María Isabel. "Relaciones entre Cortes Generales y Gobierno: sobre la investidura del Presidente del Gobierno y los mecanismos de exigencia de la responsabilidad política (1978-2016) // Relations between Parlamient (Cortes Generales) and Government: the investiture of the President of the Government and the mechanisms of requirement for political responsibility". Revista de Derecho Político 1, n.º 101 (28 de abril de 2018): 215. http://dx.doi.org/10.5944/rdp.101.2018.21959.
Texto completoResumen
Resumen:El presente estudio se centra en las relaciones Gobierno-Cortes Generales, relaciones esenciales en un sistema parlamentario como el nuestro. Se aborda un análisis de los diferentes procedimientos de investidura que han seguido los Presidentes del Gobierno desde 1979 hasta la actualidad. Junto a ello se reflexiona acerca de la viabilidad de los mecanismos de exigencia de la responsabilidad política y las escasa ocasiones en las que se ha utilizado.Abstract:In the present study focuses on the relations Government-Cortes Generales,relations essential in a parliamentary system like ours. It analyze of the different investiture procedures that has been followed by the Presidents of the Government from 1979 to the present. In addition to this, we reflect on the viability of mechanisms for political responsibility and the few occasions in which they have been used.Summary:I. Focus of the topic: the importance of relations between the Government and the Cortes Generales in a parliamentary system as the spanish constitution of 1978. II. The invest process of the president of the Government through different legislatures. III. About the effectiveness of the mechanisms of the requirement of political responsibility: the vote of confidence and the motion of censure. IV. To recapitulate.
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Pensabene Lionti, Tommaso. "Aspectos relevantes del intento de reforma constitucional en Italia en la cuestión de procedimiento legislativo y fuentes primarias = Aspetti rilevanti della tentata riforma constituzionale in Italia in tema di procedimiento legislativo en fonti primarie = Relevant aspects of the constitutional reform attemp in Italy in the matter of legislative procedure and primary sources". Revista Jurídica de la Universidad de León, n.º 4 (20 de diciembre de 2017): 67. http://dx.doi.org/10.18002/rjule.v0i4.5287.
Texto completoResumen
<p>El 4 de diciembre de 2016 los italianos fueron llamados a participar, a través de la votación, en el <em>referéndum</em> concerniente una ley constitucional que (en caso de resultado positivo), habría modificado de manera radical el ordenamiento constitucional italiano. Entre las múltiples modificaciones que la reforma quería introducir, se enfocan lo significativos cambios que la misma habría producido en materia de procedimiento legislativo. En efecto, al final de la reforma, el sistema parlamentario italiano habría cambiado, transitando desde el llamado “bicameralismo paritario” hasta un sistema monocameral “asimétrico o diferenciado”. En consecuencia, habría cambiado el procedimiento legislativo, estructurándose en múltiples procedimientos, o variantes procedimentales, de los cuales se describe la disciplina, haciendo hincapié sobre algunos relevantes aspectos problemáticos. Se subraya, también, que la reforma, a través de la modificación del procedimiento legislativo, junto con la nueva disciplina constitucional de los decretos-leyes y de la nueva repartición de las competencias normativas entre el Estado y las Regiones, habría producido cambios importantes sobre las mismas características de las leyes y de los actos con fuerza de ley. En conclusión, se plantean las posibles razones, políticas y jurídicas, que han llevado al resultado negativo del <em>referendum</em> constitucional.</p><p>On December 4, 2016, Italians were called upon a <em>referendum</em> to approve a constitutional law that would (if successful) radically change the Italian constitutional system. Among the many changes that the reform intended to pursue, we are focusing on the significant changes it would bring in the legislative procedure. As a result of the reform, in fact, the Italian parliamentary system would be changed, passing from "bicameralism equal" to a "asymmetric or differentiated" monocameral system. Consequently, the legislative process would have changed, articulating into multiple procedures or procedural variants, of which the discipline is described, focusing on some relevant problematic profiles. It should also be noted that the reform, with the modification of the legislative procedure, together with the new constitutional discipline of the decree-law and the new division of normative competences between the State and the Regions, would have produced important changes in the features of laws and acts with force of law. Finally, we are questioning about the possible reasons, policies and legal issues, that have led to the negative outcome of the constitutional <em>referendum</em><em>.</em></p>
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Tusiński, Piotr A. "Kontrola parlamentarna rządu w systemach ustrojowych II Rzeczypospolitej w dyskursie polskiej doktryny przedwojennej i współczesnej". Rocznik Administracji Publicznej 8 (30 de diciembre de 2022): 125–71. http://dx.doi.org/10.4467/24497800rap.22.008.16784.
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The Second Republic of Poland implemented in the first years of independence a significant part of the achievements of Western European parliamentarism with regard to the control function of the executive (government). While in the West the parliament’s powers of scrutiny over the government were mostly subject to regulation by ordinary law, in Poland and other states revived or established in Europe after World War I, the bulk of them became the subject of legal regulation at the level of constitutions, ordinary laws and/or parliamentary rules of procedure. In Poland, law and customs shaped through parliamentary practice played a relatively large role in this regard. During the Second Republic, there were three consecutive constitutional systems in force – the so-called Little Constitution of 1919, the March Constitution of 1921. (since December 1922) and the April Constitution of 1935.The control of the government by parliament was developed to the fullest extent during the period of so-called parliamentary rule, i.e. in the years 1919–1926. After the May coup began, visible mainly in the area of political and parliamentary practice, the process of gradual reduction of the control function of parliament, which found its final legal definition in the provisions of the Basic Law of April 1935. The control function of parliament was exercised at first by the Legislative Sejm, and then, from the end of 1922, by the Sejm and the Senate (the latter to a relatively modest extent). With regard to the criterion of the timing of control activities, parliamentary control of the government was divided in pre-war doctrine into preliminary and subsequent (follow-up). The post-war doctrine, following the position formulated in German science in the second half of the 19th century, also distinguished current control. Implementation of the parliament’s control function in the Second Republic included a very rich catalog of tools (means) of influencing the government. The pre-war doctrine organized them according to the criterion of the timing of control measures or their expediency. After World War II, based on the systemic criterion, ordinary (plenary debate on government policy, parliamentary inquiries and interpellations) and extended (appointment of stand- ing and extraordinary parliamentary committees with, among other things, controlling or investigative powers) means of control were distinguished, as well as statutory preliminary control (passing the budget, giving consent to the ratification of international agreements and issuing certain administrative acts), which tools are characteristic of parliamentary systems assuming the supremacy of parliament over the government. In another view, the instruments of parliamentary control were divided (on the basis of the March Constitution) into traditional means of control (interpellations, committees of inquiry, discharge, control of state debts, approval of temporary restrictions on civil rights and freedoms) and those arising from the principles of the parliamentary-cabinet form of government (debate on the prime minister’s exposé, asking questions, hearing government representatives in plenary and in committees, passing resolutions), as well as sanctions applied as a result of control (such as holding the government and individual ministers politically and constitutionally accountable). In doctrine and parliamentary practice, the greatest differences of opinion with regard to the characterized issues arose and continue to this day, in addition to systematizing issues, such issues as the scope and tools of preliminary parliamentary control, the control of decree legislation, the scope and effects of parliamentary interpellations and questions, extraordinary committees of inquiry, political and parliamentary and constitutional responsibility of the executive branch.
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Tshitshi Ndouba, Kayamba. "Suplicatorio y política: Praxis parlamentaria y claves del debate doctrinal sobre el control jurisdiccional de la potestad denegatoria de los suplicatorios // Request to waive the Parliamentary Immunity and politics. Parliamentary praxis and keys issues of the doctrinal debate on the judicial review of the parliamentary power of denial the requests". Revista de Derecho Político 1, n.º 103 (16 de diciembre de 2018): 381. http://dx.doi.org/10.5944/rdp.103.2018.23207.
Texto completoResumen
Resumen:El presente artículo aborda algunos problemas entre política y derecho que genera la decisión parlamentaria en la concesión o denegación de los suplicatorios. Por ello, analiza la praxis de los suplicatorios tramitados por el Congreso de los diputados y el Senado hasta la fecha, poniendo énfasis en la doctrina emanada de las decisiones adoptadas por las comisiones parlamentarias competentes. Para profundizar en la interacción entre suplicatorio, política y derecho, el artículo indaga en los pasos cualitativos y saltos prominentes de la evolución de la jurisprudencia constitucional sobre los límites de la facultad de las Cámaras para conceder o denegar el suplicatorio. Recaba y sistematiza el tratamiento académico de los puntos clave del debate emanado de estos sucesivos pronunciamientos del TC: las implicaciones de esta jurisprudencia en relación a los postulados constitucionales de independencia y ordenación de los poderes del Estado, las definiciones de criterios jurídicos que han de inspirar y guiar a las Cámaras para autorizar o denegar el suplicatorio, la concreción del modelo y la estructura de ponderación aplicables en los casos de colisión de dos derechos fundamentales (en este caso, los arts. 23 y 24 de la Constitución española [CE]). Summary:I. Praxis of the Parliamentary Procedure for the Waiver of Immunity. II. The Request to Waive the Parliamentary Immunity Before the Constitutional Court. Issues With Undeniable Constitutional Significance. III. The Constitutional Court and the Judicial Review of the Requests to Waive the Parliamentary Immunity. 1. Interna corporis acta and fundamental rights. 2. «Trial of opportunity» and the formal «requirement of a statement of reasons». 3. The degree of providing an adequate statement of reasons in the denial court’s decision. 4. The question of weighing up different values against one another: fundamental rights and the Parliament members’ prerogatives. IV. The Doctrinal Debate on the Constitutional Court’s Jurisprudence. 1. Emptying the parliamentarian immunity and the issue of «checks and balance» of State’s constitutional powers.2. Opposing the parliamentary immunity and the right of judicial action: the issue of preferential treatment. Concluding: Judicial Review or Political Review? Abstract:This article addresses the existing problems generated by the parliamentary decision in the granting or denial of requests made by the Supreme Court to the Parliament, in order to remove an MP’s parliamentary immunity, so that (s)he can be prosecuted. Such problems are studied both from the perspective of law and of political science. To this end, this paper analyzes and updates the research done to date about the parliamentary praxis on this issue, highlighting the doctrine which emanates from the decisions adopted by the competent parliamentary committees. In order to understand well the interaction between the praxis, politics and law, this paper also examines the most prominent changes and milestones in the evolution of the constitutional case law on the limits of the Parliament’s capacity to grant or to deny the Supreme Court request asking Parliament to remove an MP’s parliamentary immunity so that (s)he can be prosecuted. For this purpose, the paper systematizes the key points of the academic debate concerning the successive decisions of the Constitutional court: the repercussions of this jurisprudence vis-à-vis the constitutional postulates of separation and independence of State powers, the legal criteria that such postulates must inspire and in order to guide the Parliament in its decision to grant or deny the petition, the concretization of the model and the balance needed in cases of collision of two fundamental rights (in this case, articles 23 and 24 of the Spanish Constitution).
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Riberi, Mario. "Giovanni de Foresta, deputato alla camera subalpina e Ministro della giustizia (1850-1859)". Italian Review of Legal History, n.º 7 (22 de diciembre de 2021): 199–255. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16889.
Texto completoResumen
Il giurista nizzardo Giovanni de Foresta è un personaggio poco noto e pochissimo studiato, nonostante il suo notevole apporto dato alla causa dell'unità d'Italia. Sostenitore di Cavour, sedette alla Camera subalpina per due legislature, la IV e la V, e rivestì due importanti incarichi di governo: fu ministro di Grazia e Giustizia sia nel primo governo D’Azeglio sia nel secondo governo Cavour, nel periodo di entrata in vigore delle leggi Siccardi. Oggetto di questo articolo sono i progetti elaborati da De Foresta durante questi due incarichi ministeriali. Innanzitutto il progetto che si tradusse nella legge del 26 febbraio 1852 sull’introduzione di misure restrittive della libertà di stampa: il dibattito parlamentare che ne seguì portò alla frattura della destra e alla stagione del "connubio" Cavour-Rattazzi. Successivamente viene illustrata l’opera svolta da De Foresta negli anni 1855-59 per il rinnovamento della codificazione del Regno di Sardegna attraverso l’apertura di un cantiere sia per l’elaborazione del codice di procedura civile sia per la revisione dei codici penali, che nel 1860 sostituirono quelli albertini. È infine presentato il contributo dato nel 1858 da De Foresta all'alleanza con la Francia, ritenuta indispensabile da Cavour per realizzare l'unità d'Italia, quando il Guardasigilli, per venire incontro alle richieste del governo francese, fece approvare dal Parlamento subalpino la legge sulle sanzioni da infliggere ai cospiratori contro i capi di stato stranieri.
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Jimena Quesada, Luis. "La reforma del artículo 135 de la Carta Magna española : la superación de los clichés del tabú y de la rigidez constitucionales". Teoría y Realidad Constitucional, n.º 30 (1 de junio de 2012): 335. http://dx.doi.org/10.5944/trc.30.2012.7011.
Texto completoResumen
El presente trabajo sugiere que la reforma constitucional de 2011 (art. 135) para incluir el límite máximo de endeudamiento e imponer la estabilidad presupuestaria en España ha confirmado que las fuerzas e intereses económicos prevalecen en la práctica sobre unos teóricamente sólidos principios constitucionales, tanto a nivel europeo como nacional. En efecto, se han producido en paralelo algunas paradojas: en primer lugar, la ausencia de un real Gobierno económico europeo (con un asimétrico enfoque consistente en un Consejo Europeo de 27 y una Cumbre del Euro de 17) al lado de la débil posición de un Gobierno nacional (sin mayoría parlamentaria), han sido capaces no obstante de operar un «abuso» de las disposiciones constitucionales como instrumento anticrisis. En segundo término, las contundentes normas económicas y de competencia incluidas en el Derecho Europeo primario, junto con la material flexibilidad de la Constitución económica española, no se han mostrado tampoco adecuadas para impedir la relativización de los teóricamente rígidos procedimientos de revisión de los Tratados Europeos y del procedimiento especial de reforma constitucional en España. Se llega así como conclusión a la necesidad de reforzar: tanto la posición de la ciudadanía/demos a nivel europeo e interno, como los fundamentos dogmáticos de la Teoría del Derecho constitucional (europeo y nacional).This essay suggests that the 2011 Constitutional Amendment (Art. 135) to include a debt ceiling provision and impose a balance budget standard in Spain has confirmed that economic forces and interests prevail in practice over theoretical solid constitutional principles, both at European and domestic levels. Indeed, some parallel paradoxes have emerged: firstly, the absence of a real European economic government (the asymmetric approach consisting of one European Council for 27 and one Euro Summit for 17) together with the weak position of a National government (governing without a parliamentary majority) have nevertheless produced an «abuse» of constitutional provisions as an anti-crisis instrument. Secondly, the prominent economic and competition rules included in European Primary Law together with the material flexibility of the Spanish Economic Constitution have not been suitable to prevent from relativizing theoretical rigid revision procedures of European Treaties and Spanish special constitutional amendment procedure. The final conclusion is the need to strengthen both: the position of Citizenship/Demos at European and domestic level as well as the dogmatic foundation of the Theory of (European and National) Constitutional Law.
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PERNAS GARCÍA, J. José. "La aprobación o convalidación por norma con rango de Ley de proyectos sometidos a evaluación ambiental y su control de validez a la luz de la jurisprudencia del TJUE". RVAP 104-I, n.º 104-I (29 de abril de 2016): 213–38. http://dx.doi.org/10.47623/ivap-rvap.104.2016.1.07.
Texto completoResumen
LABURPENA: Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legeak bere aplikazio-esparrutik kanpo uzten ditu «legez berariaz onartutako proiektu zehatzak», horrela 2011/92 Zuzentarauaren aurreikuspenetako bat aplikatzeko modua ezarriz. 2011/92 Zuzentarauaren eta EBJAren jurisprudentziaren arabera, proiektu horien ingurumen-ebaluazioa legea onartzeko parlamentuko tramitearen esparruan egin behar da. Ingurumen-ebaluazioaren helburuak administrazio-prozeduraren ordez prozedura legegilearen bidez egiteko aukera hori aplikatzeko, EBJAren jurisprudentziak exijitzen du ingurumen-ebaluazioaren helburuak betetzen direla errekurtso bidez kontrolatzeko aukera egotea. Artikuluan Tribunalaren doktrina aztertu da bi kasutan: 2011ko urriaren 18ko Boxus kasua, eta 2012ko otsailaren 16ko Solvay kasua. RESUMEN: La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental excluye de su ámbito de aplicación «los proyectos detallados aprobados específicamente por Ley», dando así aplicación a una de las previsiones de la Directiva 2011/92. De acuerdo con la Directiva 2011/92 y la jurisprudencia del TJUE, la evaluación ambiental de estos proyectos debe llevarse a cabo en el marco del trámite parlamentario de aprobación de la ley. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia exige que las condiciones de aplicación de esta posibilidad de sustitución del procedimiento administrativo de evaluación ambiental y, en consecuencia, la consecución de los objetivos de evaluación ambiental a través del procedimiento legislativo sean objeto de control por vía de recurso. El artículo analiza la doctrina del Tribunal contenida en las sentencias de 18 de octubre de 2011, caso Boxus, y de 16 de febrero de 2012, caso Solvay. ABSTRACT: Act 21/2013 of December 9th of environmental assessment excludes «projects the details of which are specifically adopted by a legislative act», thereby meeting one of the provisions of Directive 2011/92. In accordance with Directive 2011/92 and the ECJcaselaw, the enviromental assessment of these projects should be carried out within the framework of the parliamentary work process of adoption of a legislative act. The ECJcaselaw requires that the conditions for applying this option of substituting the administrative procedure of enviromental assessment and accordingly the achievement of the enviromental assessment objectives through the legislative process may be subject to scrutiny by way of a judicial review procedure. This article analyzes the ECJdoctrine in cases Boxus from October 18th of 2011 and Solvay from February 16th of 2012.
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Sánchez Navarro, Ángel J. "El papel de la Corona en el nombramiento del primer ministro belga: un modelo no importable". Teoría y Realidad Constitucional, n.º 41 (28 de mayo de 2018): 137. http://dx.doi.org/10.5944/trc.41.2018.22139.
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Tras la incapacidad de construir una mayoría parlamentaria y la necesidad de convocar nuevas elecciones en España en 2016, ciertos sectores sociales y políticos señalaron la conveniencia de revisar los procesos de investidura. En particular, se hizo hincapié en el papel del Rey, tratando de sugerir nuevas fórmulas capaces de otorgar estabilidad y superar la fragmentación política resultante de las últimas elecciones generales. El presente estudio se centra principalmente en el modelo belga, que reserva un papel importante para el Rey, alcanzándose la conclusión de que este modelo no presenta una mayor eficiencia política que permita pensar en tratar de trasladar a nuestro sistema algunas de sus previsiones.Alter the failure to build a parliamentary majority and the need to hold new elections in Spain in 2016, certain social and political sectors have pointed out the convenience of reviewing the Spanish procedures for appointing a new Government. In particular, the role of the King has been analysed, trying to suggest new formulae capable of granting stability and surmounting the political fragmentation which resulted from the last general elections. The paper focuses mainly on the Belgian model for appointing a government, which reserves an important role for the King. It tries to show that, taking into account not only the —formal and informal— rules, but also the political practice, the Belgian model does not appear at all as more efficient than the Spanish one. And, what is more important from a systemic point of view, it allows a deeper debate on the political and institutional position of the Head of the State.
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Mateos Crespo, José Luis. "La implantación del ‘voto rogado’ en España: el perjudicial límite a la participación electoral de los españoles residentes en el extranjero a punto de enmendarse". Teoría y Realidad Constitucional, n.º 43 (23 de mayo de 2019): 441. http://dx.doi.org/10.5944/trc.43.2019.24434.
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La reforma de 2011 de la legislación electoral, relativa al voto de los españoles en el extranjero, ha generado un debate político y social desde su aprobación sobre la conveniencia de mantener el denominado voto rogado. El cambio legal buscaba incrementar las garantías en el ejercicio del derecho al sufragio activo en el exterior, pero realmente incorporó una traba más al procedimiento dificultando la participación electoral de los españoles residentes en el extranjero. Como consecuencia, las cifras de participación de españoles en el extranjero en los procesos electorales celebrados desde 2011, son inferiores a las registradas antes de la reforma. Recientemente, la Subcomisión parlamentaria para la reforma electoral debate una modificación legal para derogar el voto rogado, aunque todavía no existe un acuerdo unánime en torno a la nueva fórmula para el ejercicio del derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero.The reform of electoral legislation about the vote of Spanish citizens residing abroad has generated a political and social debate on the convenience of maintaining the so-called “voto rogado” since its approval in 2011. The legal change sought to increase the guarantees in the exercise of the right to active suffrage abroad, but it actually incorporated another obstacle in the procedure, making it difficult for Spanish residents abroad to vote. As a result, the voter turnout rates of Spanish citizens residing abroad in the electoral processes held from 2011 are lower than those registered before this reform. Recently, the Parliamentary Subcommittee for the electoral reform is debating a legal amendment to repeal “voto rogado”, although there is still no unanimous agreement around the new formula for exercising the right to vote of Spanish citizens residing abroad.
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Gambino, Silvio. "Sui militi alla revisione della costituzione nell'ordinamento italiano". Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, n.º 8 (30 de octubre de 2010): 55. http://dx.doi.org/10.18759/rdgf.v0i8.26.
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L’analisi dei limiti (soprattutto materiali) alla revisione della Costituzione nell’ordinamento italiano, da sempre oggetto di studio da parte della dottrina costituzionale, di recente è stata oggetto di approfondimento con riguardo al testo di revisione costituzionale approvato da una maggioranza parlamentare (di destra) ma poi respinto dal corpo elettorale nel referendum costituzionale. Il quesito che, più in particolare, ha originato l’approfondimento riguardava la disponibilità o meno in capo al Parlamento del potere di revisione costituzionale che avesse ad oggetto uno sbilanciamento dei poteri a favore del Governo e soprattutto del Premier. Rispetto a tale questione contingente, l’analisi ha approfondito il tema per come esso si presenta nel quadro di un costituzionalismo rigido e giurisdizionalmente garantito. La letteratura giuridica, tuttavia, ha offerto nel corso degli ultimi sessanta anni una risposta di tipo evolutivo. Nel mentre fino agli anni ’70 ha assunto che nulla impedirebbe la revisione della Costituzione qualora siano rispettate le procedure rafforzate previste nell’art. 138 Cost. (approvazione con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sottoposizione a referendum popolare qualora il testo di revisione non sia stato approvato nella seconda votazione con una maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna delle Camere), nella dottrina successiva agli anni ’80, anche sulla base del limite costituzionale secondo cui la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139 Cost.), ha individuato l’esistenza, accanto al limite formale, di un limite materiale, costituito dal rispetto dei principi supremi e dei diritti fondamentali, benché l’individuazione puntuale di tali principi appare molto più complessa e talora anche problematica. La giurisprudenza costituzionale ha sempre confermato una simile lettura allorché ha individuato, con una giurisprudenza stabile nel tempo, i principi e i diritti fondamentali come limite al processo di integrazione europea e prima ancora con riguardo ai rapporti fra diritto costituzionale e diritto canonico.
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Krzywońj, Adam. "La crisis constitucional en Polonia (2015-2017): como cuestionar el sistema del equilibrio constitucional en dos años". Teoría y Realidad Constitucional, n.º 41 (28 de mayo de 2018): 359. http://dx.doi.org/10.5944/trc.41.2018.22125.
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El articulo contiene una análisis de la profunda transformación política experimentada en Polonia en los años 2015 – 2017. El Autor analiza los cambios legales que suponen una transición del constitucionalismo liberal hacia un régimen autoritario y que provocaron una reacción de la comunidad internacional. Varios ejemplos de la violación del principio de legalidad han ocasionado en diciembre 2017 el comienzo del procedimiento del articulo 7 del Tratado de la UE para que Polonia respete los valores comunes de la UE. En el articulo están presentados los principales problemas que causaron esta crisis constitucional. El Autor se enfoca en aspectos institucionales y procedimentales, dedicando la mayor atención a la materia de la injerencia en la independencia del poder judicial y de otras instituciones provistas de autonomía constitucional (entre ellos Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo). En la conclusión el Autor presenta un esquema utilizado por la mayoría parlamentaria para cuestionar el equilibrio constitucional. Primer elemento son las modificaciones legislativas rápidas que entran en vigor sin periodo de adaptación adecuado. El segundo mecanismo utilizado son las enmiendas que no respetan el requisito de la periodicidad de mandatos – el legislador recorta de una manera arbitraria incluso aquellos mandatos cuya duración dimana directamente de las normas constitucionales. Tercer elemento del esquema es la practica de implementar el eslogan populista según el cual la mayoría parlamentaria es el representante exclusivo de la voluntad del Pueblo. El ultimo elemento es la creación, por medio de leyes, de nuevos órganos públicos que asumen las competencias adjudicadas originalmente a los entes constitucionales.The article contains an analysis of the profound political transformation experienced in Poland in the years 2015 – 2017. The Author analyzes the legal changes that imply a transition from liberal constitutionalism towards an authoritarian system and that provoked a reaction of the international community. Several examples of the violation of the principle of the rule of law have caused in December 2017 the beginning of the procedure of Article 7 of the EU Treaty so that Poland respects the common values of the EU. The main problems that caused this constitutional crisis are presented in the article. The author focuses on institutional and procedural aspects, devoting the greatest attention to the matter of interference in the independence of the judiciary and other institutions provided with constitutional autonomy (including Constitutional Tribunal and Supreme Court). In the conclusion, the author presents a scheme used by the parliamentary majority to question the constitutional balance. First element are the rapid legislative amendments that come into force without adequate adaptation period. The second mechanism used are the amendments that do not respect the requirement of periodicity of mandates - the legislator arbitrarily cuts even those terms whose duration derives directly from the constitutional norms. The third element of the scheme is the practice of implementing the populist slogan according to which the parliamentary majority is the exclusive representative of the will of the Nation. The last element is the creation, by means of ordinary laws, of new public bodies that assume the competences originally awarded to the constitutional entities.
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FERNÁNDEZ CAÑUETO, Daniel. "Las consecuencias de la reforma del art. 135.2 del Reglamento del Parlamento de Cataluña para aprobar la Ley de referéndum y la de transitoriedad jurídica: suspensión y STC 139/2017". RVAP 111, n.º 111 (30 de agosto de 2018): 207–46. http://dx.doi.org/10.47623/ivap-rvap.111.2018.06.
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LABURPENA: Ikerketa-lan honek xede du Kataluniako Parlamentuaren araudiko 135.2. artikuluaren erreforma aztertzea. Erreforma horren bidez, zera ezarri zen: ahobatezkotasuna ez dela beharrezkoa lege-proposamenak irakurketa bakarreko prozeduraren bitartez aurkezteko, eta isiltasuna gorde da prozedura beraren baitan zuzenketak egiteko aukerari buruz. Izan ere, erreforma hori zela-eta, konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa aurkeztu zen, EKren 23.2. artikulua urratzen zuelakoan, eta Konstituzio Auzitegiaren 139/2017 Epaiak parlamentuaren araudi batean baino gehiagotan eragina izan duenez gero, benetako leading case bat bihurtu da. Beraz, egoera hori aztertzeak ahalbidetzen du doktrina bat sendotzen joatea, erabaki ahal izateko lege-proposamenak irakurketa bakarreko prozeduraren bitartez izapidetzerakoan ahobatezkotasun eza eta prozedura beraren baitan zuzenketak egiteko aukerari buruz isiltasuna gordetzea uztartzea Konstituzioaren araberakoa den edo, aldiz, konstituzioaren kontra egiten duen. Bestalde, gatazka osagarri gisa, Kataluniako Parlamentuaren araudiaren erreforma abiatzeko prozeduraren aurka aurkeztu eta onartu ez zen babes-errekurtsoa ere aztertu egin du. RESUMEN: La presente investigación trata de analizar aquella reforma del Art. 135.2 del Reglamento del Parlamento de Cataluña mediante la cual se eliminó la unanimidad para presentar proposiciones de ley por lectura única y se guardó silencio sobre la posibilidad de realizar enmiendas en el interior del mismo procedimiento, cuestión por la cual se presentó un recurso de inconstitucionalidad por supuesta vulneración del Art. 23.2 CE que, al afectar a más de un reglamento parlamentario, ha convertido el fallo de la STC 139/2017 en un verdadero leading case cuyo estudio permite ir consolidando una doctrina sobre la constitucionalidad o no de compaginar la ausencia de unanimidad para la tramitación de las proposiciones de ley por lectura única con el silencio sobre la posibilidad de presentar enmiendas en su interior. Asimismo, como problemática accesoria, también se analiza el inadmitido recurso de amparo contra el procedimiento utilizado para iniciar la reforma del Reglamento del Parlamento catalán. ABSTRACT: The present investigation seeks to analyze that reform of the Art. 135.2 of the standing orders of the Parliament of Catalonia by means of which the unanimity was eliminated to submit legislative proposals by single reading and kept silence on the possibility of making amendments within the same procedure, issue for which an appeal of unconstitutionality was filed for alleged violation of Art. 23.2 of the Constitution, that, by affecting more than one parliamentary standing order, has made judgment STC 139/2017 a true leading case whose study allows us to consolidate a doctrine on the constitutionality or not of combining the absence of unanimity for the processing of the legislative proposals by single reading with the silence regarding the possibility of tabling amendments on them. Likewise, as an accessory problem, it is also analyzed the rejected amparo against the procedure used to initiate the reform of the standing orders of the Parliament of Catalonia.
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López Aguilar, Juan Fernando. "De la Constitución "irreformable" a la reforma constitucional "exprés"". Teoría y Realidad Constitucional, n.º 29 (1 de junio de 2012): 199. http://dx.doi.org/10.5944/trc.29.2012.6987.
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Desde la perspectiva del Derecho constitucional comparado, la Constitución española de 1978 (CE) pasa por ser una de las más rígidas. Su Título X prevé dos procedimientos de reforma caracterizados ambos por la exigencia de amplias mayorías parlamentarias (3/5, reforma simplificada; 2/3, revisión agravada). La revisión agravada se cualifica por la exigencia de una doble expresión de mayoría de 2/3, mediando disolución de las Cortes y nuevas elecciones, además de un referendum preceptivo de ratificación. Significativamente, la CE excluye expresamente la iniciativa popular en el procedimiento de reforma. Todo ello explica, en términos jurídicos, las enormes dificultades con que se ha abierto paso en España el debate sobre la modificación de la CE. De este modo, en 35 años sólo ha tenido lugar dos veces (1992 y 2011), en contextos muy distintos, pero coincidentes en su conexión con las coordenadas impuestas por los compromisos de España con la UE.From the viewpoint of comparative constitutional law, the 1978 Spanish Constitution happens to be one of the most rigid. Its Title X provides with two constitutional reform procedures, both characterized by the need of wide parliamentary majorities (3/5, simplified reform; 2/3, aggravated review). The latter qualifies by the requirement of a dual expression of a majority of 2/3, with dissolution of Parliament followed by new elections, as well as with a mandatory referendum for ratification. Significantly, the Spanish Constitution expressly excludes the popular initiative in the process of reform. This explains, in legal terms, the enormous difficulties with which the debate on amending the Constitution has been raised in Spain, so that it has only occurred twice in 35 years (1992 and 2011), in very different contexts, but coinciding in its connection with the coordinates imposed by Spain’s commitments with the EU.
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Paolucci, Caterina. "FORZA ITALIA A LIVELLO LOCALE: UN MARCHIO IN FRANCHISING?" Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 29, n.º 3 (diciembre de 1999): 481–516. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200028926.
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IntroduzioneIn questo saggio presenterò alcuni risultati di una ricerca empirica sugli amministratori locali di Forza Italia, che si inserisce in un più ampio progetto di analisi del processo di istituzionalizzazione di questo partito. La scelta di concentrare l'attenzione sugli eletti locali nasce dalla convinzione che il futuro di Forza Italia sia legato non solo agli eventi organizzativi e politici che la riguardano a livello nazionale e di leadership, ma anche allo sviluppo di strutture e procedure preposte alla formazione e al consolidamento di una classe dirigente locale. In altri termini, la persistenza organizzativa di questo nuovo partito dipenderà dalla realizzazione, quantomeno a livello locale, di quella «infusione di valori» che rappresenta la premessa indispensabile di ogni compiuta istituzionalizzazione (Huntington 1968, 15; Selznick 1957, 21-22). Il fatto che a cinque anni dalla sua fondazione Forza Italia sia ancora un'organizzazione patrimoniale fortemente caratterizzata in senso personalistico ed aziendalista (Maraffi 1996; Panebianco 1995), suggerisce che tale infusione di valori, e dunque l'inizio del processo di consolidamento organizzativo, non possa aver luogo per impulso delle élites nazionali. A livello centrale questo processo è reso infatti assai difficile dalle modalità di reclutamento e selezione del personale partitico e parlamentare, miranti a creare o confermare un rapporto di fiducia personale con il leader Silvio Berlusconi, tale per cui la legittimazione dei prescelti diventa una funzione diretta delle oscillazioni del rapporto fiduciario che li lega al capo. E a quest'ultimo, non già all'organizzazione, che si dirige la lealtà delle élites centrali, e non potrebbe essere altrimenti, data la natura del partito. A livello locale, al contrario, la distanza dal centro potrebbe aver favorito un reclutamento più aperto e una selezione meno personalistica, e dunque l'emergere di un personale politico più libero di dirigere la propria lealtà verso l'organizzazione in sé, piuttosto che esclusivamente verso il suo capo. Pertanto, se esiste una possibilità di consolidamento per Forza Italia, essa è sicuramente maggiore a livello locale. In questa prospettiva è necessario dunque valutarne le dinamiche organizzative sul territorio, tenendo presente tuttavia che l'istituzionalizzazione presuppone l'esistenza di un legame tra centro e periferia che favorisca coesione e coordinamento tra i diversi livelli, senza le quali difficilmente l'organizzazione potrà stabilizzarsi nel tempo (Huntington 1968, 23).
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Lafuente Balle, José María. "El art. 155 de la Constitución española: examen doctrinal y comparado // Section 155 of the Spanish Constitution: doctrinal and comparative examination". Revista de Derecho Político 1, n.º 102 (31 de julio de 2018): 79. http://dx.doi.org/10.5944/rdp.102.2018.22389.
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Resumen:El art. 155 de la Constitución regula la coerción federal (federal coercion) con un texto inspirado en el art. 37 de la Ley Fundamental de Bonn, si bien presenta alguna importante diferencia, particularmente por la distinta configuración electoral del Senado y el Bundesrat. Su redacción es un ejemplo característico de la ambigüedad propia de los preceptos constitucionales; y su interpretación padece de que carece de desarrollo legislativo y precedentes históricos. Con su Resolución de 27 de octubre de 2017, el Senado ha aplicado por vez primera el art. 155 por entender que la Generalitat había incurrido en desobediencia a la Constitución. La autorización al Gobierno central conllevó el cese del Gobierno de Cataluña y la posterior disolución del Parlamento autonómico. Dos han sido los recursos de inconstitucionalidad instados, respectivamente, por el grupo parlamentario de Unidos-Podemos y por la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña. En este trabajo se aborda su análisis jurídico y se arriesga el vaticinio de Sentencia que habrá de dictar el Tribunal Constitucional.Summary:1. Introduction: A highly political, ambiguous and vague rule; 2. Section 155 and regional tenseness. Examples of Comparative Law; 3. The unavoidable reference to the federal coercion in Germany. Section 155 and its comparison with section 37 of the Fundamental Law of Bonn; 4. The STGC of 5th of March, 1936; 5. The state coercion of section 155; 6. The former formal procedures to the state coercion of section 155; 7. The supposed facts in which section 155 is applicable; 8. The procedure of the state coercion; 9. The measures covered by section 155; 10. The exceptional political and legal application of section 155; 11. The injuction of the Spanish Government and the Order of the Spanish Senate of 27th of October, 2017; 12. The application of the state coercion of section 155 in Catalonia; 13. The procedural question of the judicial review of the Order of the Senate; 14. The motion filed by the political party UNIDOS-PODEMOS claiming that the application of section 155 is against the Spanish Constitution; 15. The Opinion 14/2017 of the Catalan Consell de Garanties Estatutarias. The motion filed by the Catalan Parliament for judicial review against the Order of the Spanish Senate; 16. The material question: Does the bloque de constitucionalidad entails a limit before section 155?Abstract:Section 155 of the Spanish Constitution regulates federal coercion by means of a text inspired in section 37 of the Fundamental Law of Bonn, although the former presents some important differences, especially due to the different electoral configuration of the Spanish Senate and the Bundesrat. The wording of section 155 is a good example of the characteristic ambiguity of constitutional texts. Its interpretation suffers from a lack of legislative development and former precedents. By means of the Order of 27th of October, 2017, the Spanish Senate has applied for the first time section 155, understanding that the Catalan Generalitat had violated the Constitution. The authorization given to the Spanish Government entailed the dismissal of the Autonomous Government of Catalonia and the dissolution of the Autonomous Parliament. Two motions have been filed,one by the parliamentary group Unidos-Podemos, and another by the DiputaciónPermanente of the Parliament of Catalonia. This paper tackles the legal analysis of section 155, and risks predicting the future ruling of the Spanish Constitutional Court.
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OLESTI RAYO, Andreu. "El control democrático y la rendición de cuentas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento". Revista Vasca de Administración Pública / Herri-Arduralaritzarako Euskal Aldizkaria, n.º 110-II (30 de abril de 2018): 77–112. http://dx.doi.org/10.47623/ivap-rvap.110.2018.2.03.
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LABURPENA: Europar Batasuneko herrialdeetako aurrekontu-diziplina zorrotz ziurtatzeko sortu zen bere garaian Egonkortasunerako eta Hazkunderako Ituna (EHI); batez ere, Ekonomia eta Diru Batasuneko partaideen aurrekontu-diziplina ziurtatzeko. Krisi ekonomiko eta finantzarioaren krisiak EHIa errebisatu beharra ekarri zuen, eta era askotako arau-egintzen multzo bat ezarri zen horren ondorioz. Gaur egun, estatuetako politika ekonomikoak zorrotzago koordinatzen eta ikuskatzen dituzte EBko erakundeek. Aplikatzeko arauak eta prozedurak direla-eta gardentasuna galdu egiten da, eta horrek kalte egiten dio kontu emateari. Gainera, herrialdeetako parlamentuei aurrekontuak maneiatzeko gaitasuna murriztu egin zaie, eta murrizketa hori ez da konpentsatu Europako Parlamentuaren egoera hobetuz, izan ere, EHIa eraldatu ondoren, erakundeen arteko harremanetan daukan posizio erlatiboa okerragoa da orain. RESUMEN: El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) fue creado para garantizar, de forma efectiva, la disciplina presupuestaria de los países de la Unión Europea (UE) en general y de los participantes en la Unión Económica y Monetaria en particular (UEM). La crisis económica y financiera motivó una revisión de la PEC mediante un conjunto de actos normativos de diversa naturaleza cuyo resultado ha llevado a una coordinación y supervisión más estrecha de las políticas económicas estatales por las instituciones de la UE. La complejidad de las normas y sus procedimientos de aplicación ocasiona una falta de transparencia que afecta a su rendición de cuentas. Además los parlamentos nacionales han visto limitado el ejercicio de su poder presupuestario y está contracción no se ha compensado con la mejora de la situación del Parlamento Europeo, pues tras la modificación de la PEC su posición relativa en las relaciones interinstitucionales ha empeorado. ABSTRACT: The Stability and Growth pact (SGP) was created to effectively guarantee the budgetary discipline within the EU Member states in general and within the European Monetary Union (EMU) participants in particular. The economic and financial crisis motivated an amendment upon the SGP by means of a set of normative acts of different kinds whose result has led to a closer coordination and supervision of state economic policies by the EU institutions. The complexity of rules and its application procedures result in a lack of transparency that affect its accountability. Besides national parliaments have had the exercise of their budgetary power limited and that constrainement has not been offset with the improvement of the European Parliament situation since after the SGP amendment, its relative position within the interinstitutional relationships had been worsened.
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LASAGABASTER HERRARTE, IÑAKI. "INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENCIA EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL MEDIO AMBIENTE". RVAP 83, n.º 83 (1 de abril de 2009): 183–215. http://dx.doi.org/10.47623/ivap-rvap.83.2009.06.
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Los derechos de acceso, participación y tutela judicial, así
como la difusión de información en materia ambiental han sufrido una
gran evolución como consecuencia de la ratifi cación del Convenio de
Aarhus. Tanto la Unión Europea como los diferentes Estados han ratifi cado
este Convenio. No se puede menos que afi rmar el carácter democráticamente
avanzado de esta normativa, aunque la distancia entre norma y
realidad parece agrandarse en esta materia. Así lo pone de manifi esto el
autor cuando evidencia la utilización de instrumentos como la validación
legislativa, es decir, la intervención de los Parlamentos para legalizar en
algunos casos, o permitir en otros, intervenciones que los Tribunales han
considerado ilegales. En este punto la participación se niega radicalmente,
imponiéndose vía parlamentaria decisiones de ordenación del territorio
que deberían adoptarse por otros procedimientos y, en especial,
respetando los procesos participativos de la población. Las nuevas tecnologías
de la información ofrecen los instrumentos necesarios para lograr
que el acceso y la difusión de la información sean más fácilmente
realizables. En materia ambiental se ha producido un avance importante,
aunque la confrontación entre los derechos a la información y la obligación de difusión de los poderes públicos no se cumple con la debida efi -
cacia, tal como se evidencia en este estudio al realizar un análisis de las
páginas web que deben tener un contenido informativo ambiental determinado.
Concluye el autor llamando la atención sobre la necesidad de
modifi car la cultura democrática existente para que los derechos de acceso
y participación y la difusión de la información en materia de ordenación
del territorio y el medio ambiente se apliquen adecuadamente. Ingurumen arloan, sarbide, partaidetza eta tutoretza judizialeko
eskubideak, bai eta informazioaren zabalkundeak ere, bilakaera
handia izan dute, Aarhusko Hitzarmena berrestearen ondorioz. Europar
Batasunak nahiz estatu guztiek berretsi dute hitzarmen hori. Baieztatu
egin behar da, inondik ere, araudi horren izaera demokratikoki aurreratua,
nahiz eta arauaren eta errealitatearen arteko aldea handitu egiten
bide den arlo honetan. Horrela jartzen du agerian egileak, legebiltzar-berrespena
bezalako tresnak erabiltzen direla baieztatzen duenean, hau da,
legebiltzarren esku-hartzea epaitegiek legez kanpokotzat jo dituzten esku-
hartze batzuk legeztatzeko zenbait kasutan, edo ahalbidetzeko beste
batzuetan. Gai horretan, partaidetza erabat ukatzen da, eta legebiltzarraren
bidez beste prozedura batzuen bitartez ¿eta bereziki, biztanleriaren
partaidetza-prozesuak errespetatuz¿ hartu beharko liratekeen erabakiak
ezartzen dira lurralde-antolamenduaren arloan. Informazioaren teknologia
berriek beharrezko tresnak eskaintzen dituzte, informazioaren sarbidea
eta zabalkundea errazago egin ahal izaten daitezen. Ingurumenaren
arloan, aurrerapen handi bat gertatu da, nahiz eta herritarrek informazioa
jasotzeko eskubideen eta aginte publikoek zabalkundea egiteko betebeharraren
arteko oreka ez den behar bezalako eraginkortasunez betetzen.
Horrela frogatzen da azterlan honetan, ingurumen arloko informazioeduki
jakin bat izan behar duten web-orrialdeen azterketa egiten denean.
Eta amaitzeko, egileak honako hau nabarmentzen du: dagoen kultura demokratikoa
aldatu behar da, sarbideko eta partaidetzako eskubideak eta
informazioaren zabalkundea, lurraldearen antolamenduren eta ingurumenaren
arloan, behar bezala aplika daitezen. The rights to access, participation and judicial protection
together with the dissemination of information in environmental matters
have undergone a great evolution because of the ratifi cation of the
Aarhus Convention. Both the EU and different States did ratify this Convention.
The democratically advanced nature of this Convention has to
be stated, although the gap between rule and reality seems to become
wider in this area. That is what the author points out by showing the use
of instruments as the legislative convalidation, that is, the intervention
by Parliaments to legalize in some cases, or authorizing in others, actions
considered illegal by the courts. Regarding this point, participation is radically
vetoed, and decisions on zoning which should have been adopted
by means of other procedures, specially by observing participative procedures,
are imposed by the Parliaments. New technologies of information
offer the necessary instruments to attain that access to and dissemination
of information are easy. There has been an important advance in
the environmental fi eld although the confrontation between the rights to
information and the obligation of dissemination by the public authorities
is not fulfi lled with the due effectiveness, as it is proved by the analysis
of the web sites which must have a specifi ed informative content. The
author fi nishes this article attracting our attention to the need of change
in the existing democratic culture so as to apply properly the rights of
access and participation and the dissemination of the information in the
fi eld of zoning and environment.
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van Meerhaeghe, Marcel A. G. "Protection of Competition in Belgium*". Journal of Public Finance and Public Choice 8, n.º 2 (1 de octubre de 1990): 93–101. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345036.
Texto completoResumen
Abstract Le recenti leggi sulla concorrenza introdotte in alcuni Paesi europei sono basate sulle norme comunitarie. È questo il caso della legge italiana del 10 ottobre 1990 e del progetto di legge belga del 10 settembre 1990.In Belgio è in vigore la legge 27 maggio 1960 contro l’abuso di posizione dominante, mentre non hanno concluso l’iter parlamentare altri progetti di legge sulla politica della concorrenza elaborati successivamente.Pertanto, il testo da esaminare (confrontandolo con la legge italiana e anche con quella comunitaria) è il progetto di legge del settembre 1990.Un primo problema è dato dal fatto che il Trattato di Roma non definisce il concetto di «concorrenza». Questa lacuna caratterizza anche molte leggi nazionali, inclusa quella belga del 1960, che contiene definizioni alquanto approssimative di «abuso» e di «posizione dominante». Il progetto di legge definisce solo tre concetti: «undertaking», «posizione dominante” e «ministro». Neppure la legge italiana fornisce definizioni.Il progetto di legge propone l’istituzione di un «Consiglio della concorrenza», con compiti sia di decisione circa attività anti-concorrenziali, sia di consultazione, di sua iniziativa o su richiesta del Ministro degli affari economici.Il consiglio è composto di dodici membri, di cui sei (compreso il presidente ed il vice-presidente) appartenenti alla magistratura ed altri sei designati sulla base della loro specifica competenza. Dodici membri supplenti sono designati sulla stessa base. Le nomine durano sei mesi e sono effettuate su deliberazione del Consiglio dei ministri. È facile immaginare che la Commissione sulla concorrenza sarà sottoposta a notevoli pressioni politiche. Inoltre, si prevede una commissione di consiglieri, rappresentanti le parti sociali, la cui consultazione ritarderà certamente le procedure.Il sistema previsto dalla legge italiana sembra preferibile, sia perché assicura una maggiore indipendenza dal potere politico, sia perché è più agile.Per quanto riguarda le operazioni di concentrazione, il progetto belga richiede una percentuale della quota di mercato (il 20%) che è inferiore a quella prevista dalla regolamentazione CEE (il 25%) ed inoltre il fatturato minimo richiesto, pari ad un miliardo di franchi belgi, appare eccessivamente basso, anche confrontato con quello della legge italiana, che è circa 15 volte più elevato e da commisurare ad un prodotto interno lordo cinque volte maggiore.Le procedure previste dal progetto belga (come, peraltro, anche quelle comunitarie) sembrano richiedere un eccessivo lavoro burocratico, anche a danno della riservatezza.Uno dei timori suscitati dalla regolamentazione comunitaria, attraverso le deroghe ai divieti di comportamento anticoncorrenziale, è quello di voler dar luogo a politiche industriali o sociali, piuttosto che ad una politica della concorrenza. In una parola, vi è il rischio che prevalga la «politica” vera e propria.Per quanto riguarda i rapporti tra normativa comunitaria e leggi nazionali, è possibile che ambedue siano applicate, purché non venga pregiudicata l’applicazione uniforme delle norme comunitarie.Le autorità nazionali possono vietare accordi rispetto ai quali la Commissione abbia dichiarato di non intervenire. Oltre a svolgere un ruolo di consulenza nei riguardi della Comunità, gli Stati possono inserirsi nel procedimento comunitario. Di fatto, per gli attori puo essere preferibile ricorrere alla magistratura, la quale può decidere il pagamento dei danni, anziché limitarsi ad imporre multe, come fa la Commissione.Con riferimento al sistema belga, si può dubitare che un Paese con un territorio così limitato possa regolamentare le concentrazioni, le quali sono già oggetto di normative comunitarie.Appare inoltre sorprendente, sia nel rapporto belga che nella legge italiana, l’assenza di norme che sopprimano il controllo dei prezzi.Poiché sia la legge italiana che il progetto belga si basano sulla normativa comunitaria, per fame una valutazione complessiva bisogna fare riferimento a quest’ultima, la quale si fonda sulla legislazione anti-trust statunitense che, tuttavia, negli ultimi anni e stata sottoposta a numerose critiche.Appare sempre piu di frequente che monopoli ed oligopoli non siano cosl preoccupanti come si pensava in passato. In particolare, un sistema oligopolistico può essere nella sua essenza concorrenziale.Non sembra quindi opportuno che, di fronte ad una revisione sostanziale di molte idee tradizionali in tema di funzionamento dei mercati, la Commissione e gli Stati membri accentuino il controllo delle concentrazioni.La politica comunitaria non sembra aver avuto un’evoluzione logica e coerente. In passato le concentrazioni mediante fusione venivano incoraggiate; dopo le si è considerate con diffidenza.Gli stessi concetti di «mercato rilevante», «pratiche concertate» e «posizione dominante” sono cambiati nel corso del tempo.Data l’ispirazione liberale del Trattato di Roma, la determinazione del «valore economico” dovrebbe essere lasciata al mercato, senza porsi il problema di identificare prezzi che siano «eccessivi». Anche per quanto riguarda gli accordi di distribuzione esclusiva, non sono chiari i danni che potrebbero conseguirne.In conclusione, le autorità nazionali farebbero meglio se cercassero d’influire sulla politica comunitaria della concorrenza piuttosto che adottarla senza i necessari approfondimenti.
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Béjar, Luisa. "La representación parlamentaria en América latina. Las comisiones permanentes y los partidos en el congreso". América Latina Hoy 47 (28 de abril de 2009). http://dx.doi.org/10.14201/alh.1369.
Texto completoResumen
RESUMEN: El principal argumento de este escrito es que la heterogeneidad de los diseños institucionales que prima en el campo electoral en América Latina (Carroll y Shugart, 2005) también se reproduce en el parlamentario. El perfil morfológico del sistema de comisiones propio de cada Congreso y el lugar que la ley les asigna en el proceso legislativo son prueba evidente de ello. Mientras el marco normativo de algunas legislaturas no deja lugar a dudas en cuanto a la intención de delegar en los partidos las decisiones encomendadas a estos cuerpos; en otros casos, ello ocurre en menor medida. En los casos formalmente ceñidos a una lógica de partido, por otra parte, se alientan esquemas de delegación de corte muy diverso. En este escrito se revisa el acomodo institucional del sistema de comisiones de la Cámara Baja en: Argentina; Bolivia; Brasil; Colombia; Chile; México; Paraguay; República Dominicana y Uruguay. En este sentido, el estudio examina tanto la importancia concedida a su trabajo, como algunos aspectos de su morfología que afectan la estructura de incentivos que acota el desarrollo del proceso legislativo. Asimismo, se analizan los procedimientos utilizados en cada Congreso para enfrentar los problemas de acción colectiva. Por último, se presentan algunas ideas para la elaboración de una futura taxonomía sobre la relación que guardan en la región los partidos y las comisiones permanentes del Congreso.ABSTRACT: The main argument of this paper is that the heterogeneity of the institutional framework that prevails in Latin America’s electoral field (Carroll y Shugart, 2005), also reproduces itself in the parliamentary one. This is proved by the morphologic profile of each Congress’ commission system and the place that the law assigns to the system. While some legislative frameworks clearly intend to delegate to parties the decisions entrusted to this bodies; in other cases, this takes place in a less important way. In the cases formally related with a party logic, on the other hand, diverse delegation schemes are encouraged. In this article we analyze the institutional framework of the commission systems of the low chamber in: Argentina; Bolivia; Brazil; Colombia; Chile; Mexico; Paraguay; Dominican Republic and Uruguay. In this sense, this work examines the importance given to their job and some aspects of its morphology that affect the structure of incentives that narrows the development of the legislative process. We also analyze the procedures used by each Congress to solve its problems of collective action. Lastly, some ideas for the elaboration of a future taxonomy on the relationship between parties and permanent commissions in the region are presented.
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Szmyt, Andrzej. "Tryb zmiany konstytucji polskich z 1921 i 1935 r. – geneza, interpretacja, praktyka". Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 29 de diciembre de 2021, 13–46. http://dx.doi.org/10.12775/tsp-w.2021.003.
Texto completoResumen
W styczniu 1919 r. odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego, którego naczelnym zadaniem było przygotowanie i uchwalenie konstytucji. Konstytucja została ostatecznie uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 17 marca 1921 r., stąd przeszła do historii jako Konstytucja marcowa. Duży wpływ na rozwiązania konstytucyjne wprowadzone do polskiej ustawy zasadniczej miały wzorce francuskiej konstytucji z roku 1875. Konstytucja wprowadzała system parlamentarno-gabinetowy. Nowelizacja konstytucji dokonana w sierpniu 1926 r. była odpowiedzią na krytykę dotychczasowego modelu konstytucyjnego i zmierzała do zwiększenia kompetencji władzy wykonawczej. Konstytucja marcowa została ostatecznie zastąpiona przez nową ustawę konstytucyjną z 23 kwietnia 1935 r. Nowa ustawa zasadnicza, zwana Konstytucją kwietniową, była wyrazem dążenia obozu rządowego do dalszego wzmocnienia władzy wykonawczej i centralizacji kluczowych kompetencji w urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie procedur zmian ustawy zasadniczej przyjętych w polskich konstytucjach okresu międzywojennego.
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Freitas, Andréa. "INFIDELIDADE PARTIDÁRIA E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA: alguns argumentos sobre a migração partidária no Brasil". Caderno CRH 21, n.º 52 (13 de septiembre de 2008). http://dx.doi.org/10.9771/ccrh.v21i52.18955.
Texto completoResumen
Este texto problematiza o tema da migração partidária de parlamentares e suas conseqüências sobre a representação política, explorando, especialmente, a relação entre o representante e seu partido. A idéia é trazer alguns argumentos iniciais sobre as conseqüências das trocas de legenda por políticos exercendo o mandato, que ultrapasse a perspectiva analítica dos procedimentos ou das regras de conversão de votos em cadeiras, revelando a complexidade do tema e a controvérsia que ele gera. PALAVRAS-CHAVE: partidos políticos, migração partidária, representação política, mandato.PARTY INFIDELITY AND POLITICAL REPRESENTATION: some arguments about the partidary migration in Brazil Andréa Freitas This text problematizes the theme of the partidary migration of members of parliament and their consequences on political representation, exploring, especially, the relationship between the representative and his party. We strive to bring some initial arguments, on the consequences of the party changes for politicians exercising their term, that surpass the analytical perspective of procedures or of the rules of conversion of votes in chairs, revealing the complexity of the theme and the controversy it generates. KEYWORDS: political parties, partidary migration, political representation, term.INFIDÉLITÉ AU PARTI ET REPRÉSENTATION POLITIQUE: quelques arguments concernant la migration d’un parti à l’autre au Brésil Andréa Freitas Cet article pose le problème du thème de la migration des parlementaires d’un parti à l’autre et de ses conséquences sur la représentation politique. On y analyse tout spécialement la relation entre les représentants des partis et leur parti. L’intention est d’apporter quelques arguments au départ sur les conséquences dues au fait que des élus politiques changent de parti au cours de leur mandat. On va au-delà d’une perspective analytique de procédé ou de règle de conversion des votes en sièges, montrant la complexité du thème et la controverse qui en découle. MOTS-CLÉS: partis politiques, changement de parti, représentation politique, mandat. Publicação Online do Caderno CRH: http://www.cadernocrh.ufba.br
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Cruz, Álvaro Ricardo de Souza y Lorena Nascimento Ramos de Almeida. "The impeachment process and party loyalty". Revista da Faculdade de Direito 1, n.º 38 (31 de agosto de 2018). http://dx.doi.org/10.22456/0104-6594.77504.
Texto completoResumen
The impeachment process and party loyalty Processo de impeachment e fidelidade partidária Álvaro Ricardo de Souza Cruz* Lorena Nascimento Ramos de Almeida** REFERÊNCIA CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza; ALMEIDA, Lorena Nascimento Ramos de. Processo de impeachment e fidelidade partidária. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, n. 38, p. 101-120, ago. 2018. RESUMOABSTRACTO presente trabalho visa trazer à baila a pesquisa sobre o tema da fidelidade partidária, sob o enfoque do exercício dos parlamentares de seu voto no processo de impeachment. Primeiramente analisaremos o instituto da fidelidade partidária, sob o enfoque de seu tratamento no ordenamento jurídico pátrio. Além disso, iremos estudar o que seria o “fechamento de questão” e como ele funcionaria – de forma genérica – nos partidos brasileiros. Ainda iremos estudar o processo de impeachment e a atuação dos parlamentares (Deputados e Senadores) e sua função dentro da teoria de checks and balances, no referido procedimento. Por fim, traremos um estudo de caso referente ao “fechamento de questão” pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Para atingimento dos objetivos científicos traçados, procederemos a uma abordagem de estudo qualitativa do tipo exploratória, tendo como base o levantamento bibliográfico da literatura jurídica a fim de melhor compreender os institutos jurídicos envolvidos e efetivar a contraposição dos posicionamentos existentes na atualidade sobre os temas acima descritos, almejando compreender qual o melhor posicionamento acerca dos temas por meio do desenvolvimento argumentativo das teorias atuais. The present work aims to shed light to the research on the theme of party loyalty, under the focus on the exercise of the parliamentarians’ vote during the process of impeachment. First, we will analyze the institution of party loyalty, under the focus of its treatment on the country’s legal order. In addition, we will study what would be the "fixation of matter" and how it would function – in a generic way – inside Brazilian political parties. We will then study the process of impeachment and the performance of parliamentarians (Deputies and Senators) and their function within the theory of checks and balances, in the previously mentioned procedure. Finally, we will bring a case study on the "fixation of matter" by the Democratic Labor Party - PDT, during the impeachment process of former Brazilian President Dilma Rousseff. In order to reach the scientific objectives outlined above, we will proceed to an exploratory qualitative study based on a bibliographical legal literature research in order to better understand the legal institutions involved in it as well as turning effective the counter parts of already existing positions on the topics described above, intending to understand the best positioning on the themes through the argumentative development of current theories. PALAVRAS-CHAVEKEYWORDSFidelidade Partidária. “Fechamento de Questão”. Impeachment. Separação de Poderes. Mandato Legislativo.Party Loyalty. “Fixation of Matter”. Impeachment. Separation of Powers. Legislative Mandate.* Professor adjunto III da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Graduação em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (1985). Graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (1986), Mestrado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (1990) e Doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (2003). Procurador da República.** Mestranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Especialização em Direito Administrativo e Especialização em Direito Constitucional pela Faculdade Internacional Signorelli. Bacharel em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Integrante da Comissão de Direito Militar da OAB/MG (2015/2018). Advogada.