Literatura académica sobre el tema "Conflictos constitucionales"

RESEÑA de : Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional. La sentencia constitucional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales (cuadernos y debates nº 63), 1996. Y RESEÑA de : La sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley. Madrid: Tribunal Constitucional-Centro de Estudios Constitucionales (cuadernos y debates nº66), 1997. Y RESEÑA de : Actas de las III Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional : la sentencia en los conflictos constitucionales de competencia. Madrid: Tribunal Constitucional-Centro de Estudios Constitucionales (cuadernos y debates nº79), 1998.

El trabajo estudia los conflictos constitucionales como una especie de teoría moral deontológica pluralista moderada, por lo que se centra en los principios constitucionales, la proporcionalidad y la función de los tribunales constitucionales. A raíz de un análisis de las estructuras morales deontológicas (cuantitativas y no cuantitativas) y de un repaso por los conceptos de derogación, laguna normativa y jerarquía normativa, se analiza el teorema Alchourrón-Makinson. Se concluye, en base al teorema, que la proporcionalidad constitucional es una modalidad de cambio normativo. Según esto, los tribunales constitucionales actuarían como órganos de revisión constitucional que derogan algunas consecuencias normativas.

Sumario: I. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL MARCO DE UN ESTADO AUTONÓMICO.—II. EL CONTROL ABSTRACTO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES. EL RECURSO Y LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.—III. EL RECURSO DE AMPARO POR PARTE DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.—IV. LOS CONFLICTOS CONSTITUCIONALES DE COMPETENCIAS.—V. LA IMPUGNACIÓN DEL TÍTULO V DE LA LOTC.—VI. EL CONFLICTO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL.—VII. LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

En este artículo se analizan las medidas constitucionales que se pueden adoptar en un marco de lucha contra la corrupción política, que pueden ser medidas represivas dirigidas a la prohibición de comportamientos con la finalidad de inhibir o eliminar la impunidad, o bien medidas preventivas más vinculadas a la transparencia para su incorporación constitucional, con la finalidad de evitar conflictos constitucionales, facilitar la información pública y determinar el rol de los medios de comunicación.

Los acuerdos de paz que buscan poner fin a conflictos armados internos suelen estar precedidos de modificaciones constitucionales radicales. Más de 100 acuerdos de paz concluidos desde 1989 contienen disposiciones relacionadas con la reforma constitucional. Cuando tales reformas constitucionales están concebidas dentro del marco de una Constitución existente, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la creación de una nueva Constitución, los acuerdos alcanzados con tanto esfuerzo entre las partes firmantes están expuestos al “desafío de inconstitucionalidad”. Aunque existe abundante literatura sobre la elaboración de una nueva Constitución durante las transiciones del conflicto a la paz, la implementación de un acuerdo de paz dentro de un marco constitucional existente y el “desafío de inconstitucionalidad” de las reformas para la paz no han sido examinados en su totalidad hasta la fecha. En este artículo identificamos primero las modalidades en las cuales el “desafío de inconstitucionalidad” se dirige a un cambio constitucional originado en acuerdos de paz. El análisis lo realizamos a través de un estudio comparado y con especial referencia a los procesos de paz en Colombia (con las FARC-EP) y en Filipinas (conflicto Mindanao). Luego, examinamos las promesas y las limitaciones de tres estrategias jurídicas para abordar el desafío de inconstitucionalidad, a saber: (i) acudir al derecho internacional en el examen de inconstitucionalidad, (ii) adoptar el transicionalismo en el control judicial y (iii) atribuir un estatus jurídico supraconstitucional o internacional a los acuerdos de paz. Concluimos que mientras cada estrategia tiene algún mérito, su efectividad puede verse limitada cuando carecen de viabilidad jurídica o política. La resultante insolubilidad del desafío de inconstitucionalidad, particularmente en jurisdicciones donde existe un fuerte compromiso con el legalismo, justifica un replanteamiento del vínculo entre la construcción de la paz y la reforma constitucional, y señala la importancia de tomar en serio los marcos constitucionales existentes en los países en transición.

Las reformas constitucionales latinoamericanas de la última década, crearon y/o reforzaron las formas de justicia constitucional. La mayor parte de las constituciones previeron el rol del "ombudsman" o las "defensorías del pueblo" para la defensa y promoción de los derechos. El surgimiento de múltiples conflictos ambientales sobre el uso y acceso a los recursos naturales ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con mecanismos institucionales, como los que posee la Defensoría, para su abordaje. El objetivo de este artículo es analizar el rol de la Defensoría del Pueblo en el abordaje del conflicto ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo.

Los tribunales constitucionales representan un aspecto fundamental al interior de los sistemas democráticos contemporáneos, hasta el punto de ser organizados como una jurisdicción especializada para la resolución de conflictos constitucionales. En el marco de sus funciones, los tribunales constitucionales han emitido sentencias que buscan proteger y garantizar derechos que han sido amenazados o vulnerados de manera sistemática. Estas sentencias tienen un carácter estructural, pues implican que las autoridades judiciales, de naturaleza constitucional, procuran restablecer derechos de grupos sociales excluidos a través de una serie de mandatos y procesos judiciales participativos que permitan restablecer los derechos vulnerados e incidir en cambios políticos como consecuencia del cumplimiento de deberes y obligaciones de las autoridades del Estado que deben proteger a esta parte de la población de forma que se evite cualquier tipo de marginación.

La ponderación es una estructura metodológica compleja utilizada por las cortes constitucionales para resolver conflictos entre principios y justificar la relación de prevalencia condicionada existente entre dos bienes constitucionalmente protegidos. Su utilización implica la aceptación de que existe una diferencia entre principios y reglas dentro del sistema normativo, que los principios son susceptibles de cumplimiento gradual y que los derechos fundamentales y bienes colectivos constitucionalmente protegidos son equiparables a los principios a efectos de aplicación de la estructura de la ponderación. El Tribunal Constitucional español utiliza la ponderación en la resolución de conflictos entre bienes constitucionalmente protegidos dentro del principio estructural de la proporcionalidad, sin que la técnica ponderativa haya alcanzado un desarrollo independiente. El presente trabajo expone la aplicación que el Tribunal Constitucional español hace de la ponderación y la función que esta desempeña en la jurisprudencia constitucional. Asimismo, se apuntan las principales problemáticas de su aplicación.

Los modelos más relevantes según la doctrina especializada enargumentación constitucional para resolver conflictos y asignar significado a los Derechos Fundamentales son la teoría del contenido esencial y el modelo de la ponderación. Para el primer modelo, la concreción de normas de Derechos Fundamentales proviene de una determinación previa, asignada por el legislador, en tanto que el segundo modelo defiende una postura a través de la cual la concreción de un derecho fundamental proviene de los límites externos cuando éstos se encuentran en conflicto con otros, en aras de su plena realización. Nuestro objetivo consiste en demostrar que a pesar de que existe una aparente dicotomía entre ambos, éstos se complementan, cuando el juez asigna significado y concreta la deontología contenida en las Cartas Constitucionales.

En la práctica jurídica contemporánea es usual que muchas discusiones giren en torno a elementos tales como "derechos fundamentales", "bienes constitucionalmente protegidos", "valores superiores" y otros aspectos sustantivos, normalmente de rango constitucional. Asimismo, la distinción entre "principios" y "reglas", o conceptos como el de "ponderación", han pasado en las últimas décadas a formar parte del bagaje teórico básico de los juristas. En esta obra se intenta ofrecer un análisis riguroso de los conflictos entre principios constitucionales, de la ponderación y de la posibilidad de obtener una única respuesta correcta en todo caso, y se intenta mostrar cómo desde el positivismo jurídico y la filosofía analítica puede darse perfecta cuenta de estas cuestiones, señalando además cómo algunas afirmaciones ampliamente compartidas sobre los principios y la ponderación deberían ser abandonadas o cuanto menos matizadas, y que en esencia las situaciones de conflicto entre principios son muy similares, tanto en su estructura como en su modo de resolución, a las antinomias entre reglas.
In the contemporary legal practice, there are very often discussions related with legal elements labelled as “fundamental rights”, “constitutionally protected goods”, “superior values” and other substantive aspects, usually of a constitutional level. Also, the distinction between “legal principles” and “legal rules”, or concepts such as “weighing and balancing” have become in recent years some of the most basic theoretical tools of legal scholars and jurists. This work tries to offer a rigorous analysis about the conflicts between constitutional principles, weighing and balancing and the possibility of a single correct answer, and tries to give account of these matters from the scope of legal positivism and analytic philosophy. Some of the conclusions are that some deeply shared claims about legal principles and weighing and balancing should be abandoned or at least qualified, and that, in sum, conflicts between rules and conflicts between principles are very similar, both in their structure and in the procedures or mechanisms for solving them.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
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El tema de este trabajo de memoria es el conflicto y jerarquía de derechos constitucionales, cuales son el caso de la especie, la libertad de expresión e información y el derecho a la honra e intimidad. Esta tesis pretende analizar el tema de la colisión de derechos y cómo resolverlo, de esta manera comprende una investigación del derecho chileno, doctrina y jurisprudencia, y un análisis de derecho comparado. El método utilizado consiste en el razonamiento acerca de las diferentes posturas que existen en la materia, ponderando cada una, y analizando de qué forma la jurisprudencia ha ido recepcionando las diferentes teorías. La conclusión de este trabajo consiste basicamente en que la resolución del conflicto planteado, pasa por adoptar un sistema represivo que excluye toda forma de censura previa, incluso la judicial
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El estándar de Protección y Seguridad Plenas (PSP), cuyo contenido es de fuente consuetudinaria, se encuentra establecido en los distintos Acuerdos Internacionales de Inversión suscritos por el Perú; asimismo, en el caso Bear Creek se establece que la obligación de debida diligencia del Estado constituye un elemento de este estándar. En ese sentido, la presente tesis desarrolla cómo se debe interpretar esta obligación de debida diligencia para su aplicación en la gestión de conflictos sociales en los proyectos mineros. Para ello, se parte de una aproximación teórica del estándar PSP así como de su elemento de debida diligencia y su concepción en el Derecho Internacional de Inversiones y otras ramas del Derecho Internacional. Luego, revisamos el panorama general sobre la gestión de conflictos sociales en el Perú lo que nos permite analizar el conflicto social en el caso Bear Creek tomando en consideración la tipología de conflictos sociales definida. Finalmente, revisaremos la aplicación del estándar PSP para la prevención de conflictos donde resaltamos los aportes del caso Bear Creek en cuanto a la interpretación de la debida diligencia para prevenir y solucionar conflictos sociales en proyectos mineros. Se concluye que la obligación de debida diligencia debiera interpretarse como la obligación que tiene el Estado a fin de brindar protección y seguridades plenas al inversionista. Si cumple ello, se debe entender que el Estado cumple con el estándar de Nivel Mínimo de Trato y, por lo tanto, con sus compromisos internacionales. Por ello, conforme a la obligación de debida diligencia y tomando en consideración la interpretación del Tribunal Arbitral en el fallo sobre Bear Creek, el Estado peruano se encontraría obligado internacionalmente a implementar un efectivo marco regulatorio de prevención de conflictos que propicie el apoyo y equilibrio entre las políticas de protección de inversiones y el desarrollo de su población.
The Full Protection and Security Standard (FPS), whose content is of a consuetudinary source, is established in the various international investment agreements signed by Peru; Similarly, in the case Bear Creek establishes that the State’s due diligence obligation is an element of this standard. In this sense, this thesis develops how this obligation of due diligence should be interpreted for its application in the social conflict management in mining projects. This is based on a theoretical approximation of the PSP standard as well as its element of due diligence and its conception in International Investment Law and other areas of International Law. Then, we reviewed the general overview on the social conflict management in Peru which allows us to analyze the social conflict in the Bear Creek case taking into consideration the typology of social conflicts defined. Finally, we will review the application of the PSP standard for conflict prevention where we highlight the contributions of the Bear Creek case regarding the interpretation of due diligence to prevent and resolve social conflicts in mining projects. In conclusion the due diligence obligation should be interpreted as the obligation of the State in order to provide full protection and security to the investor. If this is done, it must be understood that the State complies with the International Minimum Standard of Treatment and therefore with its international commitments. Therefore, in accordance with the obligation of due diligence and taking into consideration the interpretation of the Arbitral Tribunal in the Bear Creek case, the Peruvian State would be under an international obligation to implement an effective regulatory framework for conflict prevention that fosters support and a balance between investment protection policies and the development of population.
Tesis

A intenção de nossa pesquisa é fornecer à comunidade jurídica do Brasil estudo abrangente sobre determinado processo judicial brasileiro. O fim deste processo é solucionar, como questão principal, incertezas que possam surgir em torno dos limites dos Poderes do Estado; os chamos conflitos de atribuição. A pesquisa processual é antecedida por detalhado histórico sobre a separação brasileira de Poderes.
El propósito de nuestra investigación es proporcionar a la comunidad juridica, especialmente brasileña, un extenso estudio acerca del proceso constitucional brasileño cuya finalidad es proteger el equilibrio del sistema de frenos y contrapesos solucionando, como cuestión principal, los conflictos entre los poderes del Estado o, en otras palabras, proteger las atribuciones constitucionales de los distinctos órganos de poder solucionando dichos conflictos. En Brasil de 2006 casi no hay estudios acerca deste asunto, no obstante el derecho brasileño conocer la práctica de solucionar, en el campo judicial, los mencionados conflictos como cuestión principal en el proceso constitucional cuya localización, es importante destacar, está en el sector del Derecho Procesal Constitucional, más precisamente el Derecho Procesal Constitucional Orgánico. Nuestra investigación empieza con minuciosa historia sobre el sistema de frenos y contrapesos brasileño.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
Constituye un hecho de la causa, por estos días, la constante tensión que se gatilla entre la Ley y la Potestad Reglamentaria Presidencial, en especial, con aquella cuyo objeto radica, precisamente, en dar ejecución a las normas legales emanadas del Poder Legislativo. Lo anterior lo estimamos así atendida la cantidad de requerimientos parlamentarios deducidos en contra de aquellos decretos supremos cuyo objeto estriba en aplicar las leyes. De una parte, la cuestión radicará en las diferencias sustantivas que puedan llegar a advertirse entre aquello que contiene una norma legal y lo que, luego, procede a “ejecutar” el Presidente de la República, toda vez que la probabilidad de que este último se exceda de su facultad constitucional de ejecutar o pormenorizar la Ley (esto es, que agregue cuestiones sustantivas que vayan más allá del contenido normativo del precepto legal que se intenta ejecutar) es una cuestión siempre latente. De consiguiente, ahí será cuando deba operar el control preventivo del Tribunal Constitucional, a efectos de velar porque la actuación reglamentaria del Presidente de la República observe lo sustancial de la norma legal que pretende desarrollar, resguardándose, de ese modo también, la preeminencia del ordenamiento constitucional. De otra parte, la determinación precisa y rigurosa de los deslindes que deban existir entre las materias que recaigan en la reserva legal y la potestad reglamentaria presidencial, respectivamente, será, también, un asunto a resolver por los pronunciamientos de la Magistratura Constitucional, los que, como se verá, constituirán el eje central de este trabajo. Siendo así, en las líneas que siguen nos proponemos, primero, referirnos a algunas de las consideraciones positivas y doctrinarias existentes respecto a este Conflicto Constitucional para, luego, entrar a desmenuzar la manera en que la Jurisdicción Constitucional ha enfrentado esta controversia en varios de sus pronunciamientos recientes

La presente Tesis Doctoral se efectúa mediante un marco teórico de la investigación en función del análisis histórico de las violencias y políticas de gobierno y un riguroso análisis normativo internacional y jurisprudencial para la defensa de los derechos humanos de los menores como víctimas del conflicto armado colombiano, predicando del Estado Colombiano la obligación de proteger de manera integral los derechos de los niños, niñas y adolescentes, asumiendo su res¬ponsabilidad de brindar educación de calidad, salud gratuita, permanencia en el territorio, opor-tunidades de trabajo, vivienda digna , recreación, exigencia de la desvinculación total de los menores de la filas de los grupos armados así como la corresponsabilidad de la sociedad civil para establecer canales de participación activa y efectiva de protección y atención a los menores afectados por la violencia. De esta manera, la Tesis Doctoral se encuentra estructurada en tres capítulos. En el primer capítulo denominado la situación de los menores en el contexto del conflicto armado como parte de la población colombiana que se ha desenvuelto en medio de un conflicto en el que el poder y la violencia aparecen como los parámetros con los que ella se ha encontrado e identificado y donde ha hallado los referentes para actuar. Un segundo capítulo en donde los menores como titulares de los derechos tienen un referente constitucional y jurisprudencial para el ejercicio de sus derechos y un tercer capítulo una descripción conceptual del marco jurídico de los convenios y tratados internacionales sobre los menores, en virtud que a lo largo de la historia, los convenios y tratados internacionales han sido un instrumento idóneo para resolver problemas que trascienden las fronteras, con el objetivo de unificar criterios jurídicos para la solución de los mismos. Una de las problemáticas comunes a todos los Estados es la vulneración de los derechos de los menores.
The present Doctoral thesis has been done through a theoretical framework of the research based on the historical analysis of violence and government policies and a rigorous analysis of the international standards and case law for the protection of the children human rights as victims of the Colombian armed conflict. Stressing on the state obligation to provide boys, girls and teenagers an integral protection of their human rights, by assuming its own responsibility to provide and ensure quality education, free health, remain on the territory, job opportunities, adequate housing, recreation, requirement of total separation of children from armed groups, as well as the civil society's co-responsibility to establish channels of effective and participative protection and attention to those minors affected by violence. In this way, the Doctoral Thesis is structured in three chapters. In the first chapter named of the situation of Children / o Minors the armed conflict that has unfolded in the midst of a conflict which power and violence appear as parameters with it was found and identified and where it found referents to act. Minors / children “as rights holders” Case law reference to exercise their rights to ensure their rights. Finally, the third Chapter provides a conceptual description of the legal framework based on international convention and treaties on minors. History has showed that International instruments have been a suitable mean to solve problems which go further borders, aiming to standardise legal criteria to solve them. Violation of the rights of minors is a common issue to all States.

Tema sumamente delicado y preocupante es el relativo a la Jurisdicción Militar, y que ahora está relacionado con el título de la presente tesis Conflictos de competencia entre el Poder Judicial y la Jurisdicción Militar en el contexto constitucional. Y se presenta más arduo todavía si se toma en cuenta que su tratamiento académico ha sido descuidado en los ámbitos constitucional y legal. Y qué decir cuando se ve que el poder político, a través de la línea evolutiva histórica –en especial, el Poder Ejecutivo– ha sido el que ha impuesto las reglas de juego para el desarrollo y aplicación de la Jurisdicción Militar, resultando muchas veces excesivas las decisiones que, en un momento determinado, expidieron los Tribunales Militares, precisamente integrados por jueces reclutados por el propio Poder Ejecutivo, desconociéndose a los demás aparatos estatales. La historia nos enseña que la función política de las Fuerzas Armadas ha sido un fenómeno persistente en América Latina, y en el caso peruano se deja notar esta dura realidad, lo cual ha permitido que se lleven a cabo permanentes oscilaciones de la autoridad civil que trajo como producto la ruptura de los diques de la democracia, por parte de las camarillas políticas, de casta y elitista, con el propósito de controlar el poder social y político. Frente a esto surge la siguiente interrogante: ¿Estado Constitucional o Estado Militar? La respuesta se podrá apreciar a lo largo del presente estudio.
Tesis

Este ejercicio académico busca contribuir en la formación de los estudiantes frente a los diversos escenarios en que opera la presentación de acciones de tutela como mecanismo de protección constitucional. Desde su creación hace 30 años la acción de tutela se ha convertido en el mecanismo judicial más utilizado por las personas para lograr la eficaz protección de sus derechos fundamentales recuperándose así la confianza en los operadores judiciales por lo tanto se requiere enriquecer su aspecto técnico y jurídico en los estudiantes. Este documento académico trata de los siguientes temas especializados de la acción de tutela: marco normativo, definición, derechos que se protegen, presupuestos procesales, competencia, caducidad, conflicto de competencias, medidas provisionales, flujograma procedimental y virtual, además de los aspectos novedosos de la acción de tutela contra providencias judiciales y tutela contra tutela. En conclusión, debido a que la acción de tutela se ha convertido en un mecanismo prevalente y a que se usan las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales (justicia virtual) en virtud del decreto 806 del 2020, se hace indispensable ofrecer una presentación de la acción de tutela y de sus presupuestos técnicos y procesales requeridos actualmente. Solo así se obtiene una formación integral de los estudiantes y cumplir con la competencia del curso de acciones constitucionales de proponer soluciones a problemas jurídicos para la defensa de los intereses individuales y colectivos a partir de la aplicación del marco constitucional colombiano.

Introducción En 2023 el Banco de la República celebra 100 años de su fundación. Este es un aniversario de gran significado, el cual ofrece la oportunidad de resaltar el aporte que el Banco ha hecho al desarrollo del país. Su trayectoria como garante de la estabilidad monetaria lo ha consolidado como la institución estatal independiente que genera mayor confianza entre los colombianos por su transparencia, capacidad de gestión y el cumplimiento efectivo de las funciones de banca central y culturales encomendadas en la Constitución y la Ley. En una fecha tan importante como esta, la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) hace un reconocimiento a las generaciones de directivos y funcionarios que con su compromiso y dedicación contribuyeron a engrandecer esta institución1. El mandato del Banco de la República se consolidó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, para cuya integración los ciudadanos tuvieron la oportunidad de elegir a las setenta personas que tendrían como tarea redactar una nueva constitución. Los dirigentes de los tres movimientos políticos más votados fueron elegidos presidentes de la Asamblea, y esta presidencia tripartita reflejó la pluralidad y la necesidad de consenso entre las diferentes fuerzas políticas para sacar adelante la reforma. Entre los asuntos considerados, la Asamblea Nacional Constituyente le otorgó especial importancia a la estabilidad monetaria. Por esta razón decidió incluir el tema de banca central y dotar al Banco de la República de la autonomía necesaria para utilizar los instrumentos a su cargo sin injerencia de otras autoridades. El constituyente entendió que velar por la estabilidad de precios es un deber del Estado y que la entidad responsable de este cometido debe estar consagrada en la Constitución y contar con la capacidad técnica y autonomía institucional necesaria para adoptar las decisiones que considere pertinentes para alcanzar este objetivo fundamental, en coordinación con la política económica general. En particular, el artículo 373 estableció que “el Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”, disposición que coincidía con el esquema de banca central adoptado por países exitosos en el control de la inflación. En 1999, mediante sentencia 481, la Corte Constitucional indicó que “el deber de mantener la capacidad adquisitiva de la moneda no solo se predica de la autoridad monetaria, crediticia y cambiaria, esto es de la Junta del Banco de la República, sino también de quienes tienen responsabilidades en la formulación y ejecución de la política económica general del país” y que “la finalidad constitucional básica del Banco de la República es la protección de la moneda sana, pero esa autoridad debe tomar en consideración en sus decisiones los otros objetivos económicos de la intervención del Estado, como el pleno empleo, pues sus funciones deben coordinarse con la política económica general.” La reforma al Banco de la República concertada en la Constituyente de 1991 y en la Ley 31 de 1992 se puede resumir en los siguientes aspectos: i) asignó al Banco un mandato específico: mantener la capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general; ii) designó a la JDBR como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia; iii) otorgó al Banco y a su Junta Directiva un importante grado de independencia frente al Gobierno; iv) prohibió al Banco otorgar crédito al sector privado distinto del financiero; v) estableció que para otorgar crédito al Gobierno se requería del voto unánime de su Junta Directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto; vi) determinó que el legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares; vii) designó al Congreso, en representación de la sociedad, como principal destinatario del ejercicio de rendición de informes del Banco; y viii) delegó en el presidente de la República la función de inspección, vigilancia y control sobre el Banco de la República. Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente entendieron claramente que los beneficios de una inflación baja y estable se extienden a toda la sociedad y contribuyen al buen funcionamiento del sistema económico. Entre los más importantes cabe mencionar que una inflación baja promueve el uso eficiente de los recursos productivos, al permitir que los precios relativos guíen de mejor forma la asignación de recursos, lo cual promueve el crecimiento económico y aumenta el bienestar de la población. Igualmente, una inflación baja reduce la incertidumbre sobre la rentabilidad esperada de la inversión y sobre el precio futuro de los activos, lo que aumenta la confianza de los agentes económicos, facilita la financiación de largo plazo y estimula la inversión. Una inflación baja evita redistribuciones arbitrarias del ingreso y la riqueza, debido a que los estratos de ingresos bajos de la población no pueden protegerse de la inflación mediante la diversificación de sus activos, y concentran una elevada proporción de su ingreso en la compra de alimentos y otros bienes básicos, ítems que generalmente son los más afectados por los choques inflacionarios2. Por otra parte, una baja inflación facilita las negociaciones salariales, lo cual crea un buen clima laboral y reduce la volatilidad del nivel de empleo. Finalmente, una inflación baja contribuye a que el sistema de impuestos sea más transparente y equitativo, al evitar las distorsiones que la inflación introduce sobre el valor de los activos y de los ingresos que componen la base tributaria. Desde el punto de vista de la autoridad monetaria, uno de los beneficios más relevantes de una inflación baja es la credibilidad que los agentes económicos adquieren en la meta de inflación, lo que la convierte en un ancla nominal efectiva sobre el nivel de precios. Al recibir su mandato, y en uso de su autonomía, el Banco de la República empezó a anunciar metas puntuales de inflación anual a partir de 1992. Si bien en esta primera etapa las metas de inflación propuestas no se lograron cumplir de forma precisa, sí se consiguió imprimirle a la inflación una tendencia descendente, que la llevó desde un nivel del 32,4% en 1990 al 16,7% en 1998. Para aquella época la tasa de cambio se mantenía dentro de una banda, lo cual limitaba la efectividad de la política monetaria, que buscaba cumplir simultáneamente una meta de inflación y un objetivo de tasa de cambio. La crisis asiática se contagió a las economías emergentes y afectó de manera importante a la economía colombiana. La tasa de cambio presentó una fuerte presión a la depreciación al cerrarse el acceso al financiamiento externo en condiciones de un elevado desequilibrio externo. Lo anterior, junto con la falta de flexibilidad cambiaria, impidió hacer una política monetaria contracíclica, lo que condujo a una contracción del PIB del 4,2% en dicho año. En este contexto de desaceleración económica, la inflación anual se redujo al 9,2% a finales de 1999, situándose por debajo de la meta del 15% que se había fijado para ese año. Este episodio reveló plenamente lo costoso que podría ser, en términos de actividad económica, el tener simultáneamente metas para la inflación y para la tasa de cambio. Hacia finales de 1999 el Banco de la República anunció la adopción de un nuevo régimen de política monetaria que denominó Esquema de Inflación Objetivo. Este régimen, conocido internacionalmente como ‘Inflation Targeting,’ venía ganando creciente aceptación en países desarrollados, al haber sido adoptado a partir de 1991 por Nueva Zelanda, Canadá e Inglaterra, entre otros, logrando importantes avances en el manejo de la inflación, sin incurrir en costos en términos de actividad económica. En América Latina, Brasil y Chile también lo acogieron en 1999. En el caso colombiano, el último requisito pendiente por cumplir para adoptar dicho esquema de política era la flexibilidad de la tasa de cambio, la cual se materializó hacia septiembre de 1999, cuando la JDBR decidió abandonar las bandas cambiarias para permitir que la tasa de cambio se determinara libremente en el mercado. De forma coherente con el mandato constitucional, el objetivo fundamental de este nuevo esquema de política consistía en “el cumplimiento de una meta de inflación que contribuya a mantener un crecimiento del producto alrededor de su capacidad potencial”3. Dicha capacidad potencial se entendía como aquel crecimiento del PIB que la economía puede obtener si utiliza plenamente sus recursos productivos. Para cumplir este objetivo la política monetaria debe cumplir necesariamente un papel contracíclico en la economía. Ello porque cuando la actividad económica está por debajo de su potencial y existen recursos ociosos, la autoridad monetaria puede reducir la tasa de interés ante la ausencia de presiones inflacionarias para estimular por esa vía la economía y, de manera inversa, cuando el producto supera su capacidad potencial. Este principio de política, que está inmerso en los modelos para guiar la postura de política monetaria, hace que, en el mediano plazo, sean totalmente compatibles los objetivos del cumplimiento de la meta de inflación y de un nivel de actividad económica compatible con su capacidad productiva. Para alcanzar este propósito, en el esquema de inflación objetivo se utiliza la tasa de interés del mercado monetario (a la cual el banco central suministra liquidez primaria a los bancos comerciales), como el instrumento primordial de política. Con ello se sustituyó la cantidad de dinero como meta intermedia de política monetaria, que el Banco de la República, al igual que varios otros bancos centrales, utilizaron por mucho tiempo. En el caso colombiano, el objetivo del nuevo esquema de política monetaria implicaba, en términos prácticos, que la recuperación de la economía, luego de la contracción ocurrida en 1999, debía lograrse al tiempo que se cumplían las metas decrecientes de inflación establecidas por la JDBR. De manera notable este propósito se cumplió. En la primera mitad de la década del 2000 la actividad económica logró una recuperación importante, hasta alcanzar un crecimiento del 6,8% en 2006. Entretanto, la inflación fue descendiendo gradualmente, en línea con las metas de inflación. Fue así como la tasa de inflación se redujo desde el 9,2% en 1999 al 4,5% en 2006, cumpliendo con la meta de inflación establecida para ese año, mientras que el PIB alcanzó su nivel potencial. Después de lograrse este equilibrio en 2006, la inflación repuntó al 5,7% en 2007, por encima de la meta del 4% fijada para ese año, debido a que el crecimiento del PIB del 7,5% superó su capacidad potencial4. Luego de comprobarse la eficacia del esquema de inflación objetivo en sus primeros años de operación, este régimen de política continuó consolidándose a medida que la JDBR y el equipo técnico ganaron experiencia en su manejo y se incorporaron modelos económicos de última tecnología para diagnosticar el estado presente y futuro de la economía, y evaluar la persistencia de los desvíos de la inflación y sus expectativas con respecto a la meta de inflación. A partir de 2010 la JDBR estableció la meta de inflación anual de largo plazo del 3%, que continúa vigente en la actualidad. La menor inflación ha contribuido a crear un entorno macroeconómico más estable, que ha favorecido el crecimiento económico sostenido, la estabilidad financiera, el desarrollo del mercado de capitales y el funcionamiento de los sistemas de pagos. Gracias a ello se lograron reducciones en la prima por riesgo inflacionario y menores tasas de interés de los TES y de crédito. A su vez, la duración de la deuda interna pública aumentó de forma importante pasando de 2,27 años en diciembre de 2002 a 5,86 años en diciembre de 2022 y la profundización financiera, medida como el nivel de la cartera como porcentaje del PIB, pasó de cerca del 20% a mediados de la década de los noventa a valores superiores al 45% en años recientes, en un contexto saludable de los establecimientos de crédito. Los logros tangibles alcanzados por el Banco de la República en el manejo de la inflación al haber contado con la autonomía que le otorgó la Constitución para cumplir con el mandato de preservar el poder adquisitivo de la moneda, junto con los importantes beneficios que se derivaron del proceso de llevar la inflación a su meta de largo plazo, hacen que el reto que actualmente enfrenta la JDBR de retornar la inflación a la meta del 3% sea aún más exigente y apremiante. Como es bien conocido, a partir de 2021, y especialmente en 2022, la inflación en Colombia volvió a convertirse en un serio problema económico, con elevados costos de bienestar. El fenómeno inflacionario no ha sido exclusivo de Colombia y es así como muchos otros países desarrollados y emergentes han visto alejarse sus tasas de inflación de las metas propuestas por sus bancos centrales5. Las razones de este fenómeno se han analizado en los recientes Informes al Congreso, y en esta nueva entrega se profundiza al respecto con información actualizada. La sólida base institucional y técnica que soporta el esquema de inflación objetivo bajo el cual opera la estrategia de política monetaria le da a la JDBR los elementos necesarios para enfrentar con confianza este difícil reto. Al respecto, en su comunicado del 25 de noviembre la JDBR reiteró su compromiso con la meta de inflación del 3,0%, la cual prevé alcanzar hacia finales de 20246. La política monetaria continuará enfocada en cumplir este objetivo, al tiempo que velará por la sostenibilidad de la actividad económica, tal y como lo ordena la Constitución. Las encuestas a analistas llevadas a cabo en marzo mostraron un incremento importante (del 32,3% en enero al 48,5% en marzo) en el porcentaje de respuestas que sitúan las expectativas de inflación a dos años o más en un rango entre el 3% y 4%. Este es un indicativo claro de recuperación de credibilidad en la meta de inflación a mediano plazo, lo cual guarda coherencia con el anuncio de la JDBR de noviembre pasado. La moderación de la tendencia alcista de la inflación que se observó en enero, y especialmente en febrero, contribuirá a reforzar esta revisión de expectativas de inflación, y ayudará a cumplir los objetivos propuestos. Luego de registrarse una inflación del 5,6% a finales de 2021, la inflación mantuvo una tendencia alcista a lo largo de 2022 debido a las presiones inflacionarias tanto de origen externo, asociadas con las secuelas de la pandemia y las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania, como de origen interno, resultantes de: el fortalecimiento de la demanda local; los procesos de indexación de precios estimulados por el aumento de las expectativas de inflación; las afectaciones a la producción de alimentos provocadas por el paro de mediados de 2021, y el traspaso de la depreciación a los precios. Los aumentos del salario mínimo del 10% en 2021 y del 16% en 2022, que en ambos casos superaron la inflación observada y el incremento de la productividad, acentuaron los procesos de indexación al haber establecido un elevado referente de ajuste nominal. De esta forma, la inflación total aumentó al 13,1% a finales 2022. La variación anual de alimentos, que subió del 17,2% al 27,8% entre esos dos años, fue el factor que más influyó en la aceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Otro rubro que contribuyó de manera importante a las alzas de precios fue el de regulados, cuya variación anual aumentó del 7,1% en diciembre de 2021 al 11,8% a finales de 2022. Por su parte, la medida de inflación básica sin alimentos ni regulados subió del 2,5% al 9,5% entre finales de 2021 y finales de 2022. El aumento sustancial de la inflación básica muestra que la presión inflacionaria se extendió a la mayoría de los rubros de la canasta familiar, lo cual es característico de procesos inflacionarios con una indexación de precios generalizada, como ocurre en Colombia. La política monetaria empezó a reaccionar tempranamente a estas presiones inflacionarias. Fue así como a partir de su sesión de septiembre de 2021 la JDBR inició un cambio progresivo de la postura de la política monetaria a partir del mínimo histórico del 1,75% de la tasa de interés de política al cual se había llegado para estimular la recuperación de la economía. Este proceso de ajuste prosiguió sin interrupción a lo largo de 2022 y hasta inicios de 2023, cuando la tasa de política monetaria alcanzó el 12,75% en enero pasado, con lo cual acumuló un incremento de 11 puntos porcentuales (pp). El público y los mercados se han mostrado sorprendidos de que la inflación continuara aumentando, a pesar de los significativos incrementos de la tasa de interés. Pero como lo ha explicado la JDBR en sus diversas comunicaciones, la política monetaria actúa con rezago. Así como en 2022 la actividad económica se recuperó hasta alcanzar un nivel superior al de prepandemia, impulsada, entre otros factores, por el estímulo monetario otorgado durante el período de pandemia y de los meses subsiguientes, así también los efectos de la actual política monetaria restrictiva se irán dando paulatinamente, lo que permite esperar que hacia finales de 2024 la tasa de inflación converja hacia el 3%, como es el propósito de la JDBR. Los resultados de la inflación en enero y febrero de este año mostraron incrementos marginales decrecientes (13 pb y 3 pb respectivamente), en comparación con la variación observada en diciembre (59 pb). Esto sugiere que se aproxima un punto de inflexión en la tendencia de la inflación. En otros países de América Latina, como Chile, Brasil, Perú y México, la inflación llegó a su techo y ha empezado a descender lentamente, aunque con algunos altibajos. Es previsible que en Colombia ocurra un proceso similar durante los próximos meses. El descenso previsto de la inflación en 2023 obedecerá, entre otros factores, a las menores presiones de costos externos por cuenta de la progresiva normalización de las cadenas de suministro, a la superación de los choques de oferta por razones de clima y por los bloqueos viales de años anteriores, lo que se reflejará en menores ajustes en los precios de los alimentos, como ya se observó en los primeros dos meses del año y, por supuesto, al efecto rezagado de la política monetaria. El proceso de convergencia de la inflación a la meta será gradual y se extenderá más allá de 2023. Dicho proceso se facilitará si se revierten las presiones a la devaluación, para lo cual resulta esencial que se continúe consolidando la sostenibilidad fiscal y se eviten mensajes en diferentes frentes de la política pública que generan incertidumbre y desconfianza. _______________________________________ 1 Este Informe al Congreso contiene el recuadro 1 que resume la trayectoria del Banco de la República en estos 100 años. Adicionalmente, con auspicio del Banco, varios libros que profundizan diversos aspectos de la historia de esta institución fueron publicados en años recientes. Véase, por ejemplo: Historia del Banco de la República 1923-2015; Tres banqueros centrales; Junta Directiva del Banco de la República: grandes episodios en 30 años de historia; Banco de la República : 90 años de la banca central en Colombia. 2 Es por ello que una menor inflación se ha reflejado en la reducción de la desigualdad del ingreso medida a través del coeficiente de Gini al pasar de 58,7 en 1998 a 51,3 en el año previo a la pandemia. 3 Véase Gómez Javier, Uribe José Darío, Vargas Hernando (2002). “The Implementation of Inflation Targeting in Colombia”. Borrador de Economía, núm. 202, marzo, disponible en: https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5220 4 Véase López-Enciso Enrique A.; Vargas-Herrera Hernando y Rodríguez-Niño Norberto (2016). “La estrategia de inflación objetivo en Colombia. Una visión histórica”, Borrador de Economía, núm. 952. https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6263 5 Según el FMI, la variación porcentual de los precios al consumidor entre 2021 y 2022 pasó del 3,1 % al 7,3 % para las economías avanzadas, y del 5,9 % al 9,9 % para las economías de mercados emergentes y en vías de desarrollo. 6 https://www.banrep.gov.co/es/noticias/junta-directiva-banco-republica-reitera-meta-inflacion-3

El análisis presentado en esta edición del Reporte de Estabilidad Financiera corresponde a un contexto global en el que ha aumentado la confianza en un aterrizaje suave de la economía mundial. En los últimos meses de 2023 y los primeros de 2024 se observó una menor inflación (aunque persistente), una mayor resiliencia de la actividad económica y un relajamiento de las condiciones financieras con respecto a las que se observaban un año atrás. No obstante, la posibilidad de un escalamiento de los conflictos geopolíticos en Medio Oriente y Ucrania plantea riesgos al alza, que impactarían potencialmente la inflación (en particular en Estados Unidos y Europa), el ritmo de disminución de las tasas de interés en los mercados globales y las expectativas de crecimiento económico mundial. Durante 2023 e inicios de 2024 la actividad económica en Colombia se desaceleró, siguiendo un proceso de ajuste, caracterizado por la disminución de la inflación, del déficit en la cuenta corriente y del déficit fiscal. El crecimiento del producto interno bruto (PIB) se redujo, después de un período de fuerte crecimiento en 2021 y 2022 impulsado por la demanda interna. La corrección de los excesos de gasto y la dilución de varios choques de oferta contribuyeron a la caída de la inflación en un contexto de disminución de sus expectativas. Estos procesos fueron apoyados por una postura contractiva de la política monetaria encaminada a alcanzar la meta de inflación del 3 % en 2025 y encauzar el crecimiento del PIB en una senda sostenible de largo plazo. La menor demanda interna fue el principal determinante de la reducción del déficit en la cuenta corriente, el cual se redujo del 7,1 % del PIB en el tercer trimestre de 2022 al 2,3 % en el cuarto trimestre de 2023. Por su parte, durante 2023 el déficit fiscal y el endeudamiento público como porcentaje del producto interno bruto se redujeron en forma consistente con lo establecido por la regla fiscal. El activo de los establecimientos de crédito continuó registrando crecimientos reales negativos, aunque en lo corrido de 2024 se observan menores contracciones. La cartera y las inversiones de los establecimientos de crédito (EC) presentan contracciones reales desde mayo de 2023, en un contexto de menor asunción de riesgos por parte de estas entidades. En particular, tras un ritmo acelerado de expansión en 2022, la cartera de consumo continúa presentando decrecimientos, incluso en términos nominales; no obstante, desde comienzos de 2024 se observa una menor contracción real de todas las carteras y una leve recuperación en los desembolsos, lo que, junto con los resultados más recientes de algunas encuestas realizadas por el Banco de la República, podría estar dando señales de un mayor dinamismo del crédito en el segundo semestre del presente año. Los indicadores de deterioro de la cartera se ubican en niveles altos respecto al promedio de los últimos cinco años. Este comportamiento ha respondido a la fuerte toma de riesgo por parte de algunos EC durante 2022, al proceso de ajuste de la economía y a algunas iniciativas regulatorias que impactaron la información disponible sobre los deudores para la evaluación de riesgo por parte de los EC y sus métodos de cobranza. La coincidencia de un crecimiento bajo o negativo de la cartera total, con elevados aumentos de la cartera vencida, se ha reflejado en altos niveles del indicador de calidad por mora (ICM). Es importante resaltar el deterioro de la cartera de microcrédito, la cual se ubica en niveles máximos históricos. En este contexto de materialización del riesgo de crédito, algunos EC han utilizado el componente contracíclico de las provisiones, el cual está diseñado para hacer frente a escenarios de deterioro de la calidad del crédito. Cabe anotar, además, que los indicadores de deudamiento y carga financiera de los hogares se han ajustado a la baja, y el nivel de ahorro se ha venido recuperando después de la caída en el periodo pospandemia, mientras el endeudamiento de las firmas ha disminuido. La cartera vencida, que corresponde al saldo de créditos que registran un incumplimiento con un plazo mayor a treinta días, sigue expandiéndose, pero ha reducido su ritmo de crecimiento desde finales de 2023.Durante el último trimestre de 2023 y lo corrido de 2024 la rentabilidad agregada de los EC, medida por el indicador de rentabilidad del activo (ROA), se ha mantenido relativamente estable alrededor del 0,7 %, el cual es un nivel inferior al promedio de los últimos cinco años, pero que sugiere una corrección de la tendencia decreciente que traía a lo largo del año anterior. Se observa una gran dispersión de este indicador entre los EC, y un número elevado de establecimientos registran rentabilidades negativas. Este comportamiento está explicado, principalmente, por el mayor gasto en provisiones, en especial en la cartera de consumo, junto con un menor ingreso por intereses. Los EC en Colombia cuentan con niveles de solvencia y liquidez adecuados para enfrentar la materialización de diversos riesgos. En términos agregados, los indicadores de solvencia de los EC han aumentado y se ubican en niveles superiores a los mínimos regulatorios. Por su parte, los indicadores de liquidez, tanto estructural como de corto plazo, han aumentado desde mediados de 2023 y se sitúan también por encima de los límites regulatorios. Por otra parte, el activo de las instituciones financieras no bancarias (administradoras de fondos de pensiones, sociedades fiduciarias, comisionistas de bolsa, aseguradoras, entre otras) continuó creciendo. Este comportamiento se explica, principalmente, por la dinámica del portafolio de terceros que este tipo de entidades administra. Asimismo, la rentabilidad se mantuvo en niveles positivos y estables. Este Reporte también presenta un análisis de la resiliencia de las entidades financieras mediante ejercicios de sensibilidad que evalúan su respuesta ante hipotéticos escenarios adversos extremos y de baja probabilidad. Los resultados sugieren que el sistema financiero cuenta con la capacidad suficiente para enfrentar choques adversos de gran magnitud, lo cual corrobora su resiliencia durante el proceso de ajuste macroeconómico de Colombia en estos últimos años. En cumplimiento de sus objetivos constitucionales y en coordinación con la red de seguridad del sistema financiero, el Banco de la República continuará monitoreando de cerca el panorama de estabilidad financiera en esta coyuntura, y tomará las decisiones necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la economía, facilitar los flujos sostenibles de recursos suficientes de crédito y liquidez y promover el buen funcionamiento del sistema de pagos. Leonardo Villar Gómez. Gerente General