Journal articles on the topic 'Regola cautelare'

El régimen jurídico de la tutela cautelar que rige hoy por hoy para la justicia administrativa en Cuba, se basa en el principio de ejecutabilidad de los actos administrativos, y por tanto, en la regla de la no suspensión de las decisiones de la administración pública. El modelo construido tomó como referencia el sistema de justicia cautelar administrativa del derecho franco-español de finales del siglo xix. En el siguiente trabajo se parte del presupuesto de la necesidad de un cambio de paradigma en torno a la ordenación jurídica de la tutela cautelar administrativa en Cuba; para la cual se aportan argumentos teóricos que justifican una modificación en pos de ampliar y reforzar el rol de la tutela cautelar en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Una realidad incómoda, pero abiertamente aceptada, es que los sistemas de justicia latinoamericanos están lejos de ser eficientes. Ecuador no es la excepción. Y no es que no se pueda obtener justicia por parte del Estado, pero la sociedad se ha convencido de que esto puede tardar en llegar. Mecanismos como las medidas cautelares buscan solventar esta dificultad relacionada a la dilación en los procesos, producto del congestionamiento en los servicios jurisdiccionales. En el entorno jurídico la respuesta a un problema puede ser la causa de muchos otros, siendo esto consecuencia de una legislación plagada de antinomias que pueden llevar al sujeto de derechos a la indefensión. Esta es la razón por la cual el presente artículo busca ser una exposición de la normativa pertinente al caso, para así conducir al lector a una discusión fundamentada sobre las implicaciones éticas y legales con respecto de las medidas cautelares. Primero se brindará un recuento del desarrollo de medidas similares en Ecuador, después buscando aterrizar las debilidades de la normativa expuesta, se utilizará la resolución 2015-10509. Tratándose el caso de un tema relacionado con la salud, específicamente los procedimientos de diálisis, una revisión del régimen jurídico pertinente aclarará cómo se conectan las medidas cautelares con los derechos fundamentales. Subsecuentemente se retomarán los alcances de la normativa que regula esta garantía jurisdiccional y evidenciando el riesgo que comprende la discrecionalidad que desencadena en posibles abusos del derecho, posteriormente se abre paso a la crítica y a la observación de que el régimen jurídico ecuatoriano, en lo que respecta a este capítulo, atenúa su rigor. Recalcando que la delicadeza del tema radica en las facultades de una institución que permite generar prohibiciones o forzar ciertos accionares con incidencia directa sobre los ciudadanos, sin tener un procedimiento de juicio de por medio.

El aseguramiento de pruebas ha sido concebido en nuestro Código de Procedimiento como una medida de naturaleza precautoria, al conferirle a las partes la posibilidad de obtener pruebas a través de un mecanismo anticipado, que a la postre viene a ser una excepción a la regla contenida en el artículo 792 del Código Judicial, que propugna que las pruebas para ser apreciadas en un proceso requieren solicitarse practicarse o incorporarse al proceso dentro de los términos señalados. Decimos lo anterior porque el aseguramiento de pruebas como tal figura concebido dentro del título de pruebas, cuando realmente estamos frente a una medida de aseguramiento anticipada, la cual solo procede cuando cualquier persona desea o pretenda demandar o teme que pueda ser demandado, y siempre que exista el temor justificado de que eventualmente pueda faltar un medio de prueba, hacérsele difícil o impracticable su obtención en el momento oportuno. Cuando se piensa en solicitar la intervención del juzgador en un asunto especifico nos figuramos que será por medio de una demanda o bien por la contestación de la misma, lo cual es una idea imperfecta o incompleta, pues también puede acudirse al juzgador con la intención que colabore en aspectos que contribuirán a la preparación de un futuro proceso, a ese conjunto de actividades judiciales, donde el juez permite anticipadamente inspeccionar la cosa litigiosa o diversos elementos probatorios se le denomina como Diligencias Exhibitorias. Es indudable que las diligencias exhibitorias poseen una justificación cautelar de información previa, que trae consigo el periculum in mora, por ello, es conceptuada por muchos autores como una medida cautelar.

En 2016 entró en vigor el sistema procesal penal acusatorio y oral, con el objetivo de “resolver las contiendas con gran economía de tiempo y recursos”, de una forma eficiente, transparente y humana, en contraposición al sistema inquisitivo, en el que se propiciaba la “opacidad y corrupción, además de ser lento y costoso”. No obstante, los beneficios del nuevo sistema no se han logrado, pues se observa un incremento en las solicitudes de prisión preventiva en la Ciudad de México. Así, dicha medida cautelar se convierte en una regla procesal más que en una excepción. Esta investigación parte de una metodología histórica, documental, asentada en una técnica mixta, basada en el estudio fenomenológico de casos a través de entrevistas a las víctimas de delitos, con el objetivo de explicar si el fenómeno del aumento de la prisión preventiva proviene de que la ciudadanía la perciba como medio de justicia a modo de venganza.

La investigación tiene como propósito demostrar la influencia del marco normativo en la omisión a la sanción pecuniaria en la incautación de dinero por transporte transfronterizo. Para ello se trabajó una investigación básica, de nivel explicativo, habiendo seleccionado como muestra 163 casos de intervenciones en el centro de atención fronteriza Santa Rosa y aplicaron fichas de análisis documental para recoger la información. Los resultados cualitativos sobre el marco normativo demuestran que la ley 28306 ha sufrido modificatorias y variaciones sustanciales entre el año 2004 y 2016; el D.L. 1249 que regula el traslado de dinero transfronterizo, no contempla los casos en los cuales corresponde la incautación de dinero, medida cautelar dispuesta por el fiscal, No existe un criterio objetivo para optar entre la figura de retención (aduana) o incautación (fiscalía). El caso 265-2017, se evidencia que existe una infracción en la vía administrativa, pero al disponer el archivo del caso, por la fiscalía, se dispone la devolución del dinero, sin tener en cuenta el cumplimiento del pago de la multa; el 77.27% de las intervenciones existen vacíos legales que generan conflictos normativos en su aplicación práctica, entre los operadores de aduanas, policía Nacional y Ministerio público. Entre el 2016 y 2018 se multó por la suma de S/3,652,784.00, sin embargo, la deuda por cancelar es de S/1,679,281.00, que representa el 45.97% de omisión al cumplimiento de la sanción pecuniaria. Se concluye que los vacíos y deficiencias técnicas del marco normativo que regula la obligación de declarar el ingreso y salida de dinero del país, viene influenciando en la omisión al cumplimiento de la sanción pecuniaria por traslado de dinero sin declarar o declarado falsamente.

La riforma elettorale tra speranze e scetticismoAl tempo della campagna in favore dell'adozione del principio maggioritario di rappresentanza in Italia, la speranza di molti era che il nuovo sistema elettorale potesse produrre effetti simili a quelli delle democrazie anglosassoni cui intendeva ispirarsi, ossia che strutturasse la competizione partitica in termini bipolari – se non bipartitici – e favorisse quindi l'alternanza dei governi.Sebbene siano trascorsi ormai più di tre anni da allora e, soprattutto, abbiano avuto luogo due elezioni, è ancora presto per dire se le nuove regole abbiano prodotto gli effetti desiderati. La transizione politica italiana è un processo ancora lontano dall'approdo finale e non consente ad oggi valutazioni definitive. Certo è che i sistemi elettorali introdotti nel 1993 sono stati caricati da molti di attese taumaturgiche, nonostante i moniti lanciati dal mondo scientifico sulla necessità di una modifica ben più incisiva dell'architettura istituzionale del sistema politico italiano. Qualunque sistema elettorale, infatti, costituisce di per sésolouna struttura di vincoli e di opportunità, dunque di vincoli più o meno stringenti e di opportunità che possono essere colte o meno. Inoltre, riguardo all'effettiva configurazione della normativa elettorale approvata dal Parlamento nell'agosto del 1993, la cautela sulle prospettive del cambiamento muoveva dalla considerazione che le nuove regole incarnavano entrambi i principi maggioritario (pur prevalente) e proporzionale di rappresentanza, quindi due logiche distinte di competizione e di voto sulla combinazione delle quali era difficile fare previsioni.

SUMARIO: VIII. CULTURA, EDUCACIÓN Y PATRIMONIO HISTÓRICOCompetencias del Estado, Comunidad Autónoma y Entidades locales en materia de Patrimonio Histórico Andaluz. Casco Histórico de Almuñécar.XI. DERECHOS FUNDAMENTALES: MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA DE EXTRANJERÍADistinción entre la improcedencia de adoptar la medida cautelar de suspensión de la denegación de las autorizaciones o permisos de trabajo y residencia y la posibilidad de acceder, por el contrario, a la de suspensión de la salida obligatoria del país como consecuencia de aquella denegación: valoración y consecuencias.XII EXPROPIACIÓN FORZOSA. JUSTIPRECIO QUE ABONA CANTIDADES INDEBIDAS POR ERRÓNEA MEDICIÓN DE FINCA. LA DEVOLUCIÓN DEL JUSTIPRECIO NO PROCEDE SINO POR VÍA DE REVISIÓN DEL ACUERDO DEL JURADO, NO MEDIANTE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.Se impugna en el presente proceso el acuerdo del Director General de Carreteras de fecha 14 de febrero de 2012 desestimando el recurso de alzada formulado contra resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de fecha 19 de marzo de 2009, requiriendo a D. José Tejero Vázquez, causante de los demandantes, a que proceda a la devolu ción de la cantidad de 19.162,33 € en concepto de cantidad indebidamente pagada por exceso de medición en la expropiación de la finca 50-72 afectada por las obras del Proyecto clave 12-H-2650 “Autovía A-49. Frontera Portuguesa. Tramo : Enlace de Aljaraque-Enlace de Lepe (Oeste). Provincia de Huelva”.XII EXPROPIACIÓN FORZOSA. VALORACIÓN DE SUELOXII EXPROPIACIÓN FORZOSA. VALORACIÓN DE SUELO“URBANO” FALTO DE CONEXIONES NECESIDAD DEPRUEBA DE LA SITUACIÓN FÁCTICA. SIN ELLA LA LEYNO PERMITE QUE LOS SUELOS DESTINADOS AINFRAES TRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE INTERÉSGENERAL SUPRAMUNICIPAL, SE VALOREN SINOSEGÚN LA SI TUACIÓN BÁSICA DE LOS TERRENOS ENQUE SE SITÚAN O POR LOS QUE DISCURREN.Se impugna en el presente proceso el acuerdo de la Comisión Provincial de Valoracionesde Sevilla, adoptado en sesión celebrada el día 14 de julio de 2011, fijando en 4.296,04 € el justiprecio, incluido premio de afección, correspondientea la xpropiación por la Consejería de Medio Ambiente de 1.309 m2 yocupación temporal de 967 m2 correspon dientes a la parcela n° 82, polígono59 de la localidad de Ecija, en ejecución del Proyecto de encauzamiento delArroyo de Argamasilla.XIV HACIENDA PÚBLICA.- IMPUESTO DE DONACIONES: NO SUJECIÓN. COSTAS: EXCEPCIONES A LA REGLA DE LA TEMERIDAD DEL SISTEMA ANTERIOR EN LA LJCA.No se encuentra sujeta al Impuesto sobre Donaciones la aportación gratuita a favor de la so ciedad conyugal de gananciales por parte de uno de los cónyuges, casado en régimen de ga nanciales, de una finca urbana que le pertenecía concarácter privativo.

Il giudice onorario del tribunale per i minorenni e il consigliere onorario della sezione per i minorenni di corte d'appello, altrimenti detti "esperti", formano il collegio insieme con i giudici di carriera, pienamente pari nel potere giudicante. Vale perciň anche per i giudici onorari minorili quanto disposto dall'art. 101 della Costituzione: sono soggetti soltanto alla legge. Tuttavia, poiché essi sono magistrati onorari a tempo parziale e nel contempo appartengono alle piů diverse professioni e rivestono i piů diversi incarichi pubblici e privati nell'ambito dell'assistenza ai minori, la loro indipendenza non č tutelata (o non puň essere tutelata) con le stesse norme e regole di cautela in vigore per i magistrati di carriera. Ebbene, l'esame dei procedimenti della nomina dei giudici onorari minorili nonché dei criteri dell'attribuzione delle funzioni all'interno degli uffici giudiziari integrato con i dati esito di un'indagine nazionale puň offrire elementi utili all'analisi dei fattori che concorrono a tutelare l'indipendenza dei giudici onorari minorili aprendo nel contempo quesiti sui momenti di vulnerabilitŕ di tale indipendenza.

Introducción: En el Ecuador, la prisión preventiva, genéricamente se trata de una distinción fundada en la gravedad del delito cometido y el tipo de cárcel en el que el sentenciado cumpliría la pena, al ser la prisión preventiva una medida cautelar de carácter personal cuya finalidad es velar por asegurar ciertas garantías procesales; se convierte en imprescindible conceptualizarla. Metodología: Es un estudio de tipo mixto, es cualitativo al analizar las implicaciones sociales de las leyes emitidas, tanto para sancionar como para proteger a los infractores y delincuentes; y es de tipo cuantitativo al utilizar estadísticas de casos previos y las veces que se aplicaron dichos procedimientos, como antecedentes para futuras deliberaciones. La investigación es de tipo documental, al basarse en leyes, reglamentos, sentencias, de tipo descriptivo, de corte longitudinal al analizar el avance y cambio de las leyes de protección de los derechos humanos. Resultados: Un tema que debemos tener en cuenta al momento de hablar de la prisión preventiva es el principio de excepcionalidad; en nuestra Carta Magna en el artículo 77 numeral 1 indica que la privación de la libertad se aplicará excepcionalmente y no como regla. Conclusiones: El sistema penal acusatorio se ha mantenido tan impregnado de las prácticas judiciales del anterior sistema inquisitivo, que aún se manejan evidentes rezagos que se resisten a la adaptación de las leyes actuales, cambios motivados por la inevitable dinámica social; esto da como resultado que se aplique incorrectamente y a modo de una pena anticipada la prisión preventiva.

El presente artículo se desarrolla en función a la importancia y trascendencia de valorar los mecanismos de control previo, concurrente o simultáneo y posterior en la gestión privada y pública del país con el objeto de neutralizar los focos de corrupción y de optimizar la gestión empresarial privada y pública. El Sistema Nacional de Control, que tiene como su organismo rector a la Contraloría General de la República, cuyo ámbito de aplicación es en el sector público nacional, en las últimas décadas no ha cumplido con sus funciones en forma eficiente y eficaz que le fija la Constitución Política del Perú, y sus normas regulatorias, además el Congreso General de la República se regula por su reglamento interno, que tiene fuerza de ley, no permitiendo que la Contraloría General de la República cumpla su función fiscalizadora, la escasez de recursos presupuestales, por estas y otras consideraciones asume un rol precario e intrascendente en la cautela de los recursos nacionales afectando el erario nacional. En la actividad privada el panorama es similar, esta se limita a cumplir con los establecido en el marco legal presentando sus estados financieros auditados en forma anual por empresas o sociedades auditoras privadas nacionales e internacionales. Los filtros de control financiero, económico, administrativo y de gestión son débiles y en algunos casos no reflejan la realidad de la gestión empresarial o institucional. Los auditores en su gran mayoría requieren capacitación, especialización y perfeccionamiento en materia de fiscalización pública y privada, además deben acreditar solvencia moral, ética y deontología profesional, los auditados deben conocer las normas técnicas de control para cumplirlas con rigurosidad, y los resultados finales de las auditorías deben ser objetivos, ajustarse a los procesos técnicos y a la legalidad.

1. Como sabemos, entre princípios constitucionais dos Estados de Direito, relativos à Administração Pública, está, em primeiro lugar, o princípio da legalidade1. Ao início, ele era concebido no sentido de que todo elemento de um ato da Administração Pública devesse ser expressamente previsto como elemento de alguma hipótese normativa: a norma devia, pois, fixar poderes, direitos, deveres etc., modos e sequências dos procedimentos, atos e efeitos em cada um de seus componentes e requisitos de cada ato etc. A isto se contrapunha o agir do âmbito privado, livre na sua autonomia. Essa concepção rígida do princípio da legalidade correspondia à concepção do poder administrativo como poder executivo e, pois da administração como execução. Como, entretanto, desta forma, a Administração Pública não teria podido funcionar, encontraram-se duas válvulas: a discricionariedade e as ordens da necessidade, válidas para atos administrativos a adotarem-se em circunstâncias extraordinárias. Na experiência contemporânea, o princípio da legalidade assume um significado diverso, mais limitado, num certo aspecto, porém, mais afinado, sob outro: atém-se à atividade administrativa enquanto esta se exprime em atos que possuem um conteúdo autoritário. Assim, podemos dizer (v. GIANNINI, p. 83), o valor do princípio da legalidade mudou, sendo hoje mais que uma regra do conteúdo da atividade administrativa, uma regra do seu limite, inserindo-se na dialética da autoridade e da liberdade. Em consequência, nos casos em que a atividade administrativa não exprime esta dialética, ele não precisa ser aplicado, como, por exemplo, a atividade de programação do Estado e de outros entes públicos, que não se exprimem por atos autoritativos. Em função disto, por exemplo, M. Hauriou introduziu, na França, a noção de regime administrativo para indicar a substância do princípio da legalidade enquanto caracterizados da administração do Estado contemporâneo. A noção, contudo, suscitou debates ainda vivos na doutrina francesa, das quais se ocupam os seus tratadistas. 2. O regime referido costuma ser caracterizado juridicamente através de dois princípios: a) supremacia do interesse público sobre o privado; e b) indisponibilidade dos interesses públicos. Na doutrina francesa, o debate se dá em torno da busca de um critério capaz de impor um cunho sistemático ao complexo de regras administrativas. No século 19, este critério se localizou na noção de “poder público”, que se delineava na distinção entre atos de império e atos de gestão. A atividade administrativa do Estado seria aquela via autoridade, i. é, “poder de comando”. Mais tarde, apareceu a noção de serviço público, substituída, posteriormente, pela de interesse público e utilidade geral. O debate, contudo, não se encerra aí e ainda hoje soluções combinatórias são ensaiadas. 3. De qualquer modo, é obvio que a proclamação dos dois princípios mencionados encampam a necessidade de se estabelecer um critério para distinguir, integrar e justificar o sistema de Direito Administrativo. A aceitação de ambos envolve, a nosso ver, um esquema de meios/fins aplicado de modo evidente. Apesar desta evidencia, a relação meio/fim não é assumida com plena percepção. 4. A Ciência do Direito, na verdade, desde que se estabeleceu como ciência da sistematização e da interpretação do direito positivo, não tem quase relações com as demais ciências sociais. Ela vive numa ilha. A constituição específica de seu objeto parece permitir este isolamento. Em consequência, observa-se nas argumentações jurídicas, quando estas empregam conceitos como o de fins e meios, uma certa ingenuidade, se comparada com os refinamentos das teorias da decisão das outras ciências. O que se encontra, em geral, são afirmações do tipo: os meios devem estar adequadamente relacionados aos fins, submetidos, neste sentido, a regras de decisão que mais parecem servir à manifestação de boas intenções do que instruções para a tomada de decisão. 5. Conforme a tradição jusnaturalista da maioria de nossas dogmáticas, permanece, até certo ponto, uma evidência a afirmação de que normas jurídicas se relacionam à ação humana enquanto voltada para a consecução de fins, de tal modo que suas sanções fomentem os bons fins e impeçam os maus. Também os direitos e deveres do governante se submetem a estas formas coativas. 6. Ora esta concepção pressupõe, grosso modo, uma ordem social em que os papéis políticos não estão diferenciados por critérios próprios, mas se determinam, heteronomamente, por razões religiosas, familiares, militares etc. Só na base desta pressuposição é que se poderia admitir que os fins preenchessem sua dupla função: 1) integrar um complexo de ações numa unidade; e 2) justificá-lo. 7. Na verdade, porém, ainda que, na abstração das teorias gerais do direito, estas fórmulas permaneçam, desde o advento dos Estados Nacionais modificações, separando-se os diferentes subsistemas (religioso, econômico, educacional, cultural, político, etc.). Isso obrigou a um remanejamento da problemática do Estado (e da Política), transformando-se antigos conceitos ligados a uma economia familiar, como o da função dos príncipes localizada até então na produção da pax et tranquillitas, para conceitos ligados a noções mais abrangentes do tipo “razão do Estado”. Em consequência, por exemplo, noções como o jus emineus dos senhores feudais, originariamente um de seus direitos, passam a integrar um “direito policial” mais geral, que não é outra coisa senão a tarefa de fomentar o bem público conforme seu conhecimento racional. A última tentativa global para solucionar a questão da relação entre meios/fins voltados para a integração e justificação de um complexo de ações encontramos, então, na fórmula romântica da “autofinalidade” do Estado. Com o advento do positivismo dos séculos 19 e 20, porém, esta fórmula foi desacreditada. Desde então, o problema ficou em aberto, em que pesem as muitas tentativas de uma solução baseada em uma teoria geral. 8. O que se pode dizer, tendo em vista as complexas sociedades contemporâneas, é que a diferenciação social crescente torna duvidosa a antiga conexão entre a integração de um complexo de ação e a justificação deste complexo por meio do conceito de fim. Ainda Assim, encontramos afirmações de uso corrente, entre nossos juristas, como a de que o Estado, na sua função executiva além de criar situações jurídicas de caráter subjetivo por meios diretos e indiretos, “promove a manutenção da ordem e o fomento da cultura e da prosperidade do país” (MAZAGÃO, M., p. 108). 9. Na verdade, porém, mesmo quando acentuamos os fins do Estado, não se pode ignorar que a pura racionalidade dos fins como única forma programática fracassa, quando o subsistema político de uma sociedade se diferencia e se torna autônomo. Na realidade, aliás, foi o que sucedeu quando através da concepção do Estado de Direito, paradoxalmente, a concepção finalista foi enterrada e, imperceptivelmente foi retirada a validade jurídica da antiga racionalidade dos fins. O que se pode dizer é que, portanto, a fórmula orientadora meios/fins, com a passagem para o Estado de Direito, perde sua imediata relevância jurídica, sendo deixada de lado pelo desenvolvimento do Direito Administrativo, que a vê com certa desconfiança, limitando-a crescentemente ao campo da discricionariedade. Mesmo aí, porém, a estrutura funcional do esquema meios/fins, não é percebida com clareza. O fim é apresentado como fundamento para a justificação dos meios, mas circunscritos a casos excepcionais que exigem outras regras, como a de que meios não permitidos não podem ser empregados, porque fins que só podem ser alcançados por meios proibidos não podem ser juridicamente vinculantes. Estas formulações nos colocam, na verdade, dentro de uma capciosa tautologia que, afinal, serve apenas para fundamentar decisões que já tenham sido previamente tomadas. Em consequência, porém, quando tautologias como esta se tornam por demais evidentes, o jurista tende a responsabilizar o político pelo problema, sem se aperceber de que sua causa está nas suas técnicas mesmas de tratamento da relação meios/fins, as quais não permitem que o esquema seja adequadamente jurisdicizado. Vide, por exemplo, a querela em torno da chamada “prisão cautelar”. 10. Por tudo isso, o jurista hoje, quando fala de meios e fins, pensa logo em “abuso” e nos problemas correlatos. O que ele é incapaz de perceber é algo que alguns filósofos do direito, como Miguel Reale, vinham apontando, de certa maneira, há muito tempo: a relação entre fim e valor. Em nosso contexto, poderíamos dizer que o que os juristas não percebem (ou não conseguem aceitar) é a peculiar função dos fins, localizada na neutralização axiológica das consequências (LUHMANN, p. 58 ss.). A permissão jurídica da ação do Estado é, via de regra, vinculada a fatos-tipos já definidos na sua generalidade. A aproximação da realidade se dá através de contínua precisão, diferenciação e classificação dos tipos e através do esquema retórico regra/exceção. O uso heurístico da neutralização axiológica só é tratado praticamente no campo destinado à discricionariedade e assim mesmo como um terreno à parte, não regulado e só sob certas condições. Na verdade, porém, as duas dificuldades conceituais de uma teoria geral do direito administrativo mostram controvérsias que têm uma relação direta com este problema teórico do esquema fins/meios: a questão sobre os limites do princípio da legalidade da administração e a questão da limitação da discricionariedade dos conceitos indeterminados. 11. Na verdade, esta questão pode ser percebida pela oposição entre os que chamaríamos de modos de validação do direito. Embora o conceito de validade jurídica conheça muitas interpretações, a predominância do positivismo analítico tem levado o jurista a encarar a questão da validade como um conceito de vigência. Neste sentido, a lição de Kelsen, ainda que não expressamente, é aceita pela maior parte dos tratadistas, mormente no direito público. A validade é, assim, reconhecida como uma relação entre uma norma dada e a conformidade a preceitos superiores que determinam o seu estabelecimento. Esta noção, tão simples no seu enunciado, esconde, a nosso ver, dois processos que se cruzam de forma nem sempre coordenada. Para entendê-lo, porém, é preciso redefinir a noção de validade em termos que chamaríamos de pragmáticos, isto é, que dizem respeito às interações entre o emissor e o receptor das normas (FERRAZ JR., Tercio Sampaio, p. 109). 12. Encarando-se a norma jurídica como um enunciado prescritivo que estabelece entre o emissor e o receptor da mensagem uma relação de autoridade, podemos dizer que através de normas o editor comunica ao sujeito uma superioridade hierárquica no sentido de que pode aceitá-lo ou negá-lo, mas não pode desconfirmá-lo. Aceitar a autoridade significa cumprir-lhe os preceitos; negá-la significa descumpri-los, mas sujeitando-se aos riscos decorrentes, aceitando esta decorrência; desconfirmá-la significaria ignorar a autoridade, agir como se ele não existisse. Assim, por exemplo, o ladrão que furta e foge nega a autoridade; já o revolucionário que assalta e desafia está desconfirmando a autoridade. Ora, uma autoridade só se mantém como tal na medida em que é capaz de, ela própria, desconfirmar ou desacreditar uma eventual desconfirmação do sujeito, encarando esta desconfirmação como mera negação. 13. Pois bem: neste contexto, diríamos que uma norma é válida na medida em que seu editor consegue manter-se como autoridade perante o sujeito, i. é, na medida em se imuniza contra eventuais desconfirmações. Juridicamente, esta imunização se obtém através de outra norma que por sua vez a obtém de outra, significando isto que a validade é uma relação de imunização dentro de um ordenamento. A imunização, entretanto, é obtida através de suas diferentes técnicas de validação que denominaremos técnica finalista e técnica condicional (ver nosso Teoria da Norma Jurídica, p. 109). 14. Ambas as técnicas representam, na verdade, relações entre meios e fins, mas com cargas imunizantes diferentes. Assim, uma norma imuniza outra condicionalmente na medida em que lhe fixa as condições em aberto os fins a serem atingidos. Por sua vez, uma norma imuniza outra finalisticamente na medida em que lhe fixa os fins a serem atingidos, deixando os meios em aberto. O efeito imunizador, em ambos, está em que, pela prefixação dos meios ou dos fins, a autoridade pode decidir, neutralizando possíveis críticas desconfirmadoras. Mas sua imunização é diferente nos dois casos. 15. Pode-se dizer que se a validação usada é condicional, torna-se possível, para a autoridade, desvincular os meios dos fins, responsabilizando-se pelos meios, mas não pelas consequências. Ora se estes meios estão já fixados, a autoridade se exime de críticas quanto aos fins, desde que se ateve aos meios. Neste sentido, para controlar, se uma norma é válida basta regredir no processo hierárquico e verificar, na cadeira das normas, se os meios estabelecidos foram utilizados. 16. Distinto é o caso da validação finalista. Aqui não é possível desvincular meios e fins, pois a prefixação dos fins exige que eles sejam atingidos. Para isto, a autoridade tem de encontrar os meios adequados, sendo, pois, responsável pela própria adequação, ou seja, não só pelos fins, mas pelos meios também. Neste caso, o efeito imunizador da fixação exige da autoridade um comportamento não automático, mas participante, pois de mera utilização de um meio qualquer não segue necessariamente o fim. Neste sentido, para controlar se uma norma é válida não basta regredir no processo hierárquico, mas é preciso verificar, de caso para caso, se a adequação foi obtida. Se o controle da validade condicional é generalizante, o do finalista é casuístico. 17. À luz destas distinções podemos dizer que as administrações públicas são, na verdade, sistemas de tratamento de informação sob regime administrativo o qual combina, estruturalmente as duas validações. Primordialmente, estes sistemas recebem informação do seu mundo circundante, dão-lhes um tratamento e as devolvem, na forma de decisões, para o mundo circundante. Ora, a validação condicional regula a entrada das informações que serão então tomadas como causa das decisões. Já a validação finalista regula a saída, as decisões, que provocarão efeitos no mundo circundante, ou seja, aquilo que decide o que é interesse público e que será tratado pelo sistema da administração é a norma validada condicionalmente. E o que decide da legitimidade pública dos efeitos é a norma validada finalisticamente. Assim, a validação condicional imuniza o regime administrativo contra as consequências criticáveis das decisões, ou seja, o importante é que se tomem decisões conforme as prescrições legais e isto basta, em princípio. Já a validação finalista imuniza o regime administrativo quanto à adequação dos efeitos aos meios. Com isto, a Administração Pública se torna relativamente livre em relação ao seu mundo circundante. 18. Sua autonomia, contudo, não depende, como se vê, da mera fixação de meios, mas da correlata fixação dos fins, ou seja, sua autonomia não repousa nem nos chamados fins do Estado nem do automatismo dos meios, mas na possibilidade de uma autoprogramação de suas decisões por intermédio de uma adequada combinação das técnicas finalista e condicional. 19. Ora, interpretando-se o regime administrativo à luz deste esquema meio/fins, expresso nas mencionadas técnicas de validação, podemos iluminar, de um ângulo diverso, uma observação de Celso Antônio Bandeira de Mello (p. 310), segundo a qual o trabalho teórico/prático do jurista visa a descobrir a rationale que congrega e unifica um complexo de cânones e normas. Esta racionalidade é teleológica, escondendo, pois, um processo de neutralização de valores, mesmo porque, como vimos, o que define se um interesse é público ou privado não é sua repercussão intensa ou secundária sobre a sociedade, mas o regime que o disciplina, ou seja, da multiplicidade dos valores sociais em jogo, cabe ao legislador decidir, por meio de validação condicional, quais deles serão reputados como manifestando um interesse público. Assim, do princípio da supremacia do interesse público, por exemplo, decorrem importantes consequências, como a posição privilegiada do órgão encarregado de zelar e de exprimir o interesse público nas relações com os particulares e a posição de supremacia do órgão naquelas relações (MELLO, Celso Antônio Bandeira de, p. 294). Estas consequências exprimem fins, como a proteção assegurada aos interesses públicos, aos quais se ligam meios que lhes são pressupostos, como a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, benefícios de prazos em dobro, prazos especiais para prescrição de ações, etc. Da conjugação dos dois princípios segue ainda a exigibilidade dos atos administrativos e a executoriedade com recurso à compulsão sobre a pessoa ou coisa e a execução de oficio. 20. Graças à técnica de validade condicional, ao administrador é possível desvincular, nestes casos, meios e fins, respondendo pelos meios corretos, mas eximindo-se de responsabilidade pela fixação dos fins, ou seja, se os meios determinados forem usados corretamente, mas deles não se seguiram os fins colimados, ele não tem uma responsabilidade solidária pela opção (política) do legislador. Assim, do princípio da indisponibilidade dos interesses públicos, estendido no sentido de que os interesses públicos não se encontrem à livre disposição de quem seja, por inapropriáveis, segue não apenas um poder, mas um dever em relação a um objeto, cingindo o administrador ao cumprimento da finalidade que lhe serve de parâmetro. Isto significa, afinal, que o decididor não tem responsabilidade dos fins em termos de um compromisso futuro; apenas comprova se se verificam as hipóteses preestabelecidas, podendo, deste modo, manter-se objetivo e neutro. 21. Neste ponto, o princípio da legalidade é fundamental, ao lado de outros. Ele subordina explicitamente a atividade administrativa à lei. Esta subordinação é, no fundo, uma relação de meios e fins, pois a atividade mencionada se vincula à vontade da lei, não só em termos de conformidade, mas também de autorização como condição da ação. Desta vinculação decorrem consequências, como a possibilidade de se definir o desvio de poder ou seu abuso, ao que se conjuga o princípio da ampla responsabilidade do Estado. Mas, por isso mesmo, o princípio da legalidade tem também um efeito de validação finalística para o legislador, pois este, ao fixar na lei um conjunto de princípios, até inconscientemente, se vê prisioneiro de um sistema que ele próprio instaura, ou seja, o mesmo princípio que para o administrador o alivia do compromisso com o futuro, cinge o legislador de modo finalista, não podendo este separar a sua responsabilidade pelos meios da dos fins e vice-versa, os quais, são para ele, solidários. Este é, aliás, o sentido mais profundo da legalidade nos Estados de Direito. Esta solidariedade, por sua vez, reverte à própria administração, enriquecendo a responsabilidade condicional do administrador. 22. De mesmo modo, a discricionariedade se baliza pelo mesmo esquema, pois, por maior que seja o seu campo, ela estará modelada pela lei. Como diz Celso Antônio Bandeira de Mello, ela se contém num interregno referente ao espaço preenchível através de objetivos sucessivos e comportamentos encadeados, espaço este que se abre entre os atos (meios) e as finalidades, isto é, a noção de interesse público. A discricionariedade surge maior ou menor, “ao longo do itinerário conducente ao implemento da finalidade que a lei houver consagrado” (v. p. 425). 23. Na verdade, a conhecida distinção entre ato vinculado e ato discricionário mostra, afinal, com clareza o uso das duas técnicas de validação. O ato vinculado nada mais é, neste sentido, que uma decisão validada de modo condicional, enquanto o discricionário se refere à decisão validade de modo finalista. No primeiro, a imunização ocorre pelo correto e rigoroso emprego dos meios. No segundo, a solidariedade entre meios e fins exige a correta adequação, tendo em vista os fins fixados e a atingir. É óbvio que, neste caso, deve existir por parte do administrador uma disposição aceitável de meios e fins, de modo a alcançar-se o consenso e a cooperação mais concretos possíveis entre os interessados. Este esforço não é inofensivo, pois leva a uma considerável sobrecarga da racionalidade da decisão, obrigando à admissão de várias informações e objetivos secundários no decurso da decisão, ou seja, elas são racionalizadas através de uma espécie de cálculo de rentabilidade. 24. A técnica de validação finalista faz, portanto, do ato discricionário uma norma cuja validade jamais se liberta do juízo de valor do seu emissor. Não lhe bastam, por isso, os requisitos da validade condicional (os requisitos formais da vigência), pois a atuação em vista de um objetivo programado exige um controle também político e em detalhe, de cima a baixo, pois a mera utilização dos meios não significa que deles decorram, necessariamente, os fins colimados. Assim, a verificação da sua validade nos obriga a pensar em probabilidade e chances, escala móveis, proporções de valores e oportunidades condicionadas pelo tempo, ou seja, levam-se em conta, dada a impossibilidade de uma impessoalização neutra, o procedimento utilizado, a competência (não jurídica) especializada e, sobretudo, as repercussões para além das consequências puramente jurídicas, pois os seus resultados inesperados não são um erro agravamento possível, mas serão tidos como não justificados. 25. Pode-se constatar, pelas observações aqui apresentadas, que a relação meios/fins, via técnicas jurídicas de validação, têm implicações importantes, nem sempre aprofundadas pela Dogmática. Não foi nossa intenção seguir-lhe as repercussões até as últimas consequências, mas apenas levantar alguns aspectos mais gerais do problema. Quer-nos parecer, contudo, que um exame mais detalhado das técnicas está a merecer a atenção do jurista, pois elas abrem um campo sensivelmente ampliado para as investigações da Ciência do Direito.

La preocupación por las medidas cautelares en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en particular, ha cobrado un especial relieve en los últimos años debido, en gran parte, a su consideración como parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución.Lo cierto es que en esta última década se ha producido un importante aumento de la justicia cautelar o provisional; aumento que seguramente tiene relación con la duración de los procesos jurisdiccionales.El caso es que la tutela judicial efectiva de carácter cautelar se ha convertido en un hecho cotidiano en los Tribunales contencioso-administrativos españoles, actuando como un mecanismo para asegurar provisionalmente la eficacia de la sentencia definitiva y como remedio para que ésta, llegada a su ejecución, no resulte tardía.En efecto, la potestad de los Jueces y Tribunales de adoptar medidas cautelares responde, como ha señalado el Tribunal Constitucional, “a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano jurisdiccional” evitando que un posible fallo a favor de la pretensión “quede desprovisto de la eficacia por la conservación o consolidación irreversible de situaciones contrarias a derecho o interés reconocido por el órgano jurisdiccional en su momento”.García de Enterría señala como auténtico hito de esta evolución el auto del Supremo de 20 de diciembre de 1990, en el que el ponente, el Prof. González Navarro, configura un auténtico derecho a la tutela cautelar, que se corresponde con un deber, por parte de la Administración y los Tribunales, de acordar la medida cautelar que resulte necesaria para asegurar el contenido de la resolución que finalmente se adopte. En este sentido, el Tribunal Supremo señalaba lo siguiente:“los estrechos límites del artículo 122 de la LJCA tienen hoy que entenderse ampliados por el expreso reconocimiento del derecho a una tutela judicial efectiva en la propia Constitución, derecho que implica, entre otras cosas, el derecho a una tutela cautelar”.Esta concepción puede verse recogida en recientes sentencias del Tribunal Supremo como la de 7 de abril de 1997 que señala que la tutela cautelar forma parte de la tutela efectiva de Jueces y Tribunales, no pudiendo eliminarse de manera absoluta la posibilidad de adoptar medidas cautelares dirigidas a asegurar la eficacia de la sentencia estimatoria que pudiera dictarse en su momento.Este mismo derecho se encuentra reconocido en el ordenamiento comunitario por el principio general al que alude la sentencia Factortame del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de 19 de julio de 1990, que se resume así: “la necesidad del proceso para obtener la razón no ha de convertirse en un daño para el que tiene razón”.Estas aproximaciones, superadoras de la estricta regulación legal anterior contribuyen a explicar el hecho de que la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa haya dedicado bastante atención a este asunto, en concreto, el Capítulo II del Título VI de la Ley, artículos 129 a 136.Asimismo, toda la doctrina está de acuerdo en situar como un elemento clave a la hora de tratar el fundamento de las medidas cautelares en general, el problema de la lentitud en la resolución de los procesos jurisdiccionales. El artículo 24.2 de nuestra Constitución afirma claramente que “todos tienen derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías…” por lo cual el retraso desproporcionado en la resolución de los procedimientos supone una grave conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de nuestra norma suprema, como ha reconocido el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 26/1983, al afirmar que “desde el punto de vista sociológico y práctico puede seguramente afirmarse que una justicia tardíamente concedida equivale a una falta de tutela judicial efectiva".Básicamente, lo que se pretende es que la duración del procedimiento no altere el equilibrio inicial de fuerzas entre las partes. Así el Tribunal Supremo ha señalado que el principio de efectividad de la tutela judicial recogido en el artículo 24.1 de la Constitución reclama que el control jurisdiccional que ampliamente traza su artículo 106.1 haya de proyectarse también sobre la ejecutividad del acto administrativo. Y dada la duración del proceso, el control sobre la ejecutividad ha de adelantarse al enjuiciamiento del fondo del asunto. La armonización de las exigencias de ambos principios da lugar a que la regla general de la ejecutividad haya de ser controlada en cada caso concreto sobre todo porque la jurisprudencia, no lo olvidemos, es la constatación real de la solución justa a cada caso.Las medidas cautelares, como es sabido, presentan una serie de caracteres que suscitan el consenso doctrinal entre los que pueden citarse: instrumentalidad, homogeneidad de la medida cautelar con la medida ejecutiva; temporalidad y provisionalidad; variabilidad y jurisdiccionabilidad.La instrumentalidad se refiere a que las medidas cautelares son únicamente concebibles en virtud de la interposición de un recurso contencioso-administrativo, recurso que ha dado lugar al proceso y al hecho de que lo que se persigue es el mantenimiento de la situación inicial; es decir lo que el particular pretende es que las cosas vuelvan a su estado originario. Esta instrumentalidad aparece reconocida en el artículo 129 de la nueva Ley, del que se infiere que las medidas cautelares dependen siempre del proceso principal, como lo subraya el hecho de que es competente para conocer de la pretensión el mismo órgano que conozca del proceso principal y asimismo se da identidad de partes con el proceso principal. Asimismo, la medida cautelar es instrumento de la resolución final, teniendo por finalidad permitir su ejecución y estando subordinada a ella.Al respecto de la homogeneidad, Orteils ha señalado que: “las medidas que anticipen en parte o provisionalmente efectos de la sentencia responden a la función de asegurar la efectividad de la misma que supone algo más que asegurar la ejecución, dado que implica también proteger aquélla frente a riesgos que impidan que sus efectos se desarrollen en condiciones de plena utilidad para el que sea reconocido como titular del derecho”.La provisionalidad hace referencia al carácter no definitivo de las medidas cautelares, pues éstas desaparecen, perdiendo toda su eficacia, cuando faltan los presupuestos que originaron su adopción, y en todo caso cuando finaliza el proceso principal. La nota de la provisionalidad se entiende bien si se conecta con la finalidad de las medidas cautelares; si lo que se trata de proteger y tutelar mediante la adopción de tales medidas es la efectividad de una ulterior sentencia, lógico es que las mismas tengan una vigencia limitada en el tiempo, concretamente aquella en la que dicha sentencia tarde en obtenerse.Esta provisionalidad aparece muy claramente en dos casos: las medidas inaudita parte debitoris del artículo 135 y los supuestos de impugnación de inactividades administrativas o de actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho que el artículo 136.2 permite solicitar antes de la interposición del recurso para evitar la producción de daños irreversibles que harían que la medida perdiese su finalidad de instarse una vez iniciado el proceso.Con la nota de variabilidad se quiere indicar que la permanencia o modificación de la medida cautelar esta siempre condicionada al mantenimiento de los presupuestos que justificaron su adopción.La medida cautelar podrá ser reformada, si se producen modificaciones en el estado de los hechos respecto de los cuales la medida fue adoptada, y en el supuesto en el que no fuera otorgada cuando se solicitó, se podrá volver a pedir siempre que se haya producido un cambio de las circunstancias anteriores.Esto es lo que establece el artículo 132.1 de la nueva Ley, el cual partiendo de la cláusula “rebus sic stantibus” afirma que las medidas cautelares podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hayan adoptado.Esta “potestas variandi” se basa en una alteración del equilibrio de intereses en el que se fundamenta la adopción de la medida o en la propia desaparición sobrevenida de la necesidad de su existencia para garantizar la decisión final del proceso. Ahora bien, esta “potestas variandi” está sometida a las limitaciones establecidas en el artículo 132.2 de la Ley, ya que las medidas no podrán modificarse o revocarse en función de los distintos avances que se vayan haciendo durante el proceso respecto al análisis de la cuestión litigiosa ni tampoco en razón de la modificación de los criterios de valoración que el órgano jurisdiccional aplicó a los hechos al decidir el incidente cautelar.Estas dos excepciones pretenden evitar que la modificación de la medida pueda parecer que se trata de una pura decisión subjetiva completamente desvinculada de la aparición de nuevas circunstancias que deberán ser alegadas por las partes. En definitiva, las medidas cautelares no producen el efecto de cosa juzgada y son, por ello, modificables siempre que se produzca una variación de las circunstancias de hecho.En cuanto a la jurisdiccionalidad, puede señalarse que está implícita en las notas anteriores puesto que significa que la adopción de la suspensión compete al órgano jurisdiccional que este conociendo el proceso principal ya que, según dispone el artículo 117.3 de la Constitución, solo a los órganos jurisdiccionales les corresponde el juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la prisión preventiva en Ecuador, ya que esta medida cautelar en el sistema penal suele usarse como la regla más no como la excepción. La metodología responde al enfoque cualitativo, el tipo de investigación es documental, el método analítico permitió analizar bibliografía, normativa y casos jurisprudenciales. Como resultados se identifica que Ecuador ha incorporado normativa penal sobre la prisión preventiva considerada como una medida cautelar excepcional, de la revisión de los casos Tibi vs. Ecuador y López Álvarez vs. Honduras, y ante la Corte IDH se determina que los jueces competentes aplican a priori la medida cautelar de la prisión preventiva, esto no se aplica de última ratio.

1. El domingo 16 de mayo, el FC Barcelona ganó la Liga española 2014-2015 –Liga BBVA–, ganando al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Pero pudo haberla ganado sin ni tan siquiera tener que salir al terreno de juego. Así hubiera podido ser de haberse ejercido de forma efectiva la huelga que había convocado, en tiempo y forma ya, el sindicato profesional, la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles). Reconocidos comentaristas cargaron contra esa huelga, considerándola poco seria, por «menor» y arbitraria, por ir contra «un buen decreto-ley que regula los derechos de televisión de los clubes» sin daño para la AFE, «aparte de la descortesía de haber contado poco con ella».

1. Consideraciones generales; 2. La prisión preventiva; 2.1. Los presupuestos materiales de la prisión preventiva; 2.1.1. Existencia de fundados y graves elementos de convicción (prueba suficiente); 2.1.2. Prognosis de pena; 2.1.3. Peligro procesal; 2.2. La naturaleza jurídica de la prisión preventiva: ¿medida cautelar o anticipo de pena?; 3. La prisión preventiva ¿una excepción o una regla?; 4. Las consecuencias psicológicas de la cárcel en las personas privadas preventivamente; 5. Una mirada crítica del uso y abuso de la prisión preventiva en América Latina; 6. Los problemas del sistema penitenciario peruano a causa del uso desmedido de la prisión preventiva

Como mostró Berlin (1958), existe en las inscripciones un grupo de elementos jeroglíficos que evidentemente aparecen ligados a sitios específicos. Se trata de signos principales individuales para centros ceremoniales muy determinados, que por regla se encuentran únicamente allí o en sitios vecinos, acoplados a afijos generales, que por regla pueden ser comprobados en toda la zona de las áreas clásicas del sur. Evidentemente, el carácter local de aquellos signos principales se reconoció tan tardíamente, porque las afijaciones formales, en cierto modo, velaron la construcción jeroglífica. Berlin no especifica si se trata de nombres de ciudades, deidades tutelares o linajes de gobernantes, y por lo pronto habla únicamente de cautela de “emblemas”. Describe los signos menores que se repiten como superfijo ben-ich y un número de prefijos variables que tienen su origen en el grupo de los “símbolos de agua” de Thompson, pero se abstiene de interpretar estos componentes. Por lo pronto, discutiresmo la inserción formal en un “superfijo del emblema” y un “prefijo del emblema”, y después nos dedicaremos a la discusión sobre el “el signo principal del emblema”.

Este artigo discute aspectos de legislações que regulam a movimentação de alunos e professores na rede municipal de São Paulo, analisando-os à luz de literatura sobre interdependência competitiva entre escolas. Pesquisas asseveram que escolas podem competir entre si por recursos que lhes permitem continuar funcionando. E que legislações podem coibir ou impulsionar práticas competitivas entre escolas. Observa-se, por esta pesquisa, que a legislação que regula a remoção de professores no município pode estimular a saída de professores mais experientes e com mais formação das escolas menos prestigiadas ou com mais problemas sociais. E que a legislação que regula a matrícula e a transferência de alunos na rede em questão tem brechas que permitem, caso haja interesse, que escolas mais prestigiadas em um território possam atrair a atenção dos familiares, nas quais poderão empreender esforços para matricular seus filhos e ainda que as escolas possam expulsar ou evitar alunos considerados inadequados ao seu ambiente escolar. Observa-se que pesquisas sobre esse assunto são incipientes, portanto suas conclusões devem ser vistas com cautela. Dada a possibilidade de que a própria legislação possa impulsionar a desigualdade escolar, torna-se urgente a realização de estudos empíricos das implicações sobre o funcionamento da escola e sobre as relações entre as escolas, do modo como ocorre a matrícula, a transferência dos alunos e a remoção de professores no município em questão.

Al venir meno del modello economico-dinamico la psicoanalisi non ha saputo rispondere con una profonda riformulazione della teoria generale e ha preferito promuovere a teoria le generalizzazioni psico-evolutive, psicodinamiche e cliniche, rinunciando a una teoria processuale che, giustificando la pratica clinica e il metodo, ne promuovesse la ricerca e lo sviluppo. In controtendenza e in vista di una tale necessaria teoria generale, l’Autore introduce il concetto di vincolo a indicare un nesso fisso, stabile e persistente nel tempo tra un elemento somatico-valoriale e un elemento simbolico-rappresentazionale che, in forza della marcatura emozionale, limita, indirizza o prescrive le azioni possibili del soggetto. Caratteristica cruciale del vincolo è la sua continua attività attrattiva, che tende a modellare secondo lo schema fissato e marcato, gli elementi del flusso del vissuto, che in modo logico, analogico o metaforico si lasciano ricondurre allo schema. La marcatura emozionale attiva un’anticipazione dell’emozione e avvia la risposta di avvicinamento, allontanamento o cautela in qualunque ambito motivazionale, ponendosi come il meccanismo elementare di formazione delle motivazioni e, dunque, delle intenzioni. Il concetto di vincolo consente anche di fare chiarezza nella problematica del significato, indicando nel significato vincolato all’emozione, l’unico ‘significato’ che possa essere considerato causativo dal punto di vista degli effettivi processi. La congettura sottostante la definizione del concetto di vincolo è che ciò che la psicoanalisi ha sempre inteso come l’‘inconscio’ debba e possa essere tradotto nell’azione continua, sistematica e generalizzata della rete gerarchica dei vincoli. Tale rete guida silenziosamente il comportamento non attraverso insondabili intenzionalità mentalistiche, ma con il semplice esercizio di regole (relativamente o radicalmente) vincolanti, che costruiscono significati, intenzioni e moventi, secondo una grammatica e una sintassi, che istruiscono significati e contesti sulla spinta dei nessi marcati piuttosto che tramite l’intervento causativo di un contenuto mentale o la proiezione di un’immagine riesumata da un lontano, non verificabile passato.