Academic literature on the topic 'Régimen económico de comunidad'

En la academia se ha discutido con frecuencia respecto de si el régimen jurídico de las empresas industriales o comerciales del Estado es derecho administrativo; algunos consideran que no lo es, en la medida en que estas empresas son creadas como modalidades de intervención del Estado en la economía y, por ende, correspondería con el derecho económico, mientras que otros consideran que es derecho administrativo, por formar parte del campo de estudio de la rama ejecutiva del poder público. De esta manera, el objeto de este texto es diferenciar a la comunidad académica sobre la conveniencia de hablar de derecho económico, y no de derecho administrativo, cuando hacemos referencia al régimen jurídico de las empresas industriales y/o comerciales del Estado. Entendiendo por derecho económico como el derecho de la dirección e intervención del Estado en la economía. Aceptar que su régimen es derecho económico implica aplicar el Análisis Económico del Derecho (AED) que es una herramienta que propende por la eficiencia en las actividades económicas. Este tema tiene un enfoque interdisciplinar que vincula el derecho y la economía.

Sumario: I. INTRODUCCIÓN.—II. EL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA ASAMBLEA DE MADRID.—1. Concepto.—2. Régimen jurídico aplicable.—III. EL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DE LA ASAMBLEA.—1. El régimen presupuestario de la Asamblea y sus principios.—2. El Presupuesto de la Asamblea: concepto y contenido.—3. La estructura del Presupuesto.—3.1. El Presupuesto de Gastos.—3.2. El Presupuesto de Ingresos.—4. El ciclo presupuestario.—4.1. El procedimiento de aprobación: A) La fase de elaboración: el Anteproyecto del Presupuesto de la Asamblea; B) La fase de aprobación: el Proyecto del Presupuesto de la Asamblea; C) La fase de tramitación parlamentaria: el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad; D) Fase de aprobación por el Pleno: la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad.—4.2. Las operaciones de fin del ejercicio presupuestario.—4.3. La Liquidación del Presupuesto y la Cuenta de la Asamblea.—5. La Ejecución del Presupuesto: la gestión presupuestaria.—5.1. Los procedimientos de aprobación del gasto: ordinario y especiales. A) El procedimiento ordinario; B) Los procedimientos especiales: a) Pagos a Justificar; b) Anticipos de Caja Fija.—5.2. El procedimiento de aprobación de los ingresos.—5.3. Las modificaciones presupuestarias y sus límites.—IV. LA TESORERÍA. V. EL RÉGIMEN CONTABLE DE LA ASAMBLEA.—1. Los principios contables públicos.—2. La contabilidad presupuestaria.—2.1. La contabilidad de gastos.—2.2. La contabilidad de ingresos.—3. La contabilidad extra-presupuestaria.—4. La contabilidad de Tesorería.—5. Los Libros de contabilidad y la información financiera.

Sumario: I. INTRODUCCIÓN.—II. ¿QUÉ ES EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL?—2.1. Creación.—2.2. Calificación y naturaleza jurídica.—2.3. Régimen jurídico.—III. ¿CÓMO DESARROLLA SU ACTIVIDAD EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL?—3.1. Funciones.—3.2. Actividad rogada.—3.3. Iniciativa propia.—3.4. Composición.—3.5. Órganos.—3.6. Funcionamiento.—IV. ¿CUÁL ES EL VALOR PÚBLICO QUE EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL APORTA A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID?—4.1. Balance.—4.2. Debilidades.—V. A MANERA DE CONCLUSIONES.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓNII. EL MARCO NORMATIVO ANDALUZ DE LAS ACADEMIASIII. CARACTERIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS ACADEMIASIV. LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LAS ACADEMIASV. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACADEMIASVI. EL RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO Y PATRIMONIALVII. EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADESVIII. VALORACIÓN FINAL

Dentro de la pluralidad de legislaciones civiles que conviven en España, el modelo vasco se convierte en paradigma de la idea, defendida doctrinalmente, de que en aquellos sistemas en los que el régimen económico matrimonial es el de separación de bienes, suelen concederse amplios derechos sucesorios al viudo, mientras que, en aquellos que parten de un sistema de comunidad, los derechos mortis causa que se le conceden o no existen, o son mínimos, puesto que la protección a su posible situación de desvalimiento se obtiene ya a través del régimen económico matrimonial. Este es el caso del País Vasco, donde rige un sistema legal de comunidad como es el de comunicación foral de bienes. La existencia de este régimen económico matrimonial legal, que concede a los cónyuges medios suficientes para dirigir a la familia en caso de disolución –sobre todo si ésta es debida al fallecimiento de uno de sus miembros y existe descendencia– justifica que los derechos usufructuarios del viudo no tengan por qué ser del alcance de los existentes en Navarra o en Aragón, para permitir una protección suficiente del supérstite. Pues bien, el presente trabajo pretende examinar con cierta profundidad la naturaleza jurídica del usufructo legal previsto en la legislación foral del País Vasco, sus requisitos, objeto y extinción. Asimismo se examinan otros derechos usufructuarios viduales previstos en esa norma, como el usufructo universal derivado del poder testatorio, el usufructo poderoso del Fuero de Ayala y el legado del usufructo universal.<br />

El objeto de este escrito es presentar a la comunidad académica la conveniencia de hablar de derecho económico, y no de derecho administrativo, cuando nos referimos al régimen jurídico de los actos administrativos del Banco de la República; entendiendo por derecho económico el derecho de la intervención del Estado en la economía, o como el derecho mixto que lo permea, tanto el derecho público como el derecho privado. Este tema tiene un enfoque interdisciplinar que vincula el derecho y la economía.

En el contexto de la economía y la administración pública, las políticas fiscales juegan un papel esencial en la configuración de los entornos empresariales. La transición de la provincia de Cotopaxi del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) al Régimen Impositivo para Emprendedores y Empresas Populares (RIMPE) es un tema de gran importancia en esta investigación, así como para las autoridades gubernamentales y la comunidad en general. Este estudio se centra en el análisis detallado del impacto económico de este cambio en las microempresas de la provincia, considerando su importancia científica, implicaciones sociales y efectos en la comunidad empresarial local. El análisis de las políticas fiscales y su influencia en la economía es un tema en continuo debate. La investigación se centra en comprender cómo los cambios en los sistemas fiscales pueden tener efectos significativos en la dinámica económica de una región y cómo estas medidas afectan al nivel de la microempresa, con el fin de formular políticas más eficaces. Las microempresas son esenciales en muchas comunidades, ya que generan empleo y promueven el desarrollo económico. La transición del RISE al RIMPE no sólo tiene que ver con una evaluación económica, sino también con la forma en que las decisiones fiscales afectan a la vida de las personas y a las oportunidades de empleo. El objetivo principal de la investigación es comprender los efectos económicos de esta transición en las microempresas de Cotopaxi, considerando la rentabilidad, la inversión, la creación de empleo y la competitividad. Se abordan los retos del proceso y se presentan proyecciones a largo plazo para proporcionar información sólida a las partes interesadas y apoyar la toma de decisiones basada en datos. Se mencionan investigaciones previas que han analizado los cambios en el RIMPE y se resalta la necesidad de brindar capacitación a los contribuyentes para evitar confusiones en el nuevo régimen. Se muestra cómo el RIMPE beneficia a las microempresas en comparación con el RISE y se destacan las opiniones encontradas sobre su impacto en las empresas. En la revisión teórica, se discuten las reformas en los impuestos al valor agregado y al consumo, así como las actividades excluidas del régimen. Se menciona la duración del RIMPE y la progresividad de la presión fiscal en el futuro. El método de investigación es descriptivo y se justifica por la necesidad de conocer a fondo los efectos de la transición. Se explica la selección de la muestra, compuesta por 7 microempresas de Cotopaxi, y se reconocen las limitaciones por recursos y acceso. En los resultados y discusión, se presentan los cambios en la clasificación de las empresas antes y después de la transición. Se analiza cómo algunas empresas mejoraron su posición, indicando beneficios en competitividad, mientras que otras se mantuvieron estables. Se destaca la importancia de la adaptación y la estrategia empresarial. En conclusión, el estudio muestra que la transición del RISE al RIMPE tiene un impacto diferenciado en las microempresas de Cotopaxi. Algunas empresas experimentaron mejoras en su competitividad y posición, mientras que otras mantuvieron su estabilidad. La adaptación y la estrategia empresarial son esenciales para enfrentar estos cambios.

Dentro de la pluralidad de legislaciones civiles que conviven en España, el modelo vasco se convierte en paradigma de la idea, defendida doctrinalmente, de que en aquellos sistemas en los que el régimen económico matrimonial es el de separación de bienes, suelen concederse amplios derechos sucesorios al viudo, mientras que, en aquellos que parten de un sistema de comunidad, los derechos mortis causa que se le conceden o no existen, o son mínimos, puesto que la protección a su posible situación de desvalimiento se obtiene ya a través del régimen económico matrimonial. Éste es el caso del País Vasco, donde rige un sistema legal de comunidad como es el de comunicación foral de bienes. La existencia de este régimen económico matrimonial legal, que concede a los cónyuges medios suficientes para dirigir a la familia en caso de disolución –sobre todo si ésta es debida al fallecimiento de uno de sus miembros y existe descendencia– justifica que los derechos usufructuarios del viudo no tengan por qué ser del alcance de los existentes en Navarra o en Aragón, para permitir una protección suficiente del supérstite.<br />Pues bien, el presente trabajo pretende examinar con cierta profundidad la naturaleza jurídica del usufructo legal previsto en la legislación foral del País Vasco, sus requisitos, objeto y extinción. Asimismo, se examinan otros derechos usufructuarios viduales previstos en esa norma, como el usufructo universal derivado del poder testatorio, el usufructo poderoso del Fuero de Ayala y el legado del usufructo universal.<br />

La Disposición Adicional Tercera de la Constitución dispensa una protección al Régimen Económico-Fiscal de Canarias (REF), declarando no sólo su compatibilidad con la Constitución, sino que protege su núcleo esencial, integrado por los principios esenciales del REF, actualmente recogidos en el artículo 166 del Estatuto de Autonomía de Canarias. El presente estudio tiene por objeto analizar la citada Disposición Adicional, comenzando por exponer el núcleo financiero de la institución del REF y las competencias de la Comunidad Autónoma en esta materia y, a continuación, cuál sea el significado y naturaleza de la Disposición Adicional Tercera. Finalmente, se realiza un análisis comparativo de las Disposiciones Adicionales Primera y Tercera de la Constitución.

El régimen económico del matrimonio disciplina las relaciones patrimoniales de los esposos entre si y de estos con terceros. El Código de Familia cubano regula la comunidad matrimonial de bienes cómo régimen matrimonial pecuniario único, legal y obligatorio. Al promulgarse el actual Código, este fue uno de los logros de ese cuerpo normativo; pero hoy su conveniencia es cuestionada. La amplia protección del Derecho Internacional a la familia y las concepciones que promueve la Constitución cubana de 2019, sugieren la implementación de un régimen convencional del matrimonio en Cuba. Según la Disposición Transitoria Decimoprimera de la Constitución y el cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2019; en marzo de 2021 debe comenzar el proceso de consulta y referendo de un nuevo Código de Familia. En este contexto, el siguiente material persigue como objetivo: delinear las directrices que marcan los Tratados Internacionales y la Constitución cubana de 2019, para fundamentar la modificación del régimen económico del matrimonio en Cuba. Mediante la utilización de los métodos teórico jurídico, histórico jurídico y de comparación jurídica se sistematizan los postulados que apuntan hacia la admisión de la autonomía de la voluntad de los cónyuges en su disposición.

Analiza las posibilidades de lograr la integración económica de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), como un medio de lograr el desarrollo de los países latinoamericanos. Reflexiona acerca de los textos constitucionales vigentes en los países de la CAN y puntualiza en que se debe adoptar una serie de medidas que permitan realmente lograr la integración económica en América Latina, hecho que se considera posible si se tiene en cuenta que, los países europeos han logrado integrarse con mucha eficacia, pese a que entre sus miembros más conspicuos, Francia y Alemania, han pasado por dos guerras mundiales.
Tesis

En julio de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina presentó el documento denominado “Propuestas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de una Agenda Positiva Normativa para la Integración”. En este documento se propone la elaboración y modificación de la normativa andina en una serie de materias, como la protección de los derechos del consumidor andino, la defensa de la competencia a nivel comunitario, la armonización de los procedimientos de registro de las denominaciones de origen, de las indicaciones de procedencia, y la protección de la marca país de los Países Miembros de la Comunidad Andina.
Tesis

El Anteproyecto de Reforma de la actual Constitución, emitido para su estudio, debate y mejora a través de las propuestas nacidas de los ciudadanos, concitó un tema ineludible en esta edición. Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú que conformamos la Asociación Civil Derecho & Sociedad decidimos realizar esta Mesa Redonda buscando presentar a nuestros lectores una propuesta divida en dos puntos: establecer las bases constitucionales que permitan tanto el crecimiento económico como el desarrollo de las personas en nuestra sociedad; y conciliar las posiciones que permitan una idea central que sirva de base para la futura regulación de Régimen Económico nacional. A continuación, desde los enfoques de la Economía y el Derecho, se debatirá respecto de los temas principales que encierra el Anteproyecto de Reforma de la Constitución de 1993.

Aquí se examina la manera en que el proceso de autonomía indígena de Cherán logró desmontar el régimen de violencia y despojo al que estuvo sometida la comunidad producto de la incursión gradual del crimen organizado desde el año 2007, el cual buscaba generar las condiciones socio-territoriales para la expansión de la agroindustria aguacatera en Michoacán (México). Se propone comprender este fenómeno como una deriva contemporánea de un proceso histórico de apropiación ejercido por numerosas estructuras capitalistas sobre los recursos boscosos de la Meseta Purhépecha, la cual ha diluido las lógicas productivas comunales y los entramados subjetivos tanto de Cherán como de las comunidades que mantienen una relación material con el bosque en la región. Se sostiene que el carácter autonómico – y antagónico - de esta experiencia radica en el impulso de iniciativas económico-políticas capaces de desplegar un grado de disputa, por un lado, a la lógica del valor de cambio a nivel local y, por otro, a las añejas modalidades de la política convencional que han sido responsables de fuertes conflictos en la comunidad a lo largo de su historia.

La Comunidad Andina es una organización internacional poco estudiada, pero trascendental para la vida moderna de los nacionales de sus países miembros. Es producto de un lento proceso de integración, que sigue en desarrollo.

La tributación de los rendimientos de actividades económicas (RAE) en el IRPF, además de por la gran crisis económica, se ha visto afectada por las reformas del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común (SFA) y Ciudades con Estatuto de Autonomía, en 2001 y en 2009, que establecen una tarifa autonómica que cada Comunidad Autónoma aprueba en cada ejercicio. En definitiva, las rentas de actividades económicas tributan de forma distinta en cada Comunidad Autónoma, a diferencia de las rentas de las sociedades cuya tributación en todo el territorio nacional es actualmente del 25%, sin perjuicio de lo establecido en los regímenes tributarios forales. El objetivo de este trabajo es estudiar la evolución de los RAE declarados en el IRPF, considerando las últimas reformas del SFA. La metodología consiste en la estimación de un panel de datos dinámico, en el período 2003-2019, mediante el estimador de variables instrumentales (IV) y su generalización por el Estimador Generalizado de los Momentos (GMM). Los principales resultados se refieren, en primer lugar, a la significatividad global del modelo y de las variables individualmente consideradas. En segundo lugar, la elasticidad de la variable RAE respecto el tipo de gravamen autonómico es negativa de -0,09. Este resultado puede justificarse porque la tarifa de gravamen autonómica es progresiva, la establecen los gobiernos regionales en cada ejercicio y puede generar un desplazamiento de la actividad económica por la diferente tributación entre regiones.

La autopista AP-7 forma parte del corredor viario del mediterráneo, uno de los grandes corredores de la Unión Europea, y comunica Francia con Algeciras. En la actualidad, gran parte de la misma dentro de la Comunidad Valenciana se encuentra en régimen de concesión, que se extingue a finales de 2019. Esta situación futura creará un impacto económico en dicho territorio que merece ser estudiado desde el punto de vista técnico. Para ello, se realiza un estudio del tráfico actual y una prognosis hasta el año 2040, donde se plantean diferentes escenarios basados en las transferencias del tráfico hacia la AP-7 desde ejes paralelos según el coste del peaje. Se divide la autopista en dos tramos bien diferenciados, uno norte que va desde el límte de Castellón a Sagunto, y otro sur desde Algemesí hasta El Campello. Además, se tienen en cuenta las actuaciones que pretenden llevarse a cabo en las carreteras afectadas según el plan de inversión estatal PITVI. Para poder comparar los diferentes escenarios propuestos se plantea la creación de un ratio, definiéndose así el ‘ratio específico’ que compara económicamente las vías a través de la movilidad de vehículos que se experimenta en cada carretera por unidad de longitud, frente a los costes que conlleva su explotación (peaje), conservación e inversión de las nuevas actuaciones previstas. Al final se obtienen las conclusiones que ayuden a las administraciones afectadas sobre la decisión a tomar en la renovación o no de la concesión de la AP-7 a partir del año 2020.DOI: http://dx.doi.org/10.4995/CIT2016.2016.3406

El trabajo examina los incentivos fiscales introducidos de manera generalizada por las comunidades autónomas de régimen común en los tributos cedidos con la intención de frenar (o revertir) la despoblación de las áreas rurales. Específicamente, se pone el foco sobre la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, con base en el Panel de Declarantes del IRPF, se analiza la utilización a lo largo del tiempo por sus contribuyentes de las deducciones por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual y por nacimiento o adopción de hijos, ambas en núcleos rurales. Los resultados obtenidos permiten concluir que, en los períodos considerados, se ha producido un cierto traslado de la población a núcleos rurales, proveniente, en buena medida, de capitales de provincia de la misma Comunidad, y con cierta vocación de permanencia, ya que casi todos los desplazados a un pequeño municipio (y también los que han disfrutado de las deducciones sin haber cambiado su residencia) siguen viviendo en el mismo al final de los períodos contemplados.

Wunderblock es una cinematografía videográfica documental creada por Alfonso Legaz, memoria y parte del trabajo en-común que realizan los artistas Andrea Garay y Alfonso Legaz desde 2015 en 20 espejos suceden, proyecto de arte de mecánica procesual-multidisciplinar instalado en el campo de la desocultación, que investiga en torno al acto de comunicación, la experiencia de comunidad y la exposición del individuo ante los otros. Produce y desarrolla de manera performativa sus objetos e instancias a partir del concepto de “exposición” (del individuo ante los otros), desarrollado por Jean-Luc Nancy en La comunidad desobrada (1986), concepto imprescindible para vincular lo particular con la ontología del ser-con, modo propio de ser de la existencia en la estética de Nancy. La actividad multidisciplinar que opera con fotografía, pintura, videografía no-ficción o testimonio oral, adopta esta “exposición” (de representación imposible) como sentido de la fuerza motriz y no como matriz de trabajo; implementa elementos tradicionales del pensamiento occidental —cuerpo, representación o mímesis— que, deconstruidos por Nancy en sus “figuras de lo común”, sirven a la hipótesis central del proyecto: el poder sancionador de técnicas documentales hoy —visuales, orales y escriturales— pretende aportar la “exposición” como documentación de una singularidad corporal “expuesta”, ocultando el ser y la verdad (Aletheia) e inhibiendo la experiencia de comunidad. Este texto colocará el foco en una forma representacional de la tradición cinematográfica documental, singularizada y problematizada en Wunderblock desde la “exposición”: la presentación documental del artista trabajando su obra en su espacio de trabajo. El caso real, una artista, una mujer que realiza un largo proceso pictórico. El objeto de crítica —fraude documental en la presentación visual del artista produciendo la obra— es consumido socialmente sin oposición. Explotada industrial e institucionalmente esta técnica de vaciado, naturalezas fílmica o digital y régimen escópico son afectados por un “régimen de creencia”, “una fe inexplicada”, señala Derrida, que co-participa de la ocultación del ser, omitiendo vida psíquica, silenciando la profunda oscuridad que acompaña nuestro cuerpo y existencia en forma de reducción behaviorista, afectando todos los campos de conocimiento y la posición política. Wunderblock construye dislocando (Rancière) la construcción del poder; piensa la necesidad de transformación del sentido político del cuerpo y del en-común hacia nuevas posiciones que posibiliten pensamiento crítico y acción social. Se describirá el dispositivo cinematográfico, contexto político-conceptual, tradición cinematográfica y el pensamiento puesto en valor.

El objetivo principal de este estudio es documentar la realidad, la importancia, los conceptos, las cuentas y cómo se aplica la contabilidad en un Régimen de Propiedad Horizontal (P.H.) en la República de Panamá para la conservación de sus estructuras en el tiempo. A través de documentar las normativas legales y el trabajo en el campo se identificó que el tratamiento contable de los P.H. es diferente a otro tipo de organizaciones por sus características de índole comunitario y de la sana convivencia para la conservación del inmueble y su entorno. En otras palabras, son tipos de alcaldías privadas al servicio de la comunidad. Conocer las normativas y documentarlas aportaron otras experiencias y como resultado proponemos un sistema financiero contable como referencia, puesto que este régimen va creciendo considerablemente debido al boom inmobiliario de la República de Panamá y en la actualidad, este tipo de información no se obtiene con facilidad. Diseñamos un catálogo de cuentas que se caracteriza por tener las cuentas contables básicas que se requiere para brindar los reportes necesarios para la toma de decisiones oportunas, le permite al usuario final su implementación para el logro de los objetivos. Finalmente aportamos otros criterios para fomentar el análisis que permita la implementación de las mejores prácticas a una personería jurídica que llega a su tercera edad.

En la Comunidad de Madrid se producen diariamente más de 16 millones de viajes de los que, aproximadamente, el 70% se realiza en modos motorizados (vehículos privados y transporte colectivo). A ello cabe sumar una intensa actividad de transporte de mercancías que, en su mayor parte, se realiza por carretera. El sistema de transporte tiene una incidencia directa en el desarrollo económico de la región y en la calidad de vida de sus ciudadanos. Se hace imprescindible el esfuerzo coordinado entre las distintas administraciones para el desarrollo de los programas y acciones necesarias para la consecución de un sistema de transportes regional eficiente, seguro y sostenible. En este contexto, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha desarrollado el Plan Estratégico de Movilidad Sostenible, con un horizonte de 12 años (2013 – 2025), que contempla más 50 programas, englobados en 12 medidas maestras. El Plan se ha desarrollado en colaboración con las diferentes administraciones, siguiendo las directrices establecidas en la Estrategia Española de Movilidad Sostenible (2009) y las principales recomendaciones europeas en materia de movilidad sostenible y transporte. Asimismo, el Plan Estratégico de Movilidad incorpora los objetivos establecidos en la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020 (Plan Azul +), así como los Planes sectoriales vigentes en materia energética derivados de la Estrategia 20-20-20 de la Unión EuropeaDOI: http://dx.doi.org/10.4995/CIT2016.2016.4270

Este artículo analiza la forma urbana de tres ciudades industriales surgidas de (1885-1921), etapa en la que México vivió con la industrialización su mayor modernización a manos de capitalistas norteamericanos y europeos. Estos ejemplos ponen de manifiesto los grandes proyectos territoriales, urbanos y arquitectónicos que surgieron de la política del régimen del presidente Porfirio Díaz de fundar y poblar ciudades en el Norte, justificando así el crecimiento económico, la estructuración del territorio y la defensa de la soberanía nacional en la frontera. This article analyses the urban form of three industrial cities emerged between (1885-1921), Mexico lived with industrialization his maximum modernization at the hands of American and European capitalists. These examples highlight the large territorial, urban and architectural projects that emerged from the policy regime of President Porfirio Díaz to found and populate cities in the North, justifying the economic growth, the structure of the territory and the defence of national sovereignty at the border.

El estudio investiga la importancia de desarrollar medios de difusión fundamentados para mejorar la visibilidad del sistema moda en Colombia, especialmente en contextos académicos y teóricos. Se identifica una falta de impulso significativo hacia la moda más allá de su aspecto económico, destacando la necesidad de generar más conocimiento y recursos accesibles sobre el tema. Se analiza la crisis de los medios impresos y se propone una plataforma web como solución para ofrecer una membresía que facilite el acceso a una base de datos integral sobre moda, fomentando la comunidad y el intercambio de información dentro del sector. Este enfoque busca democratizar el conocimiento de la moda y promover un mayor entendimiento de su complejidad y valor cultural.

Desde sus orígenes los plásticos han revolucionado el mundo debido a su versatilidad frente a otros materiales, sin embargo, el volumen de material ha crecido ostensiblemente como se registra en los datos de Plastics (2015), donde se afirma que 311 millones de toneladas de plástico se han producido en el mundo en el año 2014. De otra parte, según el informe del Banco Internacional de Desarrollo (2011), el negocio del reciclaje en Latinoamérica, es en su mayoría informal, los recicladores desempeñan una labor ambiental importante siendo ellos quienes recolectan el 60.9% de los residuos reciclables (en Colombia), estos trabajadores obtienen una remuneración muy baja aun cuando manipulan materias primas con alto valor económico, siendo sus ingresos mensuales en promedio 22,14 USD es decir menos de un dólar diario, lo cual establece índices de pobreza absoluta y hace necesario intervenir con el fin de dignificar el trabajo y erradicar la pobreza extrema. (Programa de Naciones Unidas , 2015). Con estos elementos preliminares del volumen de materiales plásticos y el trabajo subvalorado de los recicladores, este proyecto propone reciclar plásticos desarrollando una extrusora que produzca la transformación del material plástico de consumo masivo desechado, en filamento para impresión 3D, -teniendo en cuenta la emergente masificación de las impresoras 3D FDM (Fused Deposition Material)- Este trabajo es desarrollado en conjunto con una comunidad de “reciclaje Nashira” en el Bolo San Isidro, corregimiento del Valle del Cauca - Colombia y plantea su desarrollo a través de metodologías de co-diseño incluyendo a la comunidad activamente en el proyecto (Sanders &amp; Stappers, 2014), a su vez es necesario abordar los elementos claves de este proceso mediante estrategias sistémicas de desarrollo de producto (Hernandis, 2015), así a partir de este enfoque se define la configuración del objeto final con el diseño como medio transformador de aspectos intangibles como el conocimiento, asociado una dimensión sociocultural donde la interacción es dada siempre por la comunidad como actor principal.DOI: http://dx.doi.org/10.4995/IFDP.2016.3759

El proyecto "Turismo del Sueño para Deportistas en La Guajira" propone una categoría innovadora que combina el bienestar del sueño desde la perspectiva deportiva con saberes ancestrales de comunidades indígenas colombianas. Enfocado en Mayapo, La Guajira, específicamente en el hostal Anua, los deportistas pueden experimentar un viaje de 4 días centrado en el KiteSurf y el intercambio cultural con la comunidad Wayuu. Este viaje ofrece adecuaciones para el descanso profundo, alimentación especializada y espacios para rituales y conocimientos culturales. La experiencia integra elementos naturales y ceremonias chamánicas para promover el bienestar espiritual y físico, guiando a los turistas hacia una conexión profunda con la tierra y sus propios cuerpos. Además, busca potenciar el desarrollo económico local a través del turismo, respetando y promoviendo las vocaciones turísticas y culturales de La Guajira.

La Unión Europea (UE) y América Latina diseñaron en los años noventa una nueva arquitectura institucional para impulsar sus relaciones. Si bien el diálogo político al más alto nivel ha facilitado la consecución de nuevos acuerdos y la UE es hoy el primer proveedor de fondos al desarrollo, el intercambio comercial ha crecido a tasas inferiores a las de América Latina con otras regiones del mundo, causando una reducción notable en la participación de la UE en el comercio total regional. Cuarenta y ocho jefes de Estado y de gobierno de la UE y de América Latina y el Caribe decidieron en su primera cumbre formar una Asociación Estratégica Birregional (Rio de Janeiro, 1999). Los acuerdos de concertación política, asociación económica y libre comercio y cooperación, denominados de IV Generación, constituyen la expresión jurídica de dicha asociación. Sin embargo, la negociación de dichos acuerdos marcha a velocidades distintas, limitando el gran potencial de desarrollo de los flujos comerciales birregionales. México (2000) y Chile (2003) han puesto en vigencia sus respectivos acuerdos de asociación. MERCOSUR, después de cinco largos años, parece encaminado a concluir las negociaciones en 2004. La Comunidad Andina y América Central permanecen atados a los ya superados acuerdos de III Generación mientras el régimen droga del Sistema Generalizado de Preferencias de la UE es crecientemente erosionado. El trabajo plantea la necesidad de concluir las negociaciones con el MERCOSUR e iniciar la negociación de acuerdos de IV Generación con la Comunidad Andina y América Central, a riesgo de que la UE continúe perdiendo espacio en el comercio total de la región.

El Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado en septiembre 2021, definen un conjunto de guías (10 en total) que corresponden a las Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS). Dentro del marco de este trabajo la NDAS 4 sobre seguridad ambiental y social para proyectos de inversión es la más relevante. Estas normas reconocen que las actividades, los equipos y la infraestructura de un proyecto pueden aumentar la exposición de la comunidad a riesgos e impactos, incluidos los causados por amenazas naturales y el cambio climático. El NDAS 4 indica que para salvaguardar la seguridad ambiental y social se debe considerar cuidadosamente el riesgo de que un proyecto pueda provocar presión sobre recursos locales escasos, pues ello puede causar más conflicto y mayores peligros para la seguridad humana. El presente trabajo por ende desarrolla un análisis pormenorizado del riesgo bajo un escenario climático estacionario, y bajo un escenario de un nuevo régimen estacionario debido a los cambios en los ciclos hidrológicos regionales. Específicamente se estudia el impacto de las inundaciones fluviales y pluviales de los bañados de la ciudad de Asunción. El BID a liderado estos estudios con la intención de contribuir a la generación de conocimiento vinculado a la gestión de riesgos de desastre y cambio climático. En este sentido el trabajo puede ser considerado una propuesta de unas mejores prácticas. Específicamente estos estudios son de valor para la planificación previa de inversiones, asistencias y políticas en zonas con alta vulnerabilidad al cambio climático y con un potencial de adaptación al cambio climático. En cuanto a los contenidos de este documento, el capítulo 2 presenta la metodología del análisis del probabilístico de riesgo y la definición del área de estudio en sus diferentes escalas. En el capítulo 3 se realiza un análisis de los datos hidroclimáticos (precipitaciones y temperaturas en Asunción, y niveles de río Paraguay) y un análisis estadístico de las proyecciones del cambio climático. En el capítulo 4 se presenta la exposición y vulnerabilidad física y social de lo bañados. En el capítulo 5 se presenta la evaluación del riesgo económico y social, por separado, de los diferentes eventos de inundación. En el Capítulo 6, se analiza el costo y los ahorros de diferentes propuestas urbanísticas para reducir el riesgo de inundación. Finalmente, el capítulo 7 presenta las conclusiones y recomendaciones para un plan de Gestión de Riesgo de Desastre y Cambio Climático para los bañados de Asunción.

La comunidad internacional ha impuesto al menos 542 sanciones relacionadas con Venezuela en los últimos 5 años. La acción liderada desde 2014 hasta la actualidad por Estados Unidos con 300 designaciones, seguida por Canadá con 113, la Unión Europea con 93 y Suiza con 36, incluye sanciones comerciales, financieras y de movilidad personal. Originalmente las sanciones fueron dirigidas de forma individual a personas relacionadas con el régimen gobernante tanto naturales como jurídicas, públicas y privadas, evolucionado gradualmente desde 2017 a sanciones sectoriales. El trabajo que sigue hace una aproximación al marco conceptual del régimen sancionatorio internacional en general, analizando sus principales críticas, la tipología de las sanciones y su marco regulatorio; pasando luego a revisar, en particular, el régimen sancionatorio relacionado con Venezuela, incluyendo los principales países emisores, los tipos de medidas impuestas y el marco regulatorio aplicable en cada caso.

En la comunidad internacional que se ocupa del cambio climático y el desarrollo se están debatiendo los instrumentos climáticos existentes y futuros. El estudio Instrumentos Climáticos para el Sector Transporte (CITS), comisionado por el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), evalúa la situación actual con relación al impacto del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y elFondo de Tecnología Limpia (CTF) para el sector transporte en países en vías de desarrollo. Con base en análisis y estudios de caso en ciudades asiáticas y latinoamericanas, este estudio también ofrece recomendaciones para lograr la replicación a mayor escala del financiamiento climático y el desarrollo de la capacidad institucional en el sector transporte, particularmente mediante el uso de acciones de mitigación apropiadas a nivel nacional (las NAMA), un nuevo mecanismo de financiación que está siendo desarrollado bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

En este documento extendemos el modelo económico usado en Parra et al. (2020) con el fin de incorporar dos grupos significativos que no fueron incluidos en el análisis original: los retirados cuya pensión es igual al salario mínimo y los individuos que no cumplen requisitos de pensión y, por tanto, obtienen una devolución de dinero (en cualquiera de los dos regímenes principales). Los resultados muestran un panorama similar al expuesto por Parra et al. (2020): si continúa en su estado actual, el sistema pensional colombiano se enfrentará en las próximas décadas a un aumento sustancial de la carga fiscal. Esta situación es principalmente causada por los grandes subsidios otorgados en el régimen de reparto y el deterioro de la capacidad de pago de ese régimen como resultado del envejecimiento poblacional. En ausencia de otras modificaciones en el sistema pensional, dos cambios socialmente deseables producirían un incremento considerable de la carga fiscal del mismo: i) el aumento de la cobertura pensional, (como resultado por ejemplo de un aumento en la formalidad laboral), y ii) el reconocimiento de los retornos reales a quienes no cumplen requisitos de pensión en el régimen de reparto.

Estudiar la globalización se hace necesario en la actualidad, puesto que es un fenómeno que maneja, por decirlo así, un doble rasero en la medida de los beneficios y del impacto significativo que ha traído consigo su evolución, desarrollo, crecimiento y transformación. Es por esto primordial realizar una revisión de su dinámica evolutiva desde su injerencia en la economía, en el régimen jurídico y en la forma de llevar a cabo los procesos políticos, sin dejar de lado que se ha convertido la creación de normas de carácter transnacional y supranacional para poder controlar de una u otra forma las relaciones entre países a raíz del comportamiento que ha dado paso a “cambios en las formas de abordar procesos, métodos de información, reconociéndose generalmente a la tecnología” como punto de quiebre o patrón de donde despega o se incentiva la globalización. Gracias a esto a través de este documento se hará un breve estudio y análisis crítico, que permite arrojar juicios de valor importantes, promoviendo reflexiones sobre las circunstancias y efectos de este acontecimiento.

Introducción En 2023 el Banco de la República celebra 100 años de su fundación. Este es un aniversario de gran significado, el cual ofrece la oportunidad de resaltar el aporte que el Banco ha hecho al desarrollo del país. Su trayectoria como garante de la estabilidad monetaria lo ha consolidado como la institución estatal independiente que genera mayor confianza entre los colombianos por su transparencia, capacidad de gestión y el cumplimiento efectivo de las funciones de banca central y culturales encomendadas en la Constitución y la Ley. En una fecha tan importante como esta, la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) hace un reconocimiento a las generaciones de directivos y funcionarios que con su compromiso y dedicación contribuyeron a engrandecer esta institución1. El mandato del Banco de la República se consolidó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, para cuya integración los ciudadanos tuvieron la oportunidad de elegir a las setenta personas que tendrían como tarea redactar una nueva constitución. Los dirigentes de los tres movimientos políticos más votados fueron elegidos presidentes de la Asamblea, y esta presidencia tripartita reflejó la pluralidad y la necesidad de consenso entre las diferentes fuerzas políticas para sacar adelante la reforma. Entre los asuntos considerados, la Asamblea Nacional Constituyente le otorgó especial importancia a la estabilidad monetaria. Por esta razón decidió incluir el tema de banca central y dotar al Banco de la República de la autonomía necesaria para utilizar los instrumentos a su cargo sin injerencia de otras autoridades. El constituyente entendió que velar por la estabilidad de precios es un deber del Estado y que la entidad responsable de este cometido debe estar consagrada en la Constitución y contar con la capacidad técnica y autonomía institucional necesaria para adoptar las decisiones que considere pertinentes para alcanzar este objetivo fundamental, en coordinación con la política económica general. En particular, el artículo 373 estableció que “el Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”, disposición que coincidía con el esquema de banca central adoptado por países exitosos en el control de la inflación. En 1999, mediante sentencia 481, la Corte Constitucional indicó que “el deber de mantener la capacidad adquisitiva de la moneda no solo se predica de la autoridad monetaria, crediticia y cambiaria, esto es de la Junta del Banco de la República, sino también de quienes tienen responsabilidades en la formulación y ejecución de la política económica general del país” y que “la finalidad constitucional básica del Banco de la República es la protección de la moneda sana, pero esa autoridad debe tomar en consideración en sus decisiones los otros objetivos económicos de la intervención del Estado, como el pleno empleo, pues sus funciones deben coordinarse con la política económica general.” La reforma al Banco de la República concertada en la Constituyente de 1991 y en la Ley 31 de 1992 se puede resumir en los siguientes aspectos: i) asignó al Banco un mandato específico: mantener la capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general; ii) designó a la JDBR como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia; iii) otorgó al Banco y a su Junta Directiva un importante grado de independencia frente al Gobierno; iv) prohibió al Banco otorgar crédito al sector privado distinto del financiero; v) estableció que para otorgar crédito al Gobierno se requería del voto unánime de su Junta Directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto; vi) determinó que el legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares; vii) designó al Congreso, en representación de la sociedad, como principal destinatario del ejercicio de rendición de informes del Banco; y viii) delegó en el presidente de la República la función de inspección, vigilancia y control sobre el Banco de la República. Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente entendieron claramente que los beneficios de una inflación baja y estable se extienden a toda la sociedad y contribuyen al buen funcionamiento del sistema económico. Entre los más importantes cabe mencionar que una inflación baja promueve el uso eficiente de los recursos productivos, al permitir que los precios relativos guíen de mejor forma la asignación de recursos, lo cual promueve el crecimiento económico y aumenta el bienestar de la población. Igualmente, una inflación baja reduce la incertidumbre sobre la rentabilidad esperada de la inversión y sobre el precio futuro de los activos, lo que aumenta la confianza de los agentes económicos, facilita la financiación de largo plazo y estimula la inversión. Una inflación baja evita redistribuciones arbitrarias del ingreso y la riqueza, debido a que los estratos de ingresos bajos de la población no pueden protegerse de la inflación mediante la diversificación de sus activos, y concentran una elevada proporción de su ingreso en la compra de alimentos y otros bienes básicos, ítems que generalmente son los más afectados por los choques inflacionarios2. Por otra parte, una baja inflación facilita las negociaciones salariales, lo cual crea un buen clima laboral y reduce la volatilidad del nivel de empleo. Finalmente, una inflación baja contribuye a que el sistema de impuestos sea más transparente y equitativo, al evitar las distorsiones que la inflación introduce sobre el valor de los activos y de los ingresos que componen la base tributaria. Desde el punto de vista de la autoridad monetaria, uno de los beneficios más relevantes de una inflación baja es la credibilidad que los agentes económicos adquieren en la meta de inflación, lo que la convierte en un ancla nominal efectiva sobre el nivel de precios. Al recibir su mandato, y en uso de su autonomía, el Banco de la República empezó a anunciar metas puntuales de inflación anual a partir de 1992. Si bien en esta primera etapa las metas de inflación propuestas no se lograron cumplir de forma precisa, sí se consiguió imprimirle a la inflación una tendencia descendente, que la llevó desde un nivel del 32,4% en 1990 al 16,7% en 1998. Para aquella época la tasa de cambio se mantenía dentro de una banda, lo cual limitaba la efectividad de la política monetaria, que buscaba cumplir simultáneamente una meta de inflación y un objetivo de tasa de cambio. La crisis asiática se contagió a las economías emergentes y afectó de manera importante a la economía colombiana. La tasa de cambio presentó una fuerte presión a la depreciación al cerrarse el acceso al financiamiento externo en condiciones de un elevado desequilibrio externo. Lo anterior, junto con la falta de flexibilidad cambiaria, impidió hacer una política monetaria contracíclica, lo que condujo a una contracción del PIB del 4,2% en dicho año. En este contexto de desaceleración económica, la inflación anual se redujo al 9,2% a finales de 1999, situándose por debajo de la meta del 15% que se había fijado para ese año. Este episodio reveló plenamente lo costoso que podría ser, en términos de actividad económica, el tener simultáneamente metas para la inflación y para la tasa de cambio. Hacia finales de 1999 el Banco de la República anunció la adopción de un nuevo régimen de política monetaria que denominó Esquema de Inflación Objetivo. Este régimen, conocido internacionalmente como ‘Inflation Targeting,’ venía ganando creciente aceptación en países desarrollados, al haber sido adoptado a partir de 1991 por Nueva Zelanda, Canadá e Inglaterra, entre otros, logrando importantes avances en el manejo de la inflación, sin incurrir en costos en términos de actividad económica. En América Latina, Brasil y Chile también lo acogieron en 1999. En el caso colombiano, el último requisito pendiente por cumplir para adoptar dicho esquema de política era la flexibilidad de la tasa de cambio, la cual se materializó hacia septiembre de 1999, cuando la JDBR decidió abandonar las bandas cambiarias para permitir que la tasa de cambio se determinara libremente en el mercado. De forma coherente con el mandato constitucional, el objetivo fundamental de este nuevo esquema de política consistía en “el cumplimiento de una meta de inflación que contribuya a mantener un crecimiento del producto alrededor de su capacidad potencial”3. Dicha capacidad potencial se entendía como aquel crecimiento del PIB que la economía puede obtener si utiliza plenamente sus recursos productivos. Para cumplir este objetivo la política monetaria debe cumplir necesariamente un papel contracíclico en la economía. Ello porque cuando la actividad económica está por debajo de su potencial y existen recursos ociosos, la autoridad monetaria puede reducir la tasa de interés ante la ausencia de presiones inflacionarias para estimular por esa vía la economía y, de manera inversa, cuando el producto supera su capacidad potencial. Este principio de política, que está inmerso en los modelos para guiar la postura de política monetaria, hace que, en el mediano plazo, sean totalmente compatibles los objetivos del cumplimiento de la meta de inflación y de un nivel de actividad económica compatible con su capacidad productiva. Para alcanzar este propósito, en el esquema de inflación objetivo se utiliza la tasa de interés del mercado monetario (a la cual el banco central suministra liquidez primaria a los bancos comerciales), como el instrumento primordial de política. Con ello se sustituyó la cantidad de dinero como meta intermedia de política monetaria, que el Banco de la República, al igual que varios otros bancos centrales, utilizaron por mucho tiempo. En el caso colombiano, el objetivo del nuevo esquema de política monetaria implicaba, en términos prácticos, que la recuperación de la economía, luego de la contracción ocurrida en 1999, debía lograrse al tiempo que se cumplían las metas decrecientes de inflación establecidas por la JDBR. De manera notable este propósito se cumplió. En la primera mitad de la década del 2000 la actividad económica logró una recuperación importante, hasta alcanzar un crecimiento del 6,8% en 2006. Entretanto, la inflación fue descendiendo gradualmente, en línea con las metas de inflación. Fue así como la tasa de inflación se redujo desde el 9,2% en 1999 al 4,5% en 2006, cumpliendo con la meta de inflación establecida para ese año, mientras que el PIB alcanzó su nivel potencial. Después de lograrse este equilibrio en 2006, la inflación repuntó al 5,7% en 2007, por encima de la meta del 4% fijada para ese año, debido a que el crecimiento del PIB del 7,5% superó su capacidad potencial4. Luego de comprobarse la eficacia del esquema de inflación objetivo en sus primeros años de operación, este régimen de política continuó consolidándose a medida que la JDBR y el equipo técnico ganaron experiencia en su manejo y se incorporaron modelos económicos de última tecnología para diagnosticar el estado presente y futuro de la economía, y evaluar la persistencia de los desvíos de la inflación y sus expectativas con respecto a la meta de inflación. A partir de 2010 la JDBR estableció la meta de inflación anual de largo plazo del 3%, que continúa vigente en la actualidad. La menor inflación ha contribuido a crear un entorno macroeconómico más estable, que ha favorecido el crecimiento económico sostenido, la estabilidad financiera, el desarrollo del mercado de capitales y el funcionamiento de los sistemas de pagos. Gracias a ello se lograron reducciones en la prima por riesgo inflacionario y menores tasas de interés de los TES y de crédito. A su vez, la duración de la deuda interna pública aumentó de forma importante pasando de 2,27 años en diciembre de 2002 a 5,86 años en diciembre de 2022 y la profundización financiera, medida como el nivel de la cartera como porcentaje del PIB, pasó de cerca del 20% a mediados de la década de los noventa a valores superiores al 45% en años recientes, en un contexto saludable de los establecimientos de crédito. Los logros tangibles alcanzados por el Banco de la República en el manejo de la inflación al haber contado con la autonomía que le otorgó la Constitución para cumplir con el mandato de preservar el poder adquisitivo de la moneda, junto con los importantes beneficios que se derivaron del proceso de llevar la inflación a su meta de largo plazo, hacen que el reto que actualmente enfrenta la JDBR de retornar la inflación a la meta del 3% sea aún más exigente y apremiante. Como es bien conocido, a partir de 2021, y especialmente en 2022, la inflación en Colombia volvió a convertirse en un serio problema económico, con elevados costos de bienestar. El fenómeno inflacionario no ha sido exclusivo de Colombia y es así como muchos otros países desarrollados y emergentes han visto alejarse sus tasas de inflación de las metas propuestas por sus bancos centrales5. Las razones de este fenómeno se han analizado en los recientes Informes al Congreso, y en esta nueva entrega se profundiza al respecto con información actualizada. La sólida base institucional y técnica que soporta el esquema de inflación objetivo bajo el cual opera la estrategia de política monetaria le da a la JDBR los elementos necesarios para enfrentar con confianza este difícil reto. Al respecto, en su comunicado del 25 de noviembre la JDBR reiteró su compromiso con la meta de inflación del 3,0%, la cual prevé alcanzar hacia finales de 20246. La política monetaria continuará enfocada en cumplir este objetivo, al tiempo que velará por la sostenibilidad de la actividad económica, tal y como lo ordena la Constitución. Las encuestas a analistas llevadas a cabo en marzo mostraron un incremento importante (del 32,3% en enero al 48,5% en marzo) en el porcentaje de respuestas que sitúan las expectativas de inflación a dos años o más en un rango entre el 3% y 4%. Este es un indicativo claro de recuperación de credibilidad en la meta de inflación a mediano plazo, lo cual guarda coherencia con el anuncio de la JDBR de noviembre pasado. La moderación de la tendencia alcista de la inflación que se observó en enero, y especialmente en febrero, contribuirá a reforzar esta revisión de expectativas de inflación, y ayudará a cumplir los objetivos propuestos. Luego de registrarse una inflación del 5,6% a finales de 2021, la inflación mantuvo una tendencia alcista a lo largo de 2022 debido a las presiones inflacionarias tanto de origen externo, asociadas con las secuelas de la pandemia y las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania, como de origen interno, resultantes de: el fortalecimiento de la demanda local; los procesos de indexación de precios estimulados por el aumento de las expectativas de inflación; las afectaciones a la producción de alimentos provocadas por el paro de mediados de 2021, y el traspaso de la depreciación a los precios. Los aumentos del salario mínimo del 10% en 2021 y del 16% en 2022, que en ambos casos superaron la inflación observada y el incremento de la productividad, acentuaron los procesos de indexación al haber establecido un elevado referente de ajuste nominal. De esta forma, la inflación total aumentó al 13,1% a finales 2022. La variación anual de alimentos, que subió del 17,2% al 27,8% entre esos dos años, fue el factor que más influyó en la aceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Otro rubro que contribuyó de manera importante a las alzas de precios fue el de regulados, cuya variación anual aumentó del 7,1% en diciembre de 2021 al 11,8% a finales de 2022. Por su parte, la medida de inflación básica sin alimentos ni regulados subió del 2,5% al 9,5% entre finales de 2021 y finales de 2022. El aumento sustancial de la inflación básica muestra que la presión inflacionaria se extendió a la mayoría de los rubros de la canasta familiar, lo cual es característico de procesos inflacionarios con una indexación de precios generalizada, como ocurre en Colombia. La política monetaria empezó a reaccionar tempranamente a estas presiones inflacionarias. Fue así como a partir de su sesión de septiembre de 2021 la JDBR inició un cambio progresivo de la postura de la política monetaria a partir del mínimo histórico del 1,75% de la tasa de interés de política al cual se había llegado para estimular la recuperación de la economía. Este proceso de ajuste prosiguió sin interrupción a lo largo de 2022 y hasta inicios de 2023, cuando la tasa de política monetaria alcanzó el 12,75% en enero pasado, con lo cual acumuló un incremento de 11 puntos porcentuales (pp). El público y los mercados se han mostrado sorprendidos de que la inflación continuara aumentando, a pesar de los significativos incrementos de la tasa de interés. Pero como lo ha explicado la JDBR en sus diversas comunicaciones, la política monetaria actúa con rezago. Así como en 2022 la actividad económica se recuperó hasta alcanzar un nivel superior al de prepandemia, impulsada, entre otros factores, por el estímulo monetario otorgado durante el período de pandemia y de los meses subsiguientes, así también los efectos de la actual política monetaria restrictiva se irán dando paulatinamente, lo que permite esperar que hacia finales de 2024 la tasa de inflación converja hacia el 3%, como es el propósito de la JDBR. Los resultados de la inflación en enero y febrero de este año mostraron incrementos marginales decrecientes (13 pb y 3 pb respectivamente), en comparación con la variación observada en diciembre (59 pb). Esto sugiere que se aproxima un punto de inflexión en la tendencia de la inflación. En otros países de América Latina, como Chile, Brasil, Perú y México, la inflación llegó a su techo y ha empezado a descender lentamente, aunque con algunos altibajos. Es previsible que en Colombia ocurra un proceso similar durante los próximos meses. El descenso previsto de la inflación en 2023 obedecerá, entre otros factores, a las menores presiones de costos externos por cuenta de la progresiva normalización de las cadenas de suministro, a la superación de los choques de oferta por razones de clima y por los bloqueos viales de años anteriores, lo que se reflejará en menores ajustes en los precios de los alimentos, como ya se observó en los primeros dos meses del año y, por supuesto, al efecto rezagado de la política monetaria. El proceso de convergencia de la inflación a la meta será gradual y se extenderá más allá de 2023. Dicho proceso se facilitará si se revierten las presiones a la devaluación, para lo cual resulta esencial que se continúe consolidando la sostenibilidad fiscal y se eviten mensajes en diferentes frentes de la política pública que generan incertidumbre y desconfianza. _______________________________________ 1 Este Informe al Congreso contiene el recuadro 1 que resume la trayectoria del Banco de la República en estos 100 años. Adicionalmente, con auspicio del Banco, varios libros que profundizan diversos aspectos de la historia de esta institución fueron publicados en años recientes. Véase, por ejemplo: Historia del Banco de la República 1923-2015; Tres banqueros centrales; Junta Directiva del Banco de la República: grandes episodios en 30 años de historia; Banco de la República : 90 años de la banca central en Colombia. 2 Es por ello que una menor inflación se ha reflejado en la reducción de la desigualdad del ingreso medida a través del coeficiente de Gini al pasar de 58,7 en 1998 a 51,3 en el año previo a la pandemia. 3 Véase Gómez Javier, Uribe José Darío, Vargas Hernando (2002). “The Implementation of Inflation Targeting in Colombia”. Borrador de Economía, núm. 202, marzo, disponible en: https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5220 4 Véase López-Enciso Enrique A.; Vargas-Herrera Hernando y Rodríguez-Niño Norberto (2016). “La estrategia de inflación objetivo en Colombia. Una visión histórica”, Borrador de Economía, núm. 952. https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6263 5 Según el FMI, la variación porcentual de los precios al consumidor entre 2021 y 2022 pasó del 3,1 % al 7,3 % para las economías avanzadas, y del 5,9 % al 9,9 % para las economías de mercados emergentes y en vías de desarrollo. 6 https://www.banrep.gov.co/es/noticias/junta-directiva-banco-republica-reitera-meta-inflacion-3

Este documento fue presentado en la 8va Reunión Hemisférica de Red de Reducción de la Pobreza y Protección Social del Diálogo Regional de Política, celebrada los días 24 y 25 de abril de 2006. Este trabajo encargado por SEGEPLAN, con el auspicio del BID, constituye una aproximación cuantitativa integral que demuestra que sólo explotando las interrelaciones existentes entre el crecimiento económico, la redistribución de ingresos y las políticas sociales adicionales se podrá tener una conciencia clara de las restricciones que enfrenta y las posibilidades que tiene Guatemala de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el plazo comprometido ante la comunidad internacional.

La economía paraguaya es la de menor tamaño en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y fue la de menor crecimiento en la década de los años noventa. El acceso a los mercados de los socios regionales y extrarregionales es fundamental para lograr mayor crecimiento económico y bienestar social. La mejora de las perspectivas de inserción en la economía internacional depende fundamentalmente de la capacidad del país de desarrollar la competitividad y de promover una transición económica y socialmente eficiente a un régimen de comercio más libre, en un marco de reducción de las asimetrías en el MERCOSUR. El presente documento analiza los factores económicos, institucionales y estratégicos, cruciales para enfrentar estos desafíos. A través del análisis de la evidencia cuantitativa y cualitativa disponible y del uso de modelos empíricos se identifican los elementos claves para definir una estrategia de desarrollo de la competitividad y de promoción del comercio, de la inversión y de la inserción en la economía regional y mundial.