Academic literature on the topic 'Régime exorbitant'

La responsabilidad patrimonial del Estado ha introducido importantes innovaciones en nuestro ordenamiento jurídico en épocas recientes, lo que ha favorecido el desarrollo del derecho administrativo nacional. Así, el particular que ha sufrido daños y perjuicios puede obligar a la Administración pública mexicana a indemnizarlo. Sin embargo, los alcances de dicha figura en nuestro país aún son limitados debido a un gran desconocimiento en su funcionamiento y aplicación. El presente artículo analiza las características principales del régimen responsabilidad patrimonial del Estado desde la óptica del interés general, conduciendo a una buena administración, evitando así las malas prácticas de la administración pública.

En el presente escrito, el cuestionamiento radica en si se hace necesario redefinir o repensar –dentro del Contrato Administrativo– la presencia y alcance de fuertes potestades y prerrogativas públicas, como de la esencia de dicho acto jurídico, denominadas aun hoy en día, como las clausulas exorbitantes del Derecho privado. Y para realizar un renovado abordaje de este tema, debemos necesariamente focalizar –como cuestión prioritaria– la finalidad que persigue la contratación publica, esto es, la satisfacción de los intereses públicos, de los intereses de la sociedad involucrados en cada contrato, circunstancia que diferencia a esos actos jurídicos de los contratos del Derecho privado.

Le développement industriel de l’énergie nucléaire a requis, dès le départ, une législation exorbitante du droit commun en matière de responsabilité civile. Le régime qui a été élaboré et mis en place tant dans le cadre international qu’au sein des juridictions nationales se caractérise par une responsabilité objective, sans faute, canalisée — juridiquement ou économiquement — sur l’exploitant nucléaire et dont le montant est plafonné; de même que la durée d’une telle responsabilité est limitée dans le temps selon la nature du dommage invoqué. Les raisons d’être économiques du régime de responsabilité civile nucléaire sont mises en cause par certains groupes environnementalistes devant les tribunaux canadiens. Cet article cherche à éclairer la réflexion sur la question en comparant certaines législations nationales (Canada, États-Unis, France) et les Conventions internationales (Convention de Paris et Convention de Vienne) dans ce domaine particulier du droit.

Les États européens empruntent sur les marchés financiers dans les conditions proches du droit commun, en ayant notamment recours aux clauses d’action collective imposées par le MES. La dette française fait toutefois exception : bien que dépourvue de clauses exorbitantes et « largement banalisée », elle demeure régie par le droit français. Cet élément est déterminant en cas de crise, l’État français étant en mesure - du moins en théorie – de faire juridiquement défaut. À l’ère de la dette de marché, une telle solution n’est toutefois pas souhaitée – ni souhaitable – pour les États dépendants des marchés financiers. Penser et concevoir des procédures de restructuration des emprunts - leurs procédures et conditions – et les instruments financiers permettant d’atténuer les chocs sur les marchés (à l’instar de corona bonds) apparait à cet égard une urgence démocratique.

Actualmente, el sistema pensional en Colombia se encuentra en un déficit financiero, ya que, solo para el año 2017, se necesitaron 33,2 billones de pesos para pensiones del Presupuesto de Gastos, de un estimado de 224,4 billones para el Presupuesto General de la Nación (PGN). Es decir, casi el 15% del PGN es destinado a sufragar el rubro de pensiones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha reportado en su evaluación económica sobre Colombia que, a pesar de los avances en las políticas macroeconómicas del sistema fiscal, el país todavía se enfrenta al reto de reducir la desigualdad de los ingresos que reciben las personas. Por lo tanto, la OCDE considera que Colombia debe diseñar una política económica que permita reestructurar su sistema fiscal, gravando todo tipo de ingresos exorbitantes recibidos por cada persona natural para que haya más justicia redistributiva y se materialice verdaderamente el principio de equidad, empezando a gravar, por ejemplo, todas las mesadas altas que reciben los adultos mayores por concepto de pensiones. Sin embargo, con la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se pretende adoptar una reforma tributaria estructural, las pensiones no fueron afectadas y siguen siendo un ingreso exento hasta un monto equivalente a 1.000 UVT ($31.859.000 COP), ya que no se modificó el numeral 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario. En Chile, país miembro de la OCDE, por ejemplo, las pensiones tienen un techo de 13,5 UTM, que equivalen a $535.261,5 pesos chilenos. Es decir, un adulto mayor chileno en edad de jubilación que cada mes reciba más de $535.261,5 pesos chilenos, equivalentes a $2.481.522.9 COP, deberá declarar renta y pagar mensualmente el impuesto único de los trabajadores, causado por medio de la retención que realizan las Administradoras de Fondos de Pensiones en ese país5. En Colombia, ese techo está muy por encima de lo regulado en otras jurisdicciones. Por ende, contar con un sistema tributario inequitativo y regresivo son amenazas latentes al desarrollo económico y social. Si se aplicara un régimen fiscal diferente a las pensiones, que permitiera la optimización financiera de los recursos que se destinan a este sistema, esto es, gravar el ingreso por pensión de mesadas altas, disminuir progresivamente el monto exento de impuesto o aplicar una tasa de contribución a todas las pensiones como sucede en Canadá, el sistema pensional sería económicamente sostenible y permitiría la inclusión al sistema de adultos mayores que se encuentran en extrema pobreza. El Gobierno colombiano, en un intento por solucionar el problema de extrema pobreza de los adultos mayores en el país y permitir la inclusión de más personas al sistema pensional, ha desarrollado programas como los Beneficios Periódicos Económicos (BEP). Los BEP son un sistema de ahorro flexible, diseñado para los trabajadores independientes que no alcanzan a obtener suficientes ingresos debido a la informalidad de la actividad económica a la que se dedican o porque ganan menos de un salario mínimo mensual, y todas aquellas personas que, por diferentes circunstancias, no cumplieron los requisitos para recibir la pensión. Este tipo de ayudas solo le proporcionará una pensión básica a un adulto mayor en Colombia dentro de 30 años, y no inmediatamente. Por ende, se identifica una falta de política económica que permee todo plan de gobierno presente y futuro con respecto a la sostenibilidad del sistema pensional, con el fin de afrontar los retos que trae el crecimiento de la población de adultos mayores y el decrecimiento de nuevos empleos para las generaciones venideras. El impuesto a las pensiones es una realidad plasmada en todos los países de la OCDE, donde las pensiones son tratadas tributariamente como un ingreso, o en otros casos, existen tasas de contribución que se aplican a las mesadas de todos los adultos mayores que se benefician del sistema pensional, lo que ayuda al sostenimiento del sistema y hacen posible la redistribución justa no solo de los recursos, sino también de las cargas.

Junto al «descuelgue salarial» ex artículo 82.3 del ET, para las condiciones de trabajo reguladas por convenios colectivos estatutarios, la «novación de condiciones sustanciales» de trabajo ex artículo 41 del mismo texto legal, para las reguladas por las demás fuentes, distintas a los convenios estatutarios, constituye, en la voluntad del Gobierno-legislador de reforma 2012, la fórmula estrella para lograr una mayor «flexibilidad interna de gestión laboral» –en términos de organización de empresa– y, a través de ella, lograr una más significativa «devaluación interna» –en términos de macroeconomía laboral–, a partir de la cual recuperar competitividad por las empresas. Para ello, no dudó en hacer una intervención intensamente liberalizadora tanto (a) de las causas como (b) del procedimiento para ejercer la facultad empresarial de modificar, de manera unilateral, las condiciones de trabajo, contractuales y/o colectivas, si no se trataba de convenio estatutario, cuando se revelara, a juicio del empresario-empleador y en atención a las circunstancias económicas, productivas y técnico-organizativas, una adecuada vía alternativa a la regulación, suspensiva (art. 47 ET) o extintiva (arts. 51 y 52 ET) de empleo. Paradójicamente, con ello no solo crea un régimen singular más benévolo para la liberalización de las obligaciones contractuales del empleador-deudor que el general previsto por el Derecho común de los contratos para la «cláusula rebus sic stantibus», sino que pretende normalizar para las empresas una «prerrogativa exorbitante» de la lógica contractual civil-mercantil, pero típica del ámbito de la contratación administrativa, en la que la Administración contratante se reserva, por imperativo legal, el «privilegio» de imponer a la parte privada modificaciones en las condiciones pactadas. El fundamento de este régimen privilegiado del contratante público reside, como es bien sabido, en la tutela eficaz del interés general que representaría y que, en consecuencia, legitimaría un sacrificio del interés particular del sujeto contratante privado.

L’année 2011 aura été marquée par une vague de changements sans précédents dans le monde arabe : qui aurait pu croire il y a encore quelques mois à l’effondrement de régimes aussi férocement verrouillés que ceux de MM. Ben Ali ou Moubarak ? Souvent présentés comme modèles de développement dans le monde arabe, soutenus à bras-le-corps par l’Occident car longtemps considérés comme des remparts sûrs contre l’islamisme, ces régimes n’ont en fait servi qu’à maintenir le statu quo : privilèges économiques exorbitants pour les nomenklaturas et écrasement des moindres velléités réformatrices tendant à déverrouiller les systèmes dominants. Mais ce statu quo pouvait-il résister longtemps à la pression démographique et à la forte demande politico-sociale induite alors que ces mêmes pays avaient formellement opté pour l’ouverture économique et n’avaient cessé d’entreprendre des réformes dans ce sens, stimulant encore plus les demandes politiques et sociales locales ? La contagion qui a suivi les révolutions tunisienne et égyptienne, phénomène d’une importance géostratégique similaire à la vague de révolutions qui a touché l’Europe de l’Est communiste à la suite de la chute du Mur de Berlin, interpelle également à plus d’un titre. Dans ce numéro de Regards économiques, nous analysons les ressorts des révolutions arabes et les perspectives de réformes de fond dans le monde arabe. Nous mettons en évidence que (i) au-delà de la forte hétérogénéité des réalités socio-économiques nationales dans le monde arabe, il y a bien (ii) une logique institutionnelle commune qui est à l’origine des révoltes récentes, celle de coalitions dominantes se perpétuant au pouvoir pour contrôler les rentes issues de la libéralisation et/ou de l’exploitation de ressources naturelles. En étudiant plus spécifiquement le cas algérien, nous argumentons que (iii) si le statu quo a été momentanément maintenu dans ce pays grâce à la mise en œuvre de mesures d’urgence pour satisfaire les demandes sociales exprimées en puisant dans la rente pétrolière, le consensus social atteint ne peut être un équilibre stable. Nous développons ces trois points ci-dessous. Nous notons en premier lieu que ce qui est maintenant dénommé le Printemps arabe recouvre en fait une multitude de réalités économiques, sociales et même religieuses nationales. C’est donc un Printemps multiple et complexe qui ne peut s’interpréter de façon univoque. Notre analyse part de l’observation que le Printemps arabe a été déclenché dans deux pays, la Tunisie et l’Egypte, qui sont parmi ceux qui ont le plus réformé formellement leur économie selon les standards libéraux du Doing Business pilotés par la Banque Mondiale. Ce sont en effet deux pays qui se distinguent par une adhésion totale aux critères de l’économie libérale et à une ouverture presque sans restriction aux capitaux étrangers. L’Egypte a ainsi été classée en 2008/2009 dans le top 10 des pays réformateurs dans le monde dans le classement de Doing Business tandis que la Tunisie figure en 2011 à la 55ème place sur un total de 183 pays.Ce que les classements de Doing Business ne peuvent et n’ont pas vocation à refléter c’est que ces réformes économiques se sont de fait accompagnées par un renforcement du cronysme et une allocation généreuse des ressources au profit des coalitions dominantes. Que ce soit le Parti Démocratique National en Egypte ou le Rassemblement Constitutionnel Démocratique en Tunisie, ces partis historiques au pouvoir étaient vus par les citoyens de ces pays comme le chemin nécessaire et incontournable pour démarrer et/ou développer des entreprises économiques dans quelque secteur que ce soit. Dans ces deux cas, il y a donc eu un rythme soutenu de réformes ouvrant clairement le jeu économique, du moins formellement, sans que le système politique n’ait connu une ouverture de même amplitude. C’est cette logique de coalitions dominantes se perpétuant au pouvoir pour contrôler les rentes issues de la libéralisation et/ou de l’exploitation de ressources naturelles qui nous semble commune à tous les pays qui ont été touchés à des degrés divers par le Printemps arabe, au-delà de la grande hétérogénéité socio-économique qui caractérise le monde arabe que nous mettrons en exergue. Nous arguons que si cette logique institutionnelle de contrôle des rentes par des coalitions dominantes est commune à ces pays, il est somme toute logique que le mouvement de révolte ait démarré dans les pays les plus ouverts économiquement, qui sont, par ailleurs, parmi ceux qui ont les secteurs éducatifs les plus performants dans la région.Le cas algérien, économie rentière par excellence, relativement épargnée par la contagion, est un cas particulier intéressant, notamment par comparaison à la Tunisie. Nous arguons que si le statu quo a été momentanément maintenu dans ce pays grâce à la mise en œuvre de mesures d’urgence pour satisfaire les demandes sociales exprimées en puisant dans la rente pétrolière, le consensus social atteint ne peut être un équilibre stable. L’ouverture à la compétition aussi bien économique que politique semble être la seule voie viable pour que cette économie rentière improductive se dépasse à terme. Cette double exigence d’ouverture nous semble être cruciale pour l’avenir du monde arabe. Cette ouverture doit évidemment aller de pair avec la garantie des libertés individuelles et collectives, ce qui permettra à terme l’émergence d’une société civile authentique, seule à même d’asseoir véritablement la démocratie dans le monde arabe.

L’année 2011 aura été marquée par une vague de changements sans précédents dans le monde arabe : qui aurait pu croire il y a encore quelques mois à l’effondrement de régimes aussi férocement verrouillés que ceux de MM. Ben Ali ou Moubarak ? Souvent présentés comme modèles de développement dans le monde arabe, soutenus à bras-le-corps par l’Occident car longtemps considérés comme des remparts sûrs contre l’islamisme, ces régimes n’ont en fait servi qu’à maintenir le statu quo : privilèges économiques exorbitants pour les nomenklaturas et écrasement des moindres velléités réformatrices tendant à déverrouiller les systèmes dominants. Mais ce statu quo pouvait-il résister longtemps à la pression démographique et à la forte demande politico-sociale induite alors que ces mêmes pays avaient formellement opté pour l’ouverture économique et n’avaient cessé d’entreprendre des réformes dans ce sens, stimulant encore plus les demandes politiques et sociales locales ? La contagion qui a suivi les révolutions tunisienne et égyptienne, phénomène d’une importance géostratégique similaire à la vague de révolutions qui a touché l’Europe de l’Est communiste à la suite de la chute du Mur de Berlin, interpelle également à plus d’un titre. Dans ce numéro de Regards économiques, nous analysons les ressorts des révolutions arabes et les perspectives de réformes de fond dans le monde arabe. Nous mettons en évidence que (i) au-delà de la forte hétérogénéité des réalités socio-économiques nationales dans le monde arabe, il y a bien (ii) une logique institutionnelle commune qui est à l’origine des révoltes récentes, celle de coalitions dominantes se perpétuant au pouvoir pour contrôler les rentes issues de la libéralisation et/ou de l’exploitation de ressources naturelles. En étudiant plus spécifiquement le cas algérien, nous argumentons que (iii) si le statu quo a été momentanément maintenu dans ce pays grâce à la mise en œuvre de mesures d’urgence pour satisfaire les demandes sociales exprimées en puisant dans la rente pétrolière, le consensus social atteint ne peut être un équilibre stable. Nous développons ces trois points ci-dessous. Nous notons en premier lieu que ce qui est maintenant dénommé le Printemps arabe recouvre en fait une multitude de réalités économiques, sociales et même religieuses nationales. C’est donc un Printemps multiple et complexe qui ne peut s’interpréter de façon univoque. Notre analyse part de l’observation que le Printemps arabe a été déclenché dans deux pays, la Tunisie et l’Egypte, qui sont parmi ceux qui ont le plus réformé formellement leur économie selon les standards libéraux du Doing Business pilotés par la Banque Mondiale. Ce sont en effet deux pays qui se distinguent par une adhésion totale aux critères de l’économie libérale et à une ouverture presque sans restriction aux capitaux étrangers. L’Egypte a ainsi été classée en 2008/2009 dans le top 10 des pays réformateurs dans le monde dans le classement de Doing Business tandis que la Tunisie figure en 2011 à la 55ème place sur un total de 183 pays.Ce que les classements de Doing Business ne peuvent et n’ont pas vocation à refléter c’est que ces réformes économiques se sont de fait accompagnées par un renforcement du cronysme et une allocation généreuse des ressources au profit des coalitions dominantes. Que ce soit le Parti Démocratique National en Egypte ou le Rassemblement Constitutionnel Démocratique en Tunisie, ces partis historiques au pouvoir étaient vus par les citoyens de ces pays comme le chemin nécessaire et incontournable pour démarrer et/ou développer des entreprises économiques dans quelque secteur que ce soit. Dans ces deux cas, il y a donc eu un rythme soutenu de réformes ouvrant clairement le jeu économique, du moins formellement, sans que le système politique n’ait connu une ouverture de même amplitude. C’est cette logique de coalitions dominantes se perpétuant au pouvoir pour contrôler les rentes issues de la libéralisation et/ou de l’exploitation de ressources naturelles qui nous semble commune à tous les pays qui ont été touchés à des degrés divers par le Printemps arabe, au-delà de la grande hétérogénéité socio-économique qui caractérise le monde arabe que nous mettrons en exergue. Nous arguons que si cette logique institutionnelle de contrôle des rentes par des coalitions dominantes est commune à ces pays, il est somme toute logique que le mouvement de révolte ait démarré dans les pays les plus ouverts économiquement, qui sont, par ailleurs, parmi ceux qui ont les secteurs éducatifs les plus performants dans la région.Le cas algérien, économie rentière par excellence, relativement épargnée par la contagion, est un cas particulier intéressant, notamment par comparaison à la Tunisie. Nous arguons que si le statu quo a été momentanément maintenu dans ce pays grâce à la mise en œuvre de mesures d’urgence pour satisfaire les demandes sociales exprimées en puisant dans la rente pétrolière, le consensus social atteint ne peut être un équilibre stable. L’ouverture à la compétition aussi bien économique que politique semble être la seule voie viable pour que cette économie rentière improductive se dépasse à terme. Cette double exigence d’ouverture nous semble être cruciale pour l’avenir du monde arabe. Cette ouverture doit évidemment aller de pair avec la garantie des libertés individuelles et collectives, ce qui permettra à terme l’émergence d’une société civile authentique, seule à même d’asseoir véritablement la démocratie dans le monde arabe.

Le terme « culte à María Lionza » renvoie à un ensemble de pratiques rituelles consacrées à la déesse María Lionza et à d’autres esprits de son panthéon. Il est présent sur une grande partie du territoire vénézuélien, notamment dans la région de Yaracuy, au centre ouest du pays, sur la côte caribéenne et dans les grandes villes comme Caracas. La Montagne de Sorte, dans la région de Yaracuy, est le principal centre de pèlerinage des croyants. Bien qu’il soit originaire du Venezuela, le culte à María Lionza est également visible, avec quelques variantes, dans plusieurs autres pays de la région caribéenne et de l’Amérique du Sud, voire aux États-Unis et en Europe. L’origine de ce culte remonte à la conquête espagnole du Venezuela. Au fil des ans, les pratiques sacrées indiennes, les religions africaines apportées par les esclaves noirs ainsi que le catholicisme auraient fusionné donnant lieu à des manifestations religieuses nouvelles (Mintz et Price 1992 ; Andrews 2004). Dès la fin du XIXe siècle se seraient ajoutées à ces trois sources principales d’autres influences culturelles comme le spiritisme kardeciste et l’occultisme, entre autres (Pollack-Eltz 1972 ; Clarac de Briceño 1996 ; Barreto 1990). Cependant, et à la différence de cultes afro-américains comme la Santería Cubaine, le Candomblé ou le Voudou haïtien, le culte à María Lionza n’est pas, dès son origine, connecté aux communautés d’esclaves africains. Jusqu’au XXe siècle, ce culte contenait essentiellement des éléments d’origine catholique et indienne, notamment des images religieuses de saints ou des pratiques d’adoration d’éléments naturels comme des cascades ou des fleuves. A cette période-là, le culte était majoritairement répandu parmi la population métisse et rurale, et l’apport africain n’était que peu présent –la possession spirituelle ou l’usage de percussions, par exemple, étaient rares lors des cérémonies. Dans les années quarante, le culte devint urbain du fait de la migration massive de la population rurale vers les grandes villes suite au boom pétrolier (Coronil 1997). C’est dans ce nouveau contexte, et essentiellement sous l’influence de la santería cubaine, que le culte commence à subir un processus d’afroaméricanisation avec plus de recours aux possessions spirituelles, aux percussions et à une multiplication des entités surnaturelles. Aujourd’hui, le culte à María Lionza entretient de multiples connexions avec d’autres cultes afro-américains comme le Palo Mayombe, l’Umbanda et le spiritisme dominicain. L’incessant partage d’éléments entre ces pratiques oblige à les considérer toutes en termes de continuité et à adopter à leur égard une perspective d’analyse comparatiste. Enfin, quant aux liens du culte avec d’autres religions, force est de constater que l’immense majorité des Maríalionzeros (les pratiquants du culte) s’affirme catholique, paradoxalement à l’opposition historique de l’Église catholique à la pratique de ce culte. Les églises évangélistes, dont le nombre au Venezuela ne cesse de s’accroître, critiquent elles aussi le culte avec véhémence, l’accusant souvent d’être une œuvre du diable. Le culte à María Lionza englobe des rituels de guérison, divination, purification et initiation, dans lesquels les épisodes de possession sont fréquents. La transe est plus ou moins violente selon l’esprit qui « descend » et la façon de « travailler » de chaque médium ou materia (matière). Parfois la possession pousse le médium jusqu’à la blessure ou l’automutilation (Ferrándiz 2004). Cela dit, nombre de croyants rendent hommage aux divinités de manière très calme et discrète, sans inclure des épisodes de transe. A part María Lionza, ce culte compte des centaines d’esprits, nommés aussi entidades (entités) ou hermanos (frères). Ceux-ci correspondent aussi bien à des divinités n’ayant jamais eu une existence terrestre qu’à des personnages célèbres ou aux âmes de défunts. Ces esprits sont regroupés en différentes cortes (cours) ou ensembles de divinités présentant une affinité ethnique, sociale ou professionnelle. On retrouve ainsi la Corte Africana (Cour Africaine), la Corte Malandra (Cour des Délinquants) ou la Corte Militar (Cour Militaire), parmi bien d’autres. Les cortes, quant à elles, sont ordonnées suivant une logique pyramidale : celles ayant moins de pureté sont placées en bas du panthéon tandis que les plus pures ou dites « avec le plus de lumière » sont placées en haut, aux côtés de María Lionza et du Christ. S’ils réalisent de bonnes actions, les esprits en position basse peuvent gravir l’échelle du panthéon. Ce vaste panthéon spirituel peut être interprété comme un dispositif de réappropriation voire de subversion de l’histoire. Il est par exemple fréquent que les esprits d’anciens chefs indiens ayant lutté contre les Espagnols pendant la Conquête (les célèbres caciques) descendent dans le corps des médiums et racontent, en témoins directs, les faits survenus il y a 500 ans, donnant leur avis sur la situation politique actuelle et offrant des conseils à l’assistance. Le culte relie ainsi passé, présent et futur, vie et mort, mémoire collective et expérience individuelle. Le culte à María Lionza ne constitue une pratique ni unifiée ni cohérente. Chaque groupe de culte, nommé centro (centre), organise les rituels à sa manière et donne sa propre version de l’origine de la déesse. Les rivalités entre les centros sont fréquentes et parfois violentes. Non seulement pluriel, le culte à María Lionza est aussi dynamique et changeant. En effet, les pratiquants le transforment incessamment en y incorporant de nouvelles divinités (tel que l’ex-président Chávez) et de nouvelles techniques rituelles à travers notamment les technologies de communication. María Lionza, quant à elle, est une déesse imaginée et représentée de façons très différentes, voire apparemment contradictoires : on peut la voir indienne, blanche, métisse ou, plus rarement, noire, selon les mythes, légendes ainsi que les études à caractère historique retraçant son origine. Cela dit, deux versions iconographiques et littéraires de María Lionza sont particulièrement répandues : d’une part, celle où elle apparaît comme une femme indienne nue chevauchant un tapir et, d’autre part, celle où elle est représentée comme une femme métisse ou blanche, habillée comme une femme du XVIIe ou XVIIIe siècle, portant une couronne sur la tête et tenant une rose sur la poitrine (Canals 2010). María Lionza apparaît souvent accompagnée de Felipe le Noir (El Negro Felipe) et de l’Indien Guacaipuro (El Indio Gucaipuro). L’ensemble de ces trois figures, nommées les Trois Puissances (las Tres Potencias), a, pour les croyants, un double sens : d’un côté, il est l’expression divine du métissage de la population vénézuélienne à travers les représentants de ce que les Vénézuéliens appellent « les trois races » (las tres razas, c’est-à-dire indien, blanc et noir) qui ont constitué le réseau ethnique du pays, et, d’un autre côté, il représente le paradigme d’entente et de réconciliation historique entre ces trois sources culturelles. Bref, les Trois Puissances sont, en même temps et pour les croyants, le reflet de ce qu’est le Venezuela et l’exemple de ce qu’il devrait être. Les images religieuses ont une grande importance dans le culte (Canals 2011) et donnent lieu à une industrie ésotérique qui a acquis une échelle planétaire. Lors des cérémonies, les croyants se réunissent autour de l’autel, nommé aussi portal (portail) où se trouvent surtout des statuettes de divinités. Hormis ces icônes, le culte serait inconcevable sans un grand nombre d’objets ou produits à forte composante sensitive et symbolique. Parmi ceux-là, il faut distinguer les substances « naturelles » (tabac, rhum, miel) de celles composées dans les perfumerías ou boutiques ésotériques. Dans ces boutiques s’amoncellent des savons, flacons de parfum, crèmes, encens et nombre d’autres éléments fabriqués à des fins très précises liés à la vie quotidienne et arborant des noms suggestifs: Amarra Hombres (lotion de séduction « attrape-hommes » adressée aux femmes) ou Tumba Negocios (produit pour faire échouer les affaires de ses concurrents commerciaux). Cette industrie ésotérique joue un rôle économique important au Venezuela et ailleurs. En fait, le culte à María Lionza est, pour nombre de croyants, un moyen de survie. Les rituels de guérison, divination ou initiation sont souvent payants, sans arriver pour autant aux prix exorbitants pratiqués dans d’autres religions comme la Santería. Par ailleurs, le culte à María Lionza est très présent sur le net, aussi bien sur des sites ésotériques que sur des réseaux sociaux. Cette présence sur Internet joue un rôle décisif dans l’expansion et la réinvention du culte. Récemment, certains groupes de culte ont initié des démarches pour intégrer le culte au Patrimoine Immatériel de l’UNESCO. Cette volonté de reconnaissance institutionnelle constitue un changement par rapport à la dynamique historique du culte qui a maintenu vis-à-vis du pouvoir et de l’officialisme une position majoritairement d’opposition, bien que nombre de représentants politiques et de militaires aient été, depuis les années 1950, pratiquants du culte en secret (Taussig 1997)

Les autorités régionales belges doivent, ces jours-ci, se prononcer sur les différentes options de réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) proposées par l'accord européen de juin dernier. Ce numéro spécial de Regards Economiques se penche sur les effets et les enjeux de cette réforme. Plusieurs questions sont abordées. En quoi consiste cette réforme ? Quelles sont ses implications pour l’agriculture belge ? Faut-il maintenir des aides aux agriculteurs ? A qui profite la PAC actuelle ? Comment rendre la PAC plus juste et plus efficace ? En quoi consiste la nouvelle réforme de la PAC ? En juin dernier, l'Union européenne a décidé de réformer une nouvelle fois le mode de soutien en faveur du secteur agricole. Cette réforme consiste à convertir la plupart des aides actuelles en un seul paiement unique qui sera distribué aux agriculteurs en fonction de l'étendue de leur superficie agricole cultivée, indépendamment du type de culture ou d'élevage qu'ils pratiquent et du volume de production qu'ils mettent sur le marché. C'est le "découplage"complet des aides agricoles vis-à-vis de l'acte de production, un principe de subvention agricole longuement recommandé par les économistes agricoles dont s'est enfin inspirée la Commission européenne en dépit des résistances conservatrices de nombreux Etats membres. C'est donc l'abandon d'un système de soutien inefficace qui, jusqu'à la réforme précédente de 1992, était essentiellement basé sur un système de prix agricoles garantis largement supérieurs aux prix mondiaux, de barrières douanières impénétrables et de subventions aux exportations exorbitantes. Non seulement ce système fut incapable de soutenir le revenu agricole et de diminuer la disparité des revenus entre exploitations et régions, mais il fut responsable d'excédents agricoles colossaux, de dépenses considérables, de pollutions agricoles et de tensions commerciales avec les pays les plus compétitifs. La nouvelle réforme permettra de mieux orienter les choix de production vers les réelles opportunités du marché et de réduire les distorsions des subventions agricoles sur les marchés agricoles tant européens qu'internationaux. En plus du découplage, deux autres principes sont parallèlement mis en oeuvre. Le principe de l'éco-conditionnalité liera à terme la perception du paiement unique au respect de 18 exigences réglementaires dans le domaine de l'environnement, de la sécurité des aliments, de la santé animale et phytosanitaire et du bien-être animal. Le principe de la modulation instaurera une légère discrimination en faveur des petites exploitations en les exemptant d'une baisse prévue de 5 % du paiement unique. Les économies budgétaires réalisées par cette mesure permettront de renforcer le financement des mesures dites de développement rural. L'accord de juin 2003 offre toutefois la possibilité aux Etats membres de maintenir une proportion de paiements directs couplée à la production s'ils craignent la perturbation de marchés agricoles ou l'abandon de certaines productions tout en intégrant la proportion restante des paiements directs dans le paiement unique. Diverses options de découplage partiel leur sont proposées. Les autorités régionales du pays doivent incessamment se prononcer sur ces options. Quelles sont ses implications pour l’économie belge ? A l’aide de deux modèles économiques de simulation, nous avons tenté d’évaluer les conséquences possibles sur l’agriculture belge des différentes options de découplage des aides telles qu’autorisées par l’accord de juin dernier. Les simulations montrent des substitutions importantes entre les productions agricoles végétales au profit de cultures moins intensives telles que les prairies temporaires, une baisse de la production de viande bovine mais le maintien de la production de lait. Malgré ces ajustements, notamment dans le domaine de l'élevage, les simulations indiquent le maintien et même une légère hausse des revenus nets agricoles dépendant de l'effet des variations de l'offre sur le prix du marché. Ces ajustements ainsi que les hausses du revenu agricole sont de façon générale les plus prononcés pour l'option de découplage complet de toutes les aides. C'est en effet cette option qui procure la plus grande cohérence entre l’allocation des ressources fixes de la région et les opportunités de marché. Une analyse plus fine au niveau des différents types d'exploitation montre toutefois que l'option de découplage complet à l'exception des aides pour le troupeau de vaches allaitantes et l'abatage de bovins est la plus favorable pour les exploitations spécialisées dans ce type d'activités alors que cette option est presque autant favorable pour les autres types d'exploitation que celle du découplage complet. Dans la mesure où, en outre, le contribuable qui finance les aides directes, apprécie le maintien d'un troupeau allaitant à des fins, par exemple, d'aménités paysagères, ou d'une profession d'éleveurs là où elle est la plus concentrée et menacée, c'est-à-dire dans le sud de la Belgique, il semble que l'option de découplage complet de toutes les aides à l'exception de celles réservées à l'élevage allaitant se révèle comme la plus adéquate à la structure du secteur agricole belge parmi toutes les autres options autorisées par l'accord agricole européen de juin dernier. Les résultats de ces simulations ne prennent toutefois pas en compte plusieurs autres défis à l'agriculture belge. Il s'agit notamment (1) du renchérissement possible des terres agricoles en raison de la seule nécessité de mettre en culture de telles terres pour obtenir des subsides importants, (2) de l'évolution des prix agricoles et de leur volatilité sur le marché européen et (3) de la justification à plus long terme des aides importantes consacrées au secteur agricole. Faut-il maintenir des aides aux agriculteurs ? A qui profite la PAC actuelle ? Pour mettre en perspective les anticipations exposées plus haut et juger si la PAC a bien l’utilité qu’elle devrait avoir, il vaut la peine de se demander ce qui justifie, sur le plan des principes, de subsidier le secteur agricole. Il faut d’abord remarquer que les politiques agricoles des pays du Nord, Europe et USA en tête, ont nuit à la prospérité des agriculteurs du Sud, notamment en leur coupant l’accès aux marchés prospères du Nord. Elles n’ont pas pu soutenir le revenu agricole en Europe et sont responsables de tensions commerciales avec le reste du monde et de dépenses monstrueuses ! Même parmi les producteurs européens de biens agricoles, la PAC ne profite vraiment pas aux petites exploitations, dont la production et la superficie sont faibles : elles n’ont reçu et ne recevront que de faibles subsides. Or, la demande d’intrants agricoles (machines, terre, engrais,…) et leurs prix sont globalement plus élevés qu’ils ne le seraient sans subside. La petite exploitation agricole peut en fait se retrouver avec un revenu identique ou inférieur à celui qu’elle aurait si le subside n’existait pas. L’équité ne fournit donc pas de justification à l’existence de subsides agricoles. Néanmoins, l’activité agricole ne se limite pas seulement à la production des biens agricoles : la sécurité alimentaire, la qualité de l’environnement et l’entretien des zones rurales sont trois exemples d’aménités qui résultent des activités agricoles. Or, sans régulation, les aménités sont en général offertes en quantités inférieures à ce qui est socialement souhaitable. Il faut donc un subside à l’activité agricole pour atteindre un niveau efficace d’aménités. L’éco-conditionnalité n’est qu’un pas timide en ce sens. On peut déplorer que les modes passés et présents de soutien agricole en Europe ne contribuent pas à la production efficace d’aménités rurales. Au contraire, l’analyse ne nous permet d’identifier, par élimination, que deux types de bénéficiaires effectifs de la PAC, dans n’importe laquelle de ses versions : les grandes exploitations agricoles etles fournisseurs d’intrants agricoles, en particulier les propriétaires fonciers. Comment rendre la PAC plus juste et plus efficace ? Les contribuables ne souhaitent probablement pas que leurs impôts alimentent la valeur foncière des terres agricoles ou la prospérité des plus grandes exploitations agricoles. Nombre d’agriculteurs, particulièrement ceux que le système actuel laisse en bordure de la pauvreté, pourraient aussi trouver un plus grand intérêt à une réforme, non pas à une libéralisation pure et simple, mais à une réorientation des interventions publiques vers la rétribution des aménités typiques des activités rurales. Une conclusion assez claire émerge donc de la mise en perspective normative des effets du "découplage" qui constitue la réforme de la PAC. Pour des raisons d'équité et d'efficacité, le re-couplage du paiement unique à des fins spécifiques valorisées par le contribuable ou le consommateur qui le finance, est effectivement la seule alternative permettant de justifier à plus long terme des budgets importants réservés au secteur agricole vis-à-vis, notamment, de critiques de plus en plus acerbes à l'égard de tels budgets qu'a bien mises en évidence le rapport Sapir. Cette réorientation est une nécessité qui s'imposera dans l'avenir au fur et à mesure que la justification du paiement unique comme aide aux ajustements structurels perdra sa pertinence.

Le droit anglais ne connaît ni propriété publique ni service public, personnalité morale de droit public ou dualisme juridictionnel. À défaut, le droit anglais met en œuvre une "échelle" de publicisation des biens. Pour identifier les biens publics, cette étude s'appuie sur l'existence d'un droit public substantiel, qui n'a pas encore fait l'objet d'une reconnaissance formelle en droit anglais. Ce droit public substantiel doit être distingué du judicial review, qualifié par les juristes anglais d'administrative law, mais qui ne constitue qu'un droit public processuel. La substantialité du droit public anglais réside dans l'exorbitance diffuse de règles par rapport au droit commun, lequel comprend les règles de common law et d'equity, mais aussi les règles issues du corpus législatif. Grâce à ce régime exorbitant, nous identifions deux catégories de biens publics sur le fondement des critères organique et fonctionnel. D'abord, les biens sont publics sur le fondement du critère organique, en raison du caractère public de la qualité de leur propriétaire. En droit anglais, il existe, selon nous, deux catégories de propriétaires publics : la Couronne, propriétaire public par les privilèges dont elle bénéficie par la logique organique inhérente au souverain ; et, en raison de l'acception anglaise de la propriété, le public lui-même. Ensuite, les biens sont publics sur le fondement du critère fonctionnel en raison de l'intérêt public poursuivi par leur affectation. C'est le cas des entités ayant un objet charitable, ou bien encore des sociétés privatisées - étant précisé qu'en l'absence de personnalité morale de droit public, la privatisation ne peut être conçue dans son sens continental
Against the backdrop of French public law with its separate administrative and ordinary courts, French lawyers often assume that English law does not have a system of public law. This is inaccurate. This thesis aims to demonstrate the existence of a substantive public law in the English legal system. It does so by identifying a number of public assets. Substantive public law should be distinguished from judicial review, which is not substantive but procedural public law. The substance of English public law lies in a multitude of rules that deviate from the rest of the legal system. These rules are found not only in common law and equity, but also in statute and in delegated legislation. From the analysis of these derogative rules, it appears that public assets enjoy privileged legal treatment. This is triggered either by the "publicness" of the asset, such as the Crown or the public itself, or by the pursuit of the public interest, regardless of the public nature of the owner. My research reveals two sets of substantive public law rules applying to public assets. The first comprise adverse possession when applied to Crown lands and town or village greens. The second set encompasses charities, and assets owned by privatised services

En analysant le droit des contrats des administrations françaises, allemandes et européennes ainsi que les évolutions engendrées dans les droits français et allemand par le droit de l’UE, la présente étude met à jour une circulation de modèles entre le droit européen et les droits nationaux. Ces interactions permettent d’étudier comment les paramètres de départ des droits nationaux influencent leur manière d’intégrer les exigences européennes, ce qui permet en retour de tirer des conclusions quant au droit de l’Union lui-même. Dans ce contexte, l’étude des droits français et allemand, antagonistes en matière de contrats de l’administration, leur mise en perspective avec le contrat en droit interne de l’Union et l’analyse des évolutions engendrées par le droit européen, met en lumière que la question de l’articulation entre exorbitance et droit commun est au centre des rapports entre le droit européen et le contrat en tant que moyen d’action des administrations nationales et européennes
The present study analyzes the law applicable to contracts of French, German and European administrations, as well as evolutions triggered in French and German law by EU law, and brings into focus a circulation of models between EU and national law. These interactions show how the original parameters of national legal orders influence the latters’ way of integrating European requirements, which in return allows drawing conclusions concerning European law itself. In this context, studying French and German law (antagonist models concerning contracts of public administrations), putting them in perspective with contracts in internal EU law and analyzing the evolutions triggered by the impact of EU law, highlights that the issue of the articulation of specific powers and duties of the contracting administration with the contractual obligations of the parties is central in the relationship between European law and contracts as a tool for the action of national and European administrations