Journal articles on the topic 'Proyecto Mínimo (Chile)'

Una gobernanza capaz de dar respuestas eficaces, proactivas y adaptativas frente al cambio climático requiere hacer frente al menos a tres órdenes de desafíos: (1) deberá prestar atención a las particularidades de los contextos locales, sin perder de vista interdependencias globales; (2) deberá coordinar de manera coherente una multiplicidad de perspectivas y actores autónomos; y (3) deberá fomentar la innovación y el aprendizaje mientras mantiene un grado mínimo de estabilidad necesaria para realizar predicciones y tomar decisiones. El artículo argumenta que el enfoque de gobernanza policéntrica, especialmente en su interpretación sistémica, ofrece respuestas efectivas para estos tres desafíos, y emplea dicho enfoque para evaluar las actuales normativas de cambio climático, por medio de un análisis comparado de legislaciones internacionales, y de un estudio de caso del Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático de Chile. Se finaliza identificando oportunidades y retos, así como proponiendo recomendaciones de política pública.

El movimiento estudiantil de 1971 marca el estallido social de capas medias universitarias en el marco de intensas expresiones de inconformidad social campesina, de los maestros y de los obreros en el último gobierno del Frente Nacional. Este último surgido de unas elecciones presidenciales muy controvertidas, con una oposición no anti sistémica pero extensa y relacionado con un ambiente internacional marcado por el fracaso de la Alianza para el Progreso y el triunfo de la Unidad Popular en Chile. El mensaje de unidad de acción entorno del Programa Mínimo como proyecto de modificación del gobierno universitario, con ampliación de la participación de estudiantes y profesores creó la fuerza que obligó al Estado a prestar atención a una problemática largamente confrontada desde los años sesenta. La idea de reforma universitaria enlazó con los nuevos temas creados por la concepción del Plan básico, el papel de las fundaciones estadounidenses y los aparatos empresariales Ad Hoc destinados a dirigir el nivel epistémico del aparato ideológico universitario. Categorías como democratización y nacionalización resignificadas subrayan la búsqueda de una alternativa a la mayor dependencia y tendencia a la integración orgánica en el sistema imperialista.

El Hospital Clínico de la Universidad de Chile declara su misión de otorgar soluciones integrales de salud a la comunidad. La medicina pediátrica debería ser parte activa de esta declaración. Sin embargo, en los últimos 2 años, el progreso en el proyecto de desarrollo pediátrico, representado por la puesta en marcha de la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico del Servicio de Pediatría, ha sido mínimo. Esto ¿es sólo una involuntaria omisión directiva? o ¿la medicina pediátrica no pertenece realmente a esta institución? Hemos decidido realizar una reflexión a partir de los hechos que nos presenta la historia y los acontecimientos recientes. Nuestras interrogantes son: ¿ha existido un desarrollo conjunto de la Universidad de Chile a través de su hospital clínico y la medicina pediátrica? ¿De qué forma? ¿Cómo se ha manifestado? Buscamos la respuesta en antecedentes históricos, acontecimientos recientes e intentamos definir si hay compromisos pendientes para fortalecer dicho desarrollo conjunto. Desde sus inicios, la historia del hospital ha mantenido una relación con la atención de los niños enfermos. Una relación difícil, con muchas adversidades pero donde ha sobresalido el esfuerzo, la tenacidad, el compromiso y la excelencia de médicos pediatras que han luchado por una medicina y una universidad de carácter asistencial, docente y social. En lo reciente, la Universidad de Chile y su Hospital Clínico reconocen, apoyan y explicitan públicamente que la medicina pediátrica es parte de su historia y que debe seguir en ella. La apertura de una Unidad de Paciente Crítico Pediátrico es un compromiso pendiente que permitiría mejorar la experiencia clínica en pacientes complejos, así como incorporarse progresivamente a la formación de subespecialistas pediátricos en cuidados intensivos y consolidar lo realizado hasta ahora. La medicina pediátrica es una realidad existencial que es necesario reconocer y fortalecer, y a la cual sólo cabe una alternativa: dar cumplimiento a los compromisos pendientes.

La pregunta por el sujeto ha tomado especial relevancia en los últimos años, principalmente porque permite pensar la complejidad en las sociedades contemporáneas, es decir, preguntarse por el sujeto es una manera de abrir preguntas, más que de dar respuestas. Asimismo, esta obra abre interrogantes sobre los modos en que nos relacionamos con nosotros mismos y sobre la forma en que dicha relación es mediada socialmente. Este libro aborda precisamente los procesos de subjetivación, y en especial una forma particular de subjetivarse, en tanto self emprendedor: Deber y querer ser emprendedor es también un modo de concebirse y de orientarse a sí mismo y a los otros: es decir, se trata de una forma de subjetivación. El actuar emprendedor designa menos un estado de cosas que un campo de fuerza: es una meta a la que apuntan los individuos, una medida según la cual juzgan su actividad, un ejercicio cotidiano que cultivan y un generador de verdad, ante el cual se reconocen. (p. 13) El self emprendedor se concentra, en términos muy generales, en cuatro grandes temas. El primer capítulo, “Genealología de la subjetivación”, es una revisión exhaustiva acerca de la noción de sujeto y las formas de investigarlo que integra una multiplicidad autores. Junto a Foucault se agrega una diversidad de focos que muestran la complejidad en la que se insertan los procesos de subjetivación. Tomando materiales de la economía, la psicología, la antropología y la literatura sobre gestión empresarial, entre otros, el autor expone una régimen de subjetivación que instala una prescripción: sé un emprendedor. Específicamente, en el libro se describe la racionalidad que articula este tipo de self, algunas de las tecnologías clave para realizarlo y finalmente se concluye explorando las posibles o, más bien, imposibles resistencias a este régimen de subjetivación. El desarrollo del texto está basado en la realidad alemana, por tanto, deja abierta la pregunta sobre su pertinencia para pensar la sociedad chilena. En esta reseña reflexionaré sobre las tecnologías que performativamente se utilizan para producir este tipo de self. De manera muy intuitiva, indago en el uso de estrategias como la creatividad, el empoderamiento, la calidad y los proyectos en el contexto de la cultura chilena. Podría esperarse que Chile, el conocido experimento neoliberal, fuese sin lugar a dudas una sociedad donde la prescripción de ser un emprendedor se instalara ampliamente. De hecho, se pueden identificar una serie de elementos que así lo confirman: por nombrar un par de ejemplos, tuvimos un presidente que era un emprendedor y en las revistas se anuncian los premios otorgados por innovación a jóvenes que, a corta edad, han logrado emprendimientos no solamente económicamente rentables, sino que muestran una perspectiva sustentable y novedosa para abordar la realidad. Al leer El self emprendedor, pareciera ser fácil identificar e identificarse con esta forma de ser e instalarse en la realidad; sin embargo, queda la pregunta sobre si la lectura latinoamericana de conceptos como libertad, autonomía y autorresponsabilidad tienen la misma connotación que en su contraparte alemana o anglosajona. Este cuestionamiento surge a raíz de las diferencias fundamentales existentes entre las sociedades europeas y latinoamericanas, las que circunscriben un contexto muy diferente para la instalación de una forma de ser emprendedor. Por ejemplo, de este lado del mundo no contamos con una tradición liberal propiamente tal; más bien, las sociedades latinoamericanas presentan un comportamiento político que tiende a un poder central, que difiere de manera importante de la situación europea. Históricamente este poder central se ha materializado en distintas figuras, y en la actualidad lo hace en el Estado. Dicho poder cumple un rol protagónico en la regulación de las otras esferas de la vida social, y se arraiga desde la prevalencia de relaciones verticales, de autoritarismo y protección; esto, en contraposición a relaciones más horizontales e igualitarias como sucede en el caso europeo (Mascareño, 2003; Véliz, 1984). Las diferencias con Europa pueden explicarse gruesamente, de acuerdo al historiador Carlos Véliz (1984), por la ausencia de cuatro hechos fundamentales en América Latina: la inexistencia de la experiencia feudal; la ausencia del fenómeno de la disidencia religiosa; la falta de cualquier acontecimiento comparable con la Revolución Industrial; y la ausencia de la evolución ideológica, social y política asociada a la Revolución Francesa. En este sentido, el centralismo europeo que tomó cuerpo en los Estados de Bienestar, fue producto de las revoluciones Industrial y Francesa; mientras, en América Latina el protagonismo del Estado precede a estas transformaciones, manteniendo así un carácter preindustrial y no igualitario. Visto así, el modelo neoliberal que se instaló en Chile no fue consecuencia de una tradición liberal con una profunda raigambre antropológica, filosófica y social, sino más bien fue producto de condiciones históricas, políticas, sociales, económicas y culturales bastante particulares. ¿Qué consecuencias tiene todo esto para pensar un self emprendedor? Podríamos afirmar que Chile es un país que depende mucho de la autoridad y su ejercicio (Brunner, 1981), donde la forma de control de los sujetos se acerca en buena medida al disciplinamiento a través de la normalización, con un fuerte componente homogenizador. El estudio de Araujo y Martuccelli (2012) muestra que los individuos se sienten presionados a vivir estilos de vida estandarizados. La autonomía y la autorresponsabilidad, si bien se valoran, muchas veces no son ejes centrales ni en la formación ni en la gestión de sujetos. En otras palabras, la libertad y la autonomía no tienen el mismo estrado moral que posee en la cultura anglosajona. ¿Quiere decir esto que los atributos descritos para el self emprendedor no existen en Chile? En lo más mínimo, pero es importante investigar la forma particular que adquieren en la cultura chilena. A simple vista, surgen algunas connotaciones particulares que adquieren las estrategias y programas para un sujeto emprendedor en Chile. Lo que presento a continuación son ejemplos simples, que incluso pueden sonar pueriles, pero abren la reflexión a la forma particular de la que nos hacemos cargo de una prescripción de ser un emprendedor. La tecnología de la creatividad recuerda la palabra del koa (lenguaje asociado al ámbito de la delincuencia y las cárceles) que popularizó un futbolista: la chispeza del chileno. Este neologismo proviene de una condensación entre choreza y viveza, que aluden a características tales como una acción valerosa o una actitud desafiante. El choro, el vivo, es quien hace frente a la adversidad creativamente; quien, con pocos recursos, con un temple alegre, logra salir adelante sacando lo mejor de la situación. La chispeza puede fácilmente entenderse como una semántica histórica de la creatividad chilena. Como un hacer creativo para superar las dificultades de la propia existencia, como un reinventarse constantemente a la luz de las circunstancias. En este sentido, el choro o el vivo tiene características de un emprendedor, sobre todo por su aspecto creativo, pero no es sujeto de ciertas tecnologías. El choro no planifica, no tiene un proyecto y menos entiende su vida como un continuo sucesivo de proyectos. Hay otra diferencia fundamental, más relevante aún: su actuar no está guiado por un ideal moral, no busca convertirse en la mejor versión posible de sí mismo, sino que es un imperativo de la sobrevivencia, entendida en un sentido concreto y material. Bröckling (2015) considera esta posibilidad para las sociedades latinoamericanas. En el prólogo a la edición en castellano, afirma: En las economías informales de países de África, Latinoamérica y Asia, pero también en las metrópolis del mundo desarrollado, existe un ejército de millones de virtuosos emprendedores cotidianos que deben emplear todas sus fuerzas en actuar en forma emprendedora para sobrevivir, en el estricto sentido de la palabra. Lo que los impulsa no es el sueño del ascenso de lavaplatos a millonario, sino el estómago vacío. (p. 15) Podría pensarse, y esto requiere de una investigación con el debido rigor, que se trata de un emprendedor a otra escala: que el emprendedor es a la empresa lo que este sujeto es a una microempresa que siempre tiene la quiebra en su horizonte. Adicionalmente, en el caso chileno también es posible preguntarse por el modo en que se distribuye socialmente el imperativo por el emprender, es decir, ¿están todos llamados a ser emprendedores?, ¿hombres y mujeres por igual?, ¿pobres y ricos? Se puede sospechar que para algunos se aplica el régimen del emprendimiento en todo su espectro, mientras que otros están sujetos a solo algunos programas y tecnologías, y, por tanto, se debe hacer un esfuerzo adicional para instalar en ellos un ideal de vida emprendedora y que, finalmente, existe un grupo que es gestionado desde un régimen diferente. Se desprende de lo previo que el self emprendedor, en su sentido más pleno, o más bien, en su sentido más similar a la descripción alemana, probablemente se encuentra en las clases altas; es allí donde la creatividad permite pensar la vida como un continuo de proyectos de vida con la calidad en su centro. Para los otros grupos el asunto se complejiza. Es posible preguntarse, por ejemplo: ¿en qué medida como sociedad queremos a un pobre emprendedor?, ¿a alguien que esté empoderado, que sea creativo y arme proyectos? Existe una serie de programas que hacen pensar que en Chile se busca configurar a un pobre con estas características: para acceder a un subsidio para la vivienda tiene que demostrar que es capaz de ahorrar, para acceder a un bono familiar tiene que demostrar que lleva a los niños al colegio y a los controles de salud. Es decir, tiene que demostrar cierto grado de autonomía, de responsabilidad y de capacidad de planificación para recibir la ayuda del Estado. En su anverso, eso significa que el Estado busca evitar al parásito social que vive a expensas de los beneficios públicos. En este sentido, se reconoce una estrategia de empoderamiento de la población más vulnerable; no obstante, cabe preguntarse lo siguiente: ¿en qué medida una sociedad que aún depende de una alta mano de obra poco especializada y precarizada puede permitirse ser una sociedad de emprendedores? En otras palabras: es posible cuestionar si activamente se gestiona a un sector de la población para que viva en condiciones de precariedad que aseguren a este grupo laboral particular. Se podría pensar, por tanto, que quien está en la cúspide de la sociedad tiene más posibilidades o se encuentra más cerca de dar con la calidad de un sujeto emprendedor, entendiendo que es un ideal nunca alcanzable. Y, a medida que se baja en la escala social, las posibilidades de subjetivarse de este modo se van desdibujando al punto que para un grupo el emprendimiento es simplemente un idioma ajeno. Ello, sobre todo porque las condiciones materiales de su existencia no permiten concebir su vida como un emprendimiento, como un proyecto, que se planifica, sino más bien es una vida capturada por la necesidad y la urgencia. Estudiar estas diferencias es un asunto de suma relevancia, pues permite identificar el modo en que el ideal del emprendimiento se constituye como una forma para reproducir diferencias sociales tradicionales. Así, el pobre es responsabilizado de su condición: no es suficientemente creativo, no está empoderado, no es autónomo o responsable de sí mismo y no es capaz de articular un proyecto de vida que mejore su condición. En koa, es pobre porque le falta chispeza. Se omite que carece de las condiciones materiales mínimas para poder concebir su existencia como una sucesión de proyectos. Entonces, el estudio del self emprendedor no solo muestra una forma de subjetivación que obliga a una relación particular del sí mismo y a una forma de gubernamentalidad que conduce a individuos libres y autónomos, sino que también permitiría identificar mecanismos o estrategias de reproducción de desigualdades. En fin, la pregunta por el self emprendedor en la cultura chilena es altamente atingente y es necesario investigarla con el rigor científico que muestra esta obra. La pregunta por el sujeto, abordada desde esta figura, da cuenta de que se trata, y con esto vuelvo al inicio de la reflexión, de un campo que abre más preguntas que respuestas para pensar la sociedad contemporánea. Referencias bibliográficas Araujo, K., Martuccelli, D. (2012). Desafíos comunes. Retrato de la sociedad chilena y sus individuos. Santiago: Lom. Brunner, J. J. (1981). La cultura autoritaria en Chile. Santiago: FLACSO. Mascareño, A. (2003). Teoría de sistemas de América Latina. Conceptos fundamentales para la descripción de una diferenciación funcional concéntrica. Persona y Sociedad XVII (2), 1-20. Véliz, C. (1984). La tradición centralista de América Latina. Barcelona: Ariel.

En esta investigación se estimaron indicadores de viabilidad y de eficiencia económica de la producción de espárrago (Asparagus officinalis L.) en Chile. Los coeficientes técnicos fueron tomados de los registros históricos de un predio localizado en la zona de Linares, Región del Maule, Chile. Los indicadores de viabilidad calculados fueron el valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), índice de valor actual neto (IVAN), razón beneficio-costo (RBC), y período de recuperación del capital (PRC). Los indicadores de eficiencia económica fueron el costo medio total (CMET), margen unitario ponderado (MUP) y la rentabilidad sobre capital (RSC). Como unidad de análisis se consideró una hectárea. Para productores con tierra, los resultados obtenidos en la situación estándar fueron: Ch$1,52 millones (VAN), 12,1% (TIR), 0,3 (IVAN), 1,1 (RBC) y 10 años (PRC). Para la etapa de producción se proyectó un CMET mínimo de Ch $317,8 kg-1, un MUP máximo de Ch$407 kg-1 y una RSC de 20,3%. La principal conclusión es que el cultivo de espárrago en la región del Maule, en Chile, es viable para los productores con tierra.

El Departamento de Trabajo Social se encuentra realizando hace un año y medio una investigación titulada: sociedad civil y ciudadanía: claves para su comprensión y fortalecimiento. Esta investigación se planteó como problema la debilidad de la sociedad civil chilena, como actor significativo para la construcción de un proyecto país que tenga como norte la democracia social y política (igualdad de oportunidades y participación amplia y sistemática en la toma de decisiones). Una sociedad civil que ha emprendido un camino en pro de su fortalecimiento, es, según Adela Cortina, una sociedad pluralista donde los ciudadanos comparten unos mínimos para construir una base común. El tema de los mínimos se ha constituido en los últimos años, en un eje central de los debates ético/políticos acerca de la justicia. Estos mínimos se referirían a aspiraciones y valores que, configurados como condiciones normativas, es posible universalizar. Ello, en tanto, si bien se anclan en la dimensión autónoma del sujeto, encierran ideales de justicia colectiva que apelarían a una voluntad autónoma de dejarse orientar por lo que "todos podrían querer''. Como preguntas de investigación surgieron entonces las siguientes, ¿cuáles son en Chile estos mínimos? ¿en torno a qué derechos y valores se articulan? ¿quiénes los definen y cómo los defienden? ¿qué se requiere para su articulación en la perspectiva de construir una ética cívica? ¿reunimos la condición básica de ser una sociedad pluralista que posibilite y legitime la existencia y expresión de diferentes máximos, a fin de construir, a partir de ello, una ética de mínimas que no sea producto de la imposición de una mirado hegemónica? ¿de qué manera el trabajo social puede contribuir a estos procesos? Como finalidad y objetivos de la investigación nos propusimos aportar al esclarecimiento de los fundamentos que diversos actores sociales -entre los cuales escogimos representantes de los distintos sectores (Estado, mercado, sociedad civil)- establecen como justificación de sus acciones en relación a situaciones de interés públicos con presencia en la agenda pública y en los medios de comunicación. Estas situaciones de interés público, permitirían identificar la manera en que los actores se sitúan y sustentan sus posiciones, formulan sus objetivos, defienden sus intereses y elaboran estrategias de acción para alcanzarlos. Al mismo tiempo, observaríamos la respuesta ciudadana ante ellos, sus creencias, fortalezas y debilidades en una situación concreta: brindándonos un espacio de manifestación de posiciones y expresión de derechos y valores. En el presente artículo presentamos la problematización y discusión en torno a los temas eje de la investigación, esperando divulgar los principales hallazgos y conclusiones del estudio en una próxima publicación.

La interdisciplina cada vez más expandida en las ciencias sociales nos ha puesto como desafío mirar los fenómenos sociales desde la complejidad. La historia, la ciencia política, la sociología y el trabajo social, nunca antes habían dialogado como ahora. La ciencia, si bien no puede responder a todo, intenta poder plantear debates sobre los modos de acción colectiva, sus repertorios de acción, ya no solamente desde una visión macro, sino que comprensiva de los sujetos y de los elementos de contexto que influyen en el ámbito del espacio público. Con el objeto de poder dialogar sobre lo anterior, pero específicamente desde una perspectiva situada en Chile en el contexto latinoamericano entrevistamos a Franck Gaudichaud, Doctor en Ciencia Política de la Universidad París VIII, Profesor de Historia latinoamericana contemporánea de la Universidad Toulouse 2 - Jean Jaurés (Francia), quien ha coordinado y escrito diversos libros sobre Chile y Latinoamérica en los últimos diez años. Franck, en el contexto de tu trayectoria académica, desde donde has podido investigar sobre movimientos sociales ligados al mundo sindical de la historia reciente de Chile, me gustaría que pudiésemos conversar sobre cómo interpretas el momento actual de Chile, en consideración de los procesos, de la historia política que has podido investigar, marcado en un primer instante por una experiencia socialista, seguida por la implementación de un modelo neoliberal en dictadura y de una recuperada democracia que para muchas personas aún resulta insuficiente. En un momento actual, si lo vemos desde el punto de vista más general, yo creo que, la pregunta es si la “transición” chilena ha terminado o no, creo que es una pregunta latente dentro de las ciencias sociales, dentro del mundo social chileno también, y que lo queramos o no esa pregunta sigue existiendo, sobre todo dentro del marco de una democratización neoliberal “pactada”. Las herencias autoritarias, podemos discutir si son “enclaves autoritarios” como señala Garretón, o estructuras autoritarias, pero a pesar de todo esto, se puede hablar de un gran continuismo entre elementos autoritarios y elementos democráticos. Evidentemente, también existen inflexiones y evoluciones notables: lo vemos desde el punto de vista de los movimientos sociales, a partir del 2006-2007 (por la parte sindical) y del 2011 (por la parte estudiantil y feminista) hubo una inflexión, incluso una casi ruptura en la historia reciente chilena, porque existió una gran reactivación de lo que el sociólogo Massimo Modonesi nombra movimientos sociales “antagónicos”, que cuestionan el “modelo neoliberal”. Por ejemplo, si hablamos de movimiento sindical, los estudios de terreno destacan una revitalización del espacio sindical en Chile, un uso marcado de la huelga (ilegal y legal), etc., aunque sea una revitalización parcial. Ahora bien, se puede señalar que la construcción neoliberal en Chile tiene globalmente mucha estabilidad, el modelo económico implementado por los Chicago Boys logró mantenerse en muchos aspectos en democracia. Las élites chilenas encarnan una clase dominante muy consolidada y bastante unificada (comparada con otros países de la región sudamericana). Con todo, yo hablo de “fisuras” o de brechas: creo que hay fisuras desde “arriba”, en varios ámbitos del “modelo”, y cierta reactivación social y subjetivación antagónica “desde abajo”, pero sin exagerar ni el uno, ni el otro. Si hablamos ahora más específicamente de mi investigación sobre el movimiento sindical-obrero chileno ayer y hoy, vemos más rupturas que continuidades de cierta manera. El periodo de la dictadura cívico-militar, evidentemente rompió lo que era el movimiento obrero chileno histórico, su vinculación con el Estado, los equilibrios, lo que se llamó el “Estado de compromiso” por ejemplo, de los años 1930 hasta el 1973. Hoy en día, el movimiento sindical es un movimiento sindical disgregado, muy fragilizado, en un contexto legal sumamente autoritario, el Código Laboral actual es herencia directa de la dictadura, del plan laboral de 1979. En este contexto, organizarse a partir y desde el trabajo en Chile es muy complejo, y es muy difícil hacer sindicalismo en condiciones mínimamente “normales”, siguiendo - por ejemplo - las normas de la convenciones internacionales de la OIT (no respetadas en Chile). Frente a partir de lo que tú acabas de mencionar sobre la revitalización, ¿piensas que ella está acompañada entonces, en el actual contexto, de nuevos repertorios de acción colectiva, o si se han transformado en relación a lo que tú pudiste investigar antes y a lo que estás viendo ahora? Sí, bueno, dentro de la idea de la “revitalización sindical”, está la pregunta sobre si los repertorios de acción (en el sentido de Sídney Tarrow) de la acción colectiva sindical se renovaron también. En parte sí, en parte solamente, porque hay muchos elementos que se mantienen en el tiempo, a lo largo de la historia (por ejemplo, en el espacio portuario que estudié últimamente). De manera más general, la acción sindical siempre pasa por “ciclos” más conflictivos o más “canalizados”, de la negociación a la huelga, y de la huelga a la negociación. No obstante, sin duda, el estudio de las dinámicas de conflictos y de huelgas, hacen parte de los repertorios centrales estudiados, pues permiten revelar muchos elementos de las relaciones laborales y sociales. En Chile, está el interesante trabajo del “Observatorio de la huelga en Chile”3, llevado a cabo por el COES y la Universidad Alberto Hurtado (UAH), donde un grupo de jóvenes investigadores realiza un gran esfuerzo para prolongar el trabajo de Alberto Armstrong, que venía de la Universidad Católica. Estos últimos vienen estudiando desde el 2000 hasta ahora la dinámica huelguística actual, mostrando muy claramente, con datos duros y fuentes (estadísticas de la Dirección del Trabajo, prensa, etc.) el “retorno” (relativo) de la huelga obrera en Chile. También, una de las características de la acción colectiva laboral en Chile, es que cuando existe conflicto éste va por fuera del marco legal, porque hacer huelga en Chile es casi forzosamente salir del marco legal. En Chile, si no es dentro del marco reglado de la negociación colectiva, la huelga está prohibida (por todas las otras causales), a diferencia de lo que existe en Francia por ejemplo… Un caso único en el mundo que se dice “democrático”. Así, gran parte de la acción colectiva huelguística está por fuera del marco legal y más aún en un país donde los trabajadores fiscales no tienen derecho a sindicalización ni a huelga. Esto genera una paradoja enorme en país supuestamente muy legalista, muy controlador, donde el Estado tiene una tradición de control social vertical muy fuerte: toda la acción colectiva sindical, incluso, no forzosamente “radical”, tiene un carácter “rupturista” de cierta manera. También significa que el “costo” individual, si hablamos de trayectoria individual de los trabajadores, el costo de la sindicalización es muy alto y la represión sindical excepcionalmente fuerte para un país de la OCDE. Volviendo a ideas más generales sobre el contexto de la sociedad chilena actual, ¿dónde ves tú las principales fracturas que existen al interior de la sociedad chilena y en qué se estarían basando desde tu punto de vista? Bueno, hace tres o cuatro años atrás, publiqué en CLACSO un pequeño ensayo, que se llamaba, “las fisuras del neoliberalismo”, centrado sobre trabajo, democracia y conflictos sociales4. Se trata de una discusión y de una síntesis crítica de lo que se ha escrito y de los grandes debates en torno a la evolución reciente del neoliberalismo. Ahí se plantea que los cientistas sociales que trabajaron este tema en Chile, primero dialogan muy poco entre ellos, es decir, cada uno desarrolla su pista, pero no toman el tiempo de discutir con los otros investigadores sociales; eso es un déficit que me parece muy importante. Segundo, se trata de debatir con las teorías planteadas en su momento por Alberto Mayol, quien desde las grandes movilizaciones estudiantiles del 2011, de la explosión estudiantil, podríamos decir, habla de un “derrumbe” -posible- del modelo. Obviamente no estamos frente a un derrumbe del modelo, no es posible sostener aquello aún, aunque sí hay fisuras, brechas, y reacomodos dentro del modelo, a la vez que una fuerte impugnación al mismo. Por eso, también es necesario volver a discutir y hacer dialogar los trabajos más históricos de Moulian, la idea del “transformismo” permanente del modelo chileno, o los trabajos de Manuel Antonio Garretón sobre “neoliberalismo corregido”, de Carlos Ríos sobre “neoliberalismo avanzado” y de volver a interesarnos a los textos de Rafael Agacino sobre la “madurez” del modelo. Algunos plantearon la idea que Chile sería una “sociedad de clase media”, otro gran mito del “jaguar” chileno que hay que deconstruir. Si vemos las estadísticas o entrevistas trabajadas por algunos colegas sociólogos de la Universidad de Chile (como Emmanuelle Barozet), aparece como una construcción mediática y política. Chile no es una sociedad de clase media, es una sociedad muy segmentada, donde una gran mayoría de los trabajadores tiene ingresos que están por debajo de los cuatrocientos mil pesos, neto o “líquido”. Entonces en estas condiciones hay que debatir algunos mitos: tampoco hay una estabilización de una clase media “ascensional”, moderna, con capacidad de ahorro. Basta con analizar el nivel de deudas, ahí tenemos una fisura muy grande de este modelo económico y social. Tú qué analizas todas estas tensiones desde una perspectiva crítica, ¿qué alternativas políticas o salidas visualizas en consideración con las deudas pendientes que tiene la democracia? Bueno es una pregunta muy política, que sale del campo académico, pero necesaria me parece. Lo que veo, es que hay continuismo neoliberal pero a la vez modificaciones en curso. Ejemplo: la aparición del Frente Amplio es un efecto indirecto de las movilizaciones de 2011, de manera diferida, de manera en gran parte institucionalizada, pero hay evoluciones incluso en el campo político-electoral en Chile notables. La pregunta es, si el Frente Amplio encarnará una renovación del modelo o una alternativa frente a este modelo fisurado. Esta es una gran interrogante. Algunos dicen que el camino institucional, sin modificación sustancial constitucional, está cerrado a toda alternativa, que tiene que ser dentro de la sociedad que debe haber una reactivación “desde abajo” de los espacios comunitarios, de los espacios autogestionados, de los sindicatos, de las formas de pensar la sociedad. O sea, romper con la visión totalmente neoliberal de la sociedad y defender la perspectiva de los bienes comunes. Es decir, revisar lo que hacen actualmente los jóvenes movilizados en Chile, el movimiento feminista, algunos sindicatos, planteándose estas nuevas formas de organización a partir de lo colectivo y de la co-construcción. Los trabajos de los sociólogos Pierre Dardot y Christian Laval, sobre la revolución de los “comunes”, son muy interesantes en este sentido: los comunes como respuesta a la crisis del capitalismo neoliberal, al autoritarismo, a las “zonas de sacrifico”, al derrumbe climático y ecológico, a la crisis de nuestra civilización, etc. Ahí hay una pista interesante, pero la pregunta después es más estratégica, es decir, el ¿qué hacer?, ¿es el partido la respuesta?, o sea, ¿hay que formar nuevos partidos, nuevos movimientos políticos, para responder a la crisis?, ¿cuáles son los otros caminos de democratización radical?, ¿cómo articular estos diferentes espacios? Desde tu opinión, ¿qué áreas de intervención debería privilegiar el Estado entonces en el contexto del Chile actual, teniendo en consideración todo lo que estamos hablando? El Estado en Chile, hasta el momento, es sumamente “subsidiario-asistencial-autoritario”, muy moldeado por lo que fue la dictadura. Claro que no estoy diciendo que es un Estado dictatorial, pero hay herencias que pesan dentro de su aparato y prácticas, incluso en su modo de intervención social y acción pública. La modernización neomanagerial de años 90-2000, no significó ruptura con el neoliberalismo, más bien significó “modernización neoliberal”. De hecho, es lo que muestran tus propios trabajos en materia de intervención hacia las mujeres y la violencia de género, o la tesis doctoral del politólogo Antoine Maillet sobre el “sendero neoliberal” y la acción estatal en la construcción de los mercados en Chile. Se pensó la democratización “en la medida de lo posible”, sin romper con lógicas subsidiarias y asistencialistas. Al contrario, se vino a legitimar en democracia esas lógicas. Por ejemplo, si pensamos en la reforma de Bachelet sobre la jubilación: ahora existe un bono para un ingreso mínimo para las mujeres más pobres, pero este mínimo no te permite vivir, y sobre todo no cuestiona el sistema de capitalización de AFP, que está totalmente colapsado. Quiero decir que el Estado neoliberal democrático también es “intervencionista” (y no solo como Estado represivo), creando “parches” para generar “intervención social” focalizada, pero sin tocar o modificar la estructura del mercado neoliberal privilegiando la focalización y las transferencias condicionadas. Otro ejemplo, ¿cuál es la respuesta del Estado chileno a las grandes movilizaciones estudiantiles? De manera bastante inteligente de hecho: se ha “escuchado” el malestar del que habla Mayol, el malestar en el mundo estudiantil, entonces se va a proponer gratuidad, ¿pero qué tipo de gratuidad?, una gratuidad que finalmente termina por subvencionar en parte las universidades privadas en vez de desarrollar o crear universidades públicas, entonces siempre está presente la lógica del “voucher”, y no del servicio público universal. Desde tu punto de vista y en la línea de la conversación, ¿cómo se permean los derechos y las experiencias de justicia e injusticia en un contexto de gobiernos de derecha como en el caso de Chile, y bueno también podríamos decir de Francia en la actualidad? No sé si hay tantas variaciones en la percepción de la justicia o injusticia entre los últimos gobiernos en Chile de Bachelet a Piñera o de François Hollande a Emmanuel Macron; no sé si la percepción cambia radicalmente. Existe une crisis de legitimidad de la política profesional en muchos países y globalmente, la injusticia se mantiene; si miramos los datos estadísticos, no hay grandes modificaciones. Después está toda la pregunta sobre la percepción de la injustica, que es muy variable según los contextos, que obviamente ahí hay un gran campo de investigación primero, pero también un espacio de debate sociológico-político. Si miramos Chile, estamos frente a una sociedad sumamente desigual, donde la ideología dominante, los medios hacen que parte significativa de las familias populares y endeudadas, tengan la percepción de pertenecer al espacio “medio” de la sociedad, y no a las clases populares. Al mismo tiempo, en Francia, un asalariado que desde Chile, tal vez, se puede considerar como de “clase media”, pues posee uno o dos autos, una casa (a crédito), una cubertura social bastante amplia en términos de salud y educación, sufre situación de precarización neoliberal creciente, lo que también acelera la crisis de legitimidad de los gobernantes. Así se generan grandes movimientos como el de los «chalecos amarillos», un movimiento excepcional por su amplitud, duración y características populares. Ahí, el corazón de la movilización fue la percepción de vivir de manera cotidiana la injusticia fiscal, que se volvió injusticia social cuando se entiende que el “1%” vive en el lujo. Las reivindicaciones de los «chalecos amarillos» parten de algo tan “básico” y tan esencial como el precio del litro de la gasolina, su aumento es vivido como una injusticia total por parte del Estado y de Macron, en particular dentro de sectores con bajos niveles de sindicalización, hasta el momento pocos organizados, pero con un “hartazgo” acumulado considerable. Obvio, el tercer elemento de la coyuntura es determinar quién es el responsable de la injusticia social. En el movimiento de los chalecos amarillos, es el Estado (y el Presidente Macron, calificado de “Presidente de los ricos”) que ha sido el centro del foco de la movilización y del descontento. La burguesía o la clase dominante -muy bien estudiado por los libros de sociología de Pinçon-Charlot-, o el empresariado, quedaron bastantes ilesos en el conflicto, ¿por qué?, porque se centró en el Estado como responsable principal. Entonces ahí hay elementos y variables entre la desigualdad social “real”, es decir estadística, y su construcción sociopolítica, la percepción de esta injusticia social y su traducción en términos políticos o ideológicos: eso es el objeto de la “política de conflicto”, en el momento de determinar a quiénes se le atribuye la responsabilidad de la desigualdad social o de la crisis de legitimidad de un sistema político. Y esa traducción política incidirá en si un movimiento social antagónico se vuelve reaccionario, progresista, populista, anticapitalista, etc. En el caso de los «chalecos amarillos», después de un momento de vacilación, su carácter progresista, antineoliberal y cada vez más elaborado, está ahora confirmado, y representa una gran esperanza democrática para muchos. Si consideramos entonces lo que acabas de decir, en torno a la justicia como una experiencia al estilo Derrida, y retomamos tu idea de percepción en el marco de tu investigación de campo más actual acerca de los trabajadores del sector portuario, ¿cuáles son las experiencias de injusticia social que te han podido transmitir aquéllos? Fue muy interesante emprender esta investigación, porque descubrí un mundo que conocía muy poco y que es muy poco estudiado en Chile. Existe un vacío historiográfico inmenso en este campo, cuando el trabajador marítimo-portuario es un actor central de la historia chilena. De hecho, el eslogan de la Cámara Marítima Chilena hoy es “Chile, país puerto”, y es cierto: Chile es un país puerto, con más de 40 puertos, es un país orientado hacia el mar históricamente, pero casi no hay estudios sobre los portuarios y es una paradoja total. Grandes historiadores de lo social, como Sergio Grez, Gabriel Salazar, o Julio Pinto, lo mencionan en sus trabajos pero muy en general de “pasada”, en sus investigaciones sobre movimiento obrero e historia del “bajo pueblo”. Algunos jóvenes ahora en Chile están intentado paliar ese vacío historiográfico. Lo interesante es mostrar cómo este espacio laboral bien especifico y bastante cerrado ha sido capaz de conformar formas de organización originales y sui generis. Un ejemplo, es la “nombrada”; históricamente los puertos, no solamente en Chile sino que en todo el mundo, poseen esta figura, que significa que es el sindicato que decide quién va a trabajar en el puerto, siguiendo un sistema rotativo (la redondilla) ¿Por qué?, porque el puerto es un espacio de la “eventualidad permanente” donde no hay estabilidad laboral, o muy poca. Hasta hoy, una minoría de los estibadores tiene contrato estable en Chile, todos son trabajadores por turnos, cada siete horas y media, un trabajador portuario es cesante, turno tras turno. De este modo, un portuario que camina por la calle, es cesante, en cambio un portuario que entra al puerto, es de nuevo contratado… Entonces para intentar organizar esa eventualidad, los sindicatos desde finales del siglo XIX, pusieron en marcha sistema de “nombrada” donde el sindicato controla la fuerza de trabajo, y “nombra” la mano de obra, todos los oficios del puerto, y por turno. Eso es muy interesante como forma de enfrentar la precariedad laboral. Así, el sindicato toma en sus manos el control, adquiere lo que llamamos “poder sindical” y también organiza la igualdad entre los trabajadores afiliados, obviamente eso también puede permitir si no es organizado de manera democrática, caudillismo y mafia sindical, lo que existe también fuertemente en los puertos. En fin, en Chile existió una interesante revitalización sindical con la creación de la Unión Portuaria de Chile, donde lograron comenzar a mancomunar territorialmente las acciones colectivas portuarias, y esto es muy importante: el puerto es un espacio laboral riesgoso, donde hay muertos, donde hay piernas cortadas, manos aplastadas, gente que muere cada semestre, mutilaciones… El problema es que como hay muchos puertos en Chile, se movilizaba un puerto, pero, ¿qué hacía el empresariado marítimo naviero? Iba al otro puerto, entonces la movilización no tenía peso. La Unión actual proviene de los años 2000 cuando emergió la Coordinadora Marítima Portuaria, principalmente desde los puertos del norte del país. Al procesar esa experiencia y probar con nuevas formas de coordinación territorial se desarrolló, a partir de los años 2010 y 2011, la Unión Portuaria del Biobío y luego la Unión Portuaria de Chile. Es lo que he estudiado en base a entrevistas, trabajo de fuentes escritas, observación en los mismos puertos. Fue muy enriquecedor conocer a esos trabajadores y dirigentes, me enseñaron mucho y sigo en contacto con algunos de ellos. Se puso en marcha un sistema de solidaridad de puertos a puertos, de huelga solidaria, se logró mancomunar fuerzas para evitar lo que sucedía antes. Es importante recalcar además que por los puertos sale el 80% de la riqueza del PIB chileno, entonces ahí se tiene lo que llaman algunos sociólogos como John Womack, “un poder disruptivo sindical”, es decir, son minoría de los asalariados, pero el poder que tiene de bloqueo de la cadena de producción y de exportación es fuerte, y si tienen organización (eso es lo principal ante todo) pueden obligar el gobierno a la negociación. Bueno, pero significa también la represión de Carabineros, la militarización de los puertos, etc. En tu experiencia de campo ¿has tenido aproximaciones a experiencias laborales de mujeres y cómo evalúas esas condiciones en el caso de las mujeres, de justicia y de injusticia social? Bueno eso es un gran déficit de mi investigación, pero también es un problema de invisibilización en sí en los puertos, que son espacios masculinizados y “virilistas”. Hay mujeres, pero muy pocas, entonces en las entrevistas, pude solamente entrevistar a dos mujeres de las treinta y tanto que realicé. Lo que necesitamos ahora efectivamente con urgencia es documentar mejor la especificidad del trabajo de las mujeres en los puertos, su papel en la movilización dentro y fuera del puerto. En su mayoría trabajan en la parte administrativa del puerto, pero hay cada vez más mujeres en el patio con los hombres haciendo trabajo de estiba. Parece que hay una investigación en curso sobre el tema. Lo que sí te podría decir y que lo trabajo un poquito es la relación del trabajador portuario con su familia, ya que como su trabajo es eventual, esa eventualidad recae mucho sobre la mujer, en el hogar. Existe así mucho trabajo no remunerado, de cuidado, en donde se observa una concentración de la reproducción social en el espacio familiar, dónde la mujer se vuelve dependiente de esa eventualidad permanente de su marido, que puede trabajar dos turnos de noche, un turno en la mañana, un turno en la noche, etc. Entonces, recae muchísimo de la responsabilidad familiar sobre ella, así su trabajo no remunerado permite el trabajo del hombre en el puerto. De esta manera, el portuario dice, sin mi mujer no puedo hacer lo que hago, o sin mi mujer no puedo tener el espacio familiar ni una casa, porque no sé en qué turno voy a trabajar. Incluso en la movilización, las mujeres tienen un papel activo, de orientación incluso si no son trabajadoras del puerto, o de acción desde la calle, también vienen al espacio sindical, organizan una olla común, o un espacio recreativo para los niños, etc. Eso aparece en las entrevistas y tengo como proyecto profundizarlo. En el último tiempo, he estado trabajando un poco sobre el movimiento feminista chileno, y yo creo que justamente es central para entender esas fisuras que mencionamos. El feminismo es hoy un elemento central de los movimientos sociales en Chile, la coordinadora 8M, el movimiento feminista en general, tal vez es el movimiento colectivo más dinámico de momento en Chile, y con conexiones internacionales, con Argentina, con España, con Polonia, con México. Lo interesante de la coordinadora 8M es que no abandonó la temática laboral, eso me parece fundamental; ellas se movilizaron para el primero de mayo, con la idea de que la mujer era también una mujer trabajadora, remunerada o no remunerada, pero siempre una mujer trabajadora, en el espacio cerrado doméstico o en el espacio asalariado. Se intentó hacer la conexión entre trabajo reproductivo y trabajo asalariado, incluso con la idea de que el trabajo reproductivo no remunerado tiene que ser reconocido como un trabajo y dar derecho a jubilación. Eso es muy interesante. Claro, poniendo en cuestión también esta idea de cómo la mujer se inserta en el mercado a partir del modelo capitalista en sí. Bueno atendiendo también a lo reflexionado y señalado hasta el momento, desde una perspectiva más latinoamericana, entonces, ¿cuáles son los desafíos que visualizas para la intervención social desde el Estado en la región? Yo creo que en el contexto latinoamericano, es muy importante lo que ha pasado en los últimos veinte años, donde se ha hablado de un “giro progresista” o giro “a la izquierda”. Lo importante es ver qué lograron o no estos gobiernos, llamados progresistas en su gran diversidad, desde el PT en Brasil (con Lula) hasta Morales en Bolivia, el Frente Amplio en Uruguay, incluyendo la experiencia bolivariana en Venezuela, Correa en Ecuador, un abanico muy diverso de experiencias nacionales populares y progresistas. Todos esos Ejecutivos pretendieron implementar nuevas formas de intervención social, la gran promesa de su gobierno era pasar de “la noche neoliberal”, como decía Correa a un postneoliberalismo, donde hubiera un retorno del Estado social, y efectivamente hubo un retorno del Estado social, de manera diferenciada pero se volvieron a implementar políticas públicas más activas, políticas focalizadas donde está la pobreza, de integración social a través de bonos, los famosos bonos “hambre cero” en Brasil, la asignación por niño en Bolivia y Argentina, las misiones sociales en Venezuela y todo un abanico muy grande de intervenciones sociales a través del Estado “refundado” (en el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela). El problema es que si hacemos un balance crítico, todos estos mecanismos de intervención social fueron muy dependientes de un momento y al final transitorios, pues fueron rápidamente afectados por la crisis económica capitalista mundial del 2008-2009. Lo anterior, porque el Estado social era y es dependiente de la extracción de materia prima, entonces el Estado social neodesarrollista fue en realidad, ante todo, un neo-extractivismo asistencialista, un modelo que no tiene sustentabilidad, que no tiene coherencia (ver los trabajos de Maristella Svampa, por ejemplo). En Venezuela se creó un conjunto de intervenciones y participaciones sociales por fuera del Estado incluso (los consejos comunales), pero todo lo que se adquirió en los años Chávez se derrumbó con la mega crisis actual: ahora la pobreza se disparó, hay una desigualdad social terrible, la crisis migratoria e inflacionista más grande de la historia del siglo XX-XXI. Se trata de la crisis del modelo del Estado rentista petrolero, combinado con los problemas de la corrupción, la ofensiva de Washington, la violencia política, etc. Terrible. Tal vez los dos países “progresistas” que hoy día aparecen como más “estables” son Bolivia y Uruguay, son los dos procesos que más lograron estabilizar una forma de pacto social que podemos calificar de corte más socialdemócrata en el caso de Uruguay y de nacional-popular en el caso de Bolivia. Claro, en el marco de sus modelos… En Brasil hoy, estamos frente a un desastre político que amenaza no solo al pueblo de Brasil, sino toda la región, con la presencia de una extrema derecha militarista y racista en el poder. Eso después de 16 años de gobiernos del PT (Partido de los Trabajadores). Es necesario descifrar lo que pasó allí, sin olvidar el golpe de Estado parlamentario y el encarcelamiento de Lula. El panorama es complejo. Acabamos de publicar un libro sobre el tema con Massimo Modonesi y Jeff Webber, en la UNAM, que intenta “una interpretación histórica de los progresismos latinoamericanos”, que establece un balance critico de ese periodo5. Quisiera volver un poco al tema de las migraciones de las que estábamos hablando. Al respecto, ¿cuáles son a tu juicio los principales desafíos actuales en materias de migración tanto en Chile como en Francia?, ¿encuentras que hay aspectos comunes pese a las diferencias contextuales? Bueno, aspectos comunes hay, como el tratamiento inhumano que los Estados aplican a los migrantes, aunque lo que pasa a nivel europeo es aún más dramático. Hoy día el mar Mediterráneo es el cementerio más grande del planeta, lo cual es responsabilidad directa de los Estados del espacio Schengen, debido al tratamiento que se le aplica a los migrantes que vienen del Sur, esencialmente de Libia y del norte de África. Ahí hay una responsabilidad que es política, si hablamos de Europa hablamos también de los Estados más ricos del planeta… Vemos una inhumanidad total de la política migratoria que rompe con todos los acuerdos internacionales, de Ginebra, y de muchos otros en materia de derechos humanos. Existe una ruptura de convenios firmados por los mismos Estados frente a la comunidad internacional, y en Francia es un tema central, el tema del tratamiento represivo en los centros de detención hacia niños, etc. Además, es un tema que está siendo instrumentalizado por la extrema derecha y explica el crecimiento radical de esas fuerzas en toda la Unión Europea. En América latina, está Trump y su relación con México, y un foco central de conflicto y de la negociación de López Obrador es obviamente el debate en torno al odiado muro. Dentro de lo novedoso en la región, tenemos la mega migración venezolana hacia el sur, hacia países como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, hablamos de casi cuatro millones de migrantes, es un fenómeno -en un tiempo tan corto-único en la historia de América del Sur, y que implica dramáticas problemáticas sociales. En este sentido, son interesantes los trabajos de María Emilia Tijoux desde Chile, sobre la racialización de la sociedad, de los cuerpos, de la política y su posible instrumentalización. A la vez, la sociedad chilena está cambiando, por una parte se está abriendo a nuevas culturas latinoamericanas, y por otra parte hay un crecimiento de la xenofobia y del racismo. Pero lo interesante es que hay una parte significativa de la sociedad chilena que yo creo que está cambiando, en positivo, una sociedad más multicultural y acogedora. Una sociedad chilena que por fin se va a latinoamericanizar, para no quedar encerrada sobre sí misma detrás de la cordillera: es ese aspecto positivo muy enriquecedor que espero que gane la partida sobre la xenofobia y el racismo.

<p>Este documento presenta el trabajo de una ONG rural en vivienda post terremoto de 1985 en la zona central de Chile. Para realizarlo, se desarrollaron conceptos que situaron a la vivienda en la integralidad de las necesidades de sus habitantes. Una casa se constituye en una “plataforma de seguridad básica” desde donde las personas se proyectan. Es identidad y valoración. A su vez, el modo de habitar es un patrimonio, con tecnologías, formas y hábitos.</p><p>Se planteó una respuesta operativa para satisfacer los requisitos mínimos que definen a una casa, con los cuales se diseñaron las propuestas, con cuatro guías para los proyectos 1) La prefabricación (en función de la celeridad requerida), 2) La autoconstrucción (para bajar costos e involucrar a los participantes), 3) La progresividad y estandarización en una unidad básica y propuestas de ampliación, y 4) La generación de una arquitectura de “emergencia” pero patrimonial y permanente.</p><p>Se diseñaron elementos para una vivienda “apropiada y apropiable”: i) El refuerzo de valores de la arquitectura rural: la habitación de usos múltiples y el alero, ii) La introducción de elementos nuevos: iluminación natural y altura interior, iii) La utilización de una tecnología patrimonial: el barro amasado sobre una estructura resistente de madera.</p><p>Las conclusiones apuntan a que se debe asumir la permanente emergencia de vastos sectores sociales respecto de las necesidades básicas, entre ellas, la vivienda. Con las comunidades se debieran generar procesos para la habitación, asumiéndola en una visión de desarrollo desde las particularidades regionales y locales. Una comprensión amplia del patrimonio permitió valorar el territorio físico y social, creando identificacon y permanencia.</p><p><strong>PALABRAS CLAVE:</strong> procesos de desarrollo, vivienda rural, patrimonio, participación, autoconstrucción.</p>

La Alianza del Pacífico, surge en la Declaración de Lima el 6 de junio de 2012 cuando se suscribe el Acuerdo Marco de la misma, para lograr una integración económico-comercial de los cuatro países integrantes (Chile, Colombia, México y Perú) y poder así, penetrar en el mercado asiático ofreciendo productos más competitivos. El propósito de este trabajo es analizar la situación macroeconómica de los países pertenecientes a la Alianza del Pacífico durante el periodo 2011-2015 y así describir la importancia que ésta posee como organismo de integración multilateral desde su creación. El enfoque investigativo de este trabajo es descriptivo pues se fundamentó en el análisis de las fuentes documentales para explicar la evolución de los indicadores macroeconómicos de los países que la componen mediante una revisión bibliográfica de fuentes secundarias. Entre las variables analizadas se encuentran: la población, la tasa de crecimiento económico, la inflación, la tasa de desempleo, salario mínimo, finanzas públicas, exportaciones e importaciones. Con esta investigación no sólo se analiza el bloque económico, sino que permite proyectar el futuro de la Alianza del Pacífico y conocer el papel o rol que cada país asume dentro del bloque

A diferencia de lo sucedido en otros territorios colonizados por España, en Chile no tenemos registros auténticos de la lengua mapuche (en el sentido de que hayan sido escritos por mapuche o recogidos por terceros con mínimas intervenciones) anteriores al s. XIX. Sin embargo, podemos encontrar la huella de esta lengua en documentos españoles que son, en un sentido bastante estricto, traducciones: las actas de los llamados "parlamentos" hispanomapuches. Durante todo el periodo colonial la monarquía española celebró regularmente acuerdos de colaboración con las autoridades mapuche en el marco de solemnes asambleas conocidas como "parlamentos". La antropología las ha definido como instancias que son mezcla de rituales de la diplomacia europea e indígena. Estas asambleas duraban varios días. En ellas se expresaban las partes cada una en su lengua por medio de intérpretes. Las actas de estos parlamentos, algunas muy detalladas, se redactaban sin embargo solo en castellano. El estudio traductológico de estas actas, que puede efectuarse en la medida en que son la constancia de lo traducido oralmente, nos permite atisbar en la construcción de equivalencias de los términos clave de las negociaciones. En este trabajo ilustramos con algunos ejemplos las posibilidades de este análisis. Este trabajo se enmarca en el contexto de las investigaciones del proyecto Fondecyt-regular 1090459 y 1220995, de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de Chile.

Trabajo Social: una profesión de naturaleza socio-histórica El trabajo social es una profesión intrínsecamente vinculada a la historia y que tiene por materia prima de trabajo las múltiples expresiones de la cuestión social, la cual se instituye como fruto de las contradicciones entre el capital y el trabajo, especialmente a partir de la Revolución Industrial que se inició en Inglaterra al final del siglo XVIII y que, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, se irradió por toda Europa occidental. (Martinelli, 2001; 2004) Se trata, por tanto, de una cuestión ontológica que condensa luchas sociales de sujetos individuales y colectivos en el enfrentamiento de las desigualdades y opresiones de la sociedad del capital en varios momentos de la historia. Reconocerla como elemento base de la profesión, coloca la exigencia de permanente interlocución con el proceso socio- histórico. Como trabajadores sociales, tenemos que desarrollar, hasta por deber de oficio, la capacidad de ser atentos lectores tanto del movimiento de la propia sociedad como de las cambiantes dinámicas que se expresan en el cotidiano de la vida de los sujetos con los cuales trabajamos. Somos profesionales que nos desempeñamos entre estructura, coyuntura y cotidiano, pero, es en el cotidiano que nuestro trabajo profesional se realiza, es ahí que se sitúan claramente las determinaciones políticas, sociales, históricas, culturales que impregnan las demandas que nos son presentadas por los sujetos que buscan los servicios institucionales. Un desafío importante, en esta perspectiva de análisis, es reconocer que la profesión, como un tipo peculiar de trabajo y como forma de especialización del trabajo colectivo, tiene una dimensión política que le es constitutiva y que se expresa hasta en el menor acto de nuestra vida cotidiana. La profesión tiene significado sociohistórico, recibiendo impactos de las transformaciones societarias, al mismo tiempo que produce, también, impactos en los procesos sociales, en la formulación de políticas y en los propios patrones de intervención profesional. Somos entonces trabajadores sociales asalariados. Insertos en la división social y técnica del trabajo, lo que hace que nuestro trabajo profesional cotidiano se realice en una realidad compleja y contradictoria, donde están en juego múltiples determinaciones de naturaleza macro social, que no sólo influencian la profesión como en verdad la constituyen (Lamamoto, 1998, 2009). Ciertamente, estamos partiendo aquí de una concepción socio-histórica de la profesión, en la cual el trabajo social es visualizado como especialización del trabajo colectivo y su práctica como materialización de un proceso de trabajo que tiene como objetivo el enfrentamiento de las incontables expresiones de la cuestión social (Matineli, 2012). Esto le da un carácter eminentemente dinámico, permitiéndonos pensar el trabajo social como una profesión histórica e instituyente, una verdadera construcción social. En esta perspectiva, el sentido y la direccionalidad de la acción profesional demandan un permanente movimiento de construcción/ reconstrucción crítica, pues proyectos ético-políticos y prácticas profesionales deben pulsar con el tiempo y con el movimiento. Ambos son actos políticos, son productos de sujetos colectivos en contextos históricos determinados (Martineli, 2004:17-20). Trabajo Social: una profesión de intervención La transición del siglo XX al siglo XXI fue marcada por profundas transformaciones societales que alcanzaron todos los niveles de la vida social y al conjunto de las profesiones. En este período histórico asistimos a un rediseño de la propia sociedad. La filósofa brasileña Marilena Chauí (2000, 2006) afirma en sus estudios sobre sociedad contemporánea, que en las últimas décadas del siglo pasado asistimos a un verdadero desmonte de la sociedad, a una verdadera implosión de derechos sociales conquistados hace más de doscientos años, con duras luchas, desde la Revolución Francesa, en 1789. El trabajo socialmente protegido, una legislación trabajadora consistente, acceso a bienes y servicios socialmente producidos, derechos consagrados en Cartas Constitucionales y en la legislación pertinente, se desplomaron delante de nuestros ojos. Con el avance del proceso de globalización y con los ajustes neoliberales cayeron por tierra todos estos derechos. Es un momento de la historia en que “todo lo que es sólido se esfuma en el aire” (Marx, 1981: 34). La edificación con la cual convivimos durante décadas desapareció de nuestro horizonte: una sociedad que se organizaba a través del trabajo y que a partir de él contaba con una protección trabajadora, con una protección social. El trabajo es constitutivo de la praxis humana (Marx, 1986: 201-209). Sin embargo, desde la década de los setenta hasta la fecha, por fuerza de los ajustes de las agencias económicas internacionales y de la expansión de las políticas neoliberales, comienza a ocurrir una descentralización del trabajo como modo de organización de la vida en sociedad. En el modelo hasta entonces vigente, trabajo, empleo y protección social componían una tríada orgánicamente articulada. Al perder el trabajo como instancia organizativa de la vida social, perdimos mucho de aquello que significa protección legal al trabajo, protección social al ciudadano. Deviene evidente que, en el ámbito de las políticas neoliberales, somos considerados ciudadanos trabajadores en cuanto estamos a disposición del capital. Al dejar el mercado formal del trabajo, rápidamente el trabajador pierde su inserción de clase y sus derechos laborales y sociales. En este sentido, el análisis del sociólogo Ricardo Antunes (2001; 2005) de que tenemos hoy una nueva “morfología de la clase trabajadora”, integrada por los trabajadores informales, precarizados y, hasta, desempleados, pero todos sometidos a la lógica del mercado. Su fuerza de trabajo ya no despierta más el interés del empleador. Son hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos que tienen su vida consumida en la ardua lucha por la sobrevivencia, lo que acaba por debilitar sus referentes de identidad y de ciudadanía. Ciertamente esto trae profundas repercusiones que no afectan solamente la materialización del proceso de trabajo, sino que también afectan nuestra subjetividad (Antunes, 2001). Todos somos tragados por este espiral. Eric Hobsbwan (1995) uno de los más grandes historiadores marxistas de nuestro tiempo, en su libro “Era dos Extremos” realiza un análisis sobre América Latina señalando que la crisis intensa del capital se acompaña de una creciente desigualdad social (421-430). Hay una profunda desreglamentación del mercado de trabajo, acarreando grandes dificultades para que la clase trabajadora pueda tener acceso a los derechos sociales y a los bienes socialmente producidos. La financierización del capital, desvinculándolo de la relación de trabajo, viene produciendo impactos substantivos sobre la clase trabajadora (Lamamoto, 2007). La expansión del pensamiento conservador, favorecido por el ideario liberal que se contrapone a la consolidación de principios democráticos, se extiende por toda la sociedad determinando la pérdida de patrones civilizadores y la desatención con la vida humana. En el plano de las políticas públicas y de su operacionalización, hay dificultades para establecer principios realmente educativos que busquen hacer efectivo el acceso y garantía de derechos para los sujetos que son demandantes de las prácticas institucionales. En fin, lo que está en juego es un nuevo ciclo de profundas transformaciones que envuelven tanto las fuerzas productivas como las relaciones de producción. Este es el momento histórico que vivimos hoy, esta es la realidad en la cual nos corresponde intervenir. Somos profesionales cuyo proceso de trabajo está dirigido a producir enfrentamientos críticos de la realidad, por tanto, necesitamos de una sólida base de conocimientos, aliada a una dirección política consistente que nos posibilite desvendar adecuadamente las tramas coyunturales, las fuerzas sociales presentes. Es en este espacio de interacción entre estructura, coyuntura y cotidiano que nuestro trabajo se realiza. Es en la vida cotidiana de las personas con las cuales trabajamos, que las determinaciones coyunturales se expresan. Así como necesitamos saber leer las coyunturas, requerimos también saber leer lo cotidiano, pues es ahí que la historia se hace y es ahí que nuestro trabajo se realiza. Seguramente no estamos pensando en lo cotidiano como un espacio repetitivo, vacío, y, en los términos de la socióloga húngara contemporánea Agnes Heller (1972), como un espacio contradictorio y complejo donde la realidad se revela, donde los problemas se expresan. Saber leer la coyuntura a partir de lo cotidiano significa identificar acontecimientos, contextos, relaciones de fuerza, para saber dónde y cómo actuar. En este sentido requerimos de una sólida base de conocimientos, de una “mirada política” como lo denomina la ensayista argentina Beatriz Sarlo (1972), que nos permita “agudizar la percepción de las diferencias como cualidades alternativas y saber descubrir las tendencias cuestionan o subvierten el orden” (55-63). El conocimiento al que la autora se está refiriendo, y con el cual concordamos, no es el conocimiento contemplativo, solitario, propiedad de algunos intelectuales iluminados. No, el conocimiento al cual nos estamos refiriendo, y del cual nosotros/ as trabajadores sociales necesitamos, es de otra naturaleza, pues es un conocimiento socialmente construido, políticamente dimensionado, fruto de la construcción colectiva. Estamos viviendo un momento histórico de la mayor importancia, en el cual tenemos que asumir realmente el coraje de transformar nuestro conocimiento silencioso en conocimiento compartido. Es necesario dejar más claro que nosotros sabemos, que asumir que sabemos, pues el saber que el trabajador social domina viene de todos sus conocimientos teóricometodológicos, así como también del conocimiento de la realidad donde actuamos. La posibilidad de trabajar en lo cotidiano a partir de esta perspectiva es de una riqueza impar y ahí se instituye una particularidad de nuestra profesión, porque ésta de naturaleza interventiva, con un profundo significado social. El trabajo social, desde sus orígenes, es una profesión que tiene un compromiso con la construcción de una sociedad humana, digna y justa. Este es el núcleo principal de nuestro proyecto ético-político, es nuestro compromiso de cada día. Lo social que está presente en la denominación de nuestra profesión es parte de nuestra identidad. Es un “social” que sintetiza múltiples determinaciones: políticas, económicas, históricas y culturales. Por tanto, para realizar bien nuestro trabajo, tenemos que intervenir en esta gama de determinaciones, que están presentes hasta en el más pequeño acto de nuestra vida cotidiana: en la atención de turno, en la solicitud de la ayuda, en la visita domiciliaria, como también en el trabajo con los movimientos sociales, con los líderes comunitarios, en las negociaciones políticas. Por todas estas circunstancias es fundamental que tengamos una dirección social claramente posicionada. Para orientar nuestras acciones, relaciones y decisiones. En otras palabras, se torna indispensable que tengamos un consistente proyecto ético-político profesional, o sea, un proyecto construido colectivamente por la categoría profesional, que se articule con un proyecto societario más amplio y que sea un norte para nuestras acciones profesionales. Los proyectos societarios tienen en su horizonte una imagen de sociedad a ser construida, dirigiendo a la sociedad en su conjunto. Ya los proyectos profesionales: “Presentan la auto-imagen de una profesión; eligen los valores que la legitiman socialmente; delimitan y priorizan sus objetivos y funciones; formulan los requisitos (teóricos, institucionales y prácticos) para su ejercicio; prescriben normas para el comportamiento de los profesionales y establecen los parámetros de su relación con los usuarios que reciben sus servicios, con las otras profesiones y con las organizaciones y instituciones sociales privadas y públicas (entre estas, también es destacado el Estado, el cual ha tenido históricamente el reconocimiento jurídico de los estatutos profesionales)” (Netto, 2003: 274-275). El proyecto ético-político tiene una naturaleza histórica. No es un producto endógeno, listo y definitivo. Por el contrario, es una construcción histórica de larga duración, que se hace en medio de un complejo juego de fuerzas políticas y sociales. Su consolidación y su legitimación deben ocurrir en el propio proceso histórico, en el propio ejercicio de la profesión. Lo que en palabras del mismo autor, implica: “Los elementos éticos de un proyecto profesional no se limitan a normatizaciones morales y/o la prescripción de derechos y deberes, sino que envuelven además las opciones teóricas, ideológicas y políticas de los colectivos y de los profesionales. Por esto mismo, la contemporánea designación de los proyectos profesionales como proyectos ético-políticos revela toda su razón de ser: una indicación ética sólo adquiere efectividad histórica concreta cuando se articula con una dirección político-profesional” (280). Mirando a los desafíos, reflexionando sobre el rol del Trabajo Social Para pensar en el rol del trabajo social frente a los desafíos que mencionamos y que se hacen presentes en cada uno de los días de trabajo del profesional, es imprescindible una mirada atenta hacia la realidad, un cuidadoso análisis de la coyuntura. De modo bastante preliminar, destaco algunos de los problemas de orden coyuntural que inciden en nuestro campo de trabajo, así como en el contexto social más amplio. Entre ellos, de modo ilustrativo, cabe mencionar: • la crisis intensa de capital y la creciente desigualdad social; • la desreglamentación del mercado de trabajo; • la financierización del capital, desvinculándolo de la relación de trabajo; • la expansión del pensamiento conservador, apoyado en el ideario neoliberal, contraponiéndose a la consolidación de los principios democráticos de acceso a los derechos sociales por la clase trabajadora; • el debilitamiento de la vida social, precarizando los modos de inserción y pertenencia social; • la fragilización de la esfera pública en términos de control social; • la política social autoritaria, desalojada de derechos, vacía de lo social; • el empobrecimiento de amplias franjas de la población, sin acceso a los bienes y servicios socialmente producidos; • la pérdida de sustancia política de la cuestión social y de la pobreza; • la dificultad de reconocer las personas que buscan el trabajo social como sujetos políticos, llenos de derechos, pero sin poder accederlos. Entendiendo que las dinámicas soque son siempre cambiantes y que los procesos históricos se desarrollan de modo complejo y contradictorio. Podemos, en este mismo escenario de crisis, visualizar también algunos estímulos a la ruptura: • Hay nuevos sujetos políticos y nuevos modos de hacer política, siendo los movimientos sociales la expresión concreta de esta realidad. • Hay nuevas relaciones de género, marcadas por el protagonismo de las mujeres. • Hay una vitalización de las luchas políticas por derechos. • Hay un reconocimiento de la dimensión política de la acción profesional, como campo de lucha social, como disputa de significados. • Existe el reconocimiento de que las profesiones reciben impactos societarios, pero también ejercen impacto. • Existe el reconocimiento de que las profesiones se transforman en la misma medida en que se transforman las condiciones socio-históricas en que se da su materialización, razón por la cual se vuelve indispensable la profundización del debate teórico-metodológico y ético-político con vistas a establecerse la dirección social de la profesión y de la formación profesional. Por otro lado, hay un conjunto de requisitos para que estos objetivos sean alcanzados y para que la profesión pueda insertarse en la construcción de un nuevo tejido social, de una sociedad más justa, más digna y humana. Entre ellos, como mínimo, se impone incluir: • una concepción clara de profesión; • una concepción clara de la dirección social de la profesión; • una legislación profesional substantiva; • un conjunto de directrices para la formación profesional; • un currículum de curso capaz de viabilizar estas directrices; • un lugar social claro y definido para la profesión, en sus relaciones con las demás profesiones y con la sociedad más amplia. En el caso de la experiencia brasileña, un elemento clave para ofrecer el soporte para el alcance de los mencionados objetivos, así como para la consolidación del lugar social de la profesión, es la existencia de un Código de Ética Nacional, construido por el propio colectivo profesional. Otros puntos fundamentales son la legislación que reglamenta la profesión y también los currículos y los planos de estudios de grado y posgrado, con una mirada ideo-política e interdisciplinaria. Pero es indudable que el elemento fundante de todo este conjunto de exigencias y también su objetivo es un profesional crítico, maduro, propositivo, calificado teóricamente, capaz de leer la coyuntura, de desvendar el juego de fuerzas sociales y, sobre todo, con mucho coraje para luchar contra los obstáculos que se interponen en su trayectoria. Estamos hablando de un profesional que pueda mirar a la gente sencilla que demanda sus trabajos, como la miraba el gran poeta Pablo Neruda (2001) “lo mejor de la tierra, la sal del mundo…”. Que sus palabras, al recibir en Suecia el Premio Nobel de Literatura, en diciembre de 1971, “La poesía no habrá cantado en vano” (21), puedan trasladarse para nuestro campo profesional, sonando como un verdadero imperativo ético a decirnos que el trabajo del trabajador social jamás sea hecho en vano. Referencias bibliográfica Antunes, R (2006) Cidadania cultural. O direito à cultura. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo. Antunes, R (2005) O caracol e sua concha: ensaios sobre a nova morfologia do trabalho. São Paulo: Boitempo. Antunes, R (2001) Os sentidos do trabalho. Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Boitempo Editorial, 4ª edição. Chauí, M. S (2007). Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. São Paulo: Cortez. Antunes, R (2000) Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo. Heller, A. O cotidiano e a história (1972) Trad. Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 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<p>En el presente artículo se desarrolla parte de los resultados de una investigación cualitativa, llevada a cabo entre los años 2018 y 2020, cuyo objetivo era mapear los proyectos educativos escolares y socioeducativos que se implementan en los centros penales de la Región Metropolita de Chile. En una primera etapa se procedió a identificar las instituciones escolares, así como las fundaciones, organizaciones y colectivos que impartían educación no formal. Posteriormente, se procedió a entrevistar a educadores y talleristas de 68 instituciones de las 78 contactadas y, finalmente, se desarrollaron grupos de discusión. En dicho escenario la educación artística tiene un lugar mínimo, sobre todo en los recintos para adolescentes, en comparación a la capacitación laboral y a las oportunidades de escolaridad básica y media. La existencia de talleres artísticos en los recintos penales ha sido gestionada, casi únicamente, por la misma institución penitenciaria como instancia de intervención de los sujetos para la reinserción social. No obstante, los diez monitores entrevistados que imparten talleres artísticos disputan a la cárcel las lógicas de intervención y el arte solo como medio para la reinserción. Muy por el contrario, comprenden los espacios formativos artísticos como herramienta política, de lucha por la configuración y reconfiguración de modos de percibirse, pensarse, expresarse y dominarse en vinculación con el mundo, desde donde emerjan otros modos subjetivos, que les han sido negados a las personas privadas de libertad fuera y dentro de la institución penitenciaria, como consecuencia de una vida de exclusiones y encierros materiales y simbólicos.</p>

En Bogotá, se realizan más de 10,5 millones de viajes! por día, de los cuales 70% los atiende el transporte público colectivo, 10% TransMilenio y los restantes, vehículos particulares. El número de automotores que circulan por la ciudad se distribuye en 670.000 carros matriculados en la ciudad y 327.500 en municipios del área suburbana2, es decir, casi un millón ocupan diariamente nuestras calles. El transporte público colectivo -diferente de TransMilenio- está compuesto por 24.500 vehículos, de los cuales 47.5% son buses, 36.5% busetas, 11.2% colectivos y 4.2% camionetas. Mientras la red vial, como ocurre en las grandes ciudades, crece anualmente en proporciones mínimas, el parque automotor lo hace en forma exponencial: si entre 1970 y 1990 su crecimiento fue de 5.3%anual, en la última década alcanzó 10%3. Un factor que merece mención es el de la edad del parque público automotor. Según el estudio de " Anàlisis de alternativas tecnològicas para vehìculos de transporte colectivo urbano" elaborado por la firma Duarte Guterman & Cì. Ltda, en el 2000, el de Bogotà se promedia en 16 años mientras que en Sao Paulo es de 3.5 años. Quito de 9, Santiago de Chile 4 y Curitiba tambièn de 3.5 años. La operaciòn y la explotaciòn del actual sistema colectivo de transporte no han sido factor determinante en el desestìmulo del uso del carro particular. La conducciòn agresiva de muchos conductores de buses y busetas, un porcentaje de la tarifa como parte del salario que da origen a la guerra del centavo, la perenne indisciplina de los peatones y una deficiente señalizaciòn y demarcaciòn, nos llevan a ocupar un lugar preponderante entre las ciudades de mayor accidentalidad, con 360 muertos en el primer semestre de este año. Este panorama poco alentador se traduce en un bajo índice de movilidad, con velocidades promedio que no superan los 10 kilómetros /hora con tendencia a la baja, altos índices de contaminación respiratoria y auditiva, malla vial semidestruida en 40% y, en síntesis, una baja productividad de la ciudad con un regular nivel de calidad de vida. Las autoridades distritales vienen implementando una serie de acciones de fondo, en procura de modificar sustancialmente el panorama anterior. Entre otras, està la expansiòn del TransMilenio en la fase II, la reestructuraciòn de rutas de transporte pùblico, un proceso continuado de chatarrizaciòn y la implementaciòn del Plan Maestro de Estacionamientos (P.M.E.), motivo de este artìculo, como componente de un " Sistema Integral de Transporte Masivo (SITM).

Los diversos problemas y procesos –sociales, políticos y económicos– tanto nacionales como internacionales, secular-estructurales y coyuntural-emergentes que se observan en América Latina demandan un permanente trabajo intelectual, de estudio, análisis, conceptualización y teorización. Tal labor es fundamental si lo que se quiere es, en definitiva, transformar la realidad en un sentido que implique el mejoramiento de las condiciones de vida de todos quienes habitan en el continente, el término de las desigualdades y la exclusión, y la construcción de sociedades nacionales más solidarias, deliberativas y autónomas. Este objetivo transformador es el que nos motiva y el que otorga una razón de ser a Encrucijada Americana. Nuestra tarea, alineada con tal fin, es la de divulgar ideas, diagnósticos, propuestas, confrontar visiones y generar confluencias. Aquella es la labor que venimos desarrollando, con esfuerzo y dedicación, desde hace seis años y que continuaremos en el futuro. El presente número, correspondiente al Año 6 N°2, contiene siete artículos elaborados por académicos de diversa procedencia geográfica y disciplinar, que abordan distintos aspectos, históricos y actuales de la realidad latinoamericana. Los escritos están organizados en tres secciones: I. América Latina: pasado y presente; II. Tecnología y sociedad; y III. Reflexiones políticas. La primera sección, en la que se incluyen cuatro trabajos, se inicia con el aporte de los académicos españoles de la Universidad de Valencia Joan del Alcázar y Sergio López, titulado Castro contra Castro. Reflexiones sobre una revolución desfigurada, 1989-2014. En este artículo los autores analizan, desde una posición crítica al régimen, la situación en que se encuentra la sociedad y la política cubana, y el contexto internacional en que se enmarca tal situación, particularmente la relación con Estados Unidos y su legitimador embargo económico, la incidencia venezolana y la poco constructiva condescendencia de los gobiernos latinoamericanos. Tanto el segundo como el tercero de los artículos incluidos en esta sección (I.) abordan, con distintos enfoques, la muy interesante experiencia del neozapatismo mexicano. El primero de ellos, del destacado académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Antonio Aguirre Rojas, titulado La nueva etapa del neozapatismo mexicano, busca, en palabras del propio autor, “caracterizar y analizar los perfiles principales que definen la etapa más reciente de vida del neozapatismo, la cuarta, iniciada en diciembre de 2012”. El segundo, titulado Leer la imagen, mirar el texto: un comentario de dos fotografías sobre el neozapatismo mexicano, de la investigadora de la UNAM Fabiola J. Flores Nava, pretende, como señala la autora, “ser un ejercicio de aplicación del proyecto más global de construcción de una Historia Crítica de la Mirada”. A partir de las premisas teóricas y analíticas de esta Historia Crítica se “estudian e interpretan dos fotografías muy difundidas de mujeres neozapatistas rebeldes, investigando su contexto de creación, su impacto social, sus lecturas diversas y su posible significado general”. Ambos trabajos son publicados en el marco de un acuerdo de colaboración con la revista mexicana Contrahistorias, La otra mirada de Clío, dirigida por el doctor Carlos A. Aguirre Rojas. Cierra esta sección (I.) el artículo del investigador de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), José Emilio Ortega, titulado Perón y Chile. Este trabajo explora “la intensa relación que a lo largo de su extensa carrera profesional y política, mantuvo el general y presidente argentino Juan Domingo Perón con la República de Chile”. La segunda sección contiene dos artículos que exploran la relación entre tecnología –puntualmente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)– y sociedad. El primero es obra de Breno Fontes, académico brasileño de la Universidade Federal de Pernambuco. Este texto (escrito en portugués), titulado Nem Local, nem Global: sobre as sociabilidades virtuais glocalizadas (Ni local ni global: Sobre las sociabilidades virtuales glocalizadas), tiene por objetivo “estudiar los efectos de los nuevos medios de comunicación, en particular Internet, en la vida cotidiana de las personas, con especial atención sus trayectorias biográficas y en la (re)construcción de sus identidades”. El segundo artículo, titulado Factores que influyen en la percepción de aislamiento: atributos sociodemográficos y uso social de internet, fue elaborado por el académico de la Universidad de Los Lagos (Chile) Rubén Pino. Este trabajo, producido en el marco de un proyecto de investigación financiado por FONDECYT, examina la relación entre factores sociodemográficos (nivel de estudio, años de residencia, entre otros), el uso social de Internet y la percepción de aislamiento en algunas localidades remotas de la región de Aysén (Chile). Finalmente, la tercera sección cuenta con un único artículo que se inserta en el debate sobre la democracia y los mecanismos de selección de autoridades políticas. El trabajo, del profesor de la Universidad Nacional de Villa María (Argentina) e investigador de CONICET (Argentina) Dante Avaro, titulado El sorteo y la democracia: ¿son posibles nuevos horizontes de complementariedad con la representación?, analiza las razones que se han empleado para “inhabilitar el sorteo como artefacto complementario a las elecciones en nuestras democracias representativas”. Creemos que esta edición, como las anteriores, cumple con el propósito de la revista (divulgar ideas, diagnósticos, propuestas...) y contribuye, en alguna medida, aunque sea mínima, a avanzar hacia la consecución del anhelado y esquivo objetivo de transformar la realidad latinoamericana. Agradecemos a Mónica Salomón, Juan Agulló, Juan Carlos Gómez Leyton, Alejandro Pelfini y Carlos Antonio Aguirre Rojas por el apoyo que nos brindaron en distintas fases del proceso de producción de este número de Encrucijada Americana.

La demanda por educación de calidad es desde el año pasado protagonista de la agenda noticiosa, sin embargo, tal como explica la autora, la formación preescolar no parece ser suficientemente valorada como el impulso inicial para generar un cambio que permita realmente superar las desigualdades que aún existen en nuestro país. Si hay algo que nadie puede cuestionar es que el 2011 fue el año de la educación. El diagnóstico en torno a su crisis se volvió tema obligado ya no de aulas y centros de investigación, sino también de taxis y supermercados. La demanda fue clara: educación pública, gratuita y de calidad. Por eso salieron a marchar los estudiantes y sus familias, por eso se paralizó el país, por eso se vivieron las mayores concentraciones de personas en democracia. Y dentro de los múltiples análisis que uno puede realizar, algo que nos llamó la atención a quienes asistimos a esas marchas, fue la presencia de niños que están por debajo de la edad escolar, niños que caminan con pasos cortos, guaguas en brazos de sus madres, esos que la política social ha denominado la primera infancia y cuya situación parecía estar ausente de la discusión. ¿Pero qué ocurre con los preescolares en Chile?, ¿tienen ellos derecho a una educación gratuita, pública y de calidad? Durante el gobierno de Michelle Bachelet asistimos al descubrimiento público de estos sujetos como beneficiarios de una política social que se ambicionaba como estructurada y coherente. No es que antes el Estado no haya tenido una preocupación por los infantes. Emblemática fue la entrega del litro de leche en el gobierno de Salvador Allende, la medida más potente de una serie de esfuerzos originados mayoritariamente desde el sector salud, destinados a reducir los indicadores críticos de mortalidad infantil (véase el interesante recuento que hace el doctor Jorge Jiménez en su libro “Angelitos Salvados”) y que es un ejemplo de estudio en aulas internacionales. Sin embargo, gran parte de estas tareas se hacían de manera aislada, lo que mermaba su efectividad. La anterior administración se propuso generar una política dirigida a la infancia temprana y el Sistema Chile Crece Contigo fue su principal producto, con la ampliación de la oferta y la construcción de salas cuna como sus indicadores de logro más observables. Al asumir Sebastián Piñera, surgió la inquietud sobre qué sucedería en este frente y cuáles serían las prioridades. El presidente prometió que el foco estaría en la calidad, incluida la educación preescolar, además de aumentar la cobertura de un 40% a un 60% para la población más vulnerable. ¿Qué ha sucedido hasta el momento? La Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji, organismo central en el diseño, ejecución y evaluación de la política de educación preescolar fue tristemente conocida más como una comedia de equivocaciones que como un ente líder en la materia. El presupuesto 2011 fue congelado y recientemente se aprobó una partida que aumentará los recursos en un 7.2% para este 2012. La preocupación por la infancia temprana solo ha aparecido en la agenda cuando el gobierno ha reaccionado ante el conflicto educacional que lideran estudiantes secundarios y universitarios. Se ha afirmado que sí hay interés en aquellos que no pueden salir a marchar, sin embargo esas declaraciones no se han plasmado en medidas concretas. De hecho el aumento presupuestario está muy lejos del incremento de un 17.6% prometido para educación superior. Y el problema es claro: la desigualdad parte desde la cuna y la gran pregunta es qué hacemos desde ahí para generar mecanismos que disminuyan esa desigualdad y cómo participa el Estado en aumentar o disminuir esa brecha. La oferta en educación preescolar en nuestro país sigue el modelo implementado en el resto del sistema: operadores privados sobre los cuales Junji tiene un escaso control; prestadores municipales que en convenio con Junji han ampliado la oferta y establecimientos Junji e Integra que se hacen cargo de la mayoría de las opciones gratuitas, más algunas modalidades dependientes de fundaciones e instituciones privadas. Es decir, nuevamente tenemos una oferta segmentada a la cual los adultos acuden de acuerdo a sus posibilidades económicas y culturales. Los establecimientos privados pagan remuneraciones más altas, ofrecen diversidad de proyectos y cuentan con profesionales especializados como psicólogos, nutricionistas, monitores de talleres artísticos y de idiomas, entre otros. La educación preescolar Junji por su parte, ha mejorado notoriamente sus instalaciones e infraestructura y sus educadoras y profesional técnico reciben capacitación constante. Pero sus remuneraciones son mucho menores que las del mundo privado lo que genera una constante fuga hacia ese sector. Además se instalan en territorios de alta vulnerabilidad psicosocial que exigen de los profesionales no solo una capacidad para el desarrollo de habilidades cognitivas y motoras, sino también competencias para trabajar con familias y barrios donde la pobreza, el narcotráfico y la violencia son parte del paisaje. El nivel de complejidad con el que trabajan es altísimo y el compromiso que requieren bordea el heroísmo. Las vulnerabilidades se presentan segmentadas espacialmente y en un país con altos niveles de segregación territorial como el nuestro, la oferta de educación preescolar pública debe batallar con esa homogeneidad socioeconómica. En Chile en nivel Sala Cuna hay un técnico por cada seis lactantes mientras en Inglaterra la relación es de uno a tres. Los ingleses tomaron esta decisión precisamente porque comprobaron que desplegar una buena estimulación en un niño requiere un alto grado de atención, de otro modo incluso puede ser mejor la que podría prestarle un adulto responsable en el hogar. Y sabemos muy bien que los indicadores de desarrollo humano óptimos están a años luz de nuestro Chile. Imagine además que ese lactante debe compartir junto a cinco más la atención de una técnico parvularia desde las ocho de la mañana y hasta las siete de la tarde en caso de tener extensión horaria. Durante este tiempo es altamente probable que los adultos a su cargo estén trabajando en un empleo de precarias condiciones ¿Qué estimulación reciben nuestros niños pobres entonces? Y ojo que no estamos afirmando aquí que los pobres, por ser pobres, requieran de planes específicos de habilitación cognitiva. Estamos recalcando que la infancia en general requiere de dispositivos equitativos de atención de sus diferencias que permitan su desarrollo armónico e inclusivo. ¿Qué estimulación reciben nuestros niños de clase media y alta?, ¿es mejor o distinta y por qué? Poco y nada sabemos de los planes que hay detrás de los jardines privados donde Junji opera más bien como un certificador de mínimos muy concretos como infraestructura, dotación de profesionales y técnicos. La educación preescolar privada es más bien una caja negra donde el Estado ha tenido muy poco que decir. Quedan muchas preguntas por responder, como cuáles son los proyectos de país que se juegan en una educación preescolar diferenciada por clase, por qué necesitamos jardines infantiles con extensión horaria y qué tipo de empleo tienen los apoderados. Necesitamos jardines y salas cuna de alta calidad y también la participación de los adultos responsables quienes deben contar con condiciones de empleo adecuadas para poder apoyar en la crianza. Debatir acerca del valor que le damos a nuestra infancia temprana puede darnos luces de lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes secundarios y universitarios y sobre todo, darnos algunas respuestas del tipo de país que queremos construir.

Ciertamente, 2020 ha sido un año del todo convulso. A la situación de pandemia que ha afectado al mundo entero, incluidos largos y agotadores meses de confinamiento, en el caso de Chile sumamos otros elementos: el rebrote de las protestas sociales, como consecuencia del estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019, y el plebiscito constitucional del 25 de octubre de este año. Bien podríamos decir que hemos tenido un largo 2020, en una especie de reinterpretación temporal al modo en que Hobsbawm establece lo que denomina «el corto siglo XX», el que a su juicio se extiende desde 1914 a 1991, aquel intervalo de tiempo en que transcurre entre la primera guerra mundial y el desmoronamiento de la URSS.Así, desde esta relectura de nuestro ‘último año’, decidimos abrir espacio para la recepción de artículos vinculados a esos acontecimientos gravitantes para el devenir del presente y futuro del país y que forman parte de un continuo, pues sin el inicio de la revuelta social no habríamos llegado al plebiscito en donde una abrumadora mayoría se manifestó a favor de una nueva Constitución para Chile, proceso actualmente en marcha. Es en este escenario en que se gestan los escritos que recoge este número. En este sentido, siguiendo con Hobsbawm, “hablamos como hombres y mujeres de un tiempo y un lugar concretos, que han participado en su historia en formas diversas. Y hablamos, también, como actores que han intervenido en sus dramas —por insignificante que haya sido nuestro papel—, como observadores de nuestra época y como individuos cuyas opiniones acerca del siglo han sido formadas por los que consideramos acontecimientos cruciales del mismo”.Pensamos, sentimos y vivimos un momento histórico. O, como se titula esta edición, estamos haciendo historia. Si bien es cierto todo momento es por definición un tiempo histórico, con esta expresión hacemos referencia a un lapso de tiempo de especial densidad en términos históricos. En este caso, en virtud de la magnitud de la explosión conocida, de las crudas realidades que develó con más nitidez que nunca, y de las proyecciones que aquélla encarna. Como se ha podido constatar, existe un conjunto de demandas sociales que no reclama ya soluciones puntuales, sino un cambio estructural que apunta directamente al modelo económico neoliberal, así como a su infraestructura constitucional heredada de la dictadura.En dicho marco, el primer artículo se titula «Trabajadores y trabajadoras sociales de primera línea frente al Covid-19. Continuidades y transformaciones en Chile» de los autores Cristóbal Villalobos, Ignacio Wyman, Gianinna Muñoz Arce y Taly Reininger. Por medio de un estudio de corte cuantitativo, se da cuenta de la forma en que la pandemia ha modificado las condiciones de ejercicio de dichos profesionales, cuestión que puede ser agrupada en tres aspectos centrales. Primero, que los trabajadores/as sociales han jugado un rol activo durante la pandemia, a través de la continuación de los programas sociales y la adaptación de estos al nuevo contexto sanitario. Segundo, que si bien para parte importante de ellos no ha cambiado mayormente sus condiciones de trabajo, sí hay algunos grupos (los más jóvenes y más precarizados) que estarían siendo afectados por este fenómeno. Tercero, que se visualizan algunas diferencias en la forma de implementación de los cambios en razón de la institución que implementa los programas, lo que permite discutir sobre el modelo de implementación de la política social hegemónica en el país.El segundo artículo lleva por título «La implementación de programas públicos en el contexto de la crisis sanitaria. Una experiencia desde el ámbito de la capacitación laboral» y fue escrito por María Ignacia Labbé Concha, Joaquín Cortés Valenzuela, Gonzalo Torres-Rosales y Juan Durán Caro. Aquí sus autores ponen de manifiesto las tensiones entre las acciones estatales y las intervenciones de distintas organizaciones sociales, a partir de su experiencia en el Instituto de Formación y Capacitación Popular (INFOCAP). Por medio de un interesante trabajo etnográfico se problematiza la forma en que se comprende el rol de las organizaciones no gubernamentales en tanto ejecutoras de la política pública, la composición múltiple de los problemas y recursos que caracterizan a los grupos con los cuales se interviene y, por ende, la propia complejidad de la intervención social.Siguiendo la línea de reflexión vinculada a programas sociales y acción estatal, Andrés Godoy Ossandón presenta como tercer artículo su texto titulado «Capital social y apropiación del espacio en la vivienda social: análisis del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda», el cual se centra particularmente en el Plan de Acompañamiento Social de dicho programa. Los resultados muestran que, en términos generales, no se abordan elementos que propicien de forma efectiva la apropiación del espacio y el capital social, ya sea por una falta de fundamentos teóricos o de metodologías apoyadas en mecanismos de participación social mínimas. Sin embargo, sí se reconoce un avance en cuanto a periodos anteriores de la política habitacional.Vinculados también a cuestiones espaciales, sumado a un fuerte componente histórico, se ubican los dos textos siguientes. Por una parte, en cuarto lugar, el artículo «Emergencias simbólicas en la Plaza Dignidad del “18-O” chileno. Representaciones socioespaciales y re-significaciones del “Negro Matapacos” y la bandera Wenüfoye», de Guillermo Pacheco Habert, María Daniela Torres-Alruiz y Rodrigo Cuevas Vargas. Aquí sus autores defienden la hipótesis de que estos símbolos representan identidades periféricas emergentes que, al hacerse presentes en la ocupación, reapropiación y significación colectiva de la Plaza Dignidad, evidencian la crisis del proyecto político de nación monocultural, y su hegemonía identitaria moderna, siendo esto también parte de las transformaciones estructurales que comienzan a ser demandadas a partir del 18 de octubre de 2019.El quinto artículo es de Andrea Ibacache-Corante y se titula «Contexto socio-histórico de una ciudad que sigue resistiendo: el caso de Calama, Chile». Por medio de un exhaustivo análisis de distintos elementos que conforman la realidad de dicha ciudad, se remite a fenómenos como la estigmatización del territorio, las complejidades geográficas y los daños ambientales. Otros factores, como el extractivismo minero y el origen indígena de sus habitantes, también permiten comprender el contexto de una de las ciudades que más aporta al PIB nacional, pero recibe un financiamiento discreto en sus políticas públicas. Ante hechos imprevistos como el estallido social del 18-O y la pandemia del Covid-19, estos flancos quedan expuestos y parecen contribuir a la vulnerabilidad de la población calameña. La desconocida realidad de uno de los territorios más inhóspitos de Qollasuyu se refleja en la sensación de abandono y despojo por parte de sus habitantes.Finalmente, el sexto artículo lleva por título «Reflexiones en torno a educar(se) sobre y para el feminismo en tiempos de pandemia». Aquí su autora, Paloma Abett de la Torre Díaz, comparte un conjunto de reflexiones devenidas de su experiencia docente en un curso electivo sobre feminismo en la carrera de Comercio Internacional de la Universidad Tecnológica Metropolitana. El texto se inicia con breves referencias a la gestación e implementación de la cátedra, para posteriormente realizar un análisis vinculando la práctica docente misma, desde la perspectiva de la pedagogía feminista.A estos seis artículos que presentamos le sigue una entrevista realizada al historiador español Mario Amorós, cuya obra lo vincula profesional y afectivamente con Chile. En un año decisivo para los destinos del país, Amorós nos compartió algunas claves para leer el momento actual en perspectiva histórica, junto con su percepción sobre el ciclo político que estamos iniciando en virtud de los sucesos del octubre chileno. Considerando además que es autor de una extensa y exhaustiva biografía de Salvador Allende, le preguntamos acerca de elementos de su figura, de su programa de gobierno y de los mil días de la Unidad Popular que pueden tener vigencia y sentido en el escenario actual y futuro que enfrenta el país. Esto, considerando especialmente las numerosas referencias a su figura e ideario político que han reverberado a partir de la revuelta social.Les invitamos a leer estos escritos con un ojo en el presente y el otro en el tiempo que está por venir. Porque, como bien afirmamos al inicio de estas líneas, desde diversos espacios, materiales y simbólicos, juntos estamos haciendo historia.

RESUMEN Se analizan los factores que pueden explicar la difusión de las tecnologías 4.0 en la economía chilena. Trabajamos con las empresas que pueden ser calificadas como “proveedoras especializadas” y “basadas en ciencias” pertinentes al campo tecnológico analizado. Se utilizan los datos de la Décima Encuesta Nacional de Innovación realizada por el Instituto Nacional de Estadística (2018). Se realiza un análisis factorial confirmatorio de segundo orden para identificar las variables que mejor explican la difusión. Se utilizó el software Lisrel 8.8 realizando las estimaciones con el método de mínimos cuadrados ponderados diagonales robustos (DWLS) debido a que se trabaja con variables ordinales. Los principales resultados dan cuenta de lo relevante de los proyectos de innovación futura y la cantidad de trabajadores contratados por cada empresa para estimular la difusión tecnológica.

RESUMEN Se analizan los factores que pueden explicar la difusión de las tecnologías 4.0 en la economía chilena. Trabajamos con las empresas que pueden ser calificadas como “proveedoras especializadas” y “basadas en ciencias” pertinentes al campo tecnológico analizado. Se utilizan los datos de la Décima Encuesta Nacional de Innovación realizada por el Instituto Nacional de Estadística (2018). Se realiza un análisis factorial confirmatorio de segundo orden para identificar las variables que mejor explican la difusión. Se utilizó el software Lisrel 8.8 realizando las estimaciones con el método de mínimos cuadrados ponderados diagonales robustos (DWLS) debido a que se trabaja con variables ordinales. Los principales resultados dan cuenta de lo relevante de los proyectos de innovación futura y la cantidad de trabajadores contratados por cada empresa para estimular la difusión tecnológica.

Con base en la experiencia de las autoras mediante el desarrollo del Proyecto de Graduación bajo la modalidad de Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho de la Universidad Fidélitas, denominado “Análisis de la figura jurídica del contrato de leasing habitacional y propuesta de modificación a la ley 7052 para la inclusión al ordenamiento jurídico costarricense de esta figura en el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda”, es que se propone este artículo. En esta investigación se ha detectado la inviabilidad de la utilización de la figura en el estado actual de la ley 7052 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) del 13 de noviembre de 1986 y sus reformas, además, de la poca regulación existente en el tópico que nos ocupa, por lo cual a partir del análisis de la legislación de tres países del caso en estudio, aunado al criterio experto de los entrevistados y el aporte de las autoras, se ha realizado un planteamiento de una base mínima regulatoria para una eventual propuesta normativa de la figura de leasing habitacional con aplicación del subsidio del Bono Familiar de Vivienda que otorga el Estado costarricense. No obstante, lo propuesto en el proyecto de tesis, se motiva a otros a investigadores para continuar trabajando en este tema, para ellos se recomienda valorar todos los elementos necesarios que permitan una discusión al respecto.

Hoy en día es clave para muchas personas alejarse del estrés de las grandes ciudades, y apartarse de las grandes aglomeraciones durante los períodos vacacionales, para disfrutar de la naturaleza y tener un contacto más cercano con el medio ambiente, algo que cada vez parece más difícil en un sistema globalizado y masificado. De esta premisa surgen proyectos turísticos cuyo objetivo es ofrecer una experiencia inolvidable al huésped, basada en naturaleza y actividades personalizadas en un entorno único sin dejar de tener las comodidades de un hotel clásico al que estamos acostumbrados, sin olvidar, que el impacto producido debe ser mínimo y en todo caso, positivo en el entorno. Chile tiene la potencialidad de ser una opción excelente para este tipo de proyectos ya que posee recursos naturales únicos en Sudamérica, con grandes parques y reservas naturales reconocidos por organismos internacionales. Trataremos de demostrar el potencial de la costa valdiviana como destino turístico experiencial y sostenible incidiendo en la oportunidad que esto supone para proyectos hoteleros independientes que valoren instalarse en la Región siempre que sean proyectos basados en el respeto del entorno y su cultura. Nowadays it is key for many people to get away from the stress of big cities, and get away from the big crowds during holiday periods, to enjoy nature and have a closer contact with the environment, something that seems increasingly difficult. in a globalized and massed system. From this premise arise tourist projects whose objective is to offer an unforgettable experience to the guest, based on nature and personalized activities in a unique environment while still having the comforts of a classic hotel to which we are accustomed, without forgetting that the impact produced must be minimal and in any case, positive in the environment. Chile has the potential to be an excellent option for this type of project since it has unique natural resources in South America, with large parks and natural reserves recognized by international organizations. We will try to demonstrate the potential of the Valdivian coast as an experiential and sustainable tourist destination, emphasizing the opportunity that this represents for independent hotel projects that value settling in the Region as long as they are projects based on respect for the environment and its culture. <p> </p><p><strong> Article visualizations:</strong></p><p><img src="/-counters-/edu_01/0724/a.php" alt="Hit counter" /></p>

La presente investigación explica las condiciones tecnológicas que conducen al desarrollo de nuevas herramientas para el análisis de datos, que dan origen al concepto de big data. Se tratan las tendencias actuales para la administración de datos, poniendo énfasis en la importancia del preprocesamiento de datos en función de las siguientes etapas de la búsqueda de conocimiento, para luego efectuar una breve reseña en relación con la minería de datos y las herramientas que propone para la extracción de conocimiento a partir de conjuntos de datos. A continuación, se estudian metodologías que las entidades de fiscalización superiores (EFS) deben tener en cuenta para la implementación de la tecnología big data, distinguiéndose entre la gestión de datos y la gestión de información para determinar cuáles procedimientos mínimos habría que considerar. Luego se hace una propuesta de aplicación práctica del big data a través del control administrativo de obras públicas, aprovechando el trámite de toma de razón que realiza la Contraloría General de la República de Chile (CGR). La idea es conseguir datos relevantes de los proyectos de construcción para generar una base de datos que agrupe información respecto de proyectos, servicios públicos y empresas constructoras, sirviendo además de insumo para futuras auditorías y la gestión interna de la entidad de fiscalización superior. Finalmente se analizan las ventajas, limitaciones y riesgos de la implementación del big data en las entidades de fiscalización superiores para los procesos de auditoría.

El conocimiento técnico y la experiencia acumulada en la reducción de los efectos de los desastres nos han enseñado que es posible reducir al mínimo los riesgos y los daños si se adoptan las medidas preventivas necesarias en el diseño, construcción y mantenimiento de las nuevas instalaciones de salud. Sin embargo, es un tema complejo que aún no tiene la presencia necesaria en las agendas políticas y de desarrollo de los países de América Latina y el Caribe.La Organización Panamericana de la Salud, en colaboración con el Centro Colaborador de la OMS en Mitigación de Desastres de la Universidad de Chile y con el apoyo del Banco Mundial y el Consorcio ProVention, ha publicado lasGuías de reducción de vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de salud, con el objetivo de orientar a los administradores, profesionales y asesores técnicos del área de la salud que tienen por misión la gestión, diseño, construcción e inspección de proyectos de construcción de nuevos establecimientos de salud.Esta publicación presenta un resumen de esas Guías, enfatizando cómo pueden utilizarse, por quién y con que propósito. Asimismo, incluye algunas recomendaciones para promover su uso en la Región entre autoridades nacionales, planificadores y financiadores involucrados en el desarrollo de estos proyectos. Se trata de un instrumento de introducción al tema, que permite un acercamiento rápido y directo para comprender los beneficios sociales y económicos de la aplicación de medidas de mitigación en los procesos de diseño, planificación y construcción de instalaciones de salud y sobre todo, para saber cómo aplicarlas con el objetivo de alcanzar niveles de protección capaces, no solo de garantizar la seguridad de las personas, sino la seguridad de la infraestructura y de la operación de los servicios.

Para la introducción de gas natural a Chile se evaluaron distintas alternativas insti­tucionales que buscaban diversos objetivos: asegurar una oferta de energía suficiente y medioambientalmente consistente para una economía abierta al exterior, con un alto nivel de competencia; promover una fuerte participación del sector privado como prin­cipal motor del desarrollo, crear condiciones de largo plazo para sustentar el crecimien­to económico; introducir condiciones que permitieran el desarrollo de mercados com­petitivos y limpios; fijar y mantener reglas precisas y estables; y promover precios li­bres. Lo anterior se ha conseguido, a pesar de que la autoridad del momento buscó por diversos medios intervenir, a través de la participación de la empresa estatal ENAP. Co­mo competidora de los consorcios privados, además de proponer en 1994 un proyecto de ley para el sector que implicaba una importante intervención y regulación estatal en el mismo Ahora bien. La existencia de un marco legal innovador (Ley 18.856) y la dis­posición de privados a invertir bajo ese marco evitó la participación del Estado en el sector e impidió algunos cambios regulatorios inadecuados. Es así como surge una estrategia institucional para el funcionamiento de la indus­tria que dejó al gobierno fuera de la discusión y liberó a la industria de la presión política, en la cual se privilegiaba la competencia entre privados y se minimizaba la regu­lación directa por parte del Estado Esta estrategia se fundamenta en la idea de que un marco institucional adecuado permite tener un sector competitivo, evitándose los tras­tornos que provoca el proceso político cuando detrás de un diseño de un marco regulatorio existe una fuerte intervención del Estado La estrategia seguida por Chile en el ámbito de la industria gasífera refleja que existen posibilidades de acotar la acción del Estado para el funcionamiento eficiente de las operaciones de transporte de gas natu­ral Si bien el Estado no puede sustraerse de la obligación de establecer reglas mínimas para la operación del mercado, la experiencia chilena muestra claramente que el sec­tor privado es capaz de hacer frente por sí mismo a las demandas institucionales que surgen producto de las características económicas del sector. Ahora bien, la experiencia chilena es todavía muy reciente para hacer una evalua­ción más profunda de lo que ha sido esta estrategia de privilegiar la acción privada en el surgimiento de una institucionalidad para el sector Sin embargo, la competencia ge­nerada en los procesos de oferta publica, que terminó dando viabilidad económica a los proyectos que lograron concretar contratos de largo plazo en las mejores condicio­nes para los clientes, es un indicador de que. en las condiciones actuales, se ha conse­guido el desarrollo de un sector de transporte competitivo al tiempo de minimizar el aparato regulatorio del Estado Queda por ver cómo evoluciona el sector en el futuro, y si el incremento en el tamaño de los mercados genera las condiciones necesarias para que entren nuevos operadores locales, pudiéndose mantener de esta forma al margen la acción pública en materia de regulación de precios.

En 2016 fue publicada la Ley 20.903, que establece regulaciones a las pedagogías en Chile, tanto en formación inicial docente (FID) como en el ejercicio profesional de dichas carreras. Así, se propone caracterizar los impactos iniciales y resultados de la Ley 20.903 y las normas de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en las carreras pedagógicas de la Universidad de Los Lagos y analizar los resultados en sus niveles de calidad. El estudio constituye una profundización de un proyecto de investigación financiado por la CNA. Es un estudio de caso, en el cual se utilizó el enfoque cualitativo. Se aplicaron entrevistas a directores(as) y jefaturas de carrera, así como grupos focales a académicos(as) y estudiantes. Se concluye que la Ley 20.903 disminuiría la desregulación de las pedagogías: valorizaría la FID, mejoraría el currículo y estandarizaría la calidad. Aunque, participantes afirman que provocaría una homogeneización en la formación, por ende, relevan la necesidad de considerar el contexto territorial en el proceso formativo. Además, las nuevas exigencias de la ley derivarían en mayor burocratización en el proceso de acreditación de carreras pedagógicas y supondría un peligro para su sustentabilidad, ya que el aumento de los puntajes mínimos de ingreso perjudicaría la matrícula.

El énfasis social que tienen en Chile los conceptos de desarrollo y crecimiento económico esconde las heridas de un exitoso modelo de producción-reproducción de la vivienda subsidiada, como vehículo efectivo en la superación del déficit de calidad urbana. A partir de los casos metropolitanos de Santiago y Valparaíso, el manuscrito propone discutir ambas categorías —desarrollo y crecimiento económico—, teniendo en cuenta para ello el paisaje resultante del progreso obtenido de las iniciativas público-privadas en la materia. Estas iniciativas basan parte de su fuerza en el énfasis político por generar una sostenibilidad espacial de las áreas intervenidas. Esto último, con el fin de alivianar, al menos en el discurso, los déficits propios que caracterizan, en materia de equipamientos, a los conjuntos de vivienda subsidiados. De esta forma otorgan la provisión, no solo de los mínimos estándares de bienes y servicios de calidad, sino que aseguran acceso efectivo y bienestar para la población de las más variadas clases sociales. Con la aplicación de la estimación de densidad de Kernel, se pone a prueba el vigor de la presencia que tienen los servicios públicos —salud y educación— y privados, como el comercio en dichos lugares, dentro del paisaje residencial subsidiado. Siendo este aspecto discutido y proyectado hacia el final del trabajo.