Academic literature on the topic 'Controllo del crimine'

Territorial control is one of the most important elements for the survival of the mafia. It is an obligated path to be able to obtain and control economic activities and to penetrate into all profitable sectors. Without territorial control it is impossible to control voters and without it all relationships with politics wither and die. It is within the territory where the imposition of "pizzo" (protection money) and extortion are planned against businesses and firms. This impending presence is also the cause in which citizens and families find themselves submitted to violence, the abuse of power and, if not only, to a limitation to their sphere of action. Telling the story about the scappati is to explain how, by their use of violence, Cosa Nostra has taken away from the State its lawful supremacy over large parts of the national territory. They planned the removal or deportation, under the threat of death, of entire families connected to the mafia. This story began in 1980 and is yet to be finished. The scappati migrated to the usa during the second mafia war and today they would like to come back to Palermo. However, not all agree with this possibility. The Sicilian mafia is in a critical position and if these refugees return it could produce a drastic and unexpected change in its leadership. Reading the pizzini (small notes of mafia members), analysing these sources, reconstructing scenarios makes it is easy to image what could happen if they returned: a new bloody conflict among mafia families.Key words: Cosa Nostra, territorial control, transnational crime, maxi-trial, mafia wars, the scappati.Parole chiave: Cosa nostra, controllo del territorio, crimine transnazionale, maxiprocesso, guerre di mafia, scappati.

Se ha hablado mucho de la seguridad y se ha debatidomás aún, pero argumentos sólidos como losque se encuentran en el libro Controlar el Delito,Controlar la Sociedad, no son tan frecuentes. El autorde esta obra, Dario Melossi, nos deleita con unatesis por demás interesante: los procesos delictivos yel orden reproductivo de la sociedad se encuentraninextricablemente unidos.El libro se encuentra estructurado en tres partesprincipales. La primera se corresponde con unalectura teórica del abordaje de los primeros criminólogoso sociólogos respecto a la pena y la desviación.Desde Beccaria hasta Durkheim todos losautores clásicos pasan por la pluma de Melossi. Losdiferentes estudiosos partieron de la necesidad decrear una teoría que explique el crimen como unadesviación al contrato social. En este sentido, comoel autor explica, el capitalismo y el sistema penitenciario,como así la literatura especializada encriminología no pueden estudiarse por separado.

(analítico)Esta es una investigación antropológica con metodología etnográfica que muestra las dinámicas de violencia que buscan controlar los cuerpos jóvenes y sus territorios, provocando miedo y muerte en el llamado “triángulo del huachicol” en Guanajuato, México. Se analiza la experiencia de siete jóvenes sobrevivientes de un evento de ejecuciones donde asesinaron a dos de sus amigos. Los hallazgos evidencian que los cuerpos de los jóvenes están siendo disputados por los distintos poderes de los grupos del crimen organizado y por las fuerzas armadas del Estado mexicano. Las conclusiones explican que dichos jóvenes están vinculándose de forma cotidiana a efectos de lo que autores han llamado necropolítica ante un sistemático juvenicidio. Palabras clave: Juventud; violencia; guerra; muerte; poder; crimen.

Il neonaticidio č presente sin dall'antichitŕ, quando veniva praticato al fine del controllo demografico o per evitare l'infamia conseguente ad una maternitŕ in nubilato o illegittima. Tale fenomeno purtroppo non č andato scomparendo con la civilizzazione e, anzi, si pensa che la sua frequenza sia attualmente sottostimata per la maggior facilitŕ di occultare il cadavere o di far passare tale delitto per una morte infantile improvvisa. La criminologia clinica distingue in base a criteri cronologici, psicologici, sociali e statistici il neonaticidio dal figlicidio: mentre in quest'ultimo la vittima ha piů di un anno, il neonaticidio č commesso in epoca piů vicina al parto che avviene solitamente senza assistenza, generalmente da madri giovani, immature, disoccupate o studentesse, con sentimenti di ostilitŕ ed estraneitŕ verso il neonato. Entrambi i crimini sono spiegati solo in una minoranza dei casi dalla malattia mentale, poiché possono essere dovuti anche ad eccesso di mezzi disciplinari, a motivi di convenienza o pressione sociale, ideologici, a trascuratezza, a rivalsa nei confronti del partner. Fra le motivazioni patologiche si hanno le forme di psicopatologia puerperale. Vi sono poi dinamiche particolari, e appare chiaro come il primo passo in una prospettiva tesa a prevenire questi reati consista nella conoscenza di tali dinamiche e, in particolare, di tutte quelle situazioni considerate "a rischio".

Una geopolítica del narcotráfico se centra en considerar el ejercicio del poder respecto al control de territorios, rutas y grupos humanos asociados. El narcotráfico moderno puede atribuirse principalmente a británicos, holandeses y franceses en Asia y África. Tanto con fines de lucro como para obtener influencia política sobre los países en aquella región del mundo. Desde la década de 1960 los Estados Unidos se suma a tal ejercicio, en cuanto sus consumidores demandan cocaína de Bolivia y Perú, como su gobierno reprime tal narcotráfico. El éxito es relativo pues los focos del negocio se desplazan temporalmente a países como Colombia. Igual si las rutas del narcotráfico se modifican según las circunstancias, junto con los focos de producción, tienden a mantener continuidad histórica. También el crimen organizado y las mafias se adaptan a las mismas circunstancias para controlar la producción, el tráfico y la rentabilidad del negocio. Ejercicio que afecta mucho más a los países débiles, subdesarrollados o recién creados. Por lo anterior, la ubicación geográfica de Colombia es circunstancial para el narcotráfico pues se deriva de esa dinámica internacional. Por lo mismo no debe considerarse una amenaza para el estado, sino contra la seguridad.

El presente artículo tiene como objetivo central el explicar e interpretar los alcances y dinámica del crimen organizado como fenómeno que tiende, en una lógica de causalidad circular, a erosionar el tejido social y debilitar la función cohesionadora de las instituciones; efectos estos que profundizan el subdesarrollo de un país como México al presentarse una crisis de Estado ante la emergencia de poderes fácticos que controlan –tras la imposición de su fuerza y violencia– amplios territorios y que le disputan la hegemonía al Gobierno y a su aparato de seguridad. Se trata pues de realizar, con base en el rastreo y sistematización de referencias empíricas, un balance sociohistórico que desentrañe la lógica desestructurante de actividades criminales como el narcotráfico y la incidencia que ejercen en el deterioro de lo público —como espacio para la creación y revitalización de la ciudadanía— en el contexto de la intensificación de los procesos de globalización que también condicionan y socavan los fundamentos del Estado-nación. La relevancia del estudio de un fenómeno multidimensional como el crimen organizado resulta fundamental para comprender una de las aristas contemporáneas de la dialéctica desarrollo-subdesarrollo, así como para explorar posibles alternativas y estrategias de política pública que, de cara a la crisis de sentido padecida por las sociedades occidentales, sean útiles para (re) construir el concepto de ciudadanía, revertir el desdén por la ley y reivindicar el respeto hacia lo público.

La perspectiva teórica de la gobernanza híbrida se ha usado como medio para comprender cómo Grupos Armados Ilegales (GAI), particularmente los del crimen organizado, controlan territorios y poblaciones. En Brasil, este marco ha generado análisis sobre formas locales de interacción entre actores legales e ilegales en los campos político y económico. Sin embargo, encontramos límites explicativos en este marco teórico cuando lo aplicamos al caso empírico de la actuación del Comando Vermelho (CV) en el Complexo do Salgueiro, desde el comienzo de la pandemia de covid-19 (marzo de 2020 hasta julio de 2021). Combinando la observación participante, la sistematización estadística y de elementos visuales y cartográficos, y el análisis de encuesta enviada electrónicamente a moradores del Complexo, proponemos posibles explicaciones para la omisión o inacción del cv ante la pandemia, contradiciendo su tradicional preocupación asistencialista hacia poblaciones bajo su control.

Nella coscienza ferita tardo-moderna, il sentimento generale di impotenza e di depressione antropologica riscontra una inedita proiezione in ambito penalistico, congiungendo il senso di inquietudine alla criminalità. In un clima generalizzato di hybris, lo ius criminale è chiamato a compensare le insufficienze dei legami fiduciari, con conseguenze distorsive sulla produzione legislativa, sull’interpretazione giurisprudenziale e sugli stessi rapporti sociali. La presente analisi si propone di esaminare l’odierna tendenza a reagire, rispetto ai più eterogenei problemi individuali e sociali, con una «risposta ‘accusatoria’» e di comprendere quella preoccupante strategia securitaria cui si attribuisce l’icastica denominazione di ‘populismo penale’. Terreno elettivo per una valutazione in merito alle sollecitazioni che sottopongono a torsione i principi fondamentali si rivela l’articolato ‘arcipelago’ dei delitti contro la pubblica amministrazione, con specifico riferimento a quelli preposti al contrasto alla corruzione. L’ambizioso obiettivo della ricerca è quello di fornire risposte al primario quesito su come debba procedersi per evitare che il settore penalistico perpetui la propria natura di «fabbrica delle illusioni». Per favorire un virtuoso cambio di paradigma, viene valorizzata l’esigenza, oltre che di un ripensamento critico del proprio ruolo da parte del legislatore e della magistratura, della promozione di una crescita culturale di tutte le componenti della collettività.
In the wounded late-modern consciousness, the general feeling of impotence and anthropological depression finds an unprecedented projection in the penal field, linking the sense of unease to criminality. In a generalized climate of hybris, the criminal law is called to compensate for the inadequacies of bonds of trust, with distorting consequences on production of legislation, interpretation of jurisprudence and social relations. This analysis aims to examine the current tendency to react, with respect to the most heterogeneous individual and social problems, with an «accusatory ‘response’» and to understand that worrying securitarian strategy called ‘penal populism’. An elective terrain for an evaluation of the solicitations that distort the fundamental principles is the articulated ‘archipelago’ of crimes against the public administration, with specific reference to those designed to combat corruption. The purpose of this research is to provide answers to the question of how to proceed to avoid that the criminal justice sector perpetuates its own nature of «factory of illusions». To promote a virtuous change of paradigm, it is emphasized the need of not only a critical rethinking of their role by the legislature and the judiciary but also the promotion of a cultural growth of all components of the community.

Il progetto di ricerca riflette sulla tutela penale delle molteplici forme di “caporalato”. Una volta ricostruite la genesi e l’evoluzione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 603 bis c.p., vengono presi in considerazione gli elementi costitutivi del reato emergenti dalla odierna formulazione normativa nonché le principali questioni interpretative che gli stessi hanno posto tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza. Tra questi, particolare attenzione è riservata alla natura e al contenuto degli indici di sfruttamento enumerati dal terzo comma della previsione codicistica. Inoltre, tale progetto analizza sia gli effetti che la commissione di una condotta di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro nell’interesse o a vantaggio di una persona giuridica pone in capo a quest’ultima in forza del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sia i principali strumenti di contrasto al fenomeno attualmente vigenti all’interno dell’ordinamento.
The research project reflects on the criminal protection of the multiple forms of "caporalato". After reconstructing the genesis and evolution of the incriminating case of art. 603 bis c.p., the constitutive elements of the crime emerging from the current normative formulation are taken into consideration, as well as the main interpretative questions that they have posed both in doctrine and in jurisprudence. Among these, particular attention is paid to the nature and content of the indices of exploitation enumerated by the third paragraph of the codified provision. In addition, this project analyzes both the effects that the commission of illicit intermediation and exploitation of work in the interest or to the advantage of a legal entity places on the latter under the terms of Legislative Decree no. 231 of June 8, 2001, and the main instruments currently in force to combat the phenomenon within the system.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
El objeto del presente trabajo consiste en determinar la naturaleza jurídica del control de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal, en otras palabras, comprender cuál es la finalidad que cumple dicha institución en el ordenamiento jurídico. Para ello, realizamos un estudio pormenorizado de las modificaciones legales que ha presentado la normativa y los motivos del legislador para realizar dichos cambios en tan poco tiempo. En segundo lugar, para la mejor comprensión de la institución, recurriremos a los conceptos elaborados por la doctrina, haciendo una revisión general de los aspectos del procedimiento del control de identidad, desde sus supuestos habilitantes hasta el término del procedimiento. Enseguida, para lograr nuestro objetivo y acercarnos a las posibles finalidades de la norma, analizaremos las opiniones de la doctrina, la legislación comparada y la jurisprudencia. De lo anterior, advertiremos tres distintas finalidades de la figura: cautelar, investigativa o preventiva. Para determinar cuál de las finalidades descritas es preponderante en la norma, realizaremos un estudio detallado de la figura, contrastándola con su ubicación dentro del Código Procesal Penal, cada uno de los supuestos que autorizan a solicitar la identificación del sujeto, las medidas que faculta la institución, como el registro, cotejo de órdenes de detención pendiente; y las reformas efectuadas por la ley. Esto nos permitirá comprender a cabalidad el sentido y alcance de la figura. Por último, analizaremos las ideas centrales del proyecto de ley del año 2003 que establecía un nuevo control de identidad de carácter preventivo. Finalizando con el estudio y críticas de las reformas efectuadas por la ley 20.931 al artículo 85 Código Procesal Penal y la implementación de una nueva figura, denominada “control de identidad preventivo”.

Small and medium enterprises are quantitatively dominant - because of the number of companies, as well as for the number of employees - both in the Italian and in the European context. This circumstance makes an operation of continuous adaptation of the organizational structure to the evolutions of the labour market necessary. These innovations, as determined by a new structure of employment, in terms of place, time and type of performance, expose both workers and companies to a growing number of risks. For the former, the risks are more directly related to the exposure to new danger factors, not commonly identified, concerning health and safety in the workplace. On the other hand, for enterprises the risks are determined by a growing and ever-expanding area of liability attributed to corporate or legal entities in general. The statistical framework of occupational accidents and occupational diseases suggests that the issue of prevention, especially in relation to health and safety in the workplace, is strongly present in the whole reality of small and medium enterprises. Therefore, a survey has been made not only on the issues relating to corporate criminal and administrative liability, but also on those related to corporate social responsibility. The comparative analysis of the Italian system with that of the U.S. and Switzerland has also allowed in the first case to frame the instrument of compliance programs, discovering its own ratio, thanks to the study of legal systems in which they were born. In the second case it has permitted to investigate a system of corporate liability that offers important insights given by the specific socio-economic context in which it is inscribed. Finally, the extensive analysis of the Italian system covered the most critical aspects of the subject, such as the difficulties of integration between the "231 model" and the model for health and safety in the workplace, the role of the supervisory board in SMEs, the opportunity to establish a system of qualification of the companies and certification of compliance programs and the prediction of simplified procedures for the adoption of compliance programs in SMEs.

La inseguridad urbana se presenta como una problemática sumamente actual, y por demás interesante, que requiere ser abordada de manera científica. En este sentido, se considera que la elaboración de un marco teórico en torno al problema de la inseguridad puede significar un valioso aporte, tanto al momento de producir conocimiento para futuras investigaciones, como al momento de someter a crítica ciertos discursos con pretensión de verdad existentes en torno a la seguridad. Discursos que pueden operar como legitimadores de diferentes políticas urbanas de control social.
Fil: Ávila, Ana Laura. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

In Feldstudien konnte häufig mittels der Low–Cost Hypothese gezeigt werden, dass normatives Verhalten von den dafür aufzuwendenden Kosten abhängt. Doch hängt die Durchsetzung einer Norm ebenfalls von der Höhe der Kosten ab? Die Gültigkeit der Low – Cost Hypothese bei diesen kollektiven Gütern zweiter Ordnung ist bislang im Feld wenig erforscht. In unserer Studie wird die Durchsetzung sozialer Normen anhand nachbarschaftlicher Kontrollen analysiert. Es werden Daten einer postalischen Befragung von 631 Personen in Leipzig aus dem Jahr 2001 ausgewertet: Der Zusammenhang zwischen der Befürwortung sozialer Kontrollen und der Bereitschaft, soziale Kontrollen tatsächlich an sich zu erdulden, wird mit steigenden Kosten der zu erduldenden Kontrollhandlungen schwächer. Zudem lässt sich die Logik der Low – Cost Hypothese auf andere soziologische Konstrukte übertragen: Die Wirkung von Kriminalitätsfurcht und Autoritarismus ist umso weniger handlungsrelevant, je höher die Kosten der zu erduldenden Kontrollhandlungen sind. Diese Befunde demonstrieren die Gültigkeit der Low–Cost Hypothese im Zusammenhang mit kollektiven Gütern zweiter Ordnung
In field studies, there is evidence that the occurrence of normative behaviour is dependent on its costs. This effect is known as the low cost hypothesis. However, is the enforcement of social norms as well dependent on its costs? So far, there has been little research on the validity of the low – cost hypothesis for so called second order collective goods. In our work, the enforcement of social norms is studied by means of analyzing social control in neighbourhoods. We use data of a mail survey conducted in 2001 in Leipzig, Germany, with 631 respondents: Correlations between approval of social control and willingness to tolerate social control personally decrease with increasing costs to tolerate these control activities. Additionally, the logic of low – cost is transferable to other sociological constructs: The effect of fear of crime and authoritarianism is the less relevant for tolerating social control activities, the higher the costs for these control activities. These empirical findings confirm the low cost hypothesis for the production of second order collective goods

In Feldstudien konnte häufig mittels der Low–Cost Hypothese gezeigt werden, dass normatives Verhalten von den dafür aufzuwendenden Kosten abhängt. Doch hängt die Durchsetzung einer Norm ebenfalls von der Höhe der Kosten ab? Die Gültigkeit der Low – Cost Hypothese bei diesen kollektiven Gütern zweiter Ordnung ist bislang im Feld wenig erforscht. In unserer Studie wird die Durchsetzung sozialer Normen anhand nachbarschaftlicher Kontrollen analysiert. Es werden Daten einer postalischen Befragung von 631 Personen in Leipzig aus dem Jahr 2001 ausgewertet: Der Zusammenhang zwischen der Befürwortung sozialer Kontrollen und der Bereitschaft, soziale Kontrollen tatsächlich an sich zu erdulden, wird mit steigenden Kosten der zu erduldenden Kontrollhandlungen schwächer. Zudem lässt sich die Logik der Low – Cost Hypothese auf andere soziologische Konstrukte übertragen: Die Wirkung von Kriminalitätsfurcht und Autoritarismus ist umso weniger handlungsrelevant, je höher die Kosten der zu erduldenden Kontrollhandlungen sind. Diese Befunde demonstrieren die Gültigkeit der Low–Cost Hypothese im Zusammenhang mit kollektiven Gütern zweiter Ordnung.:Einleitung; Die Übertragung der Low – Cost Hypothese auf die Durchsetzung sozialer Normen; Datenbasis und Operationalisierung; Schlussfolgerung und Ausblick
In field studies, there is evidence that the occurrence of normative behaviour is dependent on its costs. This effect is known as the low cost hypothesis. However, is the enforcement of social norms as well dependent on its costs? So far, there has been little research on the validity of the low – cost hypothesis for so called second order collective goods. In our work, the enforcement of social norms is studied by means of analyzing social control in neighbourhoods. We use data of a mail survey conducted in 2001 in Leipzig, Germany, with 631 respondents: Correlations between approval of social control and willingness to tolerate social control personally decrease with increasing costs to tolerate these control activities. Additionally, the logic of low – cost is transferable to other sociological constructs: The effect of fear of crime and authoritarianism is the less relevant for tolerating social control activities, the higher the costs for these control activities. These empirical findings confirm the low cost hypothesis for the production of second order collective goods.:Einleitung; Die Übertragung der Low – Cost Hypothese auf die Durchsetzung sozialer Normen; Datenbasis und Operationalisierung; Schlussfolgerung und Ausblick

AbstractOrganized crime (OC) groups in Kyrgyzstan have reached a level where they are competing with governmental authorities and institutions. Leaders of OC groups can assign members of their groups into law enforcement positions and parliament. It is safe to claim that the absence of rule of law and legal gaps encourage organized crime groups to flourish. From an economic point of view, privatization and capitalization of the economic system in the process of democratization have been in the interest and favor of the development of criminal organizations. Organized crime gangs can easily fill their chests by benefiting from the legal gaps. For instance, all the jewelry store owners at the major markets in Bishkek, Kyrgyzstan pay fees to an OC gang for their safety and security. Small business owners have been taken under control by organized crime to resolve economic disputes or just because they are in their area of control. Moreover, gangs and groups operating in the South Kyrgyzstan, as well as in Talas and Bishkek, deal with drug trafficking. The cultural aspect of this issue focuses on the importance of the clan ties and network connections in Kyrgyzstan and its use by organized crime. The networking used by the OC also includes utilization of the Internet and social media, consequently it became difficult to counter them during the process of globalization and the whole of society being integrated with the internet and social media, the fight against organized crime has become more difficult. Challenging existing socio-cultural structures, to increase law enforcement and combat clan-based subculture and informal law practices, such as the “thieves” “laws” and “brotherhood hierarchies” of organized crime, have been an almost impossible endeavor over the past 30 years. Consequently, breaking the network of OC and destroying its nationwide functions is a challenge, not only in Kyrgyzstan but in many post-soviet countries.

This chapter examines justice in an absolute sense, and also justice in the context of the criminal justice system. The criminal justice system is the set of rules and practices under which government institutions and agencies act in order to prevent or control crime, to deal with those who break the law, and to support victims. ‘Justice’ in the context of ‘criminal justice’ refers to the extent to which the system aims to prevent or reduce offending; ensures that those who are accused, convicted, and sentenced are treated fairly (justly); and works to support victims and communities. Justice should be guaranteed by the law, especially the criminal law, in any state and should be clearly present in all decisions about crime and social issues made by those working for the state. As such, justice is core to almost every aspect of the criminal justice system. The chapter also considers broad definitions of justice; frameworks called criminal justice models on which understandings of justice in the criminal justice system can be anchored; philosophical ideas about the concept of justice; and the main systems used to bring about criminal justice.

Chapter 11 addresses the prohibitionist argument that has historically dominated the International Drug Control Regime discourse, and falls under the broader ‘securitization’ agenda. Analyzing studies that deal with the link between narcotics and crime, the chapter evaluates whether existing empirical evidence in Latin America backs up prohibitionist fears of rising crime through the illicit use of drugs. The chapter shows that the association between the two does not necessarily imply a causal relation where illicit drug use leads to crime, particularly when studies lack adequate research design and thus do not have an adequate control of relevant confounders. Furthermore, the chapter highlights a tendency to use cross-sectional studies with non-representative samples of individuals within criminal justice populations with higher rates of drug prevalence in existing studies, thereby exaggerating the proportion of crime caused by the illicit use of drugs.

‘An area of freedom, security and justice’ explains the two main aims of the Schengen Agreements of 1985 and 1990. The first concerned border controls: to eliminate those internal to Schengenland; establish controls round its external frontier; and set rules to deal with asylum, immigration, and the movement or residence of other countries’ nationals within the area. The second was to cooperate in combating crime. While conditions in the EU are, in a general sense, notably free, secure, and just when compared with almost all other parts of the world, the persisting divisions between member states and the EU result in confused lines of control and limited scope for action.

The application of coercive measures to a legal person in Latvian criminal law is a relatively new institute of law, which isbecoming increasingly relevant. Although some issues of the application of coercive measures have already been addressed in legal doctrine, there still remains a great deal of uncertainty regarding this institute. The purpose of this article is to address the regulation contained in Section 701 of the Criminal Law, clarifying the content of such features as “in the interests of a legal person”, “for the benefit of a legal person” and “as a result of inadequate supervision or control”, providing an understanding of these features.

The objective of this study was to analyze the spatial pattern of crime distribution (mainly property crime) throughout Brazilian municipalities, investigating their relation with structural characteristics. To reach this aim, property crime agglomerates (CA) were measured and the probability of a municipality having a CA was estimated using the Spatial Probit mode. The analysis identified that formal control, surveillance environment and social intervention as well as the availability of targets and offenders are decisive elements for a municipality to have a CA. Regionally, the surveillance environment and the availability of targets and offenders were the predominant elements.

"This work includes talking about the crime of Camp Speicher, in which 1,700 students of the Iraqi army of the Sheea creed were killed by the gangs of the terrorist organization ISIS, with the aim of eliminating the members of this sect because of the misleading ideology carried by those gangs. On 6-12-2014, Iraqi soldiers at Camp Speicher (Speicher Air Base) in Tikrit were subjected to murder and enforced disappearance by terrorist organizations because of their affiliation to the Sheea creed. This crime was among a series of brutal crimes for the genocide of Sheeas in Iraq. This is similar to what happened in the Badoush prison crime in the province of Mosul, which the Iraqi Parliament considered it as a crime of genocide, in which these gangs executed about (400) members of the prison inmates of the Sheea component. After ISIS took control of the city of Tikrit in Iraq, and one day after they took control of the city of Mosul, they captured (2000-2200) soldiers and led them to the presidential palaces in Tikrit, and they shot them there and in other areas and buried some of them alive. This disaster had a negative impact on the families of the victims of the Speicher where they went out in demonstrations demanded that the leaders who handed over the victims of Speicher to ISIS must be prosecuted, and in one of the demonstrations they managed to enter Parliament and demanded that the leaders who handed over Speicher to ISIS be held accountable. After that, many demonstrations took place by the families of the victims, some of which led to the closure of a bridge in Baghdad a few times Protesting the government's delay in clarifying the fate of their children or taking quick measures. The Iraqi parliament and government recently considered the Speicher incident “genocide” in reference to the premeditated murder of Badoush Prison inmates in Nineveh Governorate and the unarmed Speicher military base, the premeditated murder of members of the Albu Nimr, Jabour, al-Lahib, and al-Ubaid tribes, and the killing and displacement of civilians from Kurds, Christians, Yazidis and Shabaks in Sahel Nineveh, Sinjar, deliberate killing and displacement of Turkmens in Tal Afar and Bashir. This decision paves the way for obtaining international recognition from it as a ""genocide"" as stipulated in the Contract of the United Nations in 1948, and Iraq signed it in the fifties of the last century. This study attempts to explain the Al-Ikhnasas Court in looking into the crimes of genocide committed by ISIS against the bereaved students of the Air Force Base (Speicher) due to what this issue raised from the national and international public opinion, especially after the involvement of the Iraqi army leaders in this massacre, according to what witnesses reported in that area and what was reported by soldiers who survived the incident, in addition to the involvement of some members of the Sunni tribes in these crimes with the terrorist organization ISIS. The importance of this study lies in the following aspects: - That ISIS elements were tried according to Anti-Terrorism Law No. 13 of 2005, and from our point of view that the aforementioned law is vague and broader than it should be, and it applies to serious and simple crimes from murder to crimes of sabotage, and the list of crimes punishable by the death penalty according to the aforementioned law is a long list and spacious. - The Iraqi government has embarked on an attempt to develop a legal framework to prosecute ISIS elements, and its mission focused on understanding the procedures and results drawn from those judicial efforts, and its mission also focused on showing the efforts taken by the Iraqi government to address violations in the field of the right to life, including those committed by affiliated forces government as well as other international and domestic actors. The International Criminal Court is specialized in considering specific crimes under Article (5) of its Statute, which are war crimes, aggression and crimes against humanity, which necessitates the adaptation of Speicher's crime within any of the mentioned types of crimes. The assumption of the International Criminal Court in relation to the Speicher crime, includes several positive matters and results at the same time a set of negatives, which must be presented to those positives and negatives in order to give preference between them and the choice of authorizing the court to consider the crime or not. The terrorist organization ISIS has committed serious systematic violations, including war crimes and others, and perhaps those that are not under its control, and that none of these crimes can be addressed within the anti-terrorism law, which cannot address human rights violations. The international community has recognized the heinous violations committed by ISIS against the citizens of Iraq by adopting Resolution (2370) in September of 2017, issued by the Security Council, which authorizes the Security Council to appoint an investigation team to support local efforts to hold ISIS elements accountable by collecting and preserving evidence in Iraq, which can rise to a high level, and it was committed by the elements of the organization. It considers that the decision constitutes a burden and an obligation on Iraq to investigate all allegations of violations committed by government forces for the purpose of holding them accountable, as well as requiring the establishment of special courts and trained judges in relation to ISIS crimes to deal with them. Terrorism is a global curse that has recently spread horizontally to all countries of the world and its effects have been concentrated vertically in some countries, and no one denies that the parties to this phenomenon are increasing (perpetrators and victims) and the United Nations in particular and the international community in general has not succeeded in reducing it despite the fact that the resolutions of the UN Security Council It is increasing, but the proportionality is absent between these decisions and the practical reality. The phenomenon of terrorism is spreading rapidly, and the perpetrators of terrorist acts are on the rise, corresponding to an increase in the victims of terrorism. Also, the circumstances and events that Iraq is going through, especially after 2003, put it at the forefront of countries which suffers from terrorism that has killed the people, using methods and forms that were not previously known and brutal and bloody cruel. ) for the year 2005, and since terrorism was not limited to Iraq, but included many countries, and was not specific to a place or time, nor was it recent in terms of composition. In addition, the aforementioned law cannot be aware of all violations of international and humanitarian law, as we mentioned previously, which requires the necessity of referring the criminals to a competent court. The Court conducts its rule under Article (13) of its Statute when referred to it by a state party to the same system or by the Security Council or when the Public Prosecutor conducts the investigation on his own, and then how does the Court take its measures regarding the aforementioned crime if we take a look Considering that the State of Iraq is not a member of the Statute of the Court. The rule of the court is free from the death penalty, which makes the idea of authorizing the court to consider the crime rejected by most Iraqis, especially the families of the victims. What are the negative aspects of the Iraqi national judiciary’s view of the Speicher crime, and how can it be avoided if the International Criminal Court plays this role? What are the guarantees provided by the court in the event that it proceeds with its procedures regarding this crime? The research on this subject is according to the appropriate method, which is the analytical and comparative method, which works on studying and comparing topics by analyzing ideas and jurisprudential rulings, and the positions of the governments of countries and the United Nations, as well as the resolutions of the Security Council and the General Assembly, and comparing arbitration between Iraqi courts. And the international courts regarding the trial of the perpetrators of the Speicher base crime, and then come up with a set of conclusions and recommendations."

Introdução: Os homicídios por disparo de arma de fogo representam um problema de saúde pública, visto que constituiu 73% de todos os homicídios ocorridos no Brasil, nos últimos cinco anos, merecendo atenção especial dada a sua relevância estatística. Objetivo: Analisar a tendência temporal dos homicídios por arma de fogo no Brasil, no período de 1996 a 2019. Material e métodos: Estudo ecológico e descritivo da série temporal dos óbitos decorrentes de agressões por disparo por arma de fogo (CID X93-X95) ocorridos no Brasil. Os dados foram obtidos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS), referentes ao período de 1996 a 2019, e analisados através da Regressão de Poisson pelo software livre Joinpoint Regression Program. Resultados: Foi observado aumento significativo dos óbitos decorrentes de agressões por disparo de arma de fogo de 1996 a 2002 [APC = 5,2* (3,7 – 6,7) p<0,001], com discreta redução de 2002 a 2007 [APC = -1,9 (-4,2 – 0,4)], tornando a aumentar significativamente de 2007 a 2017 [APC = 2,3* (1,6 – 2,9) p<0,001] e reduzir significativamente de 2017 a 2019 [APC = -17,3* (-23,3 – -10,8) p<0,001]. A alteração do percentual anual médio de 1999 a 2019 foi praticamente nula [AAPC = 0,2 (-0,6 – 1,1)]. Conclusão: Houve elevação considerável dos homicídios por arma de fogo até 2002, fato que possivelmente motivou a implantação do Estatuto do Desarmamento em 2003. No entanto, a redução daquele tipo de crime nos anos subsequentes à nova lei de controle de compra e porte de armas não foi significativa, passando a aumentar novamente de forma considerável de 2007 a 2017. A dinâmica demográfica brasileira, com a diminuição da população jovem na última década, a qualificação das políticas estaduais de segurança pública, acordos entre facções criminosas dominantes nos estados e a piora nos registros sobre mortalidade podem ter sido responsáveis pela redução significativa daqueles homicídios a partir de 2017, requerendo, portanto, estudos mais aprofundados para melhor compreensão desse fato.

La violencia es un obstáculo para el desarrollo de América Latina y el Caribe y una de las principales preocupaciones de su población. Los jóvenes son las principales víctimas y victimarios. Este estudio contribuye a expandir el conocimiento sobre la transmisión intergeneracional de la violencia intrafamiliar, considerada como una de las posibles causas del crimen y la violencia juvenil. En el estudio se establece la importancia de la transmisión de violencia intrafamiliar de padres/madres a hijos/as e incluso de abuelos/as a nietos/as como un factor de riesgo del desarrollo de comportamientos violentos a futuro. El análisis parte de los datos de la Encuesta de Movilidad Social de los Jóvenes en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 2017. La violencia intrafamiliar se midió construyendo tres variables: violencia observada, sufrida y ejercida, cuantificándolas de las respuestas de encuestas a padres e hijos para medir la violencia a la que estuvieron expuestas ambas generaciones. Los resultados revelan que las asociaciones de la transmisión intergeneracional de la violencia intrafamiliar sobreviven a controles por violencia geográfica; existe una relación positiva entre la violencia juvenil y haber crecido en un hogar donde había violencia intrafamiliar reflejada en violencia de pareja, maltrato infantil y actitudes que favorecen la violencia; y la probabilidad de ejercer violencia contra la pareja es mayor de mujer a hombre. El estudio concluye que las políticas públicas para prevenir y atender la violencia intrafamiliar deben considerar servicios de prevención social de la violencia atendiendo a todos integrantes de la familia con antecedentes criminales y conductas de violencia intrafamiliar con programas específicos y adecuados según su perfil de riesgo.

Estamos ante una encrucijada global de proporciones nunca vistas. El planeta se calienta más rápido de lo esperado y enfrentamos condiciones climáticas cada vez más extremas, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de la vida humana en el mediano y largo plazo. El nivel de los océanos está aumentando, los arrecifes de coral están muriendo, las especies se están extinguiendo, los glaciares se están derritiendo y las condiciones climáticas extremas se hacen cada vez más frecuentes con intensas olas de calor, inundaciones, huracanes, incendios y/o sequías. Para hacer frente a esta compleja situación, todos, personas e instituciones en los ámbitos nacional, regional y global, tenemos que hacer nuestra parte para evitar llegar a un punto de no retorno. Aunque Colombia solo genera el 0,6 % de los gases de efecto invernadero (GEI), es uno de los veinte países más amenazados por la crisis climática. Nuestro país alberga el 50 % de los páramos del mundo y es catalogado como una potencia en agua, biodiversidad y ambiente, aloja alrededor del 10 % de la fauna y flora del mundo, teniendo por ello un rol central en los esfuerzos globales que se realizan para mitigar los efectos del cambio climático. También es reconocido por ser el segundo país con más alta presencia en biodiversidad en la tierra, goza de dos océanos, cinco vertientes hidrográficas, ríos, lagunas y ciénagas, siendo de esta manera el agua un recurso fundamental para el desarrollo de las generaciones futuras. El país cuenta con grandes extensiones de páramos, los cuales son la fuente del 70 % de agua dulce en nuestro país y comparte al sur de nuestras fronteras con la Amazonía, considerada la selva tropical más extensa del planeta y el pulmón del mundo. Una porción representativa de ese 10 % del total de la biodiversidad mundial que tiene nuestro país, se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), del que hace parte el Sistema de Parques Nacionales Naturales y las Reservas Forestales (más de 17 millones de hectáreas), una fuente importante de bienes y servicios ecosistémicos, entre los cuales, el suministro del recurso hídrico incluye más del 62 % de los nacimientos de los acuíferos nacionales y abastece a casi un 80 % de la población colombiana. Así mismo, protege lagunas y ciénagas que contienen el 20 % de los recursos hídricos que abastecen la generación de energía eléctrica del país. En estas áreas protegidas se conservan muestras representativas de los ecosistemas naturales marinos y continentales, los cuales, además de albergar un gran número de especies de fauna y flora, contribuyen a la regulación del clima y protegen las cuencas hidrográficas. Es así como por su especial importancia ecológica, los Parques Nacionales Naturales tienen la función de conservar, proteger y salvaguardar sus ecosistemas de especial valor por medio del Estado y de los particulares. Esta gran riqueza ambiental del país está siendo amenazada por el uso indebido de los recursos naturales, lo que genera un acelerado deterioro de los ecosistemas, alterando su funcionalidad y poniendo en riesgo la biodiversidad. Esta problemática se ha convertido en un reto de primer orden para el Estado colombiano, sus autoridades ambientales y la sociedad en general. El Sector Defensa no ha sido ajeno a esta realidad, por lo que en el marco definido por la ley, la Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha reconocido el potencial desestabilizador de las afectaciones causadas por las diversas actividades ilícitas de los Grupos Armados Organizados (GAO), los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) y ciudadanos que hacen un uso indebido de los recursos naturales. Fenómenos como la siembra de cultivos ilícitos, la extracción ilícita de minerales, la tala indiscriminada, la ganadería extensiva, el acaparamiento de tierras, la pesca ilegal, la contaminación, el vertimiento de sustancias peligrosas y el tráfico ilegal de flora y fauna, han debilitado los ecosistemas nacionales. Estas actividades ilegales afectan los recursos hídricos del país, los suelos, los páramos y la atmósfera, produciendo efectos negativos que generan deforestación, pérdida de hábitats, extinción de especies, la destrucción de fuentes de agua, el deterioro de las tierras de cultivos e impactos negativos en las reservas forestales y las áreas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). La degradación ambiental que hemos visto no solo es utilizada por las organizaciones criminales para obtener recursos que les permiten sostener su accionar delictivo en diversas zonas del país, más grave aún, se constituye en un atentado directo contra el porvenir de las generaciones futuras. Es por ello que el Sector Defensa ha reconocido el agua, la biodiversidad y el medio ambiente como activos estratégicos de interés nacional, con un carácter principal y prevalente, buscando apoyar con sus capacidades a las autoridades ambientales del país, con el fin de realizar acciones cada vez más eficaces contra las organizaciones criminales responsables del deterioro ambiental. Es en ese contexto surge la idea de este libro, que busca presentar la problemática que se enfrenta y visibilizar las acciones realizadas por el Sector Defensa en coordinación con las autoridades ambientales, con el fin de apoyar la defensa de estos activos estratégicos, así como prevenir los daños futuros a los mismos, en aras de trabajar en la protección de los recursos naturales, bajo una visión multidimensional de la seguridad. El Ministerio de Defensa (MDN) ha sido consciente de los desafíos climáticos a los que se enfrenta, no solo el Sector, sino el territorio nacional, en cuanto a los impactos cada vez mayores derivados de las condiciones meteorológicas extremas y la explotación de los recursos. Por ello, el Sector ha trabajado para alinearse con la Política Nacional de Cambio Climático, los compromisos del país ante la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), el cumplimiento del CONPES 4021 de diciembre de 2020 para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de Bosques, para así aportar con acciones de adaptación, mitigación y gestión del riesgo ante el cambio climático y variabilidad climática mediante del Plan de Gestión de Cambio Climático del Sector Defensa (PIGCCSD). Este libro reúne los principales resultados del Sector Defensa en materia de protección del medio ambiente y resalta la articulación de las políticas, así como de la operativización de las mismas por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, por la protección de los recursos naturales de la Nación, una responsabilidad que ha quedado claramente plasmada en la “Estrategia Artemisa”, que es un esfuerzo permanente, sostenido, conjunto, coordinado, e interinstitucional que permitirá proteger y defender el agua, la biodiversidad y el medio ambiente como activos estratégicos de la Nación, a partir de la lucha contra la deforestación, sus causas directas o subyacentes y contrarrestar los efectos del cambio climático, como también la lucha contra la explotación ilícita de minerales, contra los cultivos ilícitos que afectan el medio ambiente y el conjunto de actividades de control y vigilancia que apoya nuestra Fuerza Pública para la defensa de los recursos naturales. Trabajando de forma articulada con la Fiscalía, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), y la Unidad de Parques Nacionales Naturales, en diversas zonas del país, la Estrategia Artemisa ha permitido brindar apoyo a las autoridades ambientales y administrativas, para preservar y defender el agua, la biodiversidad y el medio ambiente en las áreas de reserva forestal, áreas protegidas y 59 Parques Nacionales Naturales. Mediante la Directiva Permanente 008 del 22 de marzo de 2022, el MDN institucionalizó e impartió lineamientos e instrucciones al Comando General de las Fueras Militares, la Dirección General de la Policía Nacional y la Unidad de Gestión General del MDN, con el propósito de implementar medidas, desplegar operaciones, actividades de apoyo y gestión ambiental, para la implementación de la Estrategia Artemisa. De esta forma y bajo un enfoque sostenido, conjunto, coordinado, interinstitucional y multilateral, se trabajará para incluir dentro de la doctrina militar y policial las acciones relacionadas con la protección del agua, la diversidad y el medio ambiente, al tiempo que se concentrarán los esfuerzos de inteligencia en la identificación del modus operandi de las organizaciones criminales que afectan el medio ambiente, desarrollando operaciones contra los GAO y los GDO que atentan contra el medio ambiente. Desde el 2019 a la fecha se han realizado diecisiete (17) operaciones sobre las áreas de los Parques Nacionales Naturales, especialmente en las regiones de la Amazonía y la Orinoquía, como son los Parques Nacionales Naturales (PNN) Serranía de Chiribiquete, PNN La Paya, PNN Tinigua, PNN Picachos, PNN Sierra de La Macarena, la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía y la Reserva Natural Nukak. Se han dispuesto, para esta campaña, 22.300 hombres de la Fuerza Pública, que, desde sus respectivas unidades militares y policiales resguardan las áreas protegidas del territorio nacional. Estas unidades incluyen: 10 batallones de alta montaña (páramos), una brigada contra el narcotráfico, una brigada contra la minería ilegal, unidades de guardacostas, infantería de marina y efectivos de la Policía Nacional. El Sector Defensa es consciente de que a futuro será fundamental continuar fortaleciendo las capacidades de la Fuerza Pública para, en el marco de sus competencias, continuar apoyando a las autoridades ambientales, entes territoriales y a la comunidad en la defensa y preservación del agua, la biodiversidad y el medio ambiente como activos estratégicos de la Nación. Será fundamental profundizar la disrupción del delito de la explotación ilícita de minerales, mediante el desmantelamiento de las economías ilícitas que se lucran de ella y de la afectación de la cadena criminal. En igual medida, será vital apoyar la recuperación de los ecosistemas más afectados por las actividades ilegales, por medio de actividades de restauración de áreas, del trabajo articulado con las comunidades, la construcción y mantenimiento de viveros forestales y el fortalecimiento a las investigaciones científicas lideradas desde la Armada Nacional y la Dirección General Marítima para la protección de los océanos, el recurso hídrico y sus ecosistemas. De esta forma será posible continuar trabajando en la reducción de los riesgos que se ciernen sobre los ecosistemas del país y disminuir los índices de deforestación, y tras la búsqueda de soluciones que contribuyan a la reducción y mitigación de los GEI. Esta estrategia que ha puesto en marcha el Sector Defensa y que es recogido en esta obra, presenta los aportes sectoriales del trabajo interinstitucional que se han venido realizando en los últimos años, siendo un ejemplo de la forma en la que se pueden sumar esfuerzos para contribuir a la superación de la encrucijada global que nos afecta a todos y que debe ser enfrentada con un esfuerzo común.