Academic literature on the topic 'Constitución política (1917)'

El presente artículo analiza las discusiones en materia religiosa que se dieron en el congreso constituyente (1916-1917) que dieron como resultado la delineación de un marco normativo bastante restrictivo para las asociaciones religiosas y los ministros de culto. Se muestran las razones históricas y políticas que llevaron a los constituyentes a adoptar posturas anticlericales, imponiendo una visión en la que las Iglesias debían estar sometidas al poder civil, como una medida de sujetar política, económica y socialmente a las asociaciones religiosas, especialmente la católica. Se hace un seguimiento del proyecto inicial presentado por Venustiano Carranza sobre los artículos que regularían la cuestión religiosa, el debate que se generó y cómo quedó redactado en la Constitución. A su vez, se detalla qué pasó con el episcopado mexicano durante el movimiento revolucionario (1910-1917) y su posicionamiento sobre la Constitución de 1917.

El artículo describe, en el contexto de profunda transformación social, cultural, y política experimentado por la República Oriental del Uruguay en las tres primeras décadas del siglo XX, la génesis, debate político, la ampliación del derecho al sufragio, la Convención Constituyente de 1917-1918, el complejo consenso alcanzado para sancionar la Constitución de 1918, y finalmente la experiencia de poder ejecutivo bicéfalo, con un Presidente y un Consejo Nacional de Administración, modelo implantado a partir la reforma constitucional de 1917-18 y vigente entre 1919 y 1933. Se pretende analizar la viabilidad de dichas reformas y cómo contribuyeron en la construcción del Estado-nación uruguayo y en la calidad democrática.

Al conmemorarse el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Jalisco; es menester rescatar los valores, principios e intereses que protegen y quiénes hicieron posibles dichos documentos, en los cuales destaca la inigualable figura del jalisciense Luis Manuel Rojas Arreola, quien encabezó los trabajos del constituyente de 1916 a 1917 y redactó la propuesta de Carranza.

Con base en el nuevo parámetro interpretativo resultante de las transformaciones políticas en nuesto país, que sirven como referencia al hablar de una posición privilegiada de la Constitución Política como ordenamiento jurídico con un alto contenido progresivo de derechos y libertades fundamentales a partir de la enmienda constitucional de 2011, en materia de derechos humanos y sobre la que existe un influjo considerable de normas provenientes de un sistema internacional que permiten una amplia protección para los derechos y libertades de las personas, nos obliga a cuestionarnos si es necesario que exista ¿una nueva Constitución Política? Además de ello, resulta indispensable cuestionar la vigencia, oportunidad, eficacia y fuerza normativa de la Constitución vigente a partir de 1917, considerando que la Constitución tiene normas de organización, de garantías y de procedimiento que obliga a hacer primar su obediencia, permitiendo con ello, el respeto de los derechos fundamentales y su capacidad de adaptación al cambio social.

El presente artículo aborda el análisis de lo ocurrido a un siglo de promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917, que se propuso responder a los ideales de la Revolución Mexicana de 1910. Se analizan las reformas constitucionales que, a partir de 1982 y hasta la fecha, con la llegada al gobierno federal de la denominada corriente tecnocrática, modificaron el contenido esencial del texto de 1917, dando paso a la conformación de un Estado de corte neoliberal por la vía pacífica y parlamentaria.

En este trabajo se analizan los argumentos que los cabilderos estadunidenses presentaron a su gobierno, a fin de presionar para que Washington adoptara posturas contrarias a la Constitución mexicana de 1917 o se eliminaran los artículos que afectaban a mineros, petroleros, latifundistas y comerciantes en México entre 1916 y 1921. Dichas presiones no prevalecieron pues, tanto el Departamento de Estado como la Casa Blanca, antepusieron el interés nacional por encima de los intereses particulares de los inversionistas al sur de la frontera, durante la primera Guerra Mundial. No obstante, la postura de Washington se modificó al terminar la guerra y entonces sí tuvieron impacto las demandas de los cabilderos en el diseño de la política exterior. Si bien el gobierno estadunidense no adoptó el intervencionismo de los más radicales, que insistían en que se derogara la Constitución o se modificaran algunos de sus artículos, optó por la presión diplomática para defender los intereses de sus connacionales en México.

<p> </p><p><span> </span>En el presente artículo, el autor realiza un análisis sobre la institución jurídico-política del municipio y reflexiona sobre las características que posee en la Constitución de 1917. Para ello, el autor traza una propuesta metodológica que considera: conceptos básicos, problemática, antecedentes y marco constitucional actual. Finalmente, la investigación arroja ciertas conclusiones y una propuesta que, entre otras cosas, invita a los especialistas estudiar la realidad municipal través de la nomología y crear así una tipología municipal en nuestro país.</p>

<p>El artículo repasa el contenido del capítulo procesal penal de la Constitución Política de 1917, acudiendo al texto original y comentando algunas de las principales reformas relacionadas. Se revisan también otras disposiciones dispersas en el texto de la Ley Fundamental que tienen incidencia en la materia penal. Se sostiene una posición crítica respecto a las numerosas reformas sobre el tema.</p>

Hay una línea de continuidad ideológica y política principal y clara: desde los Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán, pasando por las reivindicaciones de la Reforma, los muy importantes pronunciamientos del Programa del Partido Liberal Mexicano, la Constitución de 1917, hasta la actual rebelión de las mujeres contra la violencia y la discriminación.

El estudio de la Constitución Mexicana se revela como uno de los elementos fundamentales para entender a cabalidad tanto el ordenamiento político, la configuración orgánica de la administración pública federal y el Estado de Derecho del país. En este sentido, es necesario reflexionar respecto a cómo se han consagrado diversos principios en la Carta Magna y su evolución a lo largo de prácticamente un siglo. En este orden de ideas, el texto constitucional, además de consolidarse como norma jurídica fundamental de los Estados Unidos Mexicanos, ha demostrado su vigencia, así como su adaptabilidad por medio de diversas reformas, mismas que, si bien tienden hacia la adecuación constitucional ante los contextos dinámicos que impone la realidad del país, conservan en su esencia los principios axiológicos y políticos inmutables que surgieron desde su propio origen. De esta manera, se puede asegurar que los principios contenidos en la Constitución configuran el ordenamiento sociopolítico y conforman la base del derecho mexicano. La afirmación anterior se basa en la propia estructura jerárquica del derecho y la manera en cómo toda la normatividad subsecuente a la Máxima Norma debe ajustarse a la misma, sin que por ninguna circunstancia contravenga lo dispuesto en el texto constitucional. Toda evolución del cuerpo político y normativo mexicano se ha dado en torno de los principios que forman su estructura rectora. Es así que el presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis sobre los principios constitucionales y su permanencia a través de los años, así como también a su adaptación en respuesta a las necesidades nacionales por medio de las reformas que han experimentado los artículos constitucionales en cada uno de los periodos presidenciales. La presente investigación se encuentra motivada por el cumplimiento del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y está basada en un capítulo de libro realizado en coautoría y que es publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México y la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados. Para su desarrollo, el trabajo se encuentra estructurado en cuatro apartados. El primero de ellos aborda la clarificación conceptual acerca de los principios, partiendo desde la axiología, los valores y la función de los mismos como base para el establecimiento de los principios constitucionales, al establecer el alcance de cada uno de los conceptos y su respectivo aporte para el adecuado entendimiento respecto a los principios. En el segundo apartado se procede a ahondar en la definición de los principios y sus funciones, con lo que se da paso al estudio sobre los principios generales del derecho y la manera en que éstos participan en la creación de los principios constitucionales, con lo que se da paso a la configuración política, administrativa y jurídica del Estado Mexicano. El tercer apartado se centra en el estudio de los principios constitucionales, la identificación singular de cada uno de ellos, el análisis respecto a las reformas que ha experimentado el texto constitucional en los periodos presidenciales del siglo XX y comienzos del XXI, tomando como punto de partida el mandato de Álvaro Obregón y concluyendo con la administración encabezada por Enrique Peña Nieto; el análisis se realiza por medio de la revisión a los artículos modificados en cada sexenio y los principios constitucionales con los que se ve relacionadas dichas adecuaciones. Finalmente, en el cuarto y último apartado se encuentran contenidas las consideraciones finales del estudio.

Sociólogo
El análisis de los procesos históricos del país puede tomar tantos caminos como historiadores existen. Dentro de la historia escrita, uno de los periodos que ha sido interpretado desde diversos autores, es la formación del Movimiento Obrero y su desarrollo. Situado tradicionalmente a fines del siglo XIX y comienzos del XX, el Movimiento Obrero Chileno representa el primer intento sociopolítico por reivindicar la posición de los trabajadores en la sociedad y alcanzar demandas históricas, relacionadas con las condiciones sociales y económicas de los sectores populares. La importancia de este movimiento para la historia política del país, ocupó el tiempo de varios investigadores que se dedicaron a medir su influencia. Sin embargo, hasta mediados del siglo XX, la historiografía conservadora dominante, había hecho parecer que este levantamiento popular era el resultado de la pérdida de autoridad de las elites en la conducción del país, más que responder a un proyecto popular de genuina construcción. Sin embargo, desde la década del 50’ en adelante, se revaloriza el rol que asumen los sectores populares en el devenir histórico y con esto, se reinterpreta el Movimiento Obrero como la consolidación del primer proyecto de clase de los obreros del país. Una de las perspectivas más importantes que asume esta tarea fue la historiografía marxista, que enfatiza en la influencia de los fenómenos estructurales para la historia de los sectores populares. No obstante su gran contribución, al tratar de comprender la formación histórica de la clase obrera, por medio de las estructuras económicas y políticas del país, deja un vacío alrededor de los fenómenos que se explican en función de las relaciones internas de los sujetos y, por lo tanto, posterga el estudio de las clases sociales desde el nivel de la experiencia. El fenómeno político desde esta visión, queda supeditado a las fluctuaciones de procesos que suceden por sobre los individuos. Avanzado el siglo se reconoce esta deuda teórica: el estudio preocupado por las estructuras sociales cede el paso al interés y al conocimiento de las prácticas culturales y sociales de los actores. La historia se comienza a abordar “desde abajo”, promoviendo el estudio de las acciones diarias, organizaciones y aspiraciones de los protagonistas de los grandes acontecimientos. A través de esta Nueva Historia Social, el sujeto popular se rescata desde la multiplicidad de sus asociaciones horizontales y de su capacidad de construir proyectos alternativos al sistema dominante. Desde este momento, se destaca la importancia de los fenómenos microhistóricos y se discute con las teorías que plantean una relación causal directa entre los comportamientos de los sujetos y los cambios estructurales que vive la sociedad. A pesar de reconocer la interferencia de los factores económicos y políticos que suceden a nivel general, el mundo social y cultural de los individuos se comprende dentro de su propia dinámica. Bajo esta perspectiva, el fenómeno del Movimiento Obrero se puede observar como un proceso activo de formación, un devenir histórico que se suscito dentro, y no fuera, de los actores populares. Instalada desde una óptica sociohistorica, que funde en una sola propuesta teórica el estudio de un periodo histórico con el análisis fragmentado del proceso de constitución del sujeto popular, la presente investigación avanza sobre la trayectoria política de dos de los protagonistas más importantes del Movimiento Obrero, los artesanos de Santiago y los obreros del salitre, abordando, desde su propia interpretación y experiencia de clase, el proceso de politización que ambos enfrentaron y que dieron vida a este movimiento. Los primeros, elegidos por representar el inicio de la sociabilidad política dentro del mundo popular y, los segundos, por ser quienes retoman y desarrollan con mayor fuerza el proyecto obrero revolucionario, logran expresar en su conjunto la continuidad del Movimiento Popular y, a su vez, diferenciarlo en dos etapas distintas. Cada uno condujo el movimiento respondiendo a sus propias particularidades históricas y, en ese sentido, es que se transformaron en íconos de dos momentos dentro del proceso formativo del sujeto político popular: los artesanos, representando el periodo mutualista y solidario que caracterizaron los primeros años del movimiento, mientras que los proletarios del salitre protagonizaron la etapa de lucha directa contra el capital, que culminó con las primeras organizaciones sindicalistas del país. A pesar de que existen otros actores que interfirieron en el Movimiento Obrero, como los trabajadores de Valparaíso, Talca, Lota, Coronel y Magallanes, por nombrar algunos, en esta oportunidad solo nos enfocaremos a los artesanos de Santiago y obreros de la zona salitrera, dejando abierta la pregunta sobre la trayectoria particular del resto de los trabajadores del país. El presente estudio, pretende observar la formación del Movimiento Obrero a través de las vivencias y experiencias de los propios trabajadores, de la propia interpretación y definición que hacen ellos de la lucha política que protagonizaron. Cuando se logra reconstruir un proceso histórico, a partir de la observación de los pensamientos y manifestaciones de los actores y a su vez, se les instala dentro de un contexto social, político, cultural y económico particular, se descubre a la sociedad en su pleno funcionamiento, la evolución de los individuos dentro de ella y el momento de origen de las nuevas ideas. Solo de esta forma, se puede reconocer el momento en que se pone en marcha el proceso político que convierte a los individuos en sujetos de la trasformación y a su vez, el tiempo en el que podemos hablar de una culminación de este mismo proceso. Así, entendemos que el proceso de politización se inicia cuando cierto grupo de individuos, excluidos de los mismos derechos y posiciones, logra interrumpir el funcionamiento normal del orden y proponer una nueva distribución de los recursos o, dicho de otro modo, una nueva forma de organización económica y social que les permita alcanzar esos derechos y posiciones y que, en los casos más desarrollados, se eleve como un nuevo proyecto de sociedad. Esto no implica que para que sea político, necesariamente el nuevo proyecto que encarnan se deba legitimar en el campo político del sistema o, como diría Gabriel Salazar, se convierta en un discurso de legitimación sistémica y se imponga sobre otros, solo es necesario que se presente como una construcción colectiva de transformación social. De esta forma, a través de un proceso de formación de identidad colectiva, los individuos que antes definían en forma relativamente individual sus principales problemas, creencias y acciones, ahora se reúnen y reinterpretan colectivamente su realidad, tomando conciencia de que forman parte de un grupo histórico que comparte las mismas necesidades y que, por ende, solo actuando en forma conjunta lograrán su reivindicación. En este contexto, los sujetos toman conciencia de la posición que ocupan en la sociedad en contradicción con la que deberían ocupar, de las principales causas de sus miserias y de la fuerza social que reúnen para revertir su situación. El proceso de politización, así definido, es de carácter evolutivo y si bien presenta una duración indeterminada, pues siempre está en un continuo estado de cambio, encarna momentos en el que se consolida y se expresa a través de un proyecto político definido y defendido por un grupo que comienza a actuar como clase. En este sentido, cuando este proyecto se manifiesta en forma clara, precisa e inamovible, tanto en los discursos como en las acciones de los sujetos, podemos advertir que el proceso político ha llegado a un punto culmine, independiente de sus transformaciones futuras. Así por ejemplo, cuando los artesanos de Santiago a finales de 1890, representaban sus intereses en torno al Partido Democrático y defendían su proyecto social por medio del sistema político formal, estaban reafirmando una postura que se venía consolidando durante todo el siglo XIX y que culminaba con su baja participación en la huelga general de ese año. Por su parte, a finales de la segunda década del siglo XX, los obreros del salitre reunían las condiciones para consagrarse como genuinos representantes del proyecto revolucionario socialista y, a su vez, presentaban redes organizativas que les permitía desarrollarlo en toda su amplitud. Estos dos hechos, simbolizan uno de los puntos más altos dentro del proceso de politización particular en cada uno y marcan la consumación de una etapa histórica que se venía gestando en el seno de cada sector. Por otra parte, la complejidad del fenómeno político merece que observemos en qué medida los elementos de las demás esferas de la sociedad, es decir, lo económico, social y cultural, intervienen en su desarrollo. Estas dimensiones se interrelacionan y van evolucionando en forma conjunta, de manera que las diferencias de los procesos de politización entre los artesanos de Santiago y los obreros del salitre, que finalmente los llevó a defender distintos proyectos políticos, responde a las particularidades de sus condiciones externas, que configuraron entre ellos distintas formas de sociabilidad y dinámicas de relación. En este sentido, a pesar de que el Movimiento Obrero es uno solo, se constituyó de forma particular en los distintos segmentos del sector popular, por lo que se vuelve fundamental la observación disgregada de los protagonistas, de acuerdo con su participación y contribución a éste. Si en un primer momento -debido a las transformaciones culturales y sociales que acarreó el crecimiento y modernización que experimentan las ciudades del país, principalmente Santiago y Valparaíso- fueron los artesanos quienes asumen el desarrollo de las primeras formas de sociabilidad política, serán los obreros de la zona norte - luego de la implantación del salitre como principal fuente productiva del país, que intensifica la explotación social y económica de los trabajadores - los que logran consolidar el movimiento y direccionarlo hacia un proyecto de clase . Por esto, es posible señalar que aún cuando el movimiento se pueda plantear cómo un proyecto único, donde convergen todos los intereses de los sectores populares, obreros del salitre y artesanos de Santiago tuvieron una trayectoria política particular que merece ser estudiada. La prensa obrera, como fiel representante del discurso público de los sectores populares, nos permite observar a fondo los pensamientos y principales acciones de los trabajadores. Es con una de las pocas fuentes que se puede observar el despliegue del pensamiento obrero y la evolución que va experimentando. Son numerosos los estudios que explican la evolución política de ambos sectores desde la recopilación cuantitativa de datos empíricos y que operan en el nivel de las acciones concretas de los sujetos, nos referimos específicamente a la frecuencia en sus huelgas y manifestaciones. No obstante, esto solo permite obtener una visión general del movimiento y su transformación. Cuando nos atrevemos a definir la constitución del sujeto político como un fenómeno que está ligado a un proceso complejo, intervenido por variables culturales y sociales; cuando otorgamos la importancia de la construcción colectiva de una identidad, como proceso necesario para el desarrollo político de un grupo; y por último, cuando encontramos una fuente que nos permite distinguir los elementos centrales del comportamiento político, acción y discurso, parece insuficiente seguir observando la frecuencia de manifestaciones, sin ligarlo a los elementos discursivos e identitarios que lo interpelan y que expliquen las estrategias de acción concertadas y el contenido explicativo que las trascienden. El carácter que asumió cada proceso de politización, ha sido develado entonces por la observación de la prensa en dos periódicos históricos. Primero, en el caso de los artesanos, se revisaron las publicaciones desde 1850, por representar el periodo en donde se empiezan a desarrollar sus primeras manifestaciones políticas autónomas, hasta 1890, año en que se produce la baja de su injerencia en el movimiento político. Segundo, para los obreros del salitre, se analizaron los periódicos publicados entre 1890, en donde se incorporan públicamente en la escena política, visualizado en su participación en la Huelga General, y 1918, por ser el año en que se encuentra consolidado el proyecto obrero socialista y donde ha alcanzado su mayor expresión en organizaciones que reúnen en un solo frente a todos los trabajadores del país. Finalmente, va a ser la forma que adquieran las acciones colectivas desplegadas por ambos actores en el periodo correspondiente, lo que irá definiendo su proceso de politización y los irá situando dentro de un proyecto colectivo. A nivel de discurso, hemos resuelto que, a grandes rasgos, estas acciones colectivas se expresan por medio de la declaración de sus principales posiciones políticas y económicas, de la definición de sus reivindicaciones y propuestas para solucionarla, de la construcción ideológica de su pensamiento y de las nociones culturales que le dan significado a sus creencias y actos; a nivel de acción, a través del despliegue de estrategias y métodos concretos para alcanzar sus objetivos y de asociaciones sociales y políticas que los reúna física e ideológicamente en un terreno común. Así, estas variables, situadas en cada actor como parte de un único proceso formativo, nos ayudaran a comprender la complejidad de su devenir histórico y el resultado del Movimiento Obrero. En los últimos tiempos en Chile, podemos encontrar muy pocos trabajos sociológicos que se orienten a explicar procesos históricos. La tendencia de esta disciplina, ha estado ligada a entender los fenómenos del presente a partir de explicaciones y procesos que ocurren en el mismo presente. El trabajo que presentamos hoy, se sitúa al margen de esta tendencia y reivindica la importancia del análisis social del pasado en la comprensión de los problemas actuales. Su principal contribución, es entregar una herramienta conceptual que explique el proceso de politización, a través del estudio de sujetos históricos pasados para abordarlo en toda su extensión, y que pueda ser utilizado para el análisis de este mismo proceso en otros actores e incluso en actores de otros tiempos. En última instancia, el gran aporte de esta investigación es ampliar, a partir de un exhaustivo análisis, los registros que se tienen sobre el pensamiento popular en Chile, de manera de ir conociendo nuestra historia cada vez mejor e ir aprendiendo de ella.

Las fuertes tensiones y desavenencias registradas entre los Estados chileno y peruano son de larga data y públicamente conocidas, ya que se remontan a sus respectivos procesos de constitución como Estado-nación. Inmersos en ellos, durante el siglo XIX la definición de sus territorios y fronteras recurrió a los conflictos bélicos, mecanismo que prolongó las consecuencias políticas, territoriales, sociales y económicas y se proyecta hasta la actualidad.

Este capítulo busca analizar el SGP, en lo que respecta a las participaciones, transferencias y asignaciones de recursos de departamentos, municipios y distritos para el agua potable y saneamiento básico, y su posible mejoramiento y eficacia en razón de la implementación de nuevas herramientas tecnológicas y la adopción efectiva y real de las TIC. Así pues, se analiza cómo la Ley 1977 de 2019 puede contribuir a dicho mejoramiento y, consecuentemente, apoyar a que el Gobierno central y las entidades territoriales logren garantizar el derecho fundamental de acceso real y efectivo al agua potable y saneamiento básico. Para ello, el capítulo se divide en cuatro secciones. En una primera sección, se analiza y describe el SGP en la perspectiva de su contexto histórico antes de la vigencia de la Ley 1977 de 2019 y en particular respecto de la gobernabilidad hídrica; en una segunda y tercera sección, se estudian lo que son las TIC y su incidencia en el SGP; y, finalmente, se presentarán las conclusiones sobre los análisis realizados.

Este informe tiene como propósito evaluar el proceso a través del cual, entre 1980 y 1999, una mirada sensible a las discriminaciones y subordinaciones de género se fue abriendo paso en la sociedad civil colombiana y en el conjunto de sus instituciones. 1 En este trab:;ijo, la categoría "sociedad civil" no sólo denota rasgos descriptivo-organizativos, sino que también se refiere a la existencia o ausencia de elementos cualitativos. Éstos vinculan la constitución de la sociedad civil con el de régimen democrático; si las innumerables iniciativas colectivas y organizadas confluyen para que se fortalezca una esfera de debate público incluyente y vital, entonces concluimos que no sólo se están gestando organizaciones sociales, sino que además existe una sociedad civil en vías de afianzamiento (Fraser, 1997). En estas esferas de debate los movimientos, las redes, las organizaciones y los individuos mismos adquieren las destrezas propias de una toma de decisiones democrática: transar, presionar, negociar, aceptar el disenso, manejar el conflicto y gestar consensos mínimos para actuar colectivamente -tanto dentro de la organización como en sus relaciones con otros movimientos e instituciones-. En otras palabras, es en esos lugares de encuentro y debate donde los individuos se transforman en ciudadanos y ciudadanas, personas conscientes no sólo de sus intereses, necesidades, retos, valores y definiciones personales de "buena vida", sino de aquellos aspectos que concuerdan o que chocan con los de los demás. La transformación del individuo en ciudadana(o) en la esfera pública implica, además, que la persona se descubre como sujeto portador de derechos y obligaciones que comparte con los otros miembros de una comunidad política.

Tras la promulgación de la constitución de 1991, que aumentó la autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales, se dio un deterioro creciente de las finanzas territoriales, que a su vez amenazó con poner en riesgo la posición fiscal del gobierno nacional central. Como respuesta a este problema, a partir de 1997 se introdujeron reglas fiscales para los gobiernos subnacionales. Un reciente documento de la revista Ensayos Sobre Política Económica (ESPE), de autoría de un grupo de investigadores del Banco de la República, estudia la implementación y el impacto de estas medidas, las cuales precedieron la regla fiscal del gobierno nacional por más de una década.

Usando series históricas de ingresos y gastos ejecutados por los distintos niveles de gobierno para el periodo 1923-2020, este documento describe la evolución de los desequilibrios fiscales verticales y horizontales entre el gobierno nacional, los departamentos y los municipios en Colombia. El análisis permite identificar cuatro grandes momentos de las finanzas públicas territoriales en Colombia. Las décadas de 1910 y 1920 constituyen un primer momento marcado por el fortalecimiento de la autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales. Posteriormente, con la República Liberal en los treinta, inició un segundo periodo caracterizado por reformas centralizadoras que buscaron robustecer los ingresos del gobierno nacional central, y en menor medida los de municipios y departamentos. En el lapso de 1960-1990, los cambios se enfocaron en corregir los desbalances fiscales existentes a través del aumento de las transferencias a las regiones, la creación de institutos descentralizados y fondos territoriales, y la introducción de un nuevo estatuto tributario territorial en 1983. Finalmente, un último momento inicia con la Constitución Política de 1991, la cual dio un impulso final a la descentralización y abrió el camino hacia las reformas que construyeron el actual marco normativo de las finanzas públicas territoriales en Colombia.