Academic literature on the topic 'Confusion de patrimoine'

Les termes qui définissent notre culture d’aujourd’hui, européenne foncierement mais globalisée et a prétention universelle, sont ceux d’une classification patrimoniale. Toute création ou forme de vie doit etre considérée au titre du patrimoine UNESCO pour qu’elle acquiert une réelle attention de public, pour qu’elle soit considérée comme réellement importante. Le terme monument, beaucoup plus ancien et plus clair dans sa définition se trouve a la base de cette idée patrimoniale, mais converti aujourd’hui, torsionné pour devenir un garant historique d’une pensée qui n’est que trope récente et trop idéologisée. Ou se trouve l’origine de cette confusion, de cette ambiguité entre monument et patrimoine? Dans l’étymologie et l’histoire meme des termes ou dans la pratique qu’on accorde aujourd’hui a ces termes, sans réelement comprendre leur arriere fond théorique.

Le fait patrimonial touche à trois questions : celle de la destinée générale des oeuvres et des objets matériels, celle de la représentation d'une collectivité, celle enfin de l'herméneutique ou de l'interprétation du passé. Ainsi son histoire doit-elle réunir des traditions disciplinaires fort diverses, afin d'éclairer la genèse des politiques de sauvegarde, les vicissitudes des stéréotypes identitaires, l'enjeu des réflexions sur l'authenticité.Or la spécificité de la voie française du patrimoine a longtemps entraîné une confusion préjudicielle entre son analyse et le jugement porté sur la Révolution tout entière.

Se parte de un intento de profundización en los factores que rodean la actual confusión sobre el patrimonio, tanto en el plano conceptual como en las prácticas que lo rodean, poniendo de manifiesto la imposibilidad de una definición formal de sus contenidos. Por tanto, se considera que el patrimonio no puede ser definido a priori. En consecuencia, se confirma que su concepto tiene un carácter histó­rico y sujeto a la posibilidad de una determinación en términos de las genealogias de M. Foucault. Se analiza el crecimiento de sus contenidos y su consecuente territorialización.

El presente artículo hace referencia a los problemas que presenta la protección y conservación del patrimonio cultural del centro histórico de la ciudad del Cusco, entre los años de 1950-2005, los factores materia de estudio son la tradición y la modernidad, al estar nutridos de contenido ideológico, manipulados por las instancias del poder; político, económico, social y cultural. Se trató de descubrir cuáles son los niveles de participación, influencia que se encuentra en la concepción y la práctica de la planificación, el urbanismo, la nueva arquitectura y en la disciplina de la conservación, en el esfuerzo por salvaguardar el patrimonio cultural local, sin embargo, nos encontramos con un panorama confuso y contradictorio, produciendo pérdida y destrucción en el patrimonio cultural del centro histórico del Cusco.

El presente artículo hace referencia a los problemas que presenta la protección y conservación del patrimonio cultural del centro histórico de la ciudad del Cusco, entre los años de 1950-2005, los factores materia de estudio son la tradición y la modernidad, al estar nutridos de contenido ideológico, manipulados por las instancias del poder político, económico, social, cultural. Se trató de descubrir cuáles son los niveles de participación, influencia que se encuentra en la concepción y la práctica de la planificación, el urbanismo, la nueva arquitectura y en la disciplina de la conservación, en el esfuerzo por salvaguardar el patrimonio cultural local, sin embargo, nos encontramos con un panorama confuso y contradictorio, produciendo pérdida y destrucción en el patrimonio cultural del centro histórico del Cusco.

<p>Con su aguda visión, el autor examina los intereses respectivos de las disciplinas de la Restauración y la Historia y los riesgos de una eventual confusión, identificación o superposición de objetivos. La historia entendida en la restauración en sus diversos casos como guía operativa, instrumento materializador, espectáculo teatral o monumento a sí misma proporciona claves para el análisis y la comprensión de muchas intervenciones en el patrimonio del pasado y del presente.</p>

Durante los últimos decenios, se está produciendo un acercamiento, a menudo confuso, entre el patrimonio material y el inmaterial. El desplazamiento del eje gravitacional del objeto al sujeto y, en consecuencia, la consideración del patrimonio como el valor que se le asigna a ciertos elementos, bien de forma institucional, bien de forma identitaria, está haciendo recalcular el significado y misión de los reconocimientos patrimoniales internacionales más prestigiosos. Este artículo parte de la premisa de que, en la asignación de ese valor patrimonial, la materialidad puede ser más o menos importante (grande en el patrimonio inmueble, mínima o nula en el inmaterial), pero la espacialidad, en cambio, siempre es un componente básico. Valor y espacio son pues dos referentes clave que precisan de un entendimiento simultáneo, correlacionado y que supere las taxonomías patrimoniales clásicas. Así, se reflexiona sobre los grandes programas internacionales de reconocimiento patrimonial representativo (la Lista del Patrimonio Mundial y los listados Patrimonio Cultural Inmaterial) y sobre las estrategias que deben orientar, a partir del nuevo marco conceptual, la tutela y la activación del patrimonio. Como conclusión principal, y tras proponer un listado español de bienes susceptibles de una lectura conjunta en las listas patrimoniales representativas de la Unesco, se apunta a la necesidad de establecer programas y listados de bienes convergentes, permeables a las políticas de desarrollo territorial y más atentos, no solo a los aspectos ambientales, sin duda imprescindibles, sino también a las bases sociales que sustentan la autenticidad del patrimonio.

Francia es generalmente considerado como un país monolingüe o lingüísticamente unitario, pero esa realidad es muy matizable: junto al francés, única lengua oficial, conviven otras muchas «lenguas de Francia», constitucionalmente consideradas «patrimonio de la República», cuyo estatuto jurídico no está claro, centrándose en las ideas de protección y promoción. Ello ha suscitado diversos problemas, como el de la inmersión lingüística en la enseñanza, que recientemente han sido objeto de regulación y de análisis por parte del Consejo constitucional, con un resultado que ha generado confusión y es a su vez objeto de un profundo debate.

Actualmente se considera que las empresas familiares son el factor principal de la Economía de un Estado, éstas se crean a partir de un proyecto que se convierte en un negocio que llega a representar el patrimonio de una familia, el cual busca el bienestar de la población satisfaciendo necesidades. El objetivo de esta investigación es conocer los retos y problema que las empresas familiares necesitan superar para poder sobrevivir. En los resultados encontramos que algunos de los problemas que enfrentan son, confusión entre empresa y familia, nepotismo, exceso de familiares en la empresa, conflictos emocionales y organizaciones poco profesionales.

El estudio de nuestro patrimonio bibliográfico teatral áureo encuentra uno de sus mayores problemas al enfrentarse a la asignación de autorías y títulos falsos en sus textos, una práctica habitual en la imprenta del Siglo de Oro que gozó de especial fortuna en el género editorial de las sueltas. Estas circunstancias también se dan en los impresos conservados de Haz bien y guárdate, atribuido a Calderón, y La confusión de un jardín, atribuido a Moreto. Este artículo aborda la tipografía de sus sueltas, su historia textual y sus atribuciones, a partir de las herramientas de la bibliografía material, la crítica textual y la estilometría. Frente a lo que se sabía hasta el momento, nuestros resultados permiten concluir que se trata de la misma obra, transmitida bajo dos títulos y dos autorías, y que su paternidad no le corresponde a ninguno de estos dramaturgos.

La confusion des patrimoines est l'interpenetration de plusieurs patrimoines reels dont l'un au moins est celui d'un commercant (personne physique ou personne morale). La premiere partie de cette these, consacree a la constatation de la confusion des patrimoines, examine quels sont les indices retenus par les magistrats pour etablir l'existence d'une confusion entre patrimoines sociaux ou entre patrimoines dont l'un au moins est un patrimoine personnel. La seconde partie traite de l'action en confusion des patrimoines c'est-a-dire des differentes regles juridiques elaborees par la jurisprudence permettant notamment d'etendre le redressement ou la liquidation judiciaire d'un debiteur a celui qui a confondu son patrimoine avec le sien
Confusion of estates is the interpenetration between several estates, of which at least one is attached to a natural person doing business or to a company. The first part of this thesis deals with how confusion of estates is characterized and which facts are considered by french magistrates to establish confusion between the estates of companies or between estates of which one at least is attached to a natural person. Its second part deals with the action for confusion of estates, i. E. With the rules of case law permitting for instance that proceedings for reorganization ("redressement judiciaire") or bankruptcy ("liquidation judiciaire") filed against one debtor be extended to such other person who deliberately created confusion between his own estate and that of the said debtor

L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines permet de soumettre une pluralité de débiteurs à une unique procédure collective. Les récentes réformes ont profondément modifié la nature de ce mécanisme : longtemps perçu comme une véritable sanction, ce dernier tend de plus en plus à être utilisé comme un simple outil de restructuration, voire de protection. Ses effets autrefois redoutés sont aujourd’hui recherchés. La thèse révèle la complémentarité de ces derniers dans le traitement des situations de confusion des patrimoines et propose plusieurs solutions permettant d’assurer leur prévisibilité. Elle suggère également plusieurs pistes de réflexion permettant de mettre en adéquation les cas de recours au mécanisme à la nature particulièrement originale des effets produits par ce dernier
Extending a collective insolvency procedure in the case of estate compels a number of debtors to comply with a unique collective procedure. Recent reforms have deeply modified the nature of this mechanism: for a long time perceived as a sanction, it is now used as a simple tool for restructuring, and to an extent a tool for protection. Its consequences were once dreaded, whereas now they are coveted. This thesis enhances the complementarity that exists between the latter when dealing with situations of estate confusion and offers several solutions enabling foreseeability. Furthermore, it opens up to several lines of thoughts that can correlate cases when resorting to this mechanism to the particularly original effects generated by the latter

L’extension d’une procédure collective est une création jurisprudentielle consacrée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. Elle a pour objectif de reconstituer artificiellement le patrimoine séparé du débiteur. Ainsi, elle va consister à étendre la procédure collective initiale à une ou plusieurs personnes physiques ou morales. L’extension de procédure collective revêt un avantage considérable pour le débiteur dans la mesure où elle va lui offrir plus de possibilités et de moyens lui permettant de résoudre au mieux ses difficultés. De même pour le créancier qui verra le patrimoine du débiteur réuni à celui d’une tierce personne. Son fondement juridique est l’article L. 621-2 du code de commerce. Il dispose que le tribunal doit caractériser l’existence d’une confusion de patrimoine ou la fictivité avant de prononcer un jugement d’extension de procédure collective. La jurisprudence contribue grandement à l’évolution législative de l’extension de procédure collective. En dépit de la codification de cette procédure, la jurisprudence y occupe une place omniprésente. Ce rôle s’explique par le fait que le législateur laisse au juge le pouvoir d’interpréter et d’apprécier l’extension de procédure collective, sur la base de ses deux causes qui sont respectivement la confusion de patrimoine et la fictivité. Quel est donc le pouvoir d’appréciation laissé au juge ? Il s’agit de l’interprétation dont dispose ce dernier concernant l’existence de la fictivité ou de la confusion de patrimoine. Ainsi donc, pour prononcer une extension de procédure collective sur la base de la confusion de patrimoine, le juge doit nécessairement caractériser l’existence de relations financières anormales ou l’imbrication inextricable des patrimoines, à savoir celui du débiteur principal et celui ou ceux des personnes à qui il voudrait étendre la procédure collective.L’appréciation du caractère fictif de la personne morale est le cas le moins fréquent mais reste le plus complexe à déterminer. Les juges ont la lourde responsabilité de déceler la fictivité d’une personne morale et se heurtent la plupart du temps aux divers montages financiers établis dans les groupes de sociétés.Le juge n’a pas à chercher si la confusion de patrimoine entre deux personnes physiques ou morales a causé un préjudice au débiteur principal pour étendre sa procédure collective. Cet encadrement législatif laisse apparaître que les juges sont libres de prononcer l’extension de procédure collective en prenant en compte le fait qu’un contrôle rigoureux de leur décision est réalisé par la Cour de cassation. En outre, au regard des intérêts divergents du débiteur et du créancier, mais aussi en raison de l’impact des décisions d’extension de procédure collective sur la vie économique de ces deux catégorie de personnes, les décisions prononçant l’extension de procédure collective font l’objet d’un contrôle rigoureux de la part de la Cour de Cassation.Toutefois si cette procédure recèle bien des avantages, il n’en demeure pas moins, qu’au regard de sa pratique, certaines réformes pourraient permettre de l’améliorer
The extension of a collective procedure is a jurisprudential creation enshrined in the law on the protection of companies of 26 July 2005. Its objective is to artificially reconstitute the debtor's prepared assets. Thus, it will consist in extending the initial collective procedure to one or more natural or legal persons. The extension of collective proceedings is of considerable benefit to the debtor insofar as it will offer him more possibilities and means to solve his difficulties as well as possible. The same applies to the creditor who will see the debtor's assets combined with those of a third party.Its legal basis is Article L. 621-2 of the French Commercial Code. It provides that the court must characterize the existence of a Confusion of patrimony or fictitious nature before pronouncing a judgment extending collective proceedings. Case law contributes significantly to the legislative evolution of the extension of collective proceedings. Despite the codification of this procedure, case law is omnipresent. This role is explained by the fact that the legislator gives the judge the power to interpret and assess the extension of collective proceedings, on the basis of its two causes, namely confusion of assets and fictitious acts. What is the discretion left to the judge? This is the latter's interpretation of the existence of fictitious or confusing assets. Thus, therefore, in order to pronounce an extension of collective proceedings on the basis of the Confusion of Assets, the judge must necessarily characterise the existence of abnormal financial relations or the inextricable interweaving of assets, namely that of the principal debtor and that of the person or persons to whom he would like to extend the collective proceedings.The assessment of the fictitious nature of the legal person is the least frequent case but remains the most complex to determine. Judges have a heavy responsibility to detect the fictitious nature of a legal person and most often encounter the various financial arrangements established within corporate groups.The need not to look for whether the confusion of assets between two natural or legal persons has caused prejudice to the principal debtor in order to extend his collective proceedings. This legislative framework shows that judges are free to extend collective proceedings, taking into account the fact that their decision is rigorously reviewed by the Court of Cassation. In addition, in view of the divergent interests of the debtor and the creditor, but also because of the impact of decisions to extend collective proceedings on the economic life of these two categories of persons, decisions ordering the extension of collective proceedings are subject to rigorous control by the Court of Cassation.However, while there are many advantages to this procedure, the fact remains that, in terms of its practice, some reforms could improve it

Il n'est pas rare qu'une société commerciale soit exploitée dans des locaux loués à une SCI aux dirigeants communs et avec des liens en capital. Les créanciers de la société commerciale en procédure de liquidation judiciaire tentent alors de mettre la main sur le patrimoine de la SCI de façon à se faire payer. Ils invoquent ainsi en justice la confusion du patrimoine des deux sociétés et demandent l'extension à la SCI de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société commerciale, afin que les deux patrimoines confondus répondent ensemble du passif. Or, les tribunaux défendent farouchement l'autonomie juridique des sociétés : Dès lors qu'elles ont conservé une activité indépendante, un actif et un passif propres, l'existence d'une simple unité économique ne suffit pas à caractériser la confusion de leur patrimoine. Les juges sont aussi très réticents à prononcer la fictivité d'une SCI ayant pour but d'acquérir les locaux d'exploitation d'une société commerciale dont elle dépend. La réunion des patrimoines de plusieurs sociétés n'est admise qu'à des conditions extrêmement restrictives. Selon les tribunaux, deux critères sont révélateurs : la confusion des comptes et les relations financières anormales entre sociétés. Dans le premier cas, on ne sait plus à quelle société rattacher tel bien ou telle dette, le second étant caractérisé par des transferts de fonds sans contrepartie d'une société vers une autre. Dans le cadre du couple SCI/société commerciale, ce sont surtout les relations financières anormales qui sont retenues
It is not uncommon for a commercial company to operate from premises rented from an SCI which has the same executives as itself and financial ties. The creditors of a commercial company undergoing liquidation proceedings may therefore try to lay their hands on an SCI's assets in order to be paid. They will thus invoke in court the indistinctness of the two companies' assets and call for the legal action taken against the commercial company to be extended to the SCI, in order for both companies''assets to be answerable for liabilities. The courts however fiercely defend the legal autonomy of companies. They maintain that as long as companies have had independent activities, and their own assets and liabilities, the existence of a single economic unit does not suffice to prove combined assets. Judges are also very reluctant to pronounce as fictive an SCI whose aim is to acquire premises for the company it belongs to. The merging of several companies' assets is only accepted in extremely restrictive conditions. As far as the courts are concerned, there are two revealing criteria : joint accounts and unusual financial dealings between companies. In the first instance, it cannot be clearly indentified to which company a specific asset or debt belongs. The second instance is characterised by the transfer of funds from one company to another without countepart entries. In the case of an SCI / commercial company partnership, unusual financial dealings are mainly taken into account

Dans le cadre de la faillite, la confusion des patrimoines donne lieu à un mécanisme hautement dérogatoire qui nécessite que soit identifiés avec précision les critères distinctifs de cette notion. Jusqu'il y a peu, celle-ci se définissait comme un mélange inextricable des patrimoines. Une définition qu'est venue bouleverser l'adoption d'un double critère de confusion qui marginalise l'appréhension traditionnelle de la notion. Alors que le critère de la confusion des comptes s'y rattache encore incontestablement, celui, autonome et très prépondérant des relations anormales conduit la notion au-delà de ses frontières originelles. Quelle est le nouveau contenu de la confusion des patrimoines? Si le critère suggérerait qu'elle recouvre désormais un mélange seulement anormal des patrimoines, cette définition ne peut être admise, sacrifiant l'originalité de la notion comme la légitimité et la cohérence du mécanisme qui en découle. L'exploration de différentes pistes, à la recherche du critère alternatif véritable, ne conduit encore pas à mettre en évidence cette nouvelle définition de la confusion: ni la fraude, ni l'abus de droit, pas plus que la simulation, l'apparence ou l'unité d'entreprise ne permettent aujourd'hui de comprendre la notion de confusion des patrimoines, cause d'extension de procédures collectives. Peut-être alors faut-il remettre en cause l'existence d'un critère alternatif et la redéfinition de la notion, pour proposer une re-définition qui, sans condamner le recours aux relations anormales, mais en redéfinissant leur fonction, restituerait à la confusion son contenu initial, son originalité et la cohérence du mécanisme qu'elle engendre

Le régime juridique de la société anonyme unipersonnelle (SAU) de droitOHADA est défini par renvoi au régime prévu pour la SA pluripersonnelle, avec desadaptations minimales. En réalité, le caractère unipersonnel de la SA lui confère une certaineparticularité qui rend inappropriée la transposition pure et simple des règles du modèlepluripersonnel. Outre les difficultés d’application qu’elle entraîne souvent, la technique durenvoi laisse irrésolues de nombreuses questions suscitées par l’unipersonnalité. Le régimejuridique de la SAU dans son ensemble en ressort insuffisamment adapté à l’unicitéd’actionnaire.Une adaptation du régime juridique de la SAU de droit OHADA au particularisme del’unipersonnalité devient alors nécessaire. Elle doit être entreprise sous fond de simplificationdes règles, d’une part à l’égard de la société, à travers les règles relatives à sa constitution et àson évolution, d’autre part, à l’égard des acteurs que sont l’actionnaire unique, les organesd’administration et de contrôle.Au-delà de son approche critique, l’étude a surtout pour ambition de proposer unmodèle de société anonyme unipersonnelle au régime juridique plus lisible, simple et attractif
The one-person limited company under the OHADA LAW has seen itslegal regime being defined with reference to the regime of the multi-persons limited company,with minimum adaptations. In fact the one-person character of the Limited company gives it a certain peculiarity that renders inappropriate the pure and simple transportation of rules of the multi-person limited company model. Besides the difficulty of implementation that it oftenentails, the technique of referring leaves unresolved many questions raised by the one-personlimited company model. The legal regime of the one-person limited company as a whole thatarises is insufficiently adapted to the unique shareholder.An adaptation of the one-person limited company legal regime of the OHADA LAWto the particularity of the one-person thus becomes necessary. It has to be undertaken underthe simplification of rules, on the one hand with regards to the company, through rules relatedto its constitution and its evolution, on the other hand, with respect to the actors that are thesole shareholders, administrative and control bodies

La cessation des paiements, c’est sans aucun doute l’une des notions clés du droit des procédures collectives. Pour s’en rendre compte, il suffit de vérifier le contentieux qui en la matière est très abondant. Légalement définie au sein du premier alinéa de l’article L. 631-1 du Code de commerce comme l’impossibilité pou un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, cette définition, a été, à l’origine, l’œuvre d’une décision de la Cour de cassation rendue le 14 février 1978. Sous l’empire des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde des entreprises, la cessation des paiements est un « curseur » qui sert de ligne de démarcation entre les procédures amiables et les procédures judiciaires. Un tel système a été dénoncé car il manquait cruellement de souplesse et d’efficacité dans la lutte contre les défaillances des entreprises. La loi du 26 juillet 2005, dans l’optique d’anticiper le traitement des difficultés des entreprises a mis un terme au système de « la cessation-curseur » en instituant la procédure amiable de conciliation et la procédure collective de sauvegarde. Toutefois, lorsque les « digues » que constituent les outils de l’anticipation n’ont pas pu enrayer le risque de cessation des paiements, le chef d’entreprise qui se retrouve dans une telle situation doit, dans un délai de quarante-cinq jours, demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Lorsqu’il ouvre l’une ou l’autre de ces deux procédures, le tribunal saisi doit fixer une date de cessation des paiements. Cette date sera décisive pour la détermination de la période suspecte. De plus, l’ouverture des procédures collectives aura une incidence sur l’entreprise, elle joue sa survie, sur les créanciers dont le recouvrement de la créance est menacé, sur les fournisseurs qui craignent pour leurs relations contractuelles avec le débiteur, sur les garants qui craignent d’être appelés et sur la personne du débiteur elle-même. Sa gestion antérieure de l’entreprise sera scrutée et s’il en résulte des fautes en relation plus ou moins directe avec la cessation des paiements, il encourt des sanctions ou des actions en responsabilité
Cessation of payments is certainly one of the key concepts in the law on collective insolvency proceedings. This can be seen by checking the litigation, which is very abundant in this matter. Legally defined in the first paragraph of Article L. 631-1 of the Commercial Code as the inability of a debtor to meet its accrued liabilities with its quick assets, this definition originated in a decision of the Court of Cassation issued on February 14, 1978. Under the provisions prior to the insolvency act, cessation of payments is a "cursor" which serves as a line of demarcation between amicable proceedings and judicial proceedings. Such a system has been criticized for being sorely lacking in flexibility and effectiveness in preventing business failures. The law of July 26, 2005, with the objective of anticipating treatment of company difficulties, put an end to the "cessation-cursor" by instituting the amicable conciliation proceeding and the collective insolvency proceeding. However, when the "barriers" formed by the anticipation tools have not been able to halt the risk of cessation of payments, the company director in such a situation must, within a period of forty-five days, request the initiation of a receivership or court-supervised liquidation proceeding. When either of these proceedings is initiated, the court must fix a date of cessation of payments. This date will be final for the determination of the suspect period. Moreover, the initiation of collective insolvency proceedings will have an effect on the enterprise fighting for survival, on the creditors whose ability to collect their debt is threatened, on the suppliers worried about their contractual relations with the debtor, on the guarantors who fear being called upon and on the debtor itself. Prior management of the enterprise will be probed and if faults more or less closely connected to the cessation of payments are revealed, sanctions or tort actions may result

La cessation des paiements, c’est sans aucun doute l’une des notions clés du droit des procédures collectives. Pour s’en rendre compte, il suffit de vérifier le contentieux qui en la matière est très abondant. Légalement définie au sein du premier alinéa de l’article L. 631-1 du Code de commerce comme l’impossibilité pou un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, cette définition, a été, à l’origine, l’œuvre d’une décision de la Cour de cassation rendue le 14 février 1978. Sous l’empire des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde des entreprises, la cessation des paiements est un « curseur » qui sert de ligne de démarcation entre les procédures amiables et les procédures judiciaires. Un tel système a été dénoncé car il manquait cruellement de souplesse et d’efficacité dans la lutte contre les défaillances des entreprises. La loi du 26 juillet 2005, dans l’optique d’anticiper le traitement des difficultés des entreprises a mis un terme au système de « la cessation-curseur » en instituant la procédure amiable de conciliation et la procédure collective de sauvegarde. Toutefois, lorsque les « digues » que constituent les outils de l’anticipation n’ont pas pu enrayer le risque de cessation des paiements, le chef d’entreprise qui se retrouve dans une telle situation doit, dans un délai de quarante-cinq jours, demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Lorsqu’il ouvre l’une ou l’autre de ces deux procédures, le tribunal saisi doit fixer une date de cessation des paiements. Cette date sera décisive pour la détermination de la période suspecte. De plus, l’ouverture des procédures collectives aura une incidence sur l’entreprise, elle joue sa survie, sur les créanciers dont le recouvrement de la créance est menacé, sur les fournisseurs qui craignent pour leurs relations contractuelles avec le débiteur, sur les garants qui craignent d’être appelés et sur la personne du débiteur elle-même. Sa gestion antérieure de l’entreprise sera scrutée et s’il en résulte des fautes en relation plus ou moins directe avec la cessation des paiements, il encourt des sanctions ou des actions en responsabilité
Cessation of payments is certainly one of the key concepts in the law on collective insolvency proceedings. This can be seen by checking the litigation, which is very abundant in this matter. Legally defined in the first paragraph of Article L. 631-1 of the Commercial Code as the inability of a debtor to meet its accrued liabilities with its quick assets, this definition originated in a decision of the Court of Cassation issued on February 14, 1978. Under the provisions prior to the insolvency act, cessation of payments is a "cursor" which serves as a line of demarcation between amicable proceedings and judicial proceedings. Such a system has been criticized for being sorely lacking in flexibility and effectiveness in preventing business failures. The law of July 26, 2005, with the objective of anticipating treatment of company difficulties, put an end to the "cessation-cursor" by instituting the amicable conciliation proceeding and the collective insolvency proceeding. However, when the "barriers" formed by the anticipation tools have not been able to halt the risk of cessation of payments, the company director in such a situation must, within a period of forty-five days, request the initiation of a receivership or court-supervised liquidation proceeding. When either of these proceedings is initiated, the court must fix a date of cessation of payments. This date will be final for the determination of the suspect period. Moreover, the initiation of collective insolvency proceedings will have an effect on the enterprise fighting for survival, on the creditors whose ability to collect their debt is threatened, on the suppliers worried about their contractual relations with the debtor, on the guarantors who fear being called upon and on the debtor itself. Prior management of the enterprise will be probed and if faults more or less closely connected to the cessation of payments are revealed, sanctions or tort actions may result

La responsabilité des associés est une notion peu évoquée dans les enseignements du droit des sociétés. Dans les sociétés in bonis, et s’agissant de rapports externes, la responsabilité personnelle des associés pourrait être engagée pour faute détachable. Mais le principe d’un engagement de la responsabilité personnelle des associés, dans les rapports avec des tiers, est contesté, compte tenu du caractère essentiellement interne de leur activité. Dans une procédure collective, la non-responsabilité de la mère des actes de sa filiale, est contestée. Le développement de cette contestation est favorisé grâce à des armes de poursuite efficaces de l’arsenal répressif, des armes à utiliser dans un environnement hautement dérogatoire des procédures collectives. On constate une certaine tendance aggravante de la responsabilité de la mère, notamment dans le domaine social et dans l’environnement. La recherche d’une meilleure protection des victimes, pousse le législateur à légiférer dans des ilots en difficulté, distillant le caractère irréversible des solutions partielles et spécifiques, et forçant de ce fait, le passage vers l’instauration d’une présomption de responsabilité de la mère des actes de sa filiale. Pourtant, un arsenal répressif important et efficace existe, et des pistes permettent d’adoucir la responsabilité de la mère tout en la faisant participer aux difficultés de sa filiale
The liability of shareholders is a notion not often referred to in coursebook. In in bonis companies, and in the case of external relationships, the shareholder personal liability could be engaged for ‘ fault detachable’. However, the principle of a commitment to personal liability on the part of shareholders in relations with third parties is contested, due to the essentially internal nature of their activity In a collective procedure, the non-liability of the parent company for the acts of their subsidiary is challenged. The development of this challenge is facilitated by powerful weapons of the repressive arsenal, weapons to be used in a highly derogatory environment of collective procedures. There is an aggravating trend in the parent company responsibility, particularly in regard to social and environmental domains. The search for a better protection of the victims pushes the legislator to legislate on isolated problematic issues, distilling the irreversible character of partial and specific solutions, and thus forcing the passage towards the establishment of a presumption of liability of the parent company for the acts of their subsidiary. However, there is a large and effective repressive arsenal, and there are avenues to limit the parent company’s liability while involving them in their subsidiary problems

Abstract In Colombia, there are five legal structures that must be considered when analyzing trusts. All of them are included under “Fiduciary Transactions” (Negocios Fiduciarios), which are defined as those fiduciary acts whereby a person delivers to another one or more assets, transferring or not ownership, for the latter to accomplish a specific purpose with them, either in benefit of the settlor or of a third person. These five legal structures are Civil trust property (propiedad fiduciaria) regulated by the Colombian Civil Code sections 794 to 822 (this chapter will refer to it as “Civil Trust Property” to avoid any confusion). The Colombian Civil Code section 794 provides that “it is called Civil Trust Property [to the property] that is subject to the burden of transferring it to a third person for the sole fact of the accomplishment of a condition. The creation of Civil Trust Property is called trust. This name is also given to the asset under Civil Trust Property. The transfer of the Civil Trust Property to the beneficiary is called restitution (restitución).” The Civil Trust Property, as in Chile and Ecuador, is not a separate patrimony but only some sort of limitation or burden over property transferred to a person (who is the civil trustee), who can use the property as an owner, but only until a condition is accomplished, when the property shall be transferred to the beneficiary. If the condition fails, the “civil trustee” becomes the full and sole owner of the property without any kind of burden or limitation on his or her ownership.